Teresita Flores Luna

Expediente 247/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
247/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Teresita Flores Luna
  • Teresita Flores Luna y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. LLEGADA COLEGIADO. Téngase por recibido el oficio signado por la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, dentro de la queja 52/2022, de la que se advierte en su único punto resolutivo, lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Esto, pues consideró: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 145 de la Ley de Amparo abrogada -disposición normativa similar al actual113 de la legislación vigente-, sostuvo que su aplicación es de carácter excepcional e implica, en términos generales, que los jueces de Distrito no deben rechazar las demandas de amparo, sino que deben tramitarlas para dar oportunidad a que mediante los informes justificados y las pruebas rendidas puedan confirmarse o desvanecerse los motivos de improcedencia que pudieran haber aparecido; evitando de esa manera, con el desechamiento de la demanda, perjuicios irreparables a los quejosos y que, sólo en casos "notorios e indudables" de improcedencia, procede desechar el escrito inicial de demanda. El criterio referido está contenido en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVI, julio de 2002, página 448, aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que lleva por rubro y texto los siguientes: [.] Por tanto, las causas de improcedencia deben ser notorias y manifiestas para proveer el desechamiento de plano de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, ya que el desechamiento puede ocasionar daños al quejoso al privarlo de su oportunidad de acreditar en el juicio constitucional el desvanecimiento de las causas de improcedencia que pudieran haberse apreciado. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 307/2012, determinó que la causal de improcedencia por litispendencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece ?de redacción similar a la hipótesis prevista en la fracción X del numeral 61 de la vigente Ley de Amparo?, requiere de la existencia de otro juicio de amparo en el que el quejoso hubiese reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades y que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia, sin importar la violación alegada. Lo anterior, encuentra su explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, además, la mencionada causal también pretende evitar el dictado de sentencias contradictorias. Además, otra finalidad de la causal comentada es evitar que el órgano jurisdiccional de amparo se pronuncie en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, por lo cual tiene el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, con el propósito de no dejarlo en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para ello, es de orden elemental y preferente que ambas demandas se encuentren admitidas y en trámite, pues sólo de esta forma se garantiza que al sobreseer en uno de los asuntos, quede la posibilidad de que en el diverso expediente el quejoso acceda a una sentencia definitiva en la que, lógicamente, ya no prospere la misma causa de improcedencia por litispendencia. Ello es así, porque carecería de sentido la promoción sucesiva de dos juicios de amparo en contra del mismo acto y las mismas autoridades, pero también es necesario que no se sobresea en los dos asuntos coexistentes con el mismo contenido, ya que la causal de litispendencia no sanciona la falta de pericia del quejoso dejando de analizar las pretensiones propuestas en ambos juicios, sino que la intención del legislador fue que en la promoción de uno de ellos se declare la improcedencia y en el otro se realice, en su caso, el estudio de fondo del problema planteado, por el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. Por tanto, es indispensable que cuando se detecte la existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en relación con el mismo acto y autoridades, el juzgador proceda a cerciorarse de que en ambos asuntos la demanda se encuentra admitida y no en una condición de incertidumbre sobre su admisión, pues podría acontecer que nunca se tramite y, por ende, que tampoco se permita la defensa de sus intereses en ninguno de los dos juicios: en un caso por no haberse tan siquiera admitido la demanda; y en el otro, por haberse sobreseído por litispendencia. Esos argumentos dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el libro 5, abril de 2014, tomo I, página 265 de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: [.] Sin embargo, contrario a lo resuelto, no puede considerarse acredita de forma manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que para la actualización de esa causa de improcedencia es requisito indispensable que las demandas ?además de que hayan sido promovidas por la misma parte quejosa, en contra de los mismos actos reclamados y en contra de las mismas autoridades? se hayan admitido y se encuentran en trámite, para que pueda