Tesorero Municipal de Tlaquiltenango
Expediente 1112/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1112/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Andreu Patron Indalecio
- Tesorero Municipal de Tlaquiltenango
- ANDREU PATRON INDALECIO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el auto de doce de septiembre del año dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, glósese a los autos los cuadernos derivados del incidente de suspensión y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio y de acuerdo a las constancias que obran en los mismos, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los citados preceptos, establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Para arribar a la citada determinación, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Asimismo, la disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no se ubican en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo que a la letra se dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". En efecto, el artículo 5°, de la Ley de Amparo, define las partes en el juicio de garantías y establece que el quejoso es aquél quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, quien ejerza la acción constitucional y no reúna tales características, el juicio será improcedente al tenor de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XII, de la Ley de la Materia, al disponer la improcedencia del juicio de amparo: "Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;."., lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Ese lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, el peticionario de amparo reclama el apercibimiento que se le formuló mediante acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciséis dentro del expediente laboral ***, -en caso de incumplimiento-, por parte del Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al requerirle en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquiltenango, Morelos, el cumplimiento del laudo pronunciado a favor del trabajador dentro del expediente laboral antes mencionado. Sin embargo, dicho apercibimiento no es susceptible de combatirse en esta instancia constitucional, al no producir por el momento una afectación actual, real y directa, por ser un acto futuro e incierto que está condicionada a que el obligado, en este caso, el inconforme con la calidad se servidor público municipal, cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado en cuanto a imponer efectivamente la multa con que se le requirió en diligencia de treinta de junio del año en curso, por lo que tal acto no es inminente, y por ende, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en términos de los numerales antes invocados, en relación con la fracción XXIII, del ordinal 61 de la Ley de la Materia, dicho de otro modo, es incierto que se haga efectivo el apercibimiento y se aplique una multa o bien, se destituya del cargo que ostenta como Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos; pues tal evento depende, a saber: 1.-De la actividad previa del propio peticionario frente al mandato judicial, es decir, cuando el Actuario adscrito a la autoridad responsable, le requiera del cumplimiento de pago y éste se niegue a dicho pago. 2.- El Actuario de cuenta al Presidente Ejecutor de dicha contumacia. 3.- Que el Presidente Ejecutor determine que sí es procedente aplicar alguna de las fracciones del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, en su caso, convoque al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para que en sesión determinen hacer efectivo el apercibimiento consistente en la destitución del Servidor Público. 4.- En sesión de Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, decidan ejercer o no las atribuciones que les confiere la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y hagan efectivo dicho apercibimiento y ordenen se destituya al infractor. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, y el artículo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Andreu Patron Indalecio, en su carácter de Tesorero Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades. Por otra parte, el restante acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento como tercero interesado en el juicio laboral **, tampoco le depara perjuicio alguno ya que la parte demandada en el juicio de origen, lo es el Ayuntamiento de Tlalquitenango, Morelos, no así el quejoso en el presente juicio, quien además no cuenta con la representación en controversias jurisdiccionales en las que dicho Ayuntamiento sea parte, pues de conformidad con el artículo 45 fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, esta le corresponde a los Síndicos. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no le depara perjuicio al no haber sido emplazado en el juicio laboral, máxime que la afectación que en su persona puede causar el auto de requerimiento reclamado, el cual como se demostró con antelación, su ejecución es de realización futura e incierta. Ahora bien, aun y cuando afirmar que no fue emplazado a juicio al haber asumido el cargo el uno de enero del año en curso, no le otorga, contrariamente a lo afirmado en la demanda, el carácter de tercero extraño, ni el de tercero extraño por equiparación, a juicio, en virtud de que, como se demostró, el ayuntamiento es la parte demandada en el juicio laboral de origen y no la persona física que, en este momento, ostenta el carácter de tesorero municipal. Por tanto, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar lo descrito en párrafos que anteceden. Por lo anterior expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y ocho minutos del diez de octubre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, se giraron sendos oficios a diversas dependencias, para que informaran si dentro de sus respectivos registros cuentan con información relativa al domicilio de la parte tercero interesada "", a fin de emplazarla al presente juicio, sin que a la fecha obre el informe requerido al Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado de Morelos, no obstante de estar debidamente notificado para ello, tal como se desprende del acuse de recibo del oficio **. Atento a lo anterior, requiérase por última ocasión al Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado de Morelos, para que dentro del improrrogable término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe si dentro de sus respectivos registros cuenta con información relativa al domicilio de la parte tercero interesada ""; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así en el lapso que se le concede, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por último, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y OCHO DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifiquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa a fin de que proporcione el domicilio cierto correcto y actual de la parte tercero interesada *****; para estar en posibilidad de emplazarla a esta contienda constitucional. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se da inicio al procedimiento correspondiente a la localización del domicilio de dicha parte procesal. En mérito de lo que antecede, se ordena girar sendos oficios a Teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad, Delegado en el Estado de Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegado en el Estado de Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Morelos, Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, Director General de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Secretario de Movilidad y Transporte del Estado, Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Morelos "1" con sede en Morelos y Director Jurídico del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, todas con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informen si dentro de sus respectivos registros cuentan con información relativa a los domicilios de Guadalupe Magali Jiménez Rodríguez; apercibiéndose al titular de cada una de dichas dependencias, que de no cumplir con lo anterior, se harán acreedoras a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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