Thelma Elena Monzón Rojas

Expediente 395/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
395/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Thelma Elena Monzón Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 24365/2022, del Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa-Enríquez, mediante el cual, transcribe el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 594/2021, de cuyo contenido se advierte que solicita se devuelva los dos tomos de pruebas de copias certificadas exhibidos por la parte quejosa. En atención a su contendió y en obvio dilaciones al procedimiento, remítase al juzgado oficiante las documéntales solicitadas, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad del Carmen Campeche, uno de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio E-4186/2022, del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, por el cual trascribe el acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintidós, dictado en el conflicto competencial 9/2022, de cuyo contenido se advierte que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa-Enríquez y este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo indirecto 395/2022-III de este órgano jurisdiccional; asunto que se radicó con el número de conflicto competencial 9/2022. Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad del Carmen Campeche, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio 20173/2022, de la secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, mediante el cual, transcribe el acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 594/2022-4-B, de cuya lectura se advierte que insiste en la declinatoria de la competencia pronunciada en auto de seis de junio del dos mil veintidós; por tanto, al existir controversia competencial entre el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa y este órgano jurisdiccional para el conocimiento del asunto, remitirá el juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, en turno, para resolver la cuestión competencial planteada; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, catorce de julio de dos mil veintidós. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio 18813/2022, de la secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa-Enríquez, mediante el cual, transcribe el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 594/2022-4-B, de cuya lectura se advierte que el titular de ese órgano jurisdiccional, ordenó subsanar las omisiones que este órgano jurisdiccional advirtió; por ende, remite el expediente formado con motivo de la demanda de amparo 594/2022-4-B. Acúsese recibo. Ahora, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa-Enríquez, por los motivos siguientes: La Segunda Sala de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 458/2010, estableció las reglas para determinar la competencia cuando el acto reclamado lo constituye la resolución judicial que fija el monto de la pensión alimenticia provisional, a saber: I. Cuando el juez de la causa se prevale de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución. II. Cuando la parte interesada se ocupa de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y lo acredite ante el juez de la causa. III. Cuando el juez de la causa remite el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo para que realice el descuento de la pensión alimenticia, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. En el primer supuesto, determinó que el juez de distrito competente para conocer del juicio de amparo, será el del lugar donde el exhorto se ejecute, pues aun cuando la autoridad exhortante, en su carácter de autoridad ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad exhortada desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado En cambio, en el segundo y tercer supuestos, determinó que el juez de distrito competente para conocer del juicio de amparo, será aquél en cuya jurisdicción resida el juez de la causa, pues en este caso reúne tanto el carácter de ordenadora como ejecutora, ya que aun cuando el acto reclamado requiere ejecución material, sin embargo, la misma no se llevará a cabo por diversa autoridad. De esta ejecutoria surgió la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Libro XI, agosto de 2012, página 145, Décima Época, que dice: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. Este criterio jurisprudencial pese a que interpretó el artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, resulta aplicable al caso concreto en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a la Ley de Amparo en vigor. Sentado lo anterior, en primer lugar, es importante precisar que contrario a lo que sostiene el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa-Enríquez, inexiste evidencia de que el acto reclamado tenga ejecución en Ciudad del Carmen, Campeche; pues si bien es cierto, el juez responsable ordenó girar exhorto, con el objeto de que se entregara el oficio dirigido al Jefe del Departamento de Recursos Humanos y/o Pagador de nóminas y/o a quien corresponda de Petróleos Mexicanos, para ejecutar la resolución combatida. Sin embargo, no menos lo es que, esto implique que dicho oficio se entregaría en el centro de trabajo del demandado Luis Lazcano Pérez, como erróneamente concluyó el juez declinante; pues no se desprende de esa manera en la resolución de once de mayo de dos mil veintidós. En efecto, en el resolutivo segundo de la resolución reclamada de once de mayo de dos mil veintidós, se estableció lo siguiente: SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno, gírese oficio al Jefe del Departamento de Recursos Humanos y/o Pagador de nóminas y/o a quien corresponda de Petróleos Mexicanos, ello a través de atento exhorto, para efectos de que deje sin efectos el porcentaje por concepto de pensión alimenticia provisional previo a la presente determinación y en su lugar realice el descuento aquí ordenado y las cantidades que resulten de su aplicación las continúe poniendo a disposición de Thelma Elena Monzón Rojas. Por derecho propio y en representación de su menor hijo L.A.L.M., a través de idéntico medio en el que lo venía efectuando." De la transcripción anterior, se desprende que, el juez responsable, estableció que giraría oficio en el momento procesal oportuno, a través de exhorto, lo que revela por un lado, que aún no se ha ejecutado el acto reclamado, pues se determinó que la comunicación oficial se libraría en el momento procesal oportuno; sin que de las constancias de autos se advierte que esto ya haya ocurrido. Por otro lado, tampoco se precisó que dicha comunicación se entregaría en la fuente de trabajo del demandado; pues al respecto, se precisó que se giraría al Jefe del Departamento de Recursos Humanos y/o Pagador de nóminas y/o a quien corresponda de Petróleos Mexicanos; lo que no permite determinar de manera evidente y clara, como estimó el juez declinante, que esto ocurriría en esta ciudad. Sin que obste a lo anterior que, de las actuaciones de autos se desprenda que la fuente patronal del demandado Luis Lazcano Pérez, se localice en las instalaciones Marinas de la Plataforma Akal Bravo, con domicilio en PEMEX, edificio administrativo número 1, sureste calle 33, número 90 de la colonia Burócratas Región Marina Suroeste en Ciudad del Carmen, Campeche; ya que esto no necesariamente conlleva la ejecución del acto reclamado en dicho lugar; pues para ello es preciso que así se hubiere ordenado expresamente, lo que como quedó visto, no ocurrió así; dado que el oficio antes referido, fue dirigido al Jefe del Departamento de Recursos Humanos y/o Pagador de nóminas y/o a quien corresponda de Petróleos Mexicanos y no a la aludida fuente laboral. Máxime que la entidad desconcentrada del Estado Petróleos Mexicanos, tiene su asiento principal en la Ciudad de México, por lo que válidamente también puede concluirse que ahí pudiera tener ejecución el acto reclamado, ante la falta de precisión y claridad del domicilio donde tendría que acatarse la orden de la autoridad responsable. Aunado a lo anterior, también pudiera ocurrir que dicha orden jamás se ejecutara, con lo que no se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 37, primer párrafo de la Ley de Amparo. Por tanto, ante tal incertidumbre, este juzgado de Distrito, se abstiene de aceptar la competencia por territorio que le fue planteada por el juez oficiante; por no acreditarse de manera clara, evidente y sin lugar a dudas, que el acto reclamado vaya a tener ejecución en Ciudad del Carmen, Campeche. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada; por tanto, devuélvase al juez declinante el expediente de amparo 594/2022- 4-B, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Cúmplase.

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