sobreseerse en uno de los juicios y le sea posible al gobernado continuar con la instrucción del otro, sin hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia. Requisito que no está satisfecho en el caso concreto, porque como se advierte de la revisión del legajo de copias certificadas del juicio de amparo indirecto 97/2022, que obran en el diverso recurso de queja civil 43/2022, tramitado ante este Tribunal Colegiado e interpuesto por los ahora recurrentes Teresita Flores Luna y Jorge Mondragón Rangel, las cuales se tiene a la vista al momento de resolver, por tratarse de pruebas relacionadas con un diverso medio de impugnación tramitado ante este órgano jurisdiccional, se advierte la jueza de Distrito, mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, determinó, desechar de plano la demanda de amparo respecto del oficio DV/308/2021, de doce de agosto de dos mil veintiuno, reclamado como acto de aplicación de los artículos 6 y 16 de la Ley de Catastro, y 51 del Reglamento de la Administración Pública Centralizada, al considerar que se trataba de un acto probatorio que no era de imposible reparación, sino una violación intraprocesal reclamable hasta el dictado de la última resolución dictada en el procedimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021 y, por otra parte, respecto a la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, que resolvió en definitiva las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021, la jueza federal desechó la demanda respectiva, al determinar que la parte quejosa incumplió con el principio de definitividad, porque previamente a la promoción del amparo no interpuso el recurso de apelación regulado en el artículo 1160 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. En ese orden de ideas, se concluye que al conocer de la demanda de amparo indirecto del cual emana el presente recurso de queja, la jueza de amparo no estaba facultada para de desechar la demanda con base en la hipótesis de improcedencia por litispendencia, ya que no se cumplió con el requisito de que ambas demandas estuvieran admitidas, precisamente porque en el juicio de amparo indirecto 97/2022, la juzgadora federal previamente desechó la demanda de amparo por las razones antes precisadas. Sin que obste a lo anteriormente considerado, lo argumentado en la resolución recurrida respecto a que el auto de desechamiento no había adquirido firmeza procesal, por haber sido recurrida por la parte quejosa la determinación respectiva, porque, se insiste, para la actualización de la litispendencia es requisito indispensable que ambas demandas se hayan admitido, lo cual no acontece en el caso particular. De acuerdo con lo expuesto, lo procedente es revocar el acuerdo impugnado y ordenar que la juez de Distrito recurrida provea lo conducente en relación con la admisión de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, salvo que se actualice diversa causal de improcedencia de manera notoria e indudable." Acúsese recibo. SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por J. Jesús Valencia Guerrero, apoderado jurídico de Teresita Flores Luna y Jorge Mondragón Rangel, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación, por medio de oficio, de conformidad con el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita, se ordena la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, por duplicado y separado. INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. Por otra parte, se requiere a las autoridades responsables para que rinda su informe por vía correo electrónico 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que confirmen su recepción en el propio número telefónico de este juzgado con número 44 31 82 21 24. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo: En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y Se abstengan o sea omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. ENTREGA DE OFICIOS ELECTRÓNICOS. Con apoyo en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza al actuario adscrito realice la entrega de los oficios dirigidos a las autoridades correspondientes por medio de correo electrónico, para lo cual deberá dejar constancia en autos de su envío y confirmar su recepción; y sólo en el caso de que ello sea imposible, se constituya en el lugar de su residencia oficial. En el entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio, se asentará razón en autos a partir de la cual, sin previo acuerdo, se tendrá por practicada. Hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. En ese orden, en términos de los normativos 5°, fracción III, 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciban los informes justificados. ACUMULACIÓN DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Visto el contenido de la resolución analizada por el Tribunal Colegiado, así como la existencia del diverso juicio de amparo 97/2022 promovido ante este órgano jurisdiccional por J. Jesús Valencia Guerrero, apoderado jurídico de Teresita Flores Luna y Jorge Mondragón Rangel, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, consistentes en: La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitida dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021, en la que se declararon improcedentes. El proceso legislativo que culminó con la emisión de los artículos 6 y 16 de la Ley de Catastro, así como el 51 del Reglamento de la Administración Pública Centralizada en el Estado de Michoacán; y, Como primer acto de aplicación de las normas generales, el oficio DV/308/2021 de doce de agosto de dos mil veintiuno, el cual se emitió para ser ofrecida como prueba dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021. De lo que se advierte que el aludido expediente se encuentra vinculado con el acto aquí recamado en razón de que fue promovido por los mismos quejosos contra los mismos actos reclamados, adicionando como inconstitucionales los numerales 1168, 1169, 1170, 1171 y 1174 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, por lo que procede su acumulación, conformo con el siguiente criterio jurisprudencial P./J. 25/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTREN RADICADOS ANTE DIFERENTES JUZGADORES FEDERALES. Para acumular juicios de amparo indirecto radicados ante Tribunales Unitarios de Circuito o Juzgados de Distrito distintos, es necesario atender a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, así como en los numerales del 34 al 39, 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, al tenor de los cuales la acumulación de autos puede promoverse a petición de parte o de oficio, debiendo formularse la solicitud respectiva ante el juzgador que previno en la causa -es decir, el que conoció cronológicamente antes de uno de los juicios de amparo indirecto que pretende ser acumulado-, el cual, con base en las constancias de autos y al tenor del referido artículo 66, determinará si resuelve de plano o en el procedimiento incidental respectivo sobre la existencia de los requisitos que para la acumulación establece el artículo 72 del Código Federal de Procedimiento Civiles. Por tanto, de ser necesario desarrollar dicho incidente, el referido juzgador deberá dar vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes el propio juzgador celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, dictará la resolución correspondiente y, de estimar que es procedente la acumulación, requerirá por medio de oficio a los demás juzgadores federales en cuyos juzgados o tribunales se encuentren radicados los demás juicios de amparo indirecto que pretendan acumularse; los juzgadores requeridos, dentro del plazo de 5 días después de recibida la solicitud de acumulación, enviarán los autos al juzgador requirente. Sin embargo, el juzgador requerido podrá oponerse a la acumulación, en cuyo caso deberá remitir los autos del juicio de amparo de su índice a su superior, comunicándolo al requirente para que haga lo propio. En este caso, acorde con el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de su jurisdicción y, seguido el procedimiento correspondiente, deberán resolver sobre la acumulación, ordenando la devolución de los autos al juzgador competente, en caso de que se niegue u ordenando la acumulación y el envío de todos los autos al que previno, si lo estima procedente." Respecto a la acumulación de autos, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone que dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Asimismo, refiere que para la procedencia de la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia y que dicha acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. En la especie, en el presente asunto 247/2022, promovido por J. Jesús Valencia Guerrero, apoderado jurídico de Teresita Flores Luna y Jorge Mondragón Rangel, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, reclama lo siguiente: a) La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitida dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021, en la que se declararon improcedentes. b) El proceso legislativo que culminó con la emisión de los artículos 6 y 16 de la Ley de Catastro, así como el 51 del Reglamento de la Administración Pública Centralizada en el Estado de Michoacán y los numerales 1168, 1169, 1170, 1171 y 1174 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán; y, c) Como primer acto de aplicación de las normas generales, el oficio DV/308/2021 de doce de agosto de dos mil veintiuno, el cual se emitió para ser ofrecida como prueba dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021. Mientras que, en el diverso expediente 97/2021, se reclama la misma sentencia interlocutoria de resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitida dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021, el proceso legislativo que culminó con la emisión de los artículos 6 y 16 de la Ley de Catastro, así como el 51 del Reglamento de la Administración Pública Centralizada en el Estado de Michoacán y como primer acto de aplicación de las normas generales, el oficio DV/308/2021 de doce de agosto de dos mil veintiuno; juicio que se encuentra actualmente en trámite. Por tanto, se trata de juicios promovidos contra el mismo acto reclamado, derivado del mismo juicio de origen, de ahí que dichos juicios guardan conexidad y estrecha dependencia. Bajo esa óptica, de conformidad con el numeral 66, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, procede la acumulación del juicio de amparo número 247/2022 al más antiguo, siendo este el 97/2022, a fin de que, tengan un trámite común y en una sola sentencia se analice los efectos de los actos reclamados en el mismo juicio de origen. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En el entendido que dentro del juicio 97/2022, al cual se acumula el presente juicio de amparo, se fijaron las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior, hágase del conocimiento a todas las partes, para los efectos legales correspondientes. NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet http.//www.dgepj. cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexó digitalizadas a su escrito inicial de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. TRÁMITE DEL INCIDENTE. De conformidad con el Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, y en cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo II-247/2022, promovido por J. Jesús Valencia Guerrero, apoderado jurídico de Teresita Flores Luna y Jorge Mondragón Rangel, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la Ley de la Materia, remítase copia de la demanda a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento sin que resulte necesario que rinda su informe previo en atención a la determinación que a continuación se expone. AUDIENCIA INCIDENTAL. No resulta necesario fijar fecha para la celebración de audiencia incidental. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como acto reclamado: a) La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitida dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021, en la que se declararon improcedentes. b) El proceso legislativo que culminó con la emisión de los artículos 6 y 16 de la Ley de Catastro, así como el 51 del Reglamento de la Administración Pública Centralizada en el Estado de Michoacán y los numerales 1168, 1169, 1170, 1171 y 1174 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán; y, c) Como primer acto de aplicación de las normas generales, el oficio DV/308/2021 de doce de agosto de dos mil veintiuno, el cual se emitió para ser ofrecida como prueba dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021. PRETENSIÓN DE LA SUSPENSIÓN. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no solicita la suspensión del acto reclamado para algún efecto específico por lo que se proveerá en relación a la naturaleza de los actos reclamados. SE DECLARA SIN MATERIA LA SUSPENSIÓN. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: I) Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; II) Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; III) Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, IV) Las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia del acto reclamado; La naturaleza del acto reclamado; La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal. Orienta a lo anterior, la tesis emitida por el Tercero Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, XXVII.3°.J/2., de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013." En el caso en concreto, previo a realizar un pronunciamiento sobre la procedencia o no de la suspensión del acto reclamado, es dable traer a cuenta como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, el incidente de suspensión 97/2022, de nuestro índice, y realizar una comparativa entre el acto reclamado, autoridades y quejoso con el presente sumario, que para mayor comprensión se esquematiza de la siguiente manera: Incidente de suspensión 97/2022 Incidente de suspensión 247/2022 Quejoso. J. Jesús Valencia Guerrero, apoderado jurídico de Teresita Flores Luna y Jorge Mondragón Rangel Acto reclamado. a) La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitida dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021, en la que se declararon improcedentes. b) El proceso legislativo que culminó con la emisión de los artículos 6 y 16 de la Ley de Catastro, así como el 51 del Reglamento de la Administración Pública Centralizada en el Estado de Michoacán; y, c) Como primer acto de aplicación de las normas generales, el oficio DV/308/2021 de doce de agosto de dos mil veintiuno, el cual se emitió para ser ofrecida como prueba dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021. Autoridad responsable. Congreso del Estado de Michoacán. Gobernador del Estado de Michoacán. Director de Catastro del Municipio de Morelia, Michoacán. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Quejoso. J. Jesús Valencia Guerrero, apoderado jurídico de Teresita Flores Luna y Jorge Mondragón Rangel Acto reclamado. a) La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitida dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021, en la que se declararon improcedentes. b) El proceso legislativo que culminó con la emisión de los artículos 6 y 16 de la Ley de Catastro, así como el 51 del Reglamento de la Administración Pública Centralizada en el Estado de Michoacán y los numerales 1168, 1169, 1170, 1171 y 1174 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán; y, c) Como primer acto de aplicación de las normas generales, el oficio DV/308/2021 de doce de agosto de dos mil veintiuno, el cual se emitió para ser ofrecida como prueba dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021. Autoridad responsable. Congreso del Estado de Michoacán. Gobernador del Estado de Michoacán. Director de Catastro del Municipio de Morelia, Michoacán. Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Del cuadro anterior se desprende que el incidente de suspensión 97/2022, fue promovido por los aquí quejosos, contra los mismo actos reclamados y las mismas autoridades responsables. Asimismo, se advierte que en esta fecha se negó la suspensión provisional a los quejosos. Ante ese panorama, de un análisis literal del artículo 145 de la Ley de Amparo, se advierte que si apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en un juicio de amparo distinto al que nos ocupa, promovido con antelación, en este caso, por el mismo quejoso, mismo acto y contra las propias autoridades, por lo que es inconcuso, que los puntos establecidos en el artículo en mención se actualizan para así declarar sin materia el presente incidente de suspensión. No varía el anterior criterio el hecho de que en presente demanda de amparo además impugna la inconstitucionalidad de los artículos los numerales 1168, 1169, 1170, 1171 y 1174 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, sin embargo, la aplicación de esos preceptos los hace derivar del primer acto de aplicación, el cual ya fue analizado en el diverso incidente de suspensión 97/2022, con el que se declaró improcedente conceder la suspensión atendiendo a su propia naturaleza. PRUEBAS. En términos del artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexó digitalizadas a su escrito inicial de demanda; las que se tienen por admitidas y desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de recibirlas en la audiencia incidental. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. ACCESO AL EXPEDIENTE. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza consultar vía internet el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, quien tiene como nombre de usuario "segna_3". Consecuentemente, comisiónese al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para dar la autorización respectiva. Hágase saber a la parte quejosa que para que pueda visualizar el expediente electrónico es necesario que ingrese con el perfil con el que lo dio de alta, ya que existen tres tipos de perfil: físico, representante jurídico público y representante jurídico privado; por lo que, si al ingresar a la consulta no señala el usuario o el perfil en forma correcta, no lo podrá visualizar. En caso de requerir asesoría para su ingreso, la página del Portal de Servicios en Línea, tiene a su disposición habilitado el ícono de soporte técnico para que pueda verificar si existe algún problema con su captura o se trata de una falla técnica no atribuible al órgano jurisdiccional. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA TERESITA FLORES LUNA Y OTRO LA DETERMINACIÓN DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DÍAS A NOTIFICARSE PERSONALMENTE ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. LLEGADA COLEGIADO. Téngase por recibido el oficio signado por la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, dentro de la queja 52/2022, de la que se advierte en su único punto resolutivo, lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Esto, pues consideró: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 145 de la Ley de Amparo abrogada -disposición normativa similar al actual113 de la legislación vigente-, sostuvo que su aplicación es de carácter excepcional e implica, en términos generales, que los jueces de Distrito no deben rechazar las demandas de amparo, sino que deben tramitarlas para dar oportunidad a que mediante los informes justificados y las pruebas rendidas puedan confirmarse o desvanecerse los motivos de improcedencia que pudieran haber aparecido; evitando de esa manera, con el desechamiento de la demanda, perjuicios irreparables a los quejosos y que, sólo en casos "notorios e indudables" de improcedencia, procede desechar el escrito inicial de demanda. El criterio referido está contenido en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVI, julio de 2002, página 448, aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que lleva por rubro y texto los siguientes: [.] Por tanto, las causas de improcedencia deben ser notorias y manifiestas para proveer el desechamiento de plano de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, ya que el desechamiento puede ocasionar daños al quejoso al privarlo de su oportunidad de acreditar en el juicio constitucional el desvanecimiento de las causas de improcedencia que pudieran haberse apreciado. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 307/2012, determinó que la causal de improcedencia por litispendencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece ?de redacción similar a la hipótesis prevista en la fracción X del numeral 61 de la vigente Ley de Amparo?, requiere de la existencia de otro juicio de amparo en el que el quejoso hubiese reclamado los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades y que se encuentre pendiente de resolución en cualquier instancia, sin importar la violación alegada. Lo anterior, encuentra su explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, además, la mencionada causal también pretende evitar el dictado de sentencias contradictorias. Además, otra finalidad de la causal comentada es evitar que el órgano jurisdiccional de amparo se pronuncie en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, por lo cual tiene el deber de asegurarse de que al aplicarla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, con el propósito de no dejarlo en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para ello, es de orden elemental y preferente que ambas demandas se encuentren admitidas y en trámite, pues sólo de esta forma se garantiza que al sobreseer en uno de los asuntos, quede la posibilidad de que en el diverso expediente el quejoso acceda a una sentencia definitiva en la que, lógicamente, ya no prospere la misma causa de improcedencia por litispendencia. Ello es así, porque carecería de sentido la promoción sucesiva de dos juicios de amparo en contra del mismo acto y las mismas autoridades, pero también es necesario que no se sobresea en los dos asuntos coexistentes con el mismo contenido, ya que la causal de litispendencia no sanciona la falta de pericia del quejoso dejando de analizar las pretensiones propuestas en ambos juicios, sino que la intención del legislador fue que en la promoción de uno de ellos se declare la improcedencia y en el otro se realice, en su caso, el estudio de fondo del problema planteado, por el natural inconveniente de que resultaría ocioso duplicar el trámite y resolución del mismo tema, con el riesgo adicional de que en su momento se emitan sentencias contradictorias entre sí. Por tanto, es indispensable que cuando se detecte la existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en relación con el mismo acto y autoridades, el juzgador proceda a cerciorarse de que en ambos asuntos la demanda se encuentra admitida y no en una condición de incertidumbre sobre su admisión, pues podría acontecer que nunca se tramite y, por ende, que tampoco se permita la defensa de sus intereses en ninguno de los dos juicios: en un caso por no haberse tan siquiera admitido la demanda; y en el otro, por haberse sobreseído por litispendencia. Esos argumentos dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el libro 5, abril de 2014, tomo I, página 265 de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: [.] Sin embargo, contrario a lo resuelto, no puede considerarse acredita de forma manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que para la actualización de esa causa de improcedencia es requisito indispensable que las demandas ?además de que hayan sido promovidas por la misma parte quejosa, en contra de los mismos actos reclamados y en contra de las mismas autoridades? se hayan admitido y se encuentran en trámite, para que pueda sobreseerse en uno de los juicios y le sea posible al gobernado continuar con la instrucción del otro, sin hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia. Requisito que no está satisfecho en el caso concreto, porque como se advierte de la revisión del legajo de copias certificadas del juicio de amparo indirecto 97/2022, que obran en el diverso recurso de queja civil 43/2022, tramitado ante este Tribunal Colegiado e interpuesto por los ahora recurrentes Teresita Flores Luna y Jorge Mondragón Rangel, las cuales se tiene a la vista al momento de resolver, por tratarse de pruebas relacionadas con un diverso medio de impugnación tramitado ante este órgano jurisdiccional, se advierte la jueza de Distrito, mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, determinó, desechar de plano la demanda de amparo respecto del oficio DV/308/2021, de doce de agosto de dos mil veintiuno, reclamado como acto de aplicación de los artículos 6 y 16 de la Ley de Catastro, y 51 del Reglamento de la Administración Pública Centralizada, al considerar que se trataba de un acto probatorio que no era de imposible reparación, sino una violación intraprocesal reclamable hasta el dictado de la última resolución dictada en el procedimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021 y, por otra parte, respecto a la resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, que resolvió en definitiva las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021, la jueza federal desechó la demanda respectiva, al determinar que la parte quejosa incumplió con el principio de definitividad, porque previamente