Thalía Coria Castilla
Expediente 318/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 25 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Ailyn Paola Lugo Flores
- Thalía Coria Castilla
- Mayra Elizabeth Piste Ordoñez
- Congreso del Estado de Quintana Roo
- Ailyn Paola Lugo Flores y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
:Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de uno de junio pasado, dictado en el amparo en revisión 324/2022 del índice del tribunal de su adscripción, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia de siete de abril de dos mil veintidós; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado electrónicamente por Rafael Robles Roa, autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, mediante la cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de abril de dos mil veintidós, en la cual se resolvió sobreseer en el juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, glósese a este expediente una impresión del escrito de expresión de agravios y distribúyanse entre las partes una diversa del referido ocurso. Asimismo, una vez que se encuentre debidamente integrado, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes correspondiente y, sin ulterior acuerdo, con apoyo en los artículos 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, haciendo uso de medios electrónicos -salvo que exista imposibilidad técnica, en cuyo caso podrá enviarse físicamente-, remítase el i) cuaderno original del presente juicio, el ii) escrito de expresión de agravios, y iii) un tomo de prueba, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con domicilio en Cancún, Quintana Roo, para la substanciación del referido medio de impugnación. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable foránea, para que a la brevedad informe mediante correo electrónico a la dirección 7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha de recepción de los oficios que contienen la i) sentencia recurrida de siete de abril de dos mil veintidós, y el ii) presente acuerdo, con el cual se le remitirá una impresión del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, para los efectos legales conducentes.
- Principal
En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con veinte minutos del siete de abril de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 318/2021-II del índice de este juzgado, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció prueba documental, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; por su parte, este órgano jurisdiccional ordenó recabar diversas documentales de la autoridad responsable Congreso del Estado de Quintana Roo, las cuales obran en autos (tomo de prueba), sin que las demás partes ofrecieran prueba alguna; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, secretario hace constar que la parte quejosa formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula la parte quejosa; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 318/2021-II, promovido por promovido por Ailyn Paola Lugo Flores, Thalía Coria Castilla y Mayra Elizabeth Piste Ordóñez, todas por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno el veinticuatro siguiente a este juzgado de distrito, Ailyn Paola Lugo Flores, Thalía Coria Castilla y Mayra Elizabeth Piste Ordóñez, todas por derecho propio, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, por considerarlos violatorios de los artículos 1º y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hacen consistir en: "III. ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES. - - - Congreso del Estado de Quintana Roo - - - 1. La omisión legislativa en que incurre el Congreso de Quintana Roo en contravención del deber y de la obligación de legislar, establecido en los artículos 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, por no adecuar su legislación interna para garantizar la interrupción del embarazo como parte del derecho a la salud y a la autonomía reproductiva de las mujeres y acceso igualitario a servicios de salud, según lo exige el parámetro de regularidad constitucional conformado por estos derechos. - - - 2. El desechamiento de la iniciativa y decisión de no aprobar el dictamen de reforma (párrafo primero del artículo 13 constitucional y diversas disposiciones tanto del Código Penal como de la Ley de Salud del Estado) de 2 de marzo de 2021 por medio de la cual el Poder Legislativo determinó no adecuar la normativa interna para garantizar la interrupción del embarazo, como parte del derecho a la salud y a la autonomía reproductiva y acceso igualitario a servicios de salud de las mujeres, según lo exige el parámetro de regularidad constitucional conformado por estos derechos. - - - Acto reclamado que materializa el incumplimiento de los artículos 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales. - - - Ambos actos reclamados convalidan un estado de cosas inconstitucionales en el Estado de Quintana Roo, en perjuicio de las mujeres que forman parte de la colectiva quejosa." SEGUNDO. Radicación y desechamiento. Recibida la demanda de amparo el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, ante este juzgado de distrito, por auto de veinticinco siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 318/2021-II y se desechó la demanda de amparo por las razones ahí expuestas. TERCERO. Recurso de queja. Inconforme con la determinación apuntada en el resultando que antecede, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad; seguida la secuela procesal correspondiente, mediante resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada en autos del recurso de queja 104/2021 de su índice, el mencionado tribunal colegiado determinó declarar fundado dicho recurso. CUARTO. Admisión de demanda y audiencia constitucional. Por auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la resolución precisada en el resultando