Teresita Esther Aguilar Angeles

Expediente 1524/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1524/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
30/10/2015

Partes del expediente

  • Teresita Esther Aguilar Angeles
  • Teresita Esther Aguilar Angeles y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de quince de octubre de dos mil quince (fojas 5 a 8), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Teresita Esther Aguilar Ángeles y Raúl Carrera Martínez; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA III B Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos TERESITA ESTHER AGUILAR ÁNGELES y RAÚL CARRERA MARTÍNEZ, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Mesa Número Tres Auxiliar adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1524/2015. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el suscrito juzgador estima que por lo que respecta al acto reclamado en la demanda de amparo, que el impetrante hace consistir en lo siguiente: ".4.-ACTO RECLAMADO:- Reclamamos de las autoridades responsables en su calidad de ordenadoras LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIONES PREVIAS Y/O ORDEN DE APREHENSIÓN NÚMERO 7253/(SC)/2015 QUE HAYAN GIRADO EN CONTRA DE LOS SUSCRITOS y de las ejecutoras el cumplimiento de dichas ordenes de APREHENSIÓN sin haber cometido delito alguno." (sic) Ahora bien, contra el acto antes precisado, el suscrito advierte que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, los dos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De ese cuadro normativo, se colige que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o los actos que se reclamen a la autoridad señalada como responsable, de lo que, interpretado a contrario sensu, se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por un gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad. En la especie, como se adelantó, los quejosos reclaman de la autoridad responsable ordenadora Agente del Ministerio Público de la Mesa Número Tres Auxiliar adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, la integración de la averiguación previa 7253/(SC)/2015 de su registro. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado, los quejosos señalan, bajo protesta de decir verdad, que al investigar en la Procuraduría General de Justicia en el Estado, les informaron que tienen abierta la averiguación previa 7253/(SC)/2015, en la que aparece como ofendida María Reyna Aguirre Andreasi. Bajo esa tesitura, este Juzgador estima que el acto que reclaman los amparistas, de modo alguno afecta la esfera de derechos de los impetrantes, habida cuenta que para integrar el material probatorio que el Ministerio Público debe allegar dentro de esa fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la acción penal, por lo que es el resultado del ejercicio de una facultad exclusiva del Ministerio Público; por tanto, no puede ser violatorio de los derechos fundamentales de los quejosos, atento a que por mandato del artículo 21 constitucional, el Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación de los delitos. De ahí que la integración de una indagatoria en su contra, por el momento, no les causa daño o perjuicio, por ser de orden público, según lo establece la Carta Magna, ya que éste, en todo caso, se materializará hasta que la autoridad judicial que llegare a conocer de dicha averiguación previa, determine si resulta procedente o no librar orden de aprehensión en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada CXXXV/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Tomo XX, diciembre de 2004, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dispone: ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. De igual manera resulta aplicable a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 49, Tomo XXIII, mayo de 2006, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso. En ese orden de ideas SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, los dos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo se designa como representante común de la parte quejosa a TERESITA ESTHER AGUILAR ÁNGELES. En otro orden, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el que precisa, y por autorizados a las personas que indica por ser el presente asunto de naturaleza penal. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la nueva Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    mesa iii b Agréguese el oficio 4834 signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, y anexo que acompaña, por el que devuelve sin diligenciar el exhorto 231/2015 del índice de este Juzgado, que se le remitió a efecto de que emplazara a la tercera interesada Patricia María Gil García. Acúsese recibo y dese de baja el mencionado exhorto en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, de los autos se advierte diverso domicilio de la tercera interesada, ubicado en calle andador Naranjos número treinta y uno, Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca (foja 255). Atento a lo anterior; con fundamento en el artículo 27, fracción ll de la Ley de Amparo, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2º, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, con copia simple de la demanda de amparo, emplace a juicio con el carácter de tercera interesada a Patricia María Gil García, en el domicilio referido, previo cercioramiento de que se trata de la parte tercero interesada que se busca y no de un homónimo, a fin de que pueda comparecer al procedimiento constitucional si a sus intereses conviene; le notifique el presente proveído, y la requiera para que, en el momento de la notificación o dentro del plazo de tres días, siguiente a su legal conocimiento, señale domicilio en esta ciudad, o en la zona conurbada de la misma, para oír y recibir notificaciones de carácter personal, con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos en este órgano de control constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la autoridad auxiliadora para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse la diligencia encomendada, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. De la misma forma, haga de su conocimiento que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE para la celebración de la audiencia constitucional.

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