Terravizion S.A.P.I de C.V
Expediente 1117/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Terravizion S.A.P.I de C.V
Actuaciones
- Principal
AUTO. Mexicali, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio con evidencia criptográfica firmado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el cual obra transcripción del auto de veintidós de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 13401/2021, de su índice, del que destaca que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado en el juicio del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia y toda vez que no existe diligencia alguna que practicar, archívese este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso a), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Demanda Vista la demanda promovida por Jorge Luis Arias Cárdenas, en su carácter de apoderado legal de TERRAVIZION, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, contra actos del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, Órgano Desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1117/2021-2; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incompetencia Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En ese orden, de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de aseguramiento y/o congelamiento y/o embargo y/o bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias de las que es titular y su ejecución, siendo éstas las siguientes: 82-50089472-5, 65-50655967-1 y 66-50655967-1; todas con origen en la sucursal 0449 de la institución bancaria Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, con sede en Culiacán, Sinaloa, es posible establecer que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, carece de legal competencia por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se trata, conforme las razones que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para definir la competencia del Juez de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. A. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. B. Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, C. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima actualizada la primera hipótesis para definir la incompetencia de este órgano jurisdiccional, ya que los efectos y consecuencias del acto reclamado, se producieron indefectiblemente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado, conforme al Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior se asevera, en primer lugar, porque del escrito de demanda se advierte que la moral quejosa tiene su domicilio fiscal en avenida Diana Tang número 59, Interior A-W, colonia Desarrollo Urbano La Primavera, en Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa, y en segundo, porque las cuentas bancarias materia del acto reclamado, tienen su origen en dicha ciudad - sucursal 0449 Sucursal Insurgentes -. Por tanto, si el acto reclamado consiste en la orden de aseguramiento y/o congelamiento y/o embargo y/o bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias de las que es titular la moral quejosa, indudablemente requiere de ejecución material, y en el caso, tanto el domicilio fiscal y el domicilio de la sucursal en donde realizó el contrato de apertura de las mismas, se encuentran en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo que los efectos del acto reclamado se ejecutaron en esa entidad por ser ahí donde desarrolla sus actividades comerciales. Sirve de apoyo para lo anterior, la tesis aislada I.9º.A.36 A (10ª.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, tomo 3, página 2053, registro 2003245, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. PARA DETERMINARLA CUANDO DE AUTOS NO SE ADVIERTA EL DOMICILIO DE LAS SUCURSALES EN DONDE EL QUEJOSO REALIZÓ EL CONTRATO DE APERTURA CORRESPONDIENTE, ES FACTIBLE ATENDER AL SEÑALADO COMO FISCAL Y/O AL LUGAR DE EMISIÓN DE LA ORDEN RESPECTIVA. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, para determinar la competencia por territorio entre Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado consista en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias, el cual requiere de ejecución material, y del juicio de amparo no se advierta el domicilio de las sucursales en donde el quejoso realizó el contrato de apertura respectivo, es factible atender a los elementos objetivos contundentes que obren en los autos, como el domicilio señalado como fiscal y/o al lugar de emisión de la orden de aseguramiento. Ello es así, porque dichos factores apuntan a que la afectación directa que puede sufrir el quejoso por la materialización del aseguramiento de sus cuentas bancarias, será en la entidad federativa donde tenga su domicilio y/o se haya emitido la orden referida, por ser ahí el lugar donde desarrolla sus actividades. De ahí que el lugar para conocer del presente juicio de amparo es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio fiscal de la moral quejosa y en el que se llevó a cabo la apertura de las cuentas afectadas. Bajo esa tesitura, es claro que la competencia para conocer del presente juicio se surte a favor del Juzgado de Distrito correspondiente, con sede en Culiacán, Sinaloa, donde tuvo lugar la ejecución del acto reclamado. Por tanto, se declina la competencia para conocer de la demanda que se trata, en favor del Juez de Distrito en Estado de Sinaloa, en turno, con sede en Culiacán. Resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, que aparece en la página 67, del tomo 193-198 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del contenido siguiente: "COMPETENCIA, INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO. ACEPTADA POR UNA AUTORIDAD, NADA IMPIDE QUE PUEDA CUESTIONARSE DESPUÉS. Aun cuando una autoridad judicial haya aceptado inicialmente el conocimiento de un negocio, nada impide que posteriormente pueda cuestionarse y establecerse la competencia sobre el mismo, en virtud de que las cuestiones de competencia, por ser de orden público, pueden plantearse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte la resolución que ponga fin a la instancia, y sin contravenir lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Amparo, porque este precepto no prohíbe, y tampoco lo hace disposición otra alguna, que el Juez que haya admitido su competencia pueda rechazarla después." Solicítese al Juez de Distrito correspondiente, que de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, haga del conocimiento a este Órgano Jurisdiccional la determinación que asuma al respecto. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene a la moral quejosa designando como domicilio procesal el señalado en su escrito de demanda; autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la Marco Antonio Mendoza Soto, Omar Sandoval Ortega, Sergio Victorio Gibrán González Cibrián, José De Jesús Salcido Sánchez, Edgard Eduardo Espinosa Zárate, Juan Arturo Amadeo Campos Noriega, Marco Antonio Ibargüen Morales, Sergio Bravo Gibert, Gloria García Hinojosa, Gloria Monserrat Ortiz Saavedra, Ana Gabriel Chávez Castillo, Paulina López Kirk y Fernando Valenzuela Tanori; únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona que menciona en su ocurso. Acceso y notificaciones electrónicas Ahora, considerando que la parte promovente proporciona la información para el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa mediante los usuarios "SergioVictorioGibran", vinculado al correo electrónico gibranpjf@gmail.com y "Jesus4405l", vinculado al correo electrónico jjsalcido1996@gmail.com; para ello háganse las actualizaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese contexto, se autorizan las notificaciones electrónicas, por lo que se comisiona al Actuario adscrito para que a partir de esta determinación proceda a llevar a cabo las notificaciones a la parte quejosa vía electrónica en el primero de los usuarios en cita, conforme a lo dispuesto en el capítulo sexto del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Transparencia Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que, en su caso, se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles) que puedan contener. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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