que precede, se admitió la demanda de amparo; se dio al Agente de Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos de una autoridad legislativa, con ejecución en el ámbito de competencia territorial de este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias, se hacen consistir en: Del Congreso del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal: a) La omisión legislativa de regular en la legislación interna (Constitución Política, Código Penal y Ley de Salud, todas del Estado de Quintana Roo), mecanismos, procedimientos y modalidades para poder practicar la interrupción legal del embarazo como parte del derecho a la salud, a la autonomía reproductiva y al acceso igualitario a los servicios de salud. b) La no aprobación y/o desechamiento de la iniciativa del dictamen de reforma de dos de marzo de dos mil veintiuno, consistente en regular en la legislación interna (Constitución Política, Código Penal y Ley de Salud, todas del Estado de Quintana Roo), mecanismos, procedimientos y modalidades para poder practicar la interrupción legal del embarazo como parte del derecho a la salud, a la autonomía reproductiva y al acceso igualitario a los servicios de salud. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Congreso del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, por conducto del Subsecretario de Servicios Legislativos, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia. Ahora, respecto del referido acto reclamado, consistente en la omisión legislativa de regular en la legislación interna (Constitución Política, Código Penal y Ley de Salud, todas del Estado de Quintana Roo), mecanismos, procedimientos y modalidades para poder practicar la interrupción legal del embarazo como parte del derecho a la salud, a la autonomía reproductiva y al acceso igualitario a los servicios de salud, es pertinente señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al tema, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente: ".IV. Los tribunales de amparo frente a las omisiones legislativas Ahora bien, con independencia de lo anterior, aún podría sostenerse que el amparo es improcedente contra omisiones legislativas porque, aunque no se viole el principio de relatividad, los tribunales de amparo no tienen facultades para obligar al Poder Legislativo a legislar. De acuerdo con el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 constitucional, los órganos de gobierno sólo pueden ejercer las competencias y funciones que les son otorgadas. En este sentido, si la Constitución atribuyó la función de legislar al Poder Legislativo (con la colaboración del Ejecutivo), podría argumentarse que los tribunales, al conceder un amparo por omisión legislativa, estarían interviniendo en el proceso legislativo sin que haya sustento constitucional para ello y, de esa manera, estarían violando el principio de división de poderes. No obstante, esta Primera Sala estima que los tribunales de amparo tienen facultades constitucionales para ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando éstos sean violados por una omisión legislativa absoluta. En un Estado constitucional de derecho todas las autoridades deben respetar la Constitución. Así, aun cuando el Poder Legislativo tenga una función de la máxima importancia dentro nuestro orden constitucional y ésta se le haya encomendado de manera exclusiva -aunque con cierta intervención del Poder Ejecutivo-, también se encuentra sometido a la Constitución. En consecuencia, en estos casos el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar. En efecto, cuando la Constitución establece un deber de legislar respecto de algún tema en específico a cargo del Poder Legislativo, el ejercicio de la facultad de legislar deja de ser discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio. En este escenario, la única manera de mantener un estado de regularidad constitucional es que los tribunales de amparo estén en aptitud de determinar si en un caso concreto una omisión de legislar se traduce además en una vulneración a los derechos de las personas. Al respecto, esta Primera Sala considera importante enfatizar que un acto de autoridad que vulnera derechos es inconstitucional, sin importar que se trate de una acción o una omisión, ni la autoridad a la que se le atribuya ese acto. En este sentido, si los jueces de amparo tienen competencia para controlar la constitucionalidad de leyes emitidas por el Poder Legislativo, también deben tener la facultad de controlar sus omisiones. Lo anterior es especialmente relevante si tomamos en consideración que en muchos aspectos la nuestra es una "Constitución de detalle" que contiene disposiciones altamente específicas y, por lo tanto, no es infrecuente que en nuestro texto constitucional se establezcan deberes muy concretos de legislar en ciertas materias -tal como sucede en este caso-, los cuales reducen considerablemente el margen de discreción legislativa, de tal manera que en esos supuestos no resulta potestativo para el Poder Legislativo emitir una determinada regulación. En esta lógica, sostener la improcedencia del juicio amparo contra omisiones legislativas cuando se alega que vulneran derechos fundamentales implicaría desconocer la fuerza normativa a la Constitución, situación que es inaceptable en un Estado constitucional de derecho. Así, cuando exista un mandato constitucional dirigido al Poder Legislativo en el que se le imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución. Particularmente, tienen el deber de proteger a las personas frente a las omisiones del legislador, garantizando que éstas no se traduzcan en vulneraciones de sus derechos fundamentales. En este orden de ideas, es importante señalar que en la justicia constitucional comparada existen ejemplos de acciones similares al juicio de amparo que también han sido utilizadas para controlar la constitucionalidad de