Thalia García Palma

Expediente 681/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
681/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
30/10/2018

Partes del expediente

  • Thalia García Palma
  • THALIA GARCÍA PALMA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de agosto del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo, Thalía García Palma, por su propio derecho y en representación de su menor hijo Héctor Alain Cruz García, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDAD ORDENADORA: Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. AUTORIDAD EJECUTORA: Yoli de Acapulco, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. ACTO RECLAMADO: El oficio emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 1326-3/2016, mediante el cual se reduce a un veinte por ciento la pensión alimenticia decretada en favor del menor Héctor Alain Cruz García. SEGUNDO. Preceptos Constitucionales reclamados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucional. TERCERO.- Tramitación del juicio. Por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, (previa prevención) se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno respectivo con el número 681/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de un diferimiento, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, debido a que se reclama un acto dictado dentro de un juicio atribuible a una autoridad jurisdiccional residente dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, la cual puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama esencialmente de la autoridad responsable lo siguiente: El oficio 911, de dos de julio de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 1326-3/2016, mediante el cual se reduce a un veinte por ciento la pensión alimenticia decretada en favor del menor Héctor Alain Cruz García. Precisión que resulta del análisis de la demanda de amparo en específico del capítulo de antecedentes en relación con las actuaciones remitidas por el Juez responsable como apoyo a su informe justificado. TERCERO. La Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la conducta reclamada; certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran el expediente familiar 1326-3/2016, remitida como apoyo a su informe justificado (Tomo I de pruebas); la cual dada su naturaleza de documental pública, tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO.- Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, este juzgador oficiosamente advierte que del considerando segundo, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la propia ley de la materia, éste último aplicado a contrario sensu, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el último artículo en cita, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo es procedente cuando sus efectos tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por estos aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos de "imposible reparación", se debe atender a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una afectación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta a los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Al efecto, se destacan los antecedentes de los cuales derivó la emisión del acto reclamado, los cuales se advierten de las copias certificadas que remitió la Juez responsable como complemento de su informe justificado, las cuales integran el tomo I de pruebas, lo que se hace al tenor de los siguientes puntos: Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Tabares compareció Ismael Cruz Alonso a interponer incidente para determinar el monto definitivo por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo, en contra de Thalía García Palma (fojas 1 a 6 del tomo I de pruebas). Por auto de esa misma fecha la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, a quién correspondió conocer sobre el incidente en mención, admitió a trámite el incidente en comento registrándolo con el número 1326-3/2016 (foja 27 del tomo I de pruebas). Seguido el incidente antes referido en todas sus etapas, mediante sentencia interlocutoria de quince de junio de dos mil dieciocho se declaró procedente el mismo y se determinó que Ismael Cruz Alonso acreditó su acción, por lo que se modificó la medida provisional de alimentos, condenándole al pago de una pensión alimenticia mensual a favor de su menor hijo por el equivalente al veinte por ciento del salario y demás prestaciones que obtiene mensualmente en su fuente de trabajo (fojas 200 a 210 del tomo I de pruebas). En cumplimiento a la interlocutoria antes referida, en fecha 2 de julio de 2018, la responsable giró el oficio número 911 dirigido a la persona moral denominada Yoli de Acapulco, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, quien tiene el carácter de patrón del promovente del incidente en comento, en el cual le ordenó que aplicara en lo sucesivo la deducción del porcentaje indicado en la interlocutoria de quince de junio de dos mil dieciocho (foja 212 del tomo I de pruebas) acto que tiene el carácter de reclamado en el presente juicio. De lo anterior se advierte que el acto reclamado en este juicio consiste en la orden que giró la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, a la empresa para la cual trabaja Ismael Cruz Alonso, para efecto de que realizara el descuento ordenado en la interlocutoria de quince de junio de dos mil dieciocho, que recayó el incidente para determinar el monto de la pensión alimenticia en favor de su menor hijo. Asimismo, se advierte que la resolución por medio de la cual se determinó la cuantía de la pensión alimenticia, a la cual se condenó a Ismael Cruz Alonso al pago de una pensión alimenticia en favor de su menor hijo, corresponde a la interlocutoria de quince de junio de dos mil dieciocho, por lo que es precisamente en dicha resolución en la cual se está afectando el derecho sustantivo correspondiente, y no mediante el oficio por el cual el juzgado responsable ordena a la fuente de trabajo del deudor alimentario que realice el descuento determinado en dicha interlocutoria, puesto que éste último acto únicamente consiste en una comunicación oficial por medio de la cual se hace del conocimiento de la empresa a la cual fue dirigida, que deberá realizar el descuento en los términos señalados en la interlocutoria en comento, sin que pueda reputársele la afectación material que aduce la quejosa. Por tanto, el acto reclamado consiste solamente en una consecuencia natural de una decisión jurisdiccional previa, que es la que objetivamente produce la afectación directa sobre el derecho sustantivo que aduce la quejosa se ha trastocado, en razón de que es mediante dicha resolución por la cual se determina en definitiva la pensión alimenticia que el menor tiene derecho a percibir por parte de su padre. Consecuentemente, no puede considerarse la emisión de la comunicación oficial en comento como un acto de ejecución irreparable, ya que, se insiste, no es mediante dicho acto por el cual se determinó la cuantía de la pensión alimenticia a cargo del padre del menor, sino que dicha determinación ocurrió mediante la interlocutoria en comento. Todo lo anterior, pone de manifiesto que en el caso opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el mencionado artículo 107, fracción V, con una interpretación en sentido contrario de la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la ley de la materia, ya que la emisión del oficio 911, de dos de julio de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en el expediente 1326-3/2016, mediante el cual se reduce a un veinte por ciento la pensión alimenticia decretada en favor del menor Héctor Alain Cruz García, cuya emisión se reclama, no es sino una consecuencia lógica y necesaria de la sentencia interlocutoria, que no produce por sí mismo una afectación material al derecho sustantivo a recibir alimentos; por ende, con fundamento en el numeral 63, fracción V del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio, máxime que de la demanda de amparo no se advierte que se expresen conceptos de violación tendentes a combatir por vicios propios el oficio señalado como acto reclamado, sino que dichos motivos de inconformidad se dirigieron a combatir la interlocutoria que en ningún momento fue señalada como acto reclamado.Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo, se, ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 681/2018. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se tiene a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, desahogando el requerimiento que se le hizo el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, y por recibidas las documentales que al efecto exhibe como complemento de su informe justificado rendido en autos; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Finalmente, dada la voluminosidad de las copias certificadas del expediente 1326/2016-III, del que derivan los actos reclamados; fórmense por separado el tomo I, de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, mediante auto de veinticinco de septiembre de este año, a efecto de que remitiera diversas constancias, por lo que, a fin de dar oportunidad a que el presente expediente se encuentre debidamente integrado, la audiencia se difiere para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Ahora bien, en virtud de que la oficiante no remite la totalidad de las constancias que tomó en consideración para la emisión del acto reclamado y a fin de que este órgano jurisdiccional este en aptitud de resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la ley de la materia, requiérase a la juez responsable, para que en el término de tres días a que se refiere el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, por disposición expresa de su artículo 2°, siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que tomó en consideración para emitir el acto reclamado, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Apercibida que de no cumplir con el requerimiento formulado en los términos y el plazo indicado, con fundamento en el artículo 259 de la ley de la materia, en relación con los numerales 237, fracción I y 238 de Ley de Amparo, se le impondrá una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme a lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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