Thelma Irlanda Te Castillo
Expediente 1628/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1628/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Thelma Irlanda Te Castillo
- Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatán.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante en este asunto se sobreseyó en el juicio. Lo procedente es declararlo como SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por lo cual, de conformidad con el artículo 21 del ordenamiento en cita, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del numeral 18 del Acuerdo normativo en comento. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el presente juicio de amparo 1628/2021-VII-B, promovido por Thelma Irlanda Té Castillo, contra los actos que reclama del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, así como de otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado en esa misma fecha a este Órgano de Control Constitucional, compareció la parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al: 1. Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. 2. Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, y 3. Subdirector de Enfermería del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. SEGUNDO. En auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados; se requirió el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo lugar en los términos que constan en el acta levantada al efecto; y, CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa en esencia reclama: La negativa a otorgarle el permiso para resguardo domiciliario por comorbilidades y riesgo de infección por SARS-CoV-2, no obstante ser persona vulnerable por encontrarse embarazada con amenaza de aborto, y mantenerla laborando en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, poniéndose en riesgo su salud y la vida de ella y del bebe gestante. TERCERA. Certeza del acto reclamado. Las autoridades señaladas como responsables al rendir sus informes justificados manifestaron que no eran ciertos los actos a ellas reclamados; sin embargo, dichas negativas se desvirtuaron con las manifestaciones que en los propios informes realizaron, de los cuales se desprende que la quejosa se encuentra laborando en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, en el área de consulta externa y no en la de COVID, por lo que no presenta peligro de contagio. Asimismo, de las constancias que adjuntaron a los mismos, se advierte que mediante oficio SE/1111/2021, de cinco de octubre del año en curso, el encargado de la Subdirección de Enfermería de dicho nosocomio le informó al Jefe del Departamento Jurídico, que la solicitud de la quejosa sobre distanciamiento social había sido rechazada pero que le solicitaba la cambiara de área. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de anterior integración), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 91-96 Tercera Parte, página 7, registro electrónico 238215, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO". CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 5 Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de los preceptos en cita se desprende que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen derechos fundamentales; sin embargo, es importante señalar que no cualquier acto que provenga de autoridad es susceptible de reclamarse a través de la contienda constitucional, sino sólo aquel que implique una violación a un derecho fundamental de una persona que sea imputable a un órgano del Estado que lo haya decretado de manera imperativa, unilateral y coercitiva, de manera que son estos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente contra los actos que se atribuyen a las autoridades. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Dichas consideraciones se reflejaron en la Jurisprudencia 2a./J.164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de dos mil once, con registro electrónico 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" En ese sentido, la nota distintiva del concepto jurídico de autoridad responsable consiste en la actuación unilateral de un ente público que crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. El acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa voluntariamente; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, que surgen entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supra subordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Ahora bien, el artículo 123, fracción XV, de la Constitución, establece la obligación del patrón de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el centro de trabajo, así como el deber de organizar el establecimiento de manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Obligación que se encuentra estrechamente vinculada con el concepto de trabajo digno o decente, definido en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo y, sobretodo, con lo dispuesto en los artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D TER de la propia ley. Por su parte, el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, establece que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, la Recomendación 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, emitida por la OIT, señala que los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia (Recomendación 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981. Emitida por la Organización Internacional del Trabajo). También, es importante tener en cuenta que artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D Ter de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: [.] XIX BIS. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria." "Artículo 512-D Ter. En el caso de que las autoridades sanitarias competentes hubieren determinado la suspensión de labores con motivo de una declaratoria de contingencia sanitaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenará medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan y del ejercicio de las facultades de otras autoridades." De conformidad con los citados preceptos, legales, es obligación de los patrones cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar los elementos que señale dicha autoridad a efecto de prevenir enfermedades. Además, en el caso de que se determine la suspensión de labores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenará las medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores. Por otra parte, de la emergencia sanitaria derivada del SARS-CoV2, conviene contextualizar que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud emitió declaratoria de pandemia. Como consecuencia, el veintitrés de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia". El veinticuatro de marzo de dos mil veinte se publicó en el referido