a la promoción del amparo no interpuso el recurso de apelación regulado en el artículo 1160 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. En ese orden de ideas, se concluye que al conocer de la demanda de amparo indirecto del cual emana el presente recurso de queja, la jueza de amparo no estaba facultada para de desechar la demanda con base en la hipótesis de improcedencia por litispendencia, ya que no se cumplió con el requisito de que ambas demandas estuvieran admitidas, precisamente porque en el juicio de amparo indirecto 97/2022, la juzgadora federal previamente desechó la demanda de amparo por las razones antes precisadas. Sin que obste a lo anteriormente considerado, lo argumentado en la resolución recurrida respecto a que el auto de desechamiento no había adquirido firmeza procesal, por haber sido recurrida por la parte quejosa la determinación respectiva, porque, se insiste, para la actualización de la litispendencia es requisito indispensable que ambas demandas se hayan admitido, lo cual no acontece en el caso particular. De acuerdo con lo expuesto, lo procedente es revocar el acuerdo impugnado y ordenar que la juez de Distrito recurrida provea lo conducente en relación con la admisión de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, salvo que se actualice diversa causal de improcedencia de manera notoria e indudable." Acúsese recibo. SE ADMITE LA DEMANDA. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por J. Jesús Valencia Guerrero, apoderado jurídico de Teresita Flores Luna y Jorge Mondragón Rangel, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación, por medio de oficio, de conformidad con el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita, se ordena la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, por duplicado y separado. INFORME JUSTIFICADO. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. Por otra parte, se requiere a las autoridades responsables para que rinda su informe por vía correo electrónico 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que confirmen su recepción en el propio número telefónico de este juzgado con número 44 31 82 21 24. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo: En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y Se abstengan o sea omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. ENTREGA DE OFICIOS ELECTRÓNICOS. Con apoyo en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza al actuario adscrito realice la entrega de los oficios dirigidos a las autoridades correspondientes por medio de correo electrónico, para lo cual deberá dejar constancia en autos de su envío y confirmar su recepción; y sólo en el caso de que ello sea imposible, se constituya en el lugar de su residencia oficial. En el entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio, se asentará razón en autos a partir de la cual, sin previo acuerdo, se tendrá por practicada. Hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. En ese orden, en términos de los normativos 5°, fracción III, 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciban los informes justificados. ACUMULACIÓN DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Visto el contenido de la resolución analizada por el Tribunal Colegiado, así como la existencia del diverso juicio de amparo 97/2022 promovido ante este órgano jurisdiccional por J. Jesús Valencia Guerrero, apoderado jurídico de Teresita Flores Luna y Jorge Mondragón Rangel, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, consistentes en: La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitida dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021, en la que se declararon improcedentes. El proceso legislativo que culminó con la emisión de los artículos 6 y 16 de la Ley de Catastro, así como el 51 del Reglamento de la Administración Pública Centralizada en el Estado de Michoacán; y, Como primer acto de aplicación de las normas generales, el oficio DV/308/2021 de doce de agosto de dos mil veintiuno, el cual se emitió para ser ofrecida como prueba dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021. De lo que se advierte que el aludido expediente se encuentra vinculado con el acto aquí recamado en razón de que fue promovido por los mismos quejosos contra los mismos actos reclamados, adicionando como inconstitucionales los numerales 1168, 1169, 1170, 1171 y 1174 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, por lo que procede su acumulación, conformo con el siguiente criterio jurisprudencial P./J. 25/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTREN RADICADOS ANTE DIFERENTES JUZGADORES FEDERALES. Para acumular juicios de amparo indirecto radicados ante Tribunales Unitarios de Circuito o Juzgados de Distrito distintos, es necesario atender a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, así como en los numerales del 34 al 39, 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, al tenor de los cuales la acumulación de autos puede promoverse a petición de parte o de oficio, debiendo formularse la solicitud respectiva ante el juzgador que previno en la causa -es decir, el que conoció cronológicamente antes de uno de los juicios de amparo indirecto que pretende ser acumulado-, el cual, con base en las constancias de autos y al tenor del referido artículo 66, determinará si resuelve de plano o en el procedimiento incidental respectivo sobre la existencia de los requisitos que para la acumulación establece el artículo 72 del Código Federal de Procedimiento Civiles. Por tanto, de ser necesario desarrollar dicho incidente, el referido juzgador deberá dar vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes el propio juzgador celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, dictará la resolución correspondiente y, de estimar que es procedente la acumulación, requerirá por medio de oficio a los demás juzgadores federales en cuyos juzgados o tribunales se encuentren radicados los demás juicios de amparo indirecto que pretendan acumularse; los juzgadores requeridos, dentro del plazo de 5 días después de recibida la solicitud de acumulación, enviarán los autos al juzgador requirente. Sin embargo, el juzgador requerido podrá oponerse a la acumulación, en cuyo caso deberá remitir los autos del juicio de amparo de su índice a su superior, comunicándolo al requirente para que haga lo propio. En este caso, acorde con el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de su jurisdicción y, seguido el procedimiento correspondiente, deberán resolver sobre la acumulación, ordenando la devolución de los autos al juzgador competente, en caso de que se niegue u ordenando la acumulación y el envío de todos los autos al que previno, si lo estima procedente." Respecto a la acumulación de autos, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone que dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Asimismo, refiere que para la procedencia de la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia y que dicha acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. En la especie, en el presente asunto 247/2022, promovido por J. Jesús Valencia Guerrero, apoderado jurídico de Teresita Flores Luna y Jorge Mondragón Rangel, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, reclama lo siguiente: a) La resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitida dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021, en la que se declararon improcedentes. b) El proceso legislativo que culminó con la emisión de los artículos 6 y 16 de la Ley de Catastro, así como el 51 del Reglamento de la Administración Pública Centralizada en el Estado de Michoacán y los numerales 1168, 1169, 1170, 1171 y 1174 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán; y, c) Como primer acto de aplicación de las normas generales, el oficio DV/308/2021 de doce de agosto de dos mil veintiuno, el cual se emitió para ser ofrecida como prueba dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021. Mientras que, en el diverso expediente 97/2021, se reclama la misma sentencia interlocutoria de resolución de veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitida dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 750/2021, el proceso legislativo que culminó con la emisión de los artículos 6 y 16 de la Ley de Catastro, así como el 51 del Reglamento de la Administración Pública Centralizada en el Estado de Michoacán y como primer acto de aplicación de las normas generales, el oficio DV/308/2021 de doce de agosto de dos mil veintiuno; juicio que se encuentra actualmente en trámite. Por tanto, se trata de juicios promovidos contra el mismo acto reclamado, derivado del mismo juicio de origen, de ahí que dichos juicios guardan conexidad y estrecha dependencia. Bajo esa óptica, de conformidad con el numeral 66, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, procede la acumulación del juicio de amparo número 247/2022 al más antiguo, siendo este el 97/2022, a fin de que, tengan un trámite común y en una sola sentencia se analice los efectos de los actos reclamados en el mismo juicio de origen. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En el entendido que dentro del juicio 97/2022, al cual se acumula el presente juicio de amparo, se fijaron las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior, hágase del conocimiento a todas las partes, para los efectos legales correspondientes. NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet http.//www.dgepj. cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexó digitalizadas a su escrito inicial de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Colegiado admite queja. Recíbase el oficio de cuenta que remite la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el recurso de queja promovido contra el auto dictado el tres de marzo de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda de amparo; dando origen al expediente 52/2022 de su índice; lo que se asienta para constancia y demás efectos legales conducentes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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