Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos
Expediente 299/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos
- Nelly Hernandez Aguilar
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que para hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo no se está en condiciones de llevarla a cabo toda vez que la autoridad responsable Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos, no ha remitido las constancias que le fueron solicitadas mediante oficio 4462-2022 de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, no obstante de encontrarse debidamente notificado. Requerimiento a la autoridad responsable. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Presidente Municipal de Jiutepec, Morelos, para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente de su notificación, envíe a este órgano jurisdiccional copia certificada legible de la sesión extraordinaria de cabildo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho en donde se emitió el acuerdo SM/326/03-18, así como del oficio ***** de tres de diciembre de dos mil dieciocho, con el apercibimiento de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa de CIEN UNIDADES de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diez de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada vía electrónica con evidencia criptográfica que certifica la firma electrónica de ******, contra actos del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlalquiltenango, Morelos. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 299-2022 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este artículo impone la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro , y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia . En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de "autoridad responsable" converge en establecer que es aquella que con independencia de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. De lo anterior, se aprecia que tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que reúne los siguientes rasgos de identidad: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, del contenido del precepto 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, constitucional, se advierte que el juicio constitucional procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos y garantías, por tanto, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, o aun particular cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, si la violación de derechos no es atribuida a una autoridad, que funja con tal carácter, entonces el juicio de amparo deviene en improcedente. Así, se debe determinar si la responsable, en el caso, es autoridad para los efectos del juicio constitucional, al tomar en consideración que de acuerdo con la doctrina y la teoría general de derecho, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas: a). Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados (entre ellas las laborales), dicho de otra manera, corresponden a las relaciones entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, entre las que se encuentran las reguladas por el Derecho Civil, Mercantil, Laboral y Administrativo, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y b). Las relaciones de supra a subordinación que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado por la otra, en estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, es decir que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y, por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; por ello nuestro Tribunal Pleno considera que el criterio ya referido no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada, sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo que se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra a lo anterior, la tesis, que lleva por rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Es así que de acuerdo con las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal para determinar a quién le asiste el carácter de autoridad (órgano del estado o particular) se debe atender a los tipos fundamentales de relaciones que se generan con el Estado; de ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Precisado lo anterior, se analiza la naturaleza del acto motivo de reclamo, el cual en esencia se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlalquiltenango, Morelos, de dar contestación al escrito que la quejosa presentó el once de febrero de dos mil veintidós, en el que solicita carta de certificación de remuneraciones y/o salarios. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no se ajusta a los requisitos exigidos por el sistema normativo; en razón de que la relación existente entre la promovente del amparo y el Ayuntamiento de Tlalquiltenango, Morelos, del cual forma parte el Tesorero Municipal, señalado como responsable, es de coordinación, es decir, en un plano de igualdad y bilateralidad, y no en uno de supra subordinación, pues constituye una controversia que se suscita en el plano laboral, por lo que no puede considerarse al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tlalquiltenango, Morelos, como autoridad para efectos del presente juicio constitucional, pues no actúa con potestad de imperio en el acto reclamado, sino por el contrario, dicha controversia se ciñe exclusivamente al plano laboral existente entre la autoridad responsable y la quejosa. En efecto, de la demanda de amparo y anexo que se acompaña se advierte que la impetrante tiene el carácter de trabajadora con la categoría de Secretaria en el Área de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Tlalquiltenango, Morelos, pues refiere que previamente promovió un juicio laboral contra dicho Ayuntamiento, que en ejecución del laudo se llevó a cabo su reinstalación el siete de septiembre de dos mil veintiuno, y que mediante escrito que la quejosa presentó el once de febrero de dos mil veintidós, solicitó carta de certificación de remuneraciones y-o salarios. De todo ello se concluye que, el examen de la naturaleza de la relación existente entre la parte quejosa y el Ayuntamiento de Tlalquiltenango, Morelos, del cual forma parte el Tesorero Municipal, señalado como responsable, es de valor preponderante para analizar la procedencia del juicio de amparo. Entonces, dado que la solicitud planteada ante la "responsable" está encaminada a obtener carta de certificación de remuneraciones y-o salarios, de su fuente de trabajo, resulta inconcuso que entre la hoy quejosa y el Ayuntamiento de Tlalquiltenango, Morelos, del cual forma parte el Tesorero Municipal, señalado como responsable, existe una relación laboral, es decir, de coordinación, y no de supra a subordinación. Po tanto, no se encuentran en un plano de desigualdad, sino en uno de coordinación, en el que las dos personas, como entes del derecho tienen obligaciones y derechos recíprocos, por lo que es claro, la responsable, no actuó como persona de derecho público revestida de imperio frente al particular, pues el acto atribuido carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, dado que no tiene su nacimiento en la ley, sino en el nombramiento hecho por el Ayuntamiento de Tlalquiltenango, Morelos, del cual forma parte el Tesorero Municipal, señalado como responsable, por lo que no puede considerarse que estuviera dotado de una facultad de imperio cuyo ejercicio era irrenunciable. Luego, es de estimarse en el presente asunto, como se dijo, la responsable no actúa como autoridad para efectos del amparo, porque, no crean, modifican o extinguen, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de igualdad al tratarse de una relación laboral. Así, dada la evidencia de que entre la trabajadora y el Ayuntamiento de Tlalquiltenango, Morelos, del cual forma parte el Tesorero Municipal, señalado como responsable, subyace un vínculo empleado-patrón, por ende, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación (gobierno-gobernado)- cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional; ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje conforme al artículo 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. De ahí que, se reitera, la autoridad señalada como responsable, no tiene facultad de imperio que reviste a una autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de sustento a lo considerado, la jurisprudencial P.-J. 42-2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 126, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Registro: 189914, que lleva por rubro y texto: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Así como la jurisprudencia I.6o.T. J-28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." De igual forma, la tesis XXVII.3o.18 L (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que se comparte, localizable en la página 2358, Libro 16, marzo de 2015, tomo III, Registro digital: 2008612, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad." Y, la jurisprudencia PC.XVIII.L. J-3 L (10a.), emitida por el Pleno de este Decimoctavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo II, Página 1426, misma que resulta obligatoria en términos del artículos 217 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123 apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado." El criterio aquí sostenido es acorde con la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver los recursos de queja 53-2021 y 164-2021. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por notoriamente improcedente. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21-2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Autorizados, consulta y notificaciones electrónicas. En virtud de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encuentra registrado el nombre de usuario "FERNANDOGUERRERO", se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como que todas las notificaciones que genere este asunto, se realicen vía electrónica; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que efectúe las gestiones necesarias y se habilite la consulta y notificaciones del expediente electrónico, y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica. Correo electrónico Téngasele por señalado el correo electrónico que proporciona en su ocurso de cuenta, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los cuales debe precisarse que únicamente tienen como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de que se estime necesario, empero no para notificársele, pues esta formalidad procesal debe practicarse de manera electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12-2020 del Pleno en mención, a través de un usuario, siempre y cuando lo solicite expresamente. Exhorta a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21-2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Se instruye al actuario de la adscripción para que previa investigación y cercioramiento, lleve a cabo la notificación a las autoridades responsables a través de los medios electrónicos a su alcance y que facilite la práctica de actuaciones en este asunto. Aviso de transparencia. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.
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