Teresita del Niño Jesus Salazar Castillo

Expediente 1713/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1713/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Teresita del Niño Jesus Salazar Castillo
  • Felipe Stalin Ruvero Y Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo en el que se desechó la demanda, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se tuvo por no interpuesta la presente demanda de garantías, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, además de que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Ahora bien, toda vez que de los presentes autos se advierte que obran los documentos exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero aludido al Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlos previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    Téngase por recibido y agréguese el oficio 6800, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente II.456/2019, del índice de este Juzgado y anexo constante de treinta y cuatro fojas, pronunciada en el toca 258/2019, de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia firmada el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, por este órgano jurisdiccional; ejecutoria de cuyo primer punto resolutivo se advierte que la Superioridad confirmó la sentencia recurrida, y en el segundo, declaró que la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al citado peticionario de amparo. En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo; glósese a estos autos el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión en cita, únicamente con las constancias que no obren en autos. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se indica que en el presente expediente no existen documentos originales; asimismo, en virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto décimo, éste debe ser depurable, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Asimismo, devuélvanse a la autoridad responsable, Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, las copias certificadas que remitió junto con su informe de ley; asimismo, se le solicita acuse recibo. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, si lo tiene el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por FELIPE STALIN RIVERO Y NAVARRETE, y TERESITA DEL NIÑO JESÚS SALAZAR CASTILLO, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Encargado de la Unidad de Extinción de Dominio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Fiscalía General de República, y del Agente del Ministerio Público, Titular de la Agencia Cuarta de Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el ordinal 113 del propio ordenamiento, deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. De manera que la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Encargado de la Unidad de Extinción de Dominio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Fiscalía General de República, y del Agente del Ministerio Público, Titular de la Agencia Cuarta de Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación, la negativa respecto a la solicitud de levantamiento del aseguramiento y devolución del predio marcado con el número doscientos sesenta y dos de la calle cuarenta y uno letra "C" del fraccionamiento Francisco de Montejo Tres, de esta ciudad, con motivo de la tramitación del procedimiento de extinción de dominio DGAJ/UED/272/2017. En ese sentido, debe decirse que la parte quejosa señala en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado, desde el ocho de agosto del año en curso, con motivo de la notificación llevada a cabo en el expediente I.D.M.P.: 26/2019, del índice de la Jueza Administradora del Centro de Justicia Penal Federal del Estado, respecto del oficio DGAJ/UED/0437/2017 de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República de diecisiete de julio de los corrientes, así como el diverso DGAJ/UED/0441/2017, de veintidós de julio del año en curso, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y por el Encargado de la Unidad de Extinción de Dominio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Unidad, en los que se le negó a la parte quejosa la devolución del predio marcado con el número doscientos sesenta y dos de la calle cuarenta y uno letra "C" del fraccionamiento Francisco de Montejo Tres, de esta ciudad, en el expediente de extinción de dominio DGAJ/UED/272/2017. Por tanto, de la anterior manifestación, puede advertirse, con meridiana claridad, que al menos desde el ocho de agosto del presente año, la parte quejosa tenía pleno conocimiento de los actos aquí reclamados a las autoridades responsables. Atento a lo anteriormente detallado, es evidente que en el presente caso, respecto del indicado acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, establecen: El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. "os plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De ese contexto, se advierte que el cómputo del término establecido se realizará a partir del día siguiente: 1. Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame, conforme a la ley del acto reclamado. 2. Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. 3. Al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. En la especie, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente impugna en esta instancia constitucional, la negativa realizada el diecisiete y veintidós de julio del año en curso, notificada a la parte quejosa el ocho de agosto siguiente, respecto de la devolución solicitada del predio marcado con el número doscientos sesenta y dos de la calle cuarenta y uno letra "C" del fraccionamiento Francisco de Montejo Tres, de esta ciudad. Por tanto, el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de la Materia, comenzó a correr desde el doce de agosto del año en curso, y feneció el treinta de agosto siguiente. Ello en virtud que la notificación de mérito, surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el nueve de agosto de dos mil diecinueve, en términos de lo dispuesto en el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, por disposición expresa de lo establecido en el artículo 4, fracción I. En esa tesitura, si fue hasta el tres de diciembre del presente año, en que la parte promovente presentó la demanda de amparo, respecto de la negativa del diecisiete y veintidós de julio del año en curso, y de los que tuvo conocimiento desde el ocho de agosto siguiente, debe decirse que ésta se promovió fuera del plazo legal para su presentación. De ahí que la parte promovente, al tener conocimiento pleno de los actos que por esta vía impugna (de lo que no queda duda, pues en la demanda respectiva hace plena alusión al mismo), es evidente que el término para promover el juicio de amparo concluyó sustancialmente. De lo anterior, se reitera que la demanda de amparo se presentó extemporáneamente, pues del sello de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito se advierte que fue presentada hasta el tres de diciembre del presente año, por lo que el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, ha fenecido. En ese orden de ideas, es patente que la parte promovente consintió tácitamente los actos reclamados que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que es la negativa realizada el diecisiete y veintidós de julio del año en curso, notificada a la parte quejosa el ocho de agosto siguiente, respecto de la devolución solicitada del predio marcado con el número doscientos sesenta y dos de la calle cuarenta y uno letra "C" del fraccionamiento Francisco de Montejo Tres, de esta ciudad. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación , Quinta Época, del Apéndice 1995, que establece: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Igualmente es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. También apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo: II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de garantías promovida por FELIPE STALIN RIVERO Y NAVARRETE, y TERESITA DEL NIÑO JESÚS SALAZAR CASTILLO, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, en el predio que señala en su demanda de amparo, y como autorizados para tal fin, a CARLOS ALBERTO CHABLE CONTRERAS, y RODRIGO JAFET ZAPATA SULUB, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y MATEO IVÁN GONZÁLEZ BERZUNZA, con las limitaciones que establece la parte final de dicho artículo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente.

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