Thalia de la Caridad Sánchez Pérez

Expediente 555/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
555/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Instituto Nacional de Migración
  • Thalia de la Caridad Sánchez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 555/2022-E El uno de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta al juez, con la certificación secretarial y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de veinte de julio de dos mil veintidós; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, pues se tuvo por no presentada la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el cuatro de agosto de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que la directamente agraviada Thalía de la Caridad Sánchez Pérez, no ratificó la demanda de derechos fundamentales promovida en su favor; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efectos las providencias dictadas en auto de diecinueve de julio del actual, conforme al artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Luis Efrén Guzmán Rodríguez en favor de Thalía de la Caridad Sánchez Pérez, contra actos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por considerar que se vulneran en perjuicio de la supuesta agraviada los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 11, 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 555/2022-E. Suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como acto reclamado destaco la deportación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dicho acto, permanezca la posible quejosa en el lugar donde se encuentre, lo cual deberá hacerse del conocimiento de la autoridad responsable para que la acate bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar la directamente agraviada a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, la autoridad responsable deberá, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de la directamente agraviada. Respecto del acto consistente en la detención, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable a fin de que pongan a Thalía de la Caridad Sánchez Pérez, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si tal acto deriva de la comisión de un delito. En la inteligencia que si la detención de la directamente agraviada no tiene relación con la comisión de un delito, deberá ser puesta en libertad, bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable. Ello, sin perjuicio de que la autoridad migratoria fije las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente, debiendo pronunciarse respecto de la calidad migratoria que en este país tiene la aquí impetrante, dentro del plazo de quince días que establece categóricamente el marco normativo que rige su actuar, atendiendo a las pruebas que tenga en su poder, así como lo dispuesto en el "protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional". En ese contexto, toda vez que el promovente refiere que la directo quejosa podría encontrarse privada de su libertad, solicítese a la autoridad responsable a fin de que de manera inmediata informe a este órgano jurisdiccional si ha decretado alguna medida de aseguramiento a la agraviada en cuestión, a efecto de que este juzgado de distrito esté en aptitud de pronunciarse al respecto; en el entendido de que la impetrante queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, y a disposición de la autoridad responsable por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Ratificación de la demanda Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la directamente agraviada, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de derechos fundamentales intentada, quedando sin efectos las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización de Thalía de la Caridad Sánchez Pérez, en las instalaciones de la autoridad responsable. Se instruye al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentre la directamente agraviada. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de la autoridad responsable, si ésta se niega a recibir el comunicado a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados Ahora, en relación con el domicilio y la designación de autorizados, se reserva el acuerdo conducente hasta en tanto se practiquen las diligencias mandatadas en este acuerdo. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y cúmplase. Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido de la licenciada Delcia Gabriela Valencia Flores, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. J´FCG/DGVF/rrc.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,757 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano