Thalía Monserrat Villacaña Ibarra

Expediente 248/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
248/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Thalía Monserrat Villacaña Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    pral.248/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las I) autoridades responsables y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de esta sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 9. Devolución de constancias. De la certificación de cuenta se advierte que en la Secretaría de este Juzgado se encuentran resguardados tres tomos anexos remitidos por las autoridades 1) secretario de Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable del Estado de Oaxaca (tomos anexos I y III) y 2) encargado de despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca (tomo anexo II), remitidos como justificación a sus informes; por ende, mediante los oficios que al respecto se giren, se ordena devolver los referidos anexos a las citadas autoridades, al carecer de objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    PRAL.248/2022 MESA 7 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con diecisiete minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, *** R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante oficio 3102/2022, suscrito por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, y recibido en este Juzgado el veintitrés de febrero de este año, se tuvo al referido órgano jurisdiccional declinando competencia a favor de este Juzgado para conocer del juicio de amparo 971/2021, de su índice, tramitado con motivo de la demanda de amparo promovida por **** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Radicación y se acepta el conocimiento previo. En proveído de tres de marzo de dos mil veintidós se aceptó la competencia declinada y este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto, se registró el juicio con el número de expediente 248/2022, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, se ordenó notificar dicha determinación a todas las partes procesales y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Precisiones del expediente 971/2021, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Inexistencia de una autoridad. Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno se dejó de tener como autoridad responsable a la señalada en la demanda como "Dirección de Ecología del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal". Emplazamiento parte tercera interesada. Mediante proveído de diez de enero de este año se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada: a) "ICA CONSTRUCTORA", sociedad anónima de capital variable y b) "ICA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA", sociedad anónima de capital variable; quienes quedaron emplazadas, mediante lista de acuerdos, previo citatorio, el catorce de enero de dos mil veintidós, como se advierte de las constancias de notificación asentadas por el actuario adscrito al Juzgado Decimoprimero en el Estado de Oaxaca. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos se reclaman a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La inconstitucional orden, autorización, permiso y/o exención otorgado para el derribo, trasplante, poda y/o tala de los árboles y arbustos. El indebido e ilegal derribo, trasplante, poda y/o tala de los árboles y arbustos. Que se encuentran en la avenida Símbolos Patrios, avenida Universidad y Carretera Federal número 175, en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, derivado de la construcción de la obra denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "río salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal". Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado solicitado, las autoridades responsables lo hicieron de la forma siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1 Secretario de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable del Estado de Oaxaca, a través del jefe de la Unidad Jurídica. 68 NIEGA 2 Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por conducto del subdirector Jurídico. 86 NIEGA 3 Encargada del despacho de la Delegación Federal en el Estado de Oaxaca de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la subdelegada de Planeación y Fomento Sectorial. 34 a 38 NIEGA Del cuadro anterior se advierte que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción para desvirtuar dicha negativa. Al respecto, el jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable en Oaxaca, residente en Tlalixtac de Cabrera, agregó lo siguiente: Negó los actos reclamados, pues agregó que aquéllos no son asuntos de la competencia de esa Secretaría en los términos señalados por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca. Además, que respecto a la construcción del puente sobre el Rio Salado es facultad exclusiva de la Federación; dicho acto reclamado es competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, al tratarse de una obra que se encuentra en una vía de comunicación de carácter federal. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 236, tomo VI, registro 917818, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las diversas autoridades que enseguida se citan, al rendir el informe justificado, lo hicieron de la forma siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1 Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, por conducto director de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica. 132 a 138 NIEGA. SE DESVIRTÚA 2 Presidente Constitucional del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 75 ACEPTA PARCIALMENTE 3 Presidente del Consejo Municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca. 182 y 183 NO ACEPTÓ NI NEGÓ SE DESVIRTÚA 4 Secretario de Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable del Estado de Oaxaca, a través del representante legal y director Jurídico. 156 a 164 NIEGA. SE DESVIRTÚA 5 Encargado del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca. 152 a 155 NIEGA. SE DESVIRTÚA 6 Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xoxocotlán, Oaxaca. 