Tereso Ignacio Miranda Vallejo

Expediente 1149/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1149/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Tereso Ignacio Miranda Vallejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2. en su numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintidós. OFICIO Agréguese el oficio signado por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a través del cual en cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, remite copia certificada del juicio administrativo ***, de su índice, promovido por Ignacio Tereso Miranda Vallejo en contra de la Presidenta y Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. PRUEBA En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba la documental ante descrita; dada su naturaleza por admitida y desahogada, debiendo dar cuenta con ella en el momento procesal oportuno. ACTO RECLAMADO Previo a emitir pronunciamiento alguno, es dable recordar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La omisión de emitir dictamen de pensión solicitado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, que fue registrado con el folio 471, 455,921-43100. En ese orden, una vez analizadas en su totalidad las constancias que se reciben en esta fecha, este juzgador considera que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, relativa a la litispendencia para la posibilidad de promover el juicio de amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." El precepto legal referido consigna la causa de improcedencia que establece que en caso de reclamar en juicio de amparo, un acto que pueda ser modificado, revocado o nulificado, en virtud de un recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso, el juicio de amparo resulta improcedente. Para actualizarse la hipótesis de la citada causal de improcedencia, se requieren los siguientes elementos: 1. Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se haya dado trámite cuando se resuelva el juicio de amparo. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 144/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, de rubro: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.". En ese contexto, previo al análisis de las hipótesis transcritas con anterioridad, es necesario determinar la naturaleza jurídica y las facultades con las que cuentan el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que establece: "Artículo 4. El Tribunal es un eje rector para la administración pública que busca lograr el perfeccionamiento constante de sus actuaciones, el respeto al derecho humano a una buena administración y la proporcionalidad entre el interés público y los derechos fundamentales. Tiene por objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares. El Tribunal conocerá y resolverá de las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Contraloría, los órganos internos de control de las dependencias del Ejecutivo, los municipios, los órganos autónomos y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública estatal o municipal. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para sancionar a particulares en los términos de la legislación aplicable. El Tribunal conocerá de los demás supuestos de procedencia que regule el Código de Procedimientos." (.) De tal precepto, se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, tiene el propósito de conocer y dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la administración pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares. En tal virtud, resulta necesario destacar los antecedentes del acto, los cuales se advierten de la demanda de amparo, entre otras cuestiones, la siguiente: El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el quejoso Tereso ***, presentó una solicitud para el dictamen de una pensión ante la Oficina de Atención al Derechohabiente Toluca a la cual le recayó el número de folio ***, sin que a la fecha le hayan dado respuesta a su petición. Ahora, respecto a las constancias allegadas en esta fecha, consistentes en el juicio administrativo ***, se evidencian los siguientes antecedentes: Mediante acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintidós, la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, admitió a trámite la demanda promovida por Tereso Ignacio Miranda Vallejo (aquí quejoso), en contra de la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión con folio ***, por parte de la Presidenta del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, misma que registró bajo el número de expediente ***, ordenando emplazar a juicio a las citadas autoridades. Así, una vez que se emplazó a las autoridades demandadas, en proveído de siete de junio de dos mil veintidós, se tuvo por contestada la incoada en su contra a través de su representante, luego, al encontrase integrada la litis y toda vez que la Sala responsable no emitió la resolución correspondiente, la parte demandada promovió Excitativa de Justicia, misma que le correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la cual registró bajo el número ***y que mediante resolución de treinta de junio siguiente, declaró fundada. En tal virtud, mediante sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, resolvió el juicio administrativo ***, de su estadística, por lo que declaró la invalidez de la omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, por el demandado; además de ordenar al Presidente del Comité de Pensiones y Comité de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a realizar los trámites necesarios para emitir una respuesta debidamente fundada, motivada y congruente con el escrito de petición presentado por el actor, debiendo notificar dicha respuesta; resolución que fuera notificada vía electrónica a la parte demandada, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, pues así lo estableció la titular de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el auto de uno de septiembre de dos mil veintidós. A la fecha se encuentra pendiente de adquirir firmeza procesal la resolución emitida en el juicio administrativo ***. De lo anterior se concluye que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues se cumple con el primer requisito de la causal de improcedencia de que se trata, ya que mediante escrito presentado ante la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el ahora solicitante de amparo promovió juicio administrativo, con lo cual se inició el expediente precisado en párrafos que anteceden. También se actualiza el segundo requisito, ya que el juicio administrativo aludido, se admitió el veintiocho de abril de dos mil veintidós, sin que a la fecha se haya culminado tal procedimiento, pues con las constancias del referido expediente, se acredita que ya se resolvió mediante sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintidós; empero dicha resolución no ha adquirido firmeza procesal. De igual manera, se observa el cumplimiento del tercer requisito, porque el procedimiento administrativo, se está tramitando en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, del cual se infiere que ahí se establece un procedimiento cuyo objetivo es dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares, mismo que a la data se encuentra pendiente de causar ejecutoria, pues no obra constancia alguna de la que se infiera que dicha sala haya dictado emitido el acuerdo por el que declare que dicha resolución ha adquirido firmeza procesal. En consecuencia, el juicio de amparo en que se actúa resulta improcedente respecto de los actos reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud formulada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, asignándole la responsable el número de folio 471,455,921-43100; toda vez que en contra de la determinación emitida en el citado expediente, se promovió un juicio administrativo que aún no concluye. ... Aunado a que de no considerarlo en esos términos, es decir, determinar que con la simple promoción del juicio administrativo instado por el aquí quejoso, sin que el Tribunal de Justicia Administrativa hubiera agotado dicho juicio, dado que el procedimiento que le faculta para hacer cumplir la sentencia dictada por el mismo, el suscrito se estaría sustituyendo en las facultades legales, que en este caso corresponden al mismo, esto así, pues de considerar procedente el presente juicio, se otorgarían dos vías a la parte quejosa para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, además se invadirían las plenas facultades de las cuales está dotado dicho Tribunal. Por tanto, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, a las cuales se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de un documento público expedido por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, es inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo; toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XIX del mismo. Así las cosas, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las DOCE HORAS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se requirió a la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para que remitiera copia certificada del juicio administrativo 321/2022, de su índice; sin que a la fecha obre el acuse de notificación de dicha determinación o las constancias requeridas. DIFERIMIENTO Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Agréguese el informe justificado rendido por el el representante del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales descritas en la certificación de cuenta; dada su naturaleza por admitidas y desahogadas, debiendo dar cuenta con ellas en el momento procesal oportuno. En ese orden, del informe rendido se advierte que la autoridad responsable manifestó que el aquí quejoso promovió el juicio administrativo 321/2022, del índice de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en contra de la omisión que aquí reclama. REQUERIMIENTO Por tanto, a efecto de mejor resolver, con apoyo en el tercer párrafo del artículo 75 de la ley de la materia, requiérase a la Sala antes citada, para que en el término de veinticuatro horas computadas legalmente, informe el estado procesal que guarda el aludido juicio administrativo 321/2022, de su estadística; de igual, remita copia certificada del mismo. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de ser omiso dentro del término concedido, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo, una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. TRANSFERENCIA En consecuencia, a fin de permitir lo anterior procede transferir la audiencia constitucional prevista para las doce horas con veinte minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós y en su lugar se señalan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. ***

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