Tereza Añorve López
Expediente 952/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Tereza Añorve López y Otros.
- Tereza Añorve López
- Dimas Morales Sandoval
- Silvestre Avila Piña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
... IV. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Por tanto, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. ...
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de diez de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 138/2008, con lo que refirió justificaba el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con lo anterior, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, a través del cual remite debidamente diligenciado el exhorto *****, mismo que fuera enviado a fin de emplazar al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Benitez, Guerrero; por tanto, dése de baja en el Libro de Comunicaciones Oficiales de este Juzgado Federal y acúsese el recibo de estilo correspondiente; sin lugar hacer mayor pronunciamiento, toda vez que ya obra en autos el acuse del emplazamiento del tercero de referencia (foja 35).
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 36 a 40); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su titular, Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Dicte el acuerdo que corresponda respecto a las peticiones que recibió el veintitrés y veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 138/2008, en la que solicitó dictar auto de ejecución y llevar a cabo el requerimiento de pago en el juicio laboral de origen. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a ***, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con arreglo a los artículos 238, 258 y 192 de la Ley de Amparo, que asciende a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $75.49 (setenta y cinco pesos con 49/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), consultable a página 3515, con No. de registro 2000099 del Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que en rubro y texto dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo".
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