92 y 93 ACEPTA PARCIALMENTE 7 Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 102 ACEPTA Del cuadro anterior se advierte que algunas de las referidas autoridades responsables, por una parte, aceptaron y, por otra, negaron la existencia de los actos que se le atribuyen. Sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas con las manifestaciones realizadas en los informes justificados, ya que convinieron en la existencia de un proyecto de obra denominado "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca"; y por lo que hace a la autoridad responsable, presidente del Consejo Municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca, no aceptó ni negó los actos reclamados, por lo que se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. QUINTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente las constancias que conforman este juicio se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa no acredita el interés legítimo para instar el juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; - - -- (.)". (Transcripción) Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo deviene improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. De esta forma, es preciso distinguir lo que implica el interés jurídico e interés legítimo. El referido artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." (Transcripción) Destacados los anteriores normativos, resulta de importancia puntualizar primeramente que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo; el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados; interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Debe entenderse que la fracción I del artículo 107 constitucional, al hacer referencia a la afectación de un derecho, se hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, necesariamente, se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. El normativo constitucional aludido establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; - -- (.)." (Transcripción) Precisado lo anterior, debe decirse entonces que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Por ello, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, por lo que, en ese tenor, como requisito de procedencia del juicio de amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. De este modo, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Se precisa que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, continúa exigiéndose que la quejosa acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es menester atender la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, para de este modo estar en aptitud de exigir la quejosa en el juicio de amparo que acredite fehacientemente su interés, ya sea jurídico o legítimo, que le asista y no inferirse con base en presunciones. En tratándose del interés jurídico, la quejosa estará obligado a demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica a la quejosa, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo intentado sea improcedente. Ahora, en torno al derecho humano a un medio ambiente sano, sus servicios ambientales y núcleo esencial, así como el interés legítimo para promover el juicio de amparo en esa materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 307/2016, estableció, en lo esencial, lo siguiente: ".Conforme a este concepto, son beneficiarios ambientales aquellos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Las áreas de influencia se refieren a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. Con otras palabras, son las áreas en las cuales las funciones de un ecosistema, entendidas como los procesos biofísicos que ahí se generan, impactan en beneficio de los seres humanos y del medio ambiente. Cada ecosistema tiene diversas áreas de influencia dependiendo de la naturaleza de los servicios ambientales que presta; la identificación o el reconocimiento de este espacio geográfico permite entender que cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia o el "entorno adyacente" de un ecosistema es beneficiario de sus servicios ambientales y, por tanto, está legitimado para promover el juicio de amparo en su defensa. Cabe precisar que, si bien el entorno adyacente constituye un concepto esencialmente geográfico, esto no implica que esté limitado a un criterio de vecindad inmediata, es decir, que solo puedan acudir en defensa del ecosistema aquellos que viven "a un lado" del mismo. Por el contrario, la delimitación de este espacio geográfico es amplia, pues se determina por los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde impactan estos beneficios. El concepto del entorno adyacente como uno de los criterios para definir la legitimación activa en el juicio de amparo ambiental, resulta acorde con el principio de participación ciudadana, en tanto los principales interesados, y obligados, a defender un determinado ecosistema, son sus beneficiarios, es decir, aquellos que habitan o utilizan su zona de influencia. No pasa inadvertido para esta Sala que la definición del área de influencia de cada ecosistema resulta en un problema casuístico que se habrá de resolver caso a caso, por lo que es inconveniente para garantizar la efectiva protección del derecho humano al medio ambiente definir ex ante cuáles son las áreas de influencia de los ecosistemas, pues éstas dependerán del tipo de ecosistema y de la naturaleza -que puede ser hasta de índole religiosa- de los servicios ambientales que presta. Por tanto, acorde con todo lo expuesto en este apartado, esta Sala concluye que se actualiza el interés legítimo en un juicio de amparo en materia ambiental, cuando se acredita que existe un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que puede demostrarse -como uno de los criterios de identificación, mas no el único- cuando el accionante acredita habitar o utilizar el "entorno adyacente" del ecosistema, entendiendo éste como su área de influencia a partir de los servicios ambientales que presta". (.) (Transcripción y el énfasis es propio) Así, son beneficiarios ambientales aquéllos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema, refiriéndose a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. También se sostuvo en esa ejecutoria que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho al medio ambiente como un auténtico derecho humano, al reconocer una específica y particular esfera de protección en favor de la persona, que se caracteriza por la salvaguarda del entorno o medio ambiente en el que se desenvuelve, mismo que exige la tutela más amplia, como lo establece el diverso 1º constitucional. Además, el bien jurídicamente protegido por ese derecho humano es el "medio natural", entendido como el entorno en el que se desenvuelve la persona, caracterizado por el conjunto de ecosistemas y recursos naturales que permiten el desarrollo integral de su individualidad, lo que implica que el estado mexicano está obligado a garantizar ambas dimensiones del derecho al medio ambiente sano, con la finalidad de evitar el daño ecológico como consecuencia inmediata o mediata de la intervención del hombre en la administración de los recursos naturales, ocasionando una afectación a los intereses difusos