omisiones legislativas. En esta línea, por ejemplo, los Tribunales Constitucionales de España y Alemania han dictado sentencias en las que han declarado la inconstitucionalidad de omisiones legislativas por vulnerar los derechos fundamentales reconocidos en sus respectivas constituciones. Asimismo, las Constituciones de Portugal y Brasil contemplan acciones que permiten expresamente que los tribunales remedien una omisión legislativa cuando ésta resulte en la inexigibilidad de una disposición constitucional concreta. Por lo demás, en el caso mexicano el control de constitucionalidad de omisiones legislativas es algo que esta Suprema Corte ya ha realizado con anterioridad en vías procesales distintas al juicio de amparo. En este sentido, este Alto Tribunal ha obligado al Poder Legislativo a actuar para reparar una omisión legislativa en varios asuntos..." De la transcripción anterior, en lo que interesa, se puede advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que puede sostenerse que el juicio de amparo es improcedente contra omisiones legislativas, puesto que aunque no se transgrediera el principio de relatividad, los tribunales de amparo, no tienen facultades para obligar al Poder Legislativo a legislar. No obstante lo anterior, refirió el Alto Tribunal, los tribunales federales cuentan con facultades constitucionales para ordenar la restitución de los derechos de los quejosos, cuando éstos sean violados por una omisión legislativa de competencia de ejercicio obligatorio, la cual se da cuando exista un mandato constitucional dirigido al Poder Legislativo en el que se le impone claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico y éste omite ese mandato total o parcialmente. Determinación que incluso comparte la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada siguiente: "Registro digital: 2017783 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. LXXXIII/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 1216 Tipo: Aislada OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS. SU IMPUGNACIÓN NO CONFIGURA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido genéricamente que el juicio de amparo es improcedente contra omisiones legislativas, lo cierto es que cuando se reclaman omisiones legislativas absolutas, esto es, la falta de cumplimiento de un mandato expreso del Poder Reformador que vincula a diversas autoridades a realizar las adecuaciones necesarias para dar efectividad a un precepto constitucional, no se genera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que las violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivadas de la inacción de los órganos legislativos, no podrían aceptarse por la propia Norma Fundamental, argumentándose la vulneración al principio de relatividad de las sentencias contenido en su artículo 107, fracción II, principalmente porque en esos casos la generalidad de los efectos de la sentencia no es más que una consecuencia indirecta de la propia naturaleza de la violación constitucional reclamada, en tanto el débito de legislar o proveer en la esfera administrativa un debido acatamiento no deriva de una resolución judicial, sino de un mandato expreso de la propia Constitución Federal, el cual, al no haber sido debidamente acatado por las autoridades respectivas, exige su debida reparación mediante el sistema tutelar de control, a efecto de salvaguardar el principio de supremacía constitucional." En ese tenor, si para establecer la existencia del acto reclamado en estudio se atiende a la figura de la omisión legislativa -de competencia de ejercicio obligatorio-, se debe partir que ésta sólo cabrá propiamente, cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Al respecto, cobran aplicación las tesis que se citan a continuación: "Registro digital: 2016423 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. XXII/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1099 Tipo: Aislada OMISIONES LEGISLATIVAS. LOS TRIBUNALES DE AMPARO TIENEN FACULTADES PARA ORDENAR LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS QUEJOSOS CUANDO ÉSTOS HAYAN SIDO VIOLADOS POR. En un Estado constitucional de derecho todas las autoridades deben respetar la Constitución. Así, aun cuando el Poder Legislativo tenga una función de la máxima importancia dentro nuestro orden constitucional y ésta se le haya encomendado de manera exclusiva -aunque con cierta intervención del Poder Ejecutivo-, también se encuentra sometido a la Constitución. En consecuencia, cuando exista una omisión legislativa el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar. En efecto, cuando la Constitución establece un deber de legislar respecto de algún tema en específico a cargo del Poder Legislativo, el ejercicio de la facultad de legislar deja de ser discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio. En este escenario, la única manera de mantener un estado de regularidad constitucional es que los tribunales de amparo estén en aptitud de determinar si en un caso concreto una omisión de legislar se traduce además en una vulneración a los derechos de las personas. En esta lógica, sostener la improcedencia del juicio amparo contra omisiones legislativas cuando se alega que vulneran derechos fundamentales implicaría desconocer la fuerza normativa a la Constitución, situación que es inaceptable en un Estado constitucional de derecho. Así, cuando exista un mandato constitucional expreso dirigido al Poder Legislativo en el que se le imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución. Particularmente, tienen el deber de proteger a las personas frente a las omisiones del legislador, garantizando que éstas no se traduzcan en vulneraciones de sus derechos fundamentales." "Registro digital: 2016424 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. XX/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, página 1100 Tipo: Aislada OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales." En el caso, se estima conveniente reiterar que la parte quejosa reclama la omisión legislativa en que -a su parecer- incurrió el Congreso del Estado de Quintana Roo, en regular en la legislación interna (Constitución Política, Código Penal y Ley de Salud, todas del Estado de Quintana Roo), mecanismos, procedimientos y modalidades para poder practicar la interrupción legal del embarazo como parte del derecho a la salud, a la autonomía reproductiva y al acceso igualitario a los servicios de salud; lo cual, a su parecer, soslaya preceptos constitucionales y convencionales. Ahora, en la Constitución Federal, específicamente en su artículo 1°, únicamente se prevé el derecho a la igualdad y no discriminación, así como se desprende el libre desarrollo de la personalidad; en el artículo 4° constitucional, se establece la igualdad del varón y la mujer ante la Ley, el derecho a decidir sobre el número de hijos, y dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como que establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme la fracción XVI, del artículo 73 de la Constitución Federal, y del numeral 16 se deduce el derecho a la vida privada. Por su parte, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en esencia, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado; el numeral XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, dispone que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prevé el derecho al más alto nivel posible de salud; y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, señala que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y que con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y a brindar la atención primaria de la salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado, la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, la prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole, la educación sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. En esa línea, los artículos 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, básicamente, estatuyen el derecho a la libertad personal y que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como que toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Del mismo modo, los artículos 1° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará), y 1° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en suma, prevén el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como prohíben la discriminación hacia su persona basada en el sexo. Luego, los artículos 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en síntesis, prevén el derecho a la vida y vida digna de todo individuo, así como de las mujeres, estableciéndose así el derecho a vivir libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado y que se les reconozca el goce, ejercicio y protección de todos los derechos y libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Por último, de los casos Átala Rifo y Niñas vs Chile (2012) y Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs Ecuador (2008) analizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo se advierte que derivado de la interpretación del artículo 7° de la Convención Americana de Derechos Humanos, estableció que la libertad en sentido amplio "...sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones." Con todo, no se advierte la existencia de una obligación constitucional o convencional impuesta al Congreso del Estado de Quintana Roo, para regular en la legislación interna (Constitución Política, Código Penal y Ley de Salud, todas del Estado de Quintana Roo), mecanismos, procedimientos y modalidades para poder practicar la interrupción legal del embarazo como parte del derecho a la salud, a la autonomía reproductiva y al acceso igualitario a los servicios de salud. Bajo esa premisa, si de conformidad con la controversia constitucional 14/2005 resuelta por el pleno de la del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la omisión legislativa en competencias de ejercicio obligatorio a cargo del órgano legislativo, sólo cabrá, cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente, es evidente que en el caso no se actualiza dicha figura. Ello es así, pues en su caso, de las disposiciones transcritas a lo único que se obliga al legislador en materia de salud es a legislar sobre dicho tópico, lo que ya se hizo, al expedirse la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, la cual en su artículo 1° señala que es reglamentaria del artículo 4° constitucional, como se ve en la siguiente transcripción: "Artículo 1o. La presente Ley, en el ámbito de su competencia, tiene por objeto reglamentar el derecho a la protección de la salud, establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado y la concurrencia de éste y sus municipios en materia de salubridad local, en los términos de los Artículos 4o., de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 13 de la Constitución Política del Estado, 13 de la Ley General de Salud, y de los convenios y acuerdos que entre la Federación y el Estado se signen, siendo su disposición de orden público e interés social." Empero, se insiste, más allá de todos los derechos que se tutelan de forma abstracta en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en favor de las personas, como igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, libertad personal, vida libre de violencia, derecho a la vida y vida digna y que han sido sujetos de interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se advierte la existencia de una obligación impuesta constitucional o convencionalmente al Poder Legislativo Local, para legislar o regular en la normativa interna estatal, mecanismos, procedimientos y modalidades para poder practicar la interrupción legal del embarazo como parte del derecho a la salud, a la autonomía