Tesorero Municipal de Yahualica, Hidalgo

Expediente 1249/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1249/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2016

Partes del expediente

  • Tesorero Municipal de Yahualica, Hidalgo

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el oficio del Auditor Superior del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 7693/2015, con el que remite original con tres copias del escrito de presentación; original con tres copias de demanda promovida por Flavio Cabrera Lara, en su calidad de Tesorero Municipal de Yahualica, Hidalgo; oficio ASEH/DAS/DGAJ/2982/2015, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado; expedientes: ASEH/DGAJ/RR/001/2010 Tomo XXIV y ASEH/DGAJ/RR/05/2015 Tomo I; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como ordenadora y ejecutora: a) C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA. Auditor Superior del Estado de Hidalgo (.).- IV. ACTO RECLAMADO.- La resolución emitida el día 27 de octubre de 2015, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el suscrito, radicado bajo el número ASEH/DGAJ/RR/005/2015. Luego, de las constancias remitidas por la responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se desprende que el tres de diciembre de dos mil catorce, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, resolvió en definitivo el procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria incoada en contra de Mario Cortés Bautista, Manuel Bernardino Cueva y Luis Mercedes Ramírez Ramírez, quien se desempeñaron como Presidente Municipal, Tesorero y Director de Obras Públicas, respectivamente del Municipio de Yahualica, Hidalgo. Así las cosas, mediante oficio ASEH/DAS/DGAJ/648/2015, la autoridad responsable hizo del conocimiento al hoy quejoso Flavio Cabrera Lara, Tesorero Municipal de Yahualica, Hidalgo, sobre la determinación indicada en el párrafo que antecede, y lo requirió para que en el caso de que los servidores públicos sancionados no cubrieran el monto de forma voluntaria ante el hoy amparista, el cobro correspondiente se realizara mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, informando al Órgano de Fiscalización sobre el seguimiento y cumplimiento a dicho procedimiento, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción del oficio en comento, en el entendido que de no hacerlo así, se le impondría una de las medidas de apremio previstas por el artículo 216 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Nuevamente, el once de mayo del año en curso, la autoridad responsable en el considerando PRIMERO, requirió al hoy amparista al cumplimiento de la resolución de tres de diciembre del año próximo pasado. El seis de agosto de dos mil quince, la auditoría superior de esta entidad federativa, emitió un acuerdo en el cual giró oficio al Contralor del Municipio de Yahualica, Hidalgo para que en cumplimiento de las facultades y obligaciones inherentes a su cargo, colabore con esta Auditoría Superior, supervisando que el Tesorero de dicho municipio cumpliera con el cobro del crédito fiscal referido a través del procedimiento administrativo de ejecución. En contra de dicho proveído el hoy quejoso interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto por la autoridad responsable el veintisiete de octubre de dos mil quince, en el sentido de confirmar el auto de doce de agosto del año actual. Es así, que en contra de dicha determinación el impetrante de garantías promovió juicio de amparo directo, del cual por razón de turno tocó su conocimiento a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. En ese orden de ideas, se evidencia que el acto hoy reclamado no es una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, dado que ésta se encuentra emitida después de concluido el procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria, es decir, en etapa de ejecución; en consecuencia, si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto y, su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones, los indicados en la demanda de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio del Auditor Superior del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 7693/2015, con el que remite original con tres copias del escrito de presentación; original con tres copias de demanda promovida por Flavio Cabrera Lara, en su calidad de Tesorero Municipal de Yahualica, Hidalgo; oficio ASEH/DAS/DGAJ/2982/2015, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado; expedientes: ASEH/DGAJ/RR/001/2010 Tomo XXIV y ASEH/DGAJ/RR/05/2015 Tomo I; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como ordenadora y ejecutora: a) C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA. Auditor Superior del Estado de Hidalgo (.)".- "IV. ACTO RECLAMADO.- La resolución emitida el día 27 de octubre de 2015, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por el suscrito, radicado bajo el número ASEH/DGAJ/RR/005/2015". Luego, de las constancias remitidas por la responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se desprende que el tres de diciembre de dos mil catorce, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, resolvió en definitivo el procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria incoada en contra de Mario Cortés Bautista, Manuel Bernardino Cueva y Luis Mercedes Ramírez Ramírez, quien se desempeñaron como Presidente Municipal, Tesorero y Director de Obras Públicas, respectivamente del Municipio de Yahualica, Hidalgo. Así las cosas, mediante oficio ASEH/DAS/DGAJ/648/2015, la autoridad responsable hizo del conocimiento al hoy quejoso Flavio Cabrera Lara, Tesorero Municipal de Yahualica, Hidalgo, sobre la determinación indicada en el párrafo que antecede, y lo requirió para que en el caso de que los servidores públicos sancionados no cubrieran el monto de forma voluntaria ante el hoy amparista, el cobro correspondiente se realizara mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, informando al Órgano de Fiscalización sobre el seguimiento y cumplimiento a dicho procedimiento, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción del oficio en comento, en el entendido que de no hacerlo así, se le impondría una de las medidas de apremio previstas por el artículo 216 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Nuevamente, el once de mayo del año en curso, la autoridad responsable en el considerando PRIMERO, requirió al hoy amparista al cumplimiento de la resolución de tres de diciembre del año próximo pasado. El seis de agosto de dos mil quince, la auditoría superior de esta entidad federativa, emitió un acuerdo en el cual giró oficio al Contralor del Municipio de Yahualica, Hidalgo para que en cumplimiento de las facultades y obligaciones inherentes a su cargo, colabore con esta Auditoría Superior, supervisando que el Tesorero de dicho municipio cumpliera con el cobro del crédito fiscal referido a través del procedimiento administrativo de ejecución. En contra de dicho proveído el hoy quejoso interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto por la autoridad responsable el veintisiete de octubre de dos mil quince, en el sentido de confirmar el auto de doce de agosto del año actual. Es así, que en contra de dicha determinación el impetrante de garantías promovió juicio de amparo directo, del cual por razón de turno tocó su conocimiento a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En ese orden de ideas, se evidencia que el acto hoy reclamado no es una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, dado que ésta se encuentra emitida después de concluido el procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria, es decir, en etapa de ejecución; en consecuencia, si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto y, su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones, los indicados en la demanda de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

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