Thelma Islas Salado

Expediente 1409/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1409/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Thelma Islas Salado

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese; y, personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese; y, personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. 1. Recepción de demanda. Fórmese expediente con el escrito de demanda suscrita por Thelma Salado Islas, en contra del acto reclamado al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, y otra autoridad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Juicios de Amparo". 2. Desechamiento de la demanda. Del análisis de la demanda se advierte que el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables se hacen consistir en el esencialmente, de diversas autoridades pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social: - La emisión y aplicación del punto 7.1.2.1.2. del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, clave 1000-002-001, de ocho de octubre de dos mil veintiuno. - La aplicación de dicha normativa, materializada en descuentos en la pensión que recibe la promovente por jubilación, bajo el "concepto 322", correspondes a retenciones derivadas de créditos que le fueron concedidos por particulares. De lo antes expuesto, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que surge de relacionar los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, pues los descuentos que se combaten no son un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, prevén el objeto del juicio de amparo y qué debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio del amparo. El contenido literal de esas normas es el siguiente: Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La porción normativa reproducida en primer término establece que la finalidad del juicio de amparo es resarcir a los particulares en el goce de los derechos humanos que se vean vulnerados por actos de autoridad; entendidos como aquellos realizados en beneficio del orden público y del interés social y que se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad. En ese contexto, los Tribunales de la Federación conocerán de los juicios de amparo únicamente contra actuaciones u omisiones de autoridades que actuando en un plano de superioridad afecten derechos humanos de las personas. Esto es, el juicio de amparo tiene como objeto analizar aquellas actuaciones de los entes públicos en que se dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, causando una afectación que viole los derechos humanos del gobernado, de ahí que, si la actuación de la autoridad no reúne esas características no puede tenerse como responsable para efectos del juicio de amparo indirecto. Ahora, para identificar cuándo se está ante un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es indispensable establecer las bases de diferenciación, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace entre las relaciones jurídicas de (i) coordinación, (ii) supra a subordinación y (iii) supra ordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios y autoridades del fuero común para ventilarlos; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación se entablan relaciones entre gobernantes y gobernados, pero el actuar de los primeros es en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce un nucleó duro de derechos fundamentales, como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales, por lo que el recurso para regular la conducta de las autoridades es el juicio de amparo. En ese tenor, cuando la actuación de la autoridad nace desde un plano de supra a subordinación, se estará frente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuyas características son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, se encuentran las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República Robustecen lo anterior, los criterios con registro 199459 y 194367, tesis P. XXVII/97 y 2a. XXXVI/99, del Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997 y Tomo IX, Marzo de 1999, respectivamente, páginas 118 y 307, que establecen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Sentadas las premisas, se puede afirmar que para efectos del juicio de amparo, por regla general, será autoridad responsable aquél organismo público que emite una determinación dentro de un plano de supra a subordinación, con base en la ley, a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Además, los particulares también podrían tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, para ello es indispensable que reúnan las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación, mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. Por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Contextualizado lo anterior, de lo manifestado en la demanda de derechos se advierte que la quejosa tiene el carácter de jubilada ante el instituto responsable. De ello se colige que no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos de esta instancia constitucional, pues la relación que existe entre las partes acontece en un plano de coordinación, toda vez que dicho instituto actúa como ente asegurador; por tanto, su relación jurídica con la quejosa no corresponde a la existente entre una autoridad y gobernado, sino a una de coordinación voluntaria en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad. En apoyo a lo anterior, por analogía, se invoca la jurisprudencia de registro digital 168203, tesis VII.2o.C. J/28, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad." No pasa inadvertido para este juzgador que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 66/2016, con registro 2011948, haya establecido que el juicio de amparo procede contra la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responder el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de ente asegurador Sin embargo, al margen de que aquí no se reclama la omisión de dar respuesta a un derecho de petición, también resolvió que contra aquélla no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de considerar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. El criterio jurisprudencial a que se alude es el siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Además, tampoco se soslaya la jurisprudencia con registro digital 2001071, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Sin embargo, la propia Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, ha sostenido que existen casos donde la existencia de jurisprudencia que defina la naturaleza de los actos reclamados puede actualizar una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Y, en ese orden de ideas, el tema que aquí nos ocupa ha sido materia de análisis en diversos criterios judiciales y, por tanto, es dable sostener lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia aquí invocada. En ese contexto, en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que surge de relacionar los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de derechos promovida contra los descuentos en la pensión que recibe la quejosa por jubilación, bajo el "concepto 322", lo que se hace extensivo a la norma general combatida, pues no es posible desvincular su estudio del acto de aplicación. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. 3. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 4. Domicilio. Téngase a la promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture las el fallo que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. 