Tereso de Jesús Aguilar Vásquez

Expediente 957/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
957/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
22/11/2021

Partes del expediente

  • Tereso de Jesús Aguilar Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada con fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, se ordena devolver al encargado del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, las copias certificadas deducidas del expediente administrativo ********************, de su índice, que remitió como justificación a su informe, mismas que se ordenaron manejar como tomo anexo al presente expediente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 957/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano judicial, Tereso de Jesús Aguilar Vásquez, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la delegada de la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, consistentes en: ".A) LA FALTA DE DECRETAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LLEVAR A COBO EL BUEN DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO PFPA/26.3/2C.27.2/0054-21. b) LA FALTA DE EMITIR RESOLUCIÓN EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO PFPA/26.3/2C.27.2/0054-21." Actos que estima violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Con motivo del requerimiento formulado al quejoso en auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, el quejoso aclaró el acto que señaló como reclamado en su demanda de amparo, señalado con el inciso a), refiriendo que el acto reclamado es el siguiente: "...admitidas y desahogar (sic) las pruebas ofrecidas por el interesado, se ponga a disposición las actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos." Por lo que en proveído de diez de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de referencia, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y la audiencia constitucional se desahogó con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57, fracción V (materia administrativa), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como, a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. La omisión de admitir y desahogar las pruebas ofrecidas por el quejoso, en el expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0054-21. 2. La omisión de poner a disposición las actuaciones para que en un plazo de tres días hábiles, se presenten los alegatos. 3. La falta de resolución en el expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0054-21. TERCERO. El encargado de Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, su negativa se desvirtúa, por lo que a continuación se indica. En la fecha de la presentación de la demanda de amparo (uno de septiembre de dos mil veintiuno), no se había dado trámite al procedimiento administrativo, pues fue el siete de octubre del año en curso, en que se instauró el procedimiento administrativo a Tereso de Jesús Aguilar Vásquez. Además, no se advierte que se hayan admitido y desahogado las pruebas, puesto que aún no son ofrecidas por el interesado, al habérsele concedido al interesado el plazo de quince días para exponer lo que a su interés conviniera y ofrecerlas; tampoco se ha puesto a disposición de las partes las actuaciones para presentar alegatos, menos se ha dictado sentencia en ese expediente. Lo que se corrobora con las copias certificadas deducidas del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0054-21, a las que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con base en la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En cuanto a los actos reclamados consistentes en la omisión de admitir y desahogar las pruebas ofrecidas por el quejoso, en el expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0054-21, omisión de poner a disposición las actuaciones para que en un plazo de tres días hábiles, se presenten los alegatos, y de dictar resolución en dicho expediente administrativo, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. .." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; razón por la cual, en ese supuesto, existe valladar insuperable para abordar el estudio de la alegada inconstitucionalidad de los actos reclamados. La afectación a que se refiere el artículo transcrito, se encuentra íntimamente relacionada con la de interés jurídico, en tanto éste ha sido definido como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos, en perjuicio de su esfera jurídica, es decir, se refiere a un derecho público subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un detrimento a su titular, esto es, una afectación real, actual y directa en los derechos o intereses del particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Por otra parte, los artículos 167 y 168 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dicen: "Artículo 167.- Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría. Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos." "Artículo 168.- Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Secretaría procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo." De los preceptos transcritos se advierte que recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, entre otras cuestiones, se señalará al interesado que cuenta con un término de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la Secretaría. Una vez admitidas y desahogadas las pruebas, o habiendo transcurrido el plazo de quince días para que el interesado, manifieste lo que a su derecho convenga, y en su caso aporte pruebas, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos. Recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Secretaría procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva Ahora bien, de la documental exhibida por el encargado del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, como justificación a su informe, consistente en copia certificada del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0054-21, que tiene valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, en términos del artículo 2º de la citada ley, se desprende: Mediante auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, el encargado del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, instauró el procedimiento administrativo a Tereso de Jesús Aguilar Vásquez, y entre otros aspectos, otorgó un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, para exponer lo que a su derecho conviniera y ofrecer las pruebas pertinentes en relación con los hechos en el acta de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Etapa procesal en la que se sitúa el expediente administrativo. Por lo tanto, al haber concedido la autoridad responsable el plazo de quince días al interesado contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de dicho auto de siete de octubre del año en curso, para ofrecer las pruebas procedentes en relación con los hechos asentados en el acta de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno; la responsable, una vez transcurrido dicho plazo, deberá continuar con la secuela del procedimiento. En consecuencia, las dilaciones procesales reclamadas no producen una afectación actual, real y directa al promovente, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituyen un acto de molestia, por ser futuro e incierto. En efecto, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite del procedimiento, subsecuentes a la etapa en que se sitúa el juicio, es improcedente. En todo caso, nada impide que si alguna persistencia de retraso u omisión se presenta después de que transcurra el plazo de quince días para ofrecer pruebas, que fue concedido al quejoso, pueda instar un nuevo juicio de amparo, en el que reclame la etapa específica donde se incurra en dilación u omisión y solicite se constriña a la responsable a continuar con el procedimiento en los términos y plazos que prevé la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Tal y como lo expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis 2a. CV/2013 (10a.), Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, publicada en la página 732 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que se invoca por analogía, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." También se cita por analogía, la tesis IX.1o.17 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Décima Época, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, visible en la página 835 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 76, 77, 78 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 957/2021, promovido por Tereso de Jesús Aguilar Vásquez, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, advirtiéndose que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en auto de once de octubre actual, en el que se les dio vista a las partes, con el informe justificado rendido por el encargado del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez; resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; por tanto, se difiere y en su lugar se fijan las DIECISÉIS HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el encargado del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que anexa la citada responsable, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional y se tenga por recibida en ese acto. Se ordena guardar las mismas en la Secretaría de este Juzgado y a disposición de las partes, como cuaderno de pruebas anexo a este expediente, identificándolo como tomo I. Asimismo, se le tiene señalando domicilio para recibir notificaciones y como delegados a las personas que menciona, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

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