Thayri Migdalia García Córdova y Otros.
Expediente 414/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 25 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 29/07/2022
Partes del expediente
- Thayri Migdalia García Córdova y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de seis de julio de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b), del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que por una parte sobreseyó, por otra se negó, y por último se concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado por una parte y concedido por otra la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. La depuración ordenada en los puntos que anteceden, deberá realizarse dentro de los siguientes noventa días, de haberse cumplido tres años de dictado el presente proveído. 4. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 5. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez terminado el proceso de depuración. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra la determinación de seis de julio de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b), del artículo 18, del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que por una parte sobreseyó, por otra se negó, y por último se concedió el amparo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado por una parte y concedido por otra la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. La depuración ordenada en los puntos que anteceden, deberá realizarse dentro de los siguientes noventa días, de haberse cumplido tres años de dictado el presente proveído. 4. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. 5. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez terminado el proceso de depuración. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de veintinueve de junio de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujo haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación: El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se dictó resolución definitiva en la que se sobreseyó en el juicio, por otra parte se negó y por otro lado, se concedió la medida protectora solicitada por la parte quejosa. Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de quince de junio de dos mil veintidós, se declaró que la misma causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades obligadas que dieran cumplimiento al fallo constitucional. Las responsables 8. Delegada Administrativa de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, 9. Encargada del Área de Recursos Humanos y 10. Coordinador de Administración, todas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, así como 11. Tesorero Único y 12. Coordinadora General de Recursos Humanos ambas de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, todos con residencia en esta ciudad, por oficios registrados con folios 10602, 10199, 10211, 10212, 10257 y 10670, remitieron las constancias con las que manifestaron acatar la ejecutoria de amparo. Luego, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; sin que haya hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: ". ? La 8. Delegada Administrativa de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, proceda a la cancelación de la orden de retención de percepciones de la peticionaria, debiendo girar los oficios necesarios para tal efecto. En su lugar, ordene el pago de un ingreso mínimo vital a la quejosa para su subsistencia a razón de un treinta por ciento (30%) del total de sus percepciones, mismo que no deberá ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución para la que labora; lo cual deberá cubrir por el tiempo que dure la investigación respectiva y, en su caso, el procedimiento administrativo que se instruya en su contra. Concesión de amparo que se hace extensiva a las autoridades responsables 9. Encargada del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, 10. Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, 11. Tesorero Único de la Secretaría de Hacienda del Estado, y 12. Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, todas con sede en esta ciudad, al no haberse reclamado sus actos por vicios propios.". TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitieron las autoridades responsables, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que la autoridad 8. Delegada Administrativa de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, 9. Encargada del Área de Recursos Humanos, con sede en esta ciudad, por oficio *** de dieciséis de junio de dos mil veintidós, solicitó a la encargada de Recursos Humanos de dicha Secretaría la cancelación de la orden preventiva de pago contenida en el diverso ***, de veintiocho de febrero del año en curso, realizado a la quejosa ***. De igual manera, expidió los comunicados ***, de diecisiete de junio de la presente anualidad, dirigido al Tesorero de la Secretaría de Hacienda del Estado, para informarle sobre la cancelación de la retención de remuneración de la hoy quejosa, y el similar ***, de la misma fecha, en el cual solicitó a la Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaria de Hacienda del Estado, continúe pagando a la quejosa el 30 % de total de percepciones, mismo que no deberá ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mismo que deberá cubrirse por todo el tiempo que dure la investigación, y en su caso el procedimiento que se instruya en su contra, aplicándole las deducciones que correspondan. Luego, por misiva *** de veintisiete de junio de dos mil veintidós, la responsable 12. Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, informó que por diversa ***, de veintiuno de junio del año en curso, comunicó al Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que continuará pagando el ingreso mínimo vital para la subsistencia de la quejosa, la cual deberá determinarse por las responsables a razón de un 30%, del total de sus percepciones y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución, hasta que así lo indique. Lo anterior, se corrobora con el formato de cheque emitido a favor de ***, correspondiente al pago de su nómina electrónica de quince de junio de la presente anualidad. En consecuencia, las autoridades responsables actuaron sin dilación y realizaron las acciones correspondientes a fin de que se pague el ingreso mínimo vital a la aquí quejosa para su subsistencia a razón de un treinta por ciento (30%) del total de sus percepciones, nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución para la que labora; y con dichas acciones se restituyó a la quejosa en el derecho fundamental que se concluyó vulnerado en el fallo constitucional. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: Las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la responsable 12. Coordinadora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, y anexo, por el cual remite el diverso ***, de veintiuno de junio del año en curso, de la que se observa -en lo que interesa- continuará pagando el ingreso mínimo vital para la subsistencia de la quejosa, la cual deberá determinarse por las responsables a razón de un 30%, del total de sus percepciones y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución, hasta que así lo indique el Coordinador de Administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; constancia con la que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VISTA DE CUMPLIMIENTO Por tanto, en términos de lo dispuesto por el numeral 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, con el comunicado de cuenta, y los diversos registrados con folios 10602, 10199, 10211, 10212 y 10257 para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique, manifieste lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que las autoridades responsables refieren haber dado a la ejecutoria en cita; en el entendido que transcurrido dicho plazo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, emitirá la resolución correspondiente. Sirve de apoyo la tesis I.5o.C.7 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA." Notifíquese.
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