1. Recepción de demanda. Fórmese expediente con el escrito de demanda suscrita por Thelma Salado Islas, en contra del acto reclamado al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, y otra autoridad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Juicios de Amparo". 2. Desechamiento de la demanda. Del análisis de la demanda se advierte que el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables se hacen consistir en el esencialmente, de diversas autoridades pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social: - La emisión y aplicación del punto 7.1.2.1.2. del Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, clave 1000-002-001, de ocho de octubre de dos mil veintiuno. - La aplicación de dicha normativa, materializada en descuentos en la pensión que recibe la promovente por jubilación, bajo el "concepto 322", correspondes a retenciones derivadas de créditos que le fueron concedidos por particulares. De lo antes expuesto, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que surge de relacionar los artículos 1, fracción I, 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, pues los descuentos que se combaten no son un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, prevén el objeto del juicio de amparo y qué debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio del amparo. El contenido literal de esas normas es el siguiente: Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La porción normativa reproducida en primer término establece que la finalidad del juicio de amparo es resarcir a los particulares en el goce de los derechos humanos que se vean vulnerados por actos de autoridad; entendidos como aquellos realizados en beneficio del orden público y del interés social y que se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad. En ese contexto, los Tribunales de la Federación conocerán de los juicios de amparo únicamente contra actuaciones u omisiones de autoridades que actuando en un plano de superioridad afecten derechos humanos de las personas. Esto es, el juicio de amparo tiene como objeto analizar aquellas actuaciones de los entes públicos en que se dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, causando una afectación que viole los derechos humanos del gobernado, de ahí que, si la actuación de la autoridad no reúne esas características no puede tenerse como responsable para efectos del juicio de amparo indirecto. Ahora, para identificar cuándo se está ante un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es indispensable establecer las bases de diferenciación, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace entre las relaciones jurídicas de (i) coordinación, (ii) supra a subordinación y (iii) supra ordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios y autoridades del fuero común para ventilarlos; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación se entablan relaciones entre gobernantes y gobernados, pero el actuar de los primeros es en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce un nucleó duro de derechos fundamentales, como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales, por lo que el recurso para regular la conducta de las autoridades es el juicio de amparo. En ese tenor, cuando la actuación de la autoridad nace desde un plano de supra a subordinación, se estará frente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuyas características son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, se encuentran las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República Robustecen lo anterior, los criterios con registro 199459 y 194367, tesis P. XXVII/97 y 2a. XXXVI/99, del Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997 y Tomo IX, Marzo de 1999, respectivamente, páginas 118 y 307, que establecen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Sentadas las premisas, se puede afirmar que para efectos del juicio de amparo, por regla general, será autoridad responsable aquél organismo público que emite una determinación dentro de un plano de supra a subordinación, con base en la ley, a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, sin acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Además, los particulares también podrían tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, para ello es indispensable que reúnan las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación, mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. Por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. Contextualizado lo anterior, de lo manifestado en la demanda de derechos se advierte que la quejosa tiene el carácter de jubilada ante el instituto responsable. De ello se colige que no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos de esta instancia constitucional, pues la relación que existe entre las partes acontece en un plano de coordinación, toda vez que dicho instituto actúa como ente asegurador; por tanto, su relación jurídica con la quejosa no corresponde a la existente entre una autoridad y gobernado, sino a una de coordinación voluntaria en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad. En apoyo a lo anterior, por analogía, se invoca la jurisprudencia de registro digital 168203, tesis VII.2o.C. J/28, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad." No pasa inadvertido para este juzgador que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 66/2016, con registro 2011948, haya establecido que el juicio de amparo procede contra la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responder el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de ente asegurador Sin embargo, al margen de que aquí no se reclama la omisión de dar respuesta a un derecho de petición, también resolvió que contra aquélla no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de considerar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. El criterio jurisprudencial a que se alude es el siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Además, tampoco se soslaya la jurisprudencia con registro digital 2001071, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Sin embargo, la propia Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, ha sostenido que existen casos donde la existencia de jurisprudencia que defina la naturaleza de los actos reclamados puede actualizar una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Y, en ese orden de ideas, el tema que aquí nos ocupa ha sido materia de análisis en diversos criterios judiciales y, por tanto, es dable sostener lo manifiesto e indudable de la causa de improcedencia aquí invocada. En ese contexto, en el caso se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que surge de relacionar los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de derechos promovida contra los descuentos en la pensión que recibe la quejosa por jubilación, bajo el "concepto 322", lo que se hace extensivo a la norma general combatida, pues no es posible desvincular su estudio del acto de aplicación. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. 3. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 4. Domicilio. Téngase a la promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture las el fallo que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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