Teresita Gaona Aguilar
Expediente 1019/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Teresita Gaona Aguilar
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el presidente de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual, solicita una prórroga para dar cumplimiento al requerimiento de veintiocho de junio del año en curso, dictado en el presente juicio; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. Por consiguiente, requiérase a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS, para que en el término de TRES DÍAS que será legalmente computado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a este juzgado si fue posible el desahogo de la diligenciada programada para el tres de julio del año en curso, esto es, llevar a cabo el traslado del perito a las instalaciones del IMSS, así como el acceso al expediente personal del actor y al sistema SINDO, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Visto el acuse de recibo que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito presentado por TERESITA GAONA AGUILAR, contra actos de los MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TERCER CIRCUITO DEL TRIBUNAL SUPEIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. Fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el número de orden que lo corresponde 1019/2017-I. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta : Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa señala como acto reclamado la resolución dictada en audiencia de quince de junio de dos mil diecisiete, en el toca penal 70/2017-CO-8 formado con motivo de la recusación interpuesta por la aquí quejosa, en su calidad de víctima en contra de la Juez de Ejecución de Sanciones Leticia Damián Avilés, en la Causa Penal JOCE/064/2014, así como su ejecución. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, de la propia Ley, que en su parte conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. II. III. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Lo anterior es así en virtud de que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución dictada en audiencia de quince de junio de dos mil diecisiete, en el toca penal 70/2017-CO-8 formado con motivo de la recusación interpuesta por la aquí quejosa, en su calidad de víctima en contra de la Juez de Ejecución de Sanciones Leticia Damián Avilés, en la Causa Penal JOCE/064/2014, así como su ejecución. Sin que esto, a criterio de quien resuelve, constituya la última resolución que ha de pronunciarse en la causa penal de origen. Asimismo, toda vez que la citada resolución es meramente declarativa y no constitutiva de derechos, ya que la autoridad responsable únicamente determinó que la Juez de Ejecución de Sanciones Leticia Damián Avilés, seguirá conociendo de la causa penal JOCE/064/2014, no causa un agravio por sí misma a la aquí quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 108/2006, de la Primera Sala, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 11. "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución." En consecuencia, si el acto del que se duele la parte quejosa fue emitido dentro de la ejecución de la causa penal JOCE/064/14, entonces, sólo podrá promoverse el amparo contra la resolución dictada en ese procedimiento que determine en definitiva la reparación del daño o en su caso la que afecte ésta, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante aquél, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Por tanto, con la tramitación del juicio de amparo contra el acto que aquí se impugna no puede entorpecerse u obstaculizarse injustificadamente la sentencia dictada en el juicio de origen, ya que de la interpretación de la citada fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, acerca de que el juicio de amparo contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de una sentencia o laudo, sólo procede contra la última resolución en ese procedimiento, se desprende que, la intención del legislador ha sido de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que tratándose del mencionado procedimiento de ejecución, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia P./J.108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en el Tomo XXIII, Enero 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 6, con número de registro 163152 que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por lo anteriormente expuesto, no se surte la excepción a la regla del principio de definitividad, pues al tratarse de un acto dentro del procedimiento de ejecución, sólo puede promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe promoverse el juicio de garantías hasta la resolución definitiva, que sería aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado fue emitido en el procedimiento de ejecución de la causa penal JOCE/064/2014, pero no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento, máxime que la resolución reclamada no causa agravio por sí misma, por lo tanto, no ocurre en su favor algún motivo que haga procedente el presente juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al quedar actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, se desecha la presente demanda de garantías. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado, toda vez que el domicilio señalado por la parte quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado; asimismo, se tienen por autorizado para oír y recibir notificaciones a la persona propuesta. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; asimismo, se indica que las promociones que dirija a este juicio de amparo, deben contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...
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