reproductiva y al acceso igualitario a los servicios de salud. Por tanto, si en el caso no se advierte que exista un mandato constitucional o convencional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y que derivado de ello se hubiese incumplido con esa obligación en forma total o parcialmente, es inconcuso que no existe una omisión legislativa de competencia de ejercicio obligatorio. Sirve de apoyo, a contrario sentido y por las razones que informa, la tesis que se reproduce a continuación: "Registro digital: 2017065 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. LVIII/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, página 965 Tipo: Aislada JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS. De una interpretación sistemática de la fracción I del artículo 103 y la fracción VII del artículo 107 de la Constitución, en conexión con la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas propiamente dichas, es decir, cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, si el Poder Legislativo puede considerarse autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y la Constitución acepta que las omisiones pueden ser actos reclamados, en principio esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que desde una óptica constitucional el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas. Con todo, para poder sostener de manera concluyente que el juicio de amparo indirecto es procedente, además debe descartarse que ese impedimento procesal pueda desprenderse de los principios constitucionales que disciplinan al juicio de amparo. En este orden de ideas, se estima que en este caso no se vulnera el principio de relatividad porque dicho principio debe ser reinterpretado a la luz del nuevo marco constitucional que disciplina al juicio de amparo y, por tanto, es perfectamente admisible que al proteger a la persona que ha solicitado el amparo de manera eventual y contingente se pueda llegar a beneficiar a terceros ajenos a la controversia constitucional. De todo lo anterior, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente para combatir omisiones legislativas absolutas." Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando no se probare la existencia de los actos reclamados; sin que sea óbice el medio de convicción ofrecido por la parte quejosa, consistente en la documental que aportó al presente asunto, consistentes en fotocopias sin certificar de las credenciales para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral en favor de Ailyn Paola Lugo Flores, Thalía Coria Castilla y Mayra Elizabeth Piste Ordóñez. Sin embargo, dichas documentales únicamente cuentan con valor indiciario para demostrar que probablemente sean una reproducción de su original en términos del artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues las fotocopias sin certificar son susceptibles de alteración; al margen del valor probatorio, no son aptas para efecto de acreditar la existencia del acto reclamado en estudio. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de identificación, rubro y contenido siguiente: "Época: Octava Época Registro: 207434 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, primera parte, enero-junio 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 18 Página: 379 COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." En ese orden de ideas, toda vez que del estudio efectuado no se demostró la inexistencia de la omisión reclamada, precisada en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del referido acto reclamado al Congreso del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Congreso del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, por conducto del Subsecretario de Servicios Legislativos, al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado precisado en el inciso b), del considerando tercero de esta sentencia. Lo anterior, se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que la referida autoridad responsable remitió a este juicio de amparo (tomo de pruebas), a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que -en lo conducente- se advierte el dictamen con minuta de proyecto de decreto de dos de marzo de dos mil veintiuno, por el que se reforma el párrafo primero del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, del cual se aprecia que no se aprobó dicho dictamen y, posteriormente, fue desechado. Por tanto, se concluye que es cierto el acto reclamado a la mencionada autoridad, destacado en el considerando tercero, inciso b), de esta sentencia. SEXTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causales de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, respecto del acto precisado en el inciso b), del considerando tercero de esta sentencia, la autoridad responsable postula que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al estimar que la parte quejosa no acredita tener interés legítimo en este juicio de amparo. La referida causa de improcedencia es esencialmente fundada. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Precepto que debe ser interpretado en relación con los diversos numerales 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)." En primer lugar, de los numerales transcritos, en suma, se advierte que el interés requerido para la promoción del juicio constitucional en el sistema vigente será jurídico o legítimo, individual o colectivo, cuando se trate de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En tanto que, tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o laborales, se requiere de un interés jurídico, ya que para controvertir tales actos es necesario no sólo la existencia de un derecho subjetivo, sino además que la resolución afecte de forma personal al quejoso y que los efectos del acto que se controvierta se encuentren dirigidos en forma directa hacia su persona. Por tanto, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada o por quien tenga un interés jurídico o legítimo, individual o colectivo, derivado de la situación especial que guarde frente al orden jurídico, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico o legítimo, que no es otra cosa que la afectación al quejoso en la titularidad de un derecho. Por lo que, para efecto que la parte quejosa pueda acudir al juicio, debe demostrar algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que pudiera tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a sus derechos en algún sentido. Luego, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Resultan aplicables al caso, las jurisprudencias que enseguida se transcriben: "Registro digital: 2019456 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." "Registro digital: 2003067 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. XVIII/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1736 Tipo: Aislada INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." En ese contexto, de acuerdo con la normativa constitucional vigente y en materia de amparo, que se adecua a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos, se abre la oportunidad para que los gobernados acudan al juicio de amparo no sólo cuando tengan un interés jurídico, sino en aquellos casos en que les asista un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Destaca el hecho que, incluso tratándose del interés legítimo, subsiste la condición que el acto reclamado viole derechos reconocidos por la Constitución Federal y el que se afecte la esfera jurídica del gobernado ya sea de manera directa, o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Bajo esa premisa, se entiende que la tutela judicial efectiva en nuestro país, encuentra una apertura hacia otras formas de concebir el interés necesario para acceder a los órganos jurisdiccionales, con la incorporación al sistema normativo de control constitucional a través del juicio de amparo, del denominado interés legítimo, que representa una extensión a las posibilidades de impugnación a efecto de lograr que el medio de control constitucional cumpla con una verdadera protección de los derechos fundamentales. Así, puede promover una demanda de amparo quien no haya sido afectado en un derecho subjetivo, pero tenga un interés legítimo derivado de la afectación indirecta que pueda resentir en sus derechos fundamentales con el acto de autoridad que reclame; aspecto que se evaluará y determinará tomando en consideración su especial situación frente al orden jurídico. En esas condiciones, es posible arribar a las premisas siguientes respecto del interés legítimo: 1. El derecho vulnerado exige para la procedencia de su tutela el acreditamiento o demostración de un interés de mayor dimensión que el interés simple; sin llegar a la exigencia de una afectación cierta e individualizada como lo requiere el interés jurídico. 2. La afectación que produce el acto combatido debe encontrar sustento en un valor o interés jurídicamente protegido. 3. El interés de que se trate, debe corresponder a un grupo social o colectividad, generalmente indeterminado o indeterminable. Por tanto, se itera, cuando el impetrante del amparo comparezca a juicio aduciendo la existencia de un interés legítimo, se encuentra obligado a demostrar ante el órgano jurisdiccional que el acto de autoridad que reclama le causa una afectación, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, deberá demostrar que la existencia de un vínculo entre su esfera jurídica y las consecuencias que el acto reclamado produce, de tal forma que la eventual sentencia de protección constitucional implicaría inmediata obtención de un beneficio determinado. Resulta aplicable, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2007921 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Por otra parte, tocante al interés legítimo por defensa de intereses difusos, la doctrina los ha definido como aquellos que pertenecen a una pluralidad de sujetos más o menos determinada o indeterminable, vinculados únicamente por circunstancias de hecho en una situación específica que los hace unificarse para acceder a un derecho que les es común. Se ha explicado que los derechos difusos se entienden referidos no al sujeto como individuo, sino como miembro de un conglomerado en el cual se crean una pluralidad de situaciones comunes, peculiaridad que trasciende a las acciones judiciales en las que no es posible tener a un titular concreto deduciendo pretensiones. También se ha considerado que el derecho difuso es un derecho transindividual e indivisible que pertenece a un grupo indeterminado de personas que previamente no estaban vinculadas, pero lo están únicamente por circunstancias de derecho en una situación específica. Consideraciones que se recogen de la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Registro digital: 2012613 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XI.1o.A.T. J/10 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página 2417 Tipo: Jurisprudencia INTERESES DIFUSOS O COLECTIVOS. SU TUTELA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En torno a los derechos colectivos la doctrina contemporánea ha conceptualizado, de manera general, al interés supraindividual y, específicamente, a los intereses difusos y colectivos. Así, el primero no debe entenderse como la suma de intereses individuales, sino como su combinación, por ser indivisible, en tanto que debe satisfacer las necesidades colectivas. Por su parte, los intereses difusos se relacionan con aquellas situaciones jurídicas no referidas a un individuo, sino que pertenecen a una pluralidad de sujetos más o menos determinada o indeterminable, que están vinculados únicamente por circunstancias de hecho en una situación específica que los hace unificarse para acceder a un derecho que les es común. Mientras que los colectivos