Thania Martínez Rodríguez y Otros.

Expediente 178/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
178/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Thania Martínez Rodríguez y Otros.
  • Marisol Reyes Ureña

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cinco de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmete, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********** y **********, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 178/2018-V. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Asimismo, establece las bases para la procedencia del juicio de amparo contra leyes, así como los plazos de que disponen los gobernados para ejercer la acción constitucional dependiendo de su calidad de autoaplicativas o heteroaplicativas. Ello, ya que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a su naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercer la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 17 de la ley citada. Cabe destacar que en el supuesto de las leyes autoaplicativas también se puede promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del primer acto de aplicación, como si tratara de las leyes heteroaplicativas, sin que obste que no se haya impugnado aquélla dentro de los treinta días a partir de su vigencia. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Pues bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato y del Código Civil para el Estado de Guanajuato, específicamente los artículos 72 y 144 respectivamente, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el oficio 140/2018 emitido por la Oficial 1 del Registro Civil de esta ciudad. Ahora, de las manifestaciones vertidas por las propias quejosas en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que afirmaron que el siete de febrero de dos mil dieciocho, se les notificó el oficio 140/2018 emitido por la Oficial 1 del Registro Civil de esta ciudad, mediante el cual se les negó su solicitud de contraer matrimonio. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del nueve de febrero al uno de marzo de la presente anualidad, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente el en que, conforme a la ley del acto, se le notificó la resolución reclamada. Esto es, como a las quejosas se les notificó el siete de febrero pasado el oficio 140/2018 emitido por la Oficial 1 del Registro Civil de esta ciudad, mediante el cual se les negó su solicitud de contraer matrimonio, y el artículo 109 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, señala que las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente al en que se les practique, el plazo para presentar la demanda comenzó a transcurrir el nueve de febrero, ya que el ocho anterior surtió efectos la referida notificación. II. Fueron inhábiles los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de febrero del año en curso, por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo, ya que fueron sábados y domingos. Entonces, como el acto de aplicación que reclaman las quejosas no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubican en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y las impetrantes promovieron la demanda que se estudia hasta el el dos de marzo de dos mil dieciocho, es inconcuso que lo hicieron con posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por las peticionarias del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Desechamiento que se hace extensivo respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato y 144 Código Civil para el Estado de Guanajuato, que también reclaman, ya que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, puesto que no es posible estudiar separadamente el ordenamiento al que pertenezca el precepto cuya aplicación se combata. Por ello, si la parte quejosa cuestiona la constitucionalidad de los artículos 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato y 144 Código Civil para el Estado de Guanajuato, con motivo del primer acto de aplicación que se materializó con la negativa para contraer nupcias por parte de la Oficial 1 del Registro Civil de esta ciudad, mediante oficio 140/2018 de siete de febrero de dos mil dieciocho, y respecto de dicho acto de aplicación se desechó la demanda al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia; es incuestionable que también debe desecharse por lo que hace al citado decreto con fundamento la fracción XIV del numeral 61 de la legislación en consulta, en virtud que no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, dada la estrecha vinculación entre el acto de aplicación y los decretos reclamados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que menciona en su demanda. Con apoyo en lo dispuesto en el arábigo 13 de la ley de la materia se designa como representante común a **********. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN El INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********** y **********, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 178/2018-V. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Asimismo, establece las bases para la procedencia del juicio de amparo contra leyes, así como los plazos de que disponen los gobernados para ejercer la acción constitucional dependiendo de su calidad de autoaplicativas o heteroaplicativas. Ello, ya que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a su naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercer la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 17 de la ley citada. Cabe destacar que en el supuesto de las leyes autoaplicativas también se puede promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del primer acto de aplicación, como si tratara de las leyes heteroaplicativas, sin que obste que no se haya impugnado aquélla dentro de los treinta días a partir de su vigencia. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Pues bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato y del Código Civil para el Estado de Guanajuato, específicamente los artículos 72 y 144 respectivamente, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el oficio 140/2018 emitido por la Oficial 1 del Registro Civil de esta ciudad. Ahora, de las manifestaciones vertidas por las propias quejosas en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que afirmaron que el siete de febrero de dos mil dieciocho, se les notificó el oficio 140/2018 emitido por la Oficial 1 del Registro Civil de esta ciudad, mediante el cual se les negó su solicitud de contraer matrimonio. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del nueve de febrero al uno de marzo de la presente anualidad, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente el en que, conforme a la ley del acto, se le notificó la resolución reclamada. Esto es, como a las quejosas se les notificó el siete de febrero pasado el oficio 140/2018 emitido por la Oficial 1 del Registro Civil de esta ciudad, mediante el cual se les negó su solicitud de contraer matrimonio, y el artículo 109 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, señala que las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente al en que se les practique, el plazo para presentar la demanda comenzó a transcurrir el nueve de febrero, ya que el ocho anterior surtió efectos la referida notificación. II. Fueron inhábiles los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de febrero del año en curso, por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo, ya que fueron sábados y domingos. Entonces, como el acto de aplicación que reclaman las quejosas no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubican en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y las impetrantes promovieron la demanda que se estudia hasta el el dos de marzo de dos mil dieciocho, es inconcuso que lo hicieron con posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por las peticionarias del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Desechamiento que se hace extensivo respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato y 144 Código Civil para el Estado de Guanajuato, que también reclaman, ya que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, puesto que no es posible estudiar separadamente el ordenamiento al que pertenezca el precepto cuya aplicación se combata. Por ello, si la parte quejosa cuestiona la constitucionalidad de los artículos 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato y 144 Código Civil para el Estado de Guanajuato, con motivo del primer acto de aplicación que se materializó con la negativa para contraer nupcias por parte de la Oficial 1 del Registro Civil de esta ciudad, mediante oficio 140/2018 de siete de febrero de dos mil dieciocho, y respecto de dicho acto de aplicación se desechó la demanda al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia; es incuestionable que también debe desecharse por lo que hace al citado decreto con fundamento la fracción XIV del numeral 61 de la legislación en consulta, en virtud que no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, dada la estrecha vinculación entre el acto de aplicación y los decretos reclamados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que menciona en su demanda. Con apoyo en lo dispuesto en el arábigo 13 de la ley de la materia se designa como representante común a **********. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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