medio de difusión oficial el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", mediante el cual el Secretario de Salud instruyó a los sectores público, privado y social, entre otras, las practicas siguientes: -Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes, en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente. - Suspender actividades escolares, así como aquellas que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, garantizando la continuación de las funciones esenciales. - Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones del sector privado y social, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de las funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de riesgos para la salud que implica el virus SARS-CoV2 y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras. - En el sector privado continuaran laborando empresas, negocios y establecimientos necesarios para hacer frente a la contingencia. - Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. - Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de los trabajadores, en los sectores público, social y privado. El treinta de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)," señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones necesarias para atender la emergencia sanitaria. El treinta y uno de marzo siguiente, fue publicado el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS CoV2", en el que se ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades no esenciales y se definieron como esenciales, entre otros, los servicios de salud, seguridad pública y sectores fundamentales de la economía. Además, se determinó el "resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar;.." El catorce de mayo de dos mil veinte, se publicó el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidémico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa así como establecer las acciones extraordinarias" mediante las cuales se determinó la estrategia para la apertura consistente en tres etapas, señalando mediante colores las actividades laborales, educativas y el uso de espacio público. El veintinueve de mayo de dos mil veinte, el Secretario de Salud, conjuntamente con los titulares de las Secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicaron el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos para la Reapertura de las actividades económicas", implementado con el objeto de lograr un retorno o la continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable, estableciendo como principios rectores, los siguientes: 1. Privilegiar la salud y la vida: que busca que las personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí mismas y de sus familiares, así como mejorar la seguridad y la salud en el entorno laboral. 2. Solidaridad y no discriminación: Solidaridad con personas empleadoras y trabajadoras, sin distinción alguna, debiendo apoyar a las personas trabajadoras que tienen a su cargo menores cuyas escuelas están cerradas o el cuidado de personas adultas mayores o con enfermedades crónicas. 3. Economía moral y eficiencia productiva: el regreso a las actividades laborales debe darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo. 4. Responsabilidad compartida: la efectividad de las medidas es tarea de todos. De esta manera, se categorizaron los centros de trabajo de acuerdo al tipo de actividad que realizan, al riesgo epidemiológico en el que se encuentran, el tamaño del centro de trabajo y las características internas y se establecieron las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral. El treinta y uno de julio de dos mil veinte, la Secretaría de la Función Pública publicó el "Acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19", en el que se autorizó a los servidores públicos, la posibilidad de desarrollar trabajo en casa, en los casos en que su desempeño sea posible, disposición que se determinó obligatoria para las personas calificadas en estado de vulnerabilidad, quedando exceptuadas de la aplicación de dicho acuerdo, las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, personal de Servicio Exterior Mexicano, así como el IMSS, ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad y demás instituciones relacionadas con los servicios de salud, protección civil, además de las que se determinen como esenciales y que deban prestarse de manera presencial. El ocho de diciembre de dos mil veinte se publicó la política nacional de vacunación que incluye cinco etapas que atienden a la priorización de la población, enfocada en la edad de las personas. El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, la Secretaría de Salud emitió el "ACUERDO por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", el cual prevé, entre otros aspectos que las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria. El treinta de julio de dos mil veintiuno, la Secretaría de la Función Pública publicó el "Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2", en el que se determinó el regreso a labores en instalaciones físicas de los servidores públicos que concluyeron su proceso de inmunización. Además, considera viable continuar con el esquema de trabajo, cuando la naturaleza de sus funciones así lo permita a las personas servidoras públicas que estén en lista de espera para concluir su proceso de inmunización, así como aquellas consideradas como personas vulnerables. Quedaron exceptuadas de dicho acuerdo las secretarías de Salud, Defensa Nacional Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, personal de Servicio Exterior Mexicano, instituciones de protección civil y demás que se determinen como esenciales y que deban prestarse de manera presencial. En el caso del IMSS, ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad e instituciones relacionadas con los servicios de salud, quedaron facultados para aplicar el acuerdo, sin alterar el cumplimiento de sus funciones institucionales y la prestación de servicios de salud, en congruencia con sus disposiciones en materia de administración de recursos humanos. Lo anterior permite concluir que los acuerdos emitidos durante la contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV2, tienen una naturaleza formalmente administrativa, en tanto que fueron expedidos por diversas autoridades de esa naturaleza, entre otros, los titulares de las Secretarías de Salud, de la Función Pública y del Trabajo y Previsión Social. No obstante, los aspectos relativos a la forma en que el sector público, privado y social deben adaptar su funcionamiento, horarios y las condiciones en que los trabajadores deben continuar desarrollando sus labores, a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio del mencionado virus, incluyendo las medidas de resguardo domiciliario a través del trabajo en casa, enfocado en las personas consideradas como vulnerables, tienen una naturaleza materialmente laboral. Lo anterior, en tanto que es claro que los acuerdos y lineamientos emitidos por la autoridad sanitaria ubican a los sectores público, social y privado como destinatarios primigenios de esa normatividad y, el hecho de que les corresponda su aplicación, no los equipara a autoridades para efectos del juicio de amparo. En efecto, el hecho de que los patrones tengan que aplicar o ejecutar las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades sanitarias, -lo que sucede además con cualquier disposición laboral legal o administrativa- no los coloca per se en un plano de supra-subordinación respecto de sus trabajadores. La normatividad referida no los dotó de una potestad administrativa, que les autorice o faculte para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Si bien se aprecia que los mencionados acuerdos contemplan como obligación de los patrones la implementación del resguardo domiciliario a través del trabajo en casa, como medida de protección frente al SARS-CoV2, conservando la totalidad de las prerrogativas laborales que los trabajadores vienen disfrutando, fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, lo cierto es que dichas normas se encuentran orientadas a salvaguardar derechos y prerrogativas de naturaleza laboral, entre las que se encuentra la salud, así como la seguridad e higiene en el empleo. Ahora bien, en el presente caso, la quejosa manifestó en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, ser enfermera especialista y laborar en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, institución que pertenece a la Secretaría de Salud del Estado, y de cuyo Director General reclama la omisión de aplicar el protocolo de resguardo domiciliario, conforme a lo señalado en la normativa correspondiente, que establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS- CoV2 (COVID-19). De lo cual, se puede apreciar que se trata de una desavenencia entre una empleada y su patrón, en una relación de coordinación, regida históricamente por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria. Bajo ese contexto, es dable concluir que el acto que se reclama no proviene de una autoridad que tenga el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, dado que a quienes se les atribuye el acto reclamado se localizan en un plano de igualdad con los derechos del quejoso, derivado del punto de coordinación existente entre ésta como empleada y las autoridades responsables como patrón. Ello, debido a que el acto reclamado es consecuencia de la relación laboral existente entre la quejosa y el ente para quien presta sus servicios de manera personal y subordinada. En el entendido de que la asimetría del patrón debe entenderse solamente en el sentido económico; pero, dicha situación de desigualdad social no le confiere el carácter de supra a subordinación, que exige la legislación para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, porque el hecho de atribuirlo a un patrón (nosocomio perteneciente al sector salud) como "autoridad", cuando deriva de una situación propiamente laboral, no desvirtúa la relación de coordinación existente entre el trabajador y el empleador, aunque este último en virtud de la pandemia de COVID-19 deba observar distintos lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias que podrían afectar derechos humanos de la quejosa; pero, ello no ocurre en una relación de supra a subordinación, sino en el ámbito laboral debido a la eficacia horizontal de los derechos humanos. De tal modo, la razón de que subyazca en el conflicto una posible afectación a derechos humanos con motivo de la pandemia, por sí solo, no hace procedente el juicio de amparo, porque tanto constitucional como legalmente es necesario, para que se surta la competencia del juez de Distrito, en términos de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que su violación derive de una relación entre gobierno y gobernado, lo que no ocurre en el caso, pues emana de una relación entre patrón y trabajadora; por tanto, en un plano de igualdad, que se rige por la normativa laboral aplicable, para lo cual el legislador instituyó medios ordinarios de defensa. En efecto, la circunstancia de que el patrón varié las condiciones de trabajo de ninguna manera implica un acto de autoridad, sino en su caso de violación a derechos laborales que corresponde conocer a la autoridad ordinaria. En consecuencia, si el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es razonable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el 5, fracción II de la Ley de Amparo; razón por la cual procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley. Es aplicable la tesis VII.2o.T. J/71 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida". En consecuencia, al haberse concretado la causal de improcedencia respecto a dichos actos, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Oposición a la publicación de datos personales Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Thelma Irlanda Té Castillo, en contra de los actos que reclama del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, así como de otras autoridades, por los motivos expuestos en la consideración cuarta de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por el Jefe del departamento de asuntos jurídicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, en representación del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, de su Director General y del encargado de la Subdirección del propio Hospital, así como el anexo que al mismo se acompaña; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. En atención a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que el informe correspondiente al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y Subdirector de Enfermería del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, fue rendido por correo electrónico. En tal sentido, atendiendo a que la permisibilidad de hacerlo al correo institucional de este juzgado sólo fue por el periodo de suspensión contenido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; así como en la Circular CAP/3/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal. De tal manera que al haberse reanudado las labores jurisdiccionales a partir del doce de enero del año actual y únicamente para efectos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la ley de la materia, deberá requerirse a las responsables que lo rindan en la forma ordinaria. Quedando por tanto, subsistente el apercibimiento inserto en el auto inicial de la demanda. Mientras tanto, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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