corresponden a grupos limitados y circunscritos de personas relacionadas entre sí debido a una relación jurídica, con una conexión de bienes afectados debido a una necesidad común y a la existencia de elementos de identificación que permiten delimitar la identidad de la propia colectividad. Sin embargo, sea que se trate de intereses difusos o colectivos, lo trascendental es que, en ambos, ninguno es titular de un derecho al mismo tiempo, pues todos los miembros del grupo lo tienen. Ahora, debido a la complejidad para tutelarlos mediante el amparo, dado que se advierte como principal contrariedad la legitimación ad causam, porque pudiera considerarse que rompe con el sistema de protección constitucional que se rige, entre otros, por los principios de agravio personal y directo y relatividad de las sentencias, el Constituyente Permanente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010, adicionó un párrafo tercero al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenó la creación de leyes y procedimientos para que los ciudadanos cuenten con nuevos mecanismos de tutela jurisdiccional para la defensa de sus intereses colectivos, sin que se haya expedido el ordenamiento que reglamente las acciones relativas. No obstante, la regulación formal no constituye una condición para determinar la legitimación procesal de los miembros de la colectividad cuando precisan defender al grupo al que pertenecen de un acto autoritario que estiman afecta algún interés supraindividual. Consecuentemente, todos los miembros de un grupo cuentan con interés legítimo para promover el juicio de amparo indirecto, en tanto que se hace valer un interés común y la decisión del conflicto se traducirá en un beneficio o, en su caso, en un perjuicio para todos y no sólo para quienes impugnaron el acto." Al respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", estableció los elementos constitutivos del interés legítimo que deben probarse de manera fehaciente para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; a saber: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad, ya que si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Asimismo, destacó que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes; por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En mérito lo anterior y atento a las documentales que obran en autos, este juzgador considera que las quejosas no tienen un interés legítimo por defensa de intereses difusos para solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra el acto reclamado en estudio, sino más bien un interés simple. Se sostiene lo anterior, en razón que las quejosas comparecen ante esta instancia constitucional aduciendo un interés legítimo, derivado de que afirman ser ciudadanas quintanarroenses y titulares de los derechos humanos inherentes a garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, y que por ello cuentan con la facultad para impugnar la no aprobación y/o desechamiento de la iniciativa del dictamen de reforma de dos de marzo de dos mil veintiuno, consistente en regular en la legislación interna (Constitución Política, Código Penal y Ley de Salud, todas del Estado de Quintana Roo), mecanismos, procedimientos y modalidades para poder practicar la interrupción legal del embarazo como parte del derecho a la salud, a la autonomía reproductiva y al acceso igualitario a los servicios de salud. Sin embargo, omitieron demostrar el interés legítimo que ostentan, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) citada, pues no justifican alguna circunstancia particular que evidencie que cuenten con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que las diferencie de las demás mujeres integrantes de la sociedad quintanarroense; de modo que no acreditan ubicarse en una especial circunstancia o situación que ocupen frente al ordenamiento jurídico, y que a partir de tal situación, les permita alegar una violación a un derecho constitucional y, así, resentir una afectación en su esfera jurídica. Sin que la manifestación bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, en el sentido que son ciudadanas quintanarroenses y titulares de los derechos humanos inherentes a garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, sea suficiente para acreditar el interés legítimo que postulan. Apoya lo anterior, la tesis con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2023509 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común Tesis: II.1o.A.1 K (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo IV, página 3060 Tipo: Aislada INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA SOLA MANIFESTACIÓN DE LOS HECHOS EN LA DEMANDA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLO. - - - Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra del "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2020, en su carácter de autoaplicativo, con base en el interés legítimo que adujo tener al manifestar, bajo protesta de decir verdad, que la prohibición de importar o exportar productos relacionados con el "vapeo" afectaba su esfera jurídica; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no acreditó dicho interés legítimo. Inconforme, interpuso recurso de revisión. - - - Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la sola manifestación de los hechos en la demanda de amparo indirecto, bajo protesta de decir verdad, es insuficiente para acreditar el interés legítimo en el juicio, pues sólo constituye un requisito que debe contener, conforme al artículo 108, fracción V, de la ley de la materia. - - - Justificación: Lo anterior, porque el interés legítimo se define como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para probarlo se debe acreditar que existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; que el acto reclamado lo transgreda, ya sea de manera individual o colectiva, y que quien solicita el