o colectivos cuya reparación pertenece a la sociedad en general. En ese sentido, cuando se alegue la afectación de derechos difusos, como es el medio ambiente, sea en forma individual o colectiva, la parte que acude al juicio constitucional tiene la carga de probar, mediante medios de prueba idóneos y eficaces, que son vecinos o habitan en la comunidad adyacente al lugar referido, pues sólo así se acredita el extremo de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientes. En el caso, se estima que la quejosa no acreditó haber sufrido una afectación jurídica de manera indirecta, al ubicarse en una especial situación, teniendo interés personal de que se restituya a una colectividad determinada en el goce de sus derechos. En efecto, la referida quejosa señaló como actos reclamados la inconstitucional orden, autorización, permiso y/o exención otorgado para el derribo, trasplante, poda o tala de los árboles y arbustos; así como la ejecución de tales actos, que se encuentran en la avenida Símbolos Patrios, avenida Universidad y Carretera Federal número 175, en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, derivado de la construcción de la obra denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "río salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca". Asimismo, que con motivo de esa obra, el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno se enteró por diversas publicaciones en redes sociales de la comparecencia del titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, sobre la intención de talar, podar y trasplantar diversos árboles que se encuentran ubicados por toda la Avenida Símbolos Patrios, Avenida Universidad y la carretera troncal número 175, esto por la realización de una obra de infraestructura carretera; lo anterior, sin tener un plan de restauración que establezca un plan de trabajo con lineamientos concretos de actuación para preservar el medio ambiente, cronograma, monitoreo y seguimiento y su debida difusión a la colectividad. Así, la quejosa alega que es habitante del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y que el área que es afectada por la obra antes mencionada se encuentra a tres kilómetros de distancia de su domicilio, lo cual es una distancia muy cercana; además, que transita diario por la carretera troncal 175 que comprende la Avenida Símbolos Patrios con sus intersecciones con la Avenida Universidad para la realización de sus actividades cotidianas. Para acreditar su aseveración, la quejosa exhibió copia simple de su 1) credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, en la que aparece como su domicilio el ubicado en calle Neptuno número dieciséis, fraccionamiento Lomas de la Azucena, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 2) un croquis y 3) catálogo de conceptos relativo al número de licitación LPN-SINFRA/SSOP/UL-X001-2021, correspondiente a la obra denominada "Ampliación y modernización de la carretera troncal No. 175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del KM 1+000 al KM 3+000, entronque a nivel con Av. Universidad en KM 2+230 y construcción del puente sobre "Rio Salado" en el KM 2+977.14, en los municipios de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal". Sin embargo, de la justipreciación de dichas probanzas se advierte que sólo tienen valor indiciario, por tratarse de copias simples, sin existir la certificación de la autoridad respectiva; pese a ello, es ineficaz para demostrar que la quejosa es vecina del lugar donde se realizan los proyectos "Ampliación y Modernización de la Carretera 175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del km 1+000 al km 6+300, Ent. Aeropuerto, Estado de Oaxaca" y "Proyecto de ampliación Puente Río Salado", o que transite por Avenida Símbolos Patrios, Avenida Universidad y carretera federal número 175, en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, en el que se lleva a cabo la construcción de las obras ya referidas; en consecuencia, es insuficiente para establecer que es beneficiario ambiental de ese entorno adyacente. Por tanto, no existe daño inminente e irreparable a la pretensión de la quejosa, pues su sola manifestación se estima ineficaz para demostrar que se encuentra en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alegó acreditaba su interés para comprobar la afectación a su derecho a un ambiente sano y, por tanto, no demuestra el interés legítimo para instar el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2012364, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia de juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo; como así lo ilustra la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** contra los actos consistentes en: La inconstitucional orden, autorización, permiso y/o exención otorgado para el derribo, trasplante, poda y/o tala de los árboles y arbustos. El indebido e ilegal derribo, trasplante, poda y/o tala de los árboles y arbustos. Que se encuentran en la avenida Símbolos Patrios, avenida Universidad y Carretera Federal número 175, en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, derivado de la construcción de la obra denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "río salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal". Mismos que atribuyó a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese.

  3. Principal

    PRAL.248/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Glose de oficio. Agréguese el oficio número 6343/2022, suscrito por el juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, mediante el que remite el diverso comunicado 6456/2022, suscrito por el secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el estado de Oaxaca; visto el contenido de este último, incorpórese únicamente para que obre obre como corresponda, en virtud que en acuerdo de dieciséis de marzo pasado se proveyó lo conducente, al haberse recibido un comunicado con el mismo número y contenido. Notifíquese.

  4. Principal

    pral.248/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Glose de oficio. Incorpórese el comunicado de cuenta número 6456/2022, suscrito por el secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el estado de Oaxaca, con transcripción del auto de diez de marzo de este año, dictado en el juicio de amparo 971/2021, de su índice; visto su contenido, se acuerda: Mediante oficio que al efecto se gire, infórmese al Juzgado oficiante que, en acuerdo de tres de marzo pasado, este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y de otras autoridades. Lo anterior, para los fines legales consiguientes. Notifíquese.

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