amparo pertenezca a esa colectividad. Asimismo, ha aclarado que la apreciación del órgano competente, en cuanto al interés legítimo, no depende de la sola afirmación de la parte interesada, en el sentido de que cuenta con éste, pues el hecho de que implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico no significa que no deba probarse. Ahora bien, el decreto indicado regula aspectos en materia de comercio exterior, respecto de las modificaciones a las normas arancelarias sobre los productos utilizados como medio alternativo para el consumo de tabaco y similares, concretamente, en su artículo primero crea fracciones arancelarias que prohíben la importación o exportación de ese tipo de productos, por lo que si el quejoso se ostenta como consumidor de los productos, y dice que ha tenido dificultad para encontrar y adquirir los necesarios para seguir "vapeando", a consecuencia de las prohibiciones que el Gobierno Federal ha decretado en relación con la importación y exportación de vaporizadores, sus accesorios, esencias y líquidos, es evidente que la afectación que, en su caso, esa disposición genera en su esfera jurídica es indirecta, por lo que le corresponde acreditar su interés legítimo en el juicio de amparo, demostrando la existencia de un interés cualificado respecto de determinado acto, que produce una afectación a su esfera jurídica, derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, del que deriva el agravio correspondiente. En ese contexto, los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda de amparo, por sí solos, son insuficientes para tener por demostrado el interés legítimo para la procedencia del juicio constitucional, en razón de que ello únicamente constituye un requisito que debe contener toda demanda, de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo." De igual forma, las fotocopias sin certificar de las credenciales para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral en favor de Ailyn Paola Lugo Flores, Thalía Coria Castilla y Mayra Elizabeth Piste Ordóñez, tampoco resultan idóneas para demostrar el interés legítimo, en tanto que para ello es menester que se demuestre de manera fehaciente con medios de prueba suficientes que evidencien la afectación al derecho que defienden en el presente juicio de amparo y que deriva de su especial situación frente al orden jurídico, que les permite expresar un agravio diferenciado del resto de las mujeres integrantes de la sociedad quintanarroense, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues de no demostrarse esa afectación, como acontece en este asunto, el interés, en todo caso, resulta genérico o simple. En efecto, si bien la reforma del artículo 107 constitucional (junio de dos mil once) abrió la posibilidad de acudir a la instancia constitucional la figura del interés legítimo, no se trata de una apertura absoluta, pues debe acreditarse algo más que un interés simple, entendido éste como el de cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, sino más bien, uno que jurídicamente resulta relevante y que se traduzca en un beneficio directo para la parte quejosa. Lo anterior, toda vez que quien impugna un acto en virtud de un interés legítimo, no ha de limitarse a pretender la anulación del acto de autoridad, ya que primero debe lograr el reconocimiento de una situación jurídica concreta que le resulta benéfica, y que con el acto de autoridad ésta se ve lesionada; por lo que es indispensable que la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa quede demostrada, ya que de lo contrario, como en el caso concreto, la acción intentada resultará improcedente. Consideraciones que tienen sustento en la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Registro digital: 2012364 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ? Conclusión del juzgado de distrito. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por Ailyn Paola Lugo Flores, Thalía Coria Castilla y Mayra Elizabeth Piste Ordóñez, todas por derecho propio, respecto del acto reclamado del Congreso del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, precisado en el inciso b), del considerando tercero de esta sentencia. No es óbice a la conclusión alcanzada, que mediante resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 104/2021 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad (ver resultando tercero de esta sentencia), se declarara fundado el aludido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veinticinco de marzo anterior, en el que se desechó la demanda al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, fracción II, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que en el presente considerando se estimó actualizada una diversa causa de improcedencia en relación con el acto reclamado en estudio, a la que fue materia de análisis en el aludido recurso de queja. Además, las consideraciones ahí alcanzadas se decantaron en postular -en esencia- que no era manifiesta e indudable esa causa de improcedencia en el presente juicio, toda vez que el pronunciamiento sobre los aspectos abordados en el auto inicial, deberían ser materia de análisis propio de la sentencia que se emitiera en audiencia constitucional. De ahí que la conclusión alcanzada en esta resolución, no se contrapone con lo resuelto en el referido recurso de queja. Finalmente, se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por la parte quejosa, toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Ailyn Paola Lugo Flores, Thalía Coria Castilla y Mayra Elizabeth Piste Ordóñez, todas por derecho propio, respecto de los actos reclamados del Congreso del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Notificación electrónica a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público Federal adscrito del auto de ocho de marzo de dos mil veintidós.
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