Teresita de Jesus Rendon Huerta Barrera
Expediente 901/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Teresita de Jesus Rendon Huerta Barrera
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, se advierte que en auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. ES DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte quejosa no exhibió documentos al presente juicio. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 14, 15, interpretado a contrario sentido, y 20, fracción IV, del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, contra el acto que reclama de la directora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Celaya Salvatierra e integrantes del Consejo General Universitario y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 901/2023. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. En ese orden, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, respecto de los actos reclamados, este juzgado advierte de manera notoria e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ésta última del siguiente texto: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)" De conformidad con los preceptos en cita, la procedencia del juicio de amparo, se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de una autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Por el contrario, cuando el actuar de un particular derive de un plano de igualdad, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Lo anterior se obtiene del criterio plasmado en la tesis XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, visible en la página 118, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En el caso, del estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa acude al amparo reclamando la acusación del plagio del proyecto de desarrollo para la obtener la calidad de candidata dentro del proceso de designación de la persona titular de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, para el periodo 2023-2027, así como diversas declaraciones que han hecho en medios de comunicación y redes sociales respecto a ello y la omisión de asesoramiento a la presidencia del consejo general sobre la violación de sus derechos dentro de la quinta sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, en la que cuenta con el carácter de docente. Todo lo cual pone en evidencia que los actos que reclama no corresponden a actos de autoridad, por lo mismo, no son reclamables en amparo que es un juicio extraordinario de defensa para verificar y en su caso decretar violaciones a derechos humanos por parte de autoridades en ejercicio del poder público y, solo por excepción, actos de particulares pero a condición de que sean equivalentes a los de autoridad (que no es el caso). En realidad la posición de la aquí quejosa frente a quienes señala como responsables, no es de gobernada frente a autoridad, sino de su carácter de docente que pretende participar en una contienda para ocupar el cargo de Rectora General de la Universidad de Guanajuato; así, lo importante es que los actos reclamados no derivan del ejercicio público de quienes enlista como responsables ni de alguna otra forma la afectación que estima sufrir proviene de una relación de supra a subordinación entre ellos, con las características de un acto de autoridad. En realidad es evidente que la posición de la quejosa frente a quienes identifica como responsables, es una situación entre particulares, que actúan en un plano de igualdad, en el marco del procedimiento de designación de la persona titular de la rectoría general de la Universidad de Guanajuato para el periodo 2023-2027 en el que la promovente participa como candidata. Por tanto, ninguna de las actuaciones, manifestaciones y demás hechos o actos que describe en su demanda, constituyen actos de entidades que en ejercicio de su potestad pública crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas de manera unilateral y obligatoria; al contrario, se trata de una cuestión propia de una relación de igualdad que recae en el ámbito particular a partir de la calidad de la quejosa como docente y aspirante la rectoría de la Universidad de Guanajuato, con quien mantiene una relación también de coordinación, en función de su carácter de docente, pero desde luego no son actos de autoridades ni se equiparan a ellos. En ese orden de ideas, se concluye que los actos que aquí reclama no son emitidos por una autoridad en un plano de supra a subordinación, ni pueden considerarse como actos de particular actuando como una autoridad, ya que a quienes les imputa el carácter de responsable no actúan con base en una ley. Respecto a esto último, es evidente que no se actualiza el supuesto de considerar que los actos reclamados son actos de particulares equivalentes a los de autoridad porque, como se dijo, se trata de actos y actuaciones derivadas de un vínculo de coordinación con la quejosa en su carácter de docente y aspirante a la rectoría universitaria, pero no constituyen actos que dichos particulares emitan en ejercicio de atribuciones previstas en una norma general y en una relación de supra a subordinación respecto de la promovente del amparo. Mucho menos que el ejercicio de tales atribuciones lo ejerzan de manera discrecional y no solo como auxiliares de una autoridad. Robustece lo anterior la tesis: XVI.1o.T.34 L (10a.), con registro digital: 2012204 de la Décima Época consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2524, que dice: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo." Como se indicó, de la demanda y constancias anexas, se advierte que los actos impugnados derivan y son propios de la relación de la aquí quejosa como personal docente de la Universidad Autónoma de Guanajuato y frente a diversos miembros de dicha institución educativa y órganos internos, en el marco del procedimiento para la designación de la persona titular de la rectoría en el cual la quejosa participa. De todo lo cual que tanto el origen fáctico de los actos como estos en sí mismos, se vinculan con la relación entre la universidad referida y la quejosa, pero no obedecen a una relación de supra a subordinación como la que existe entre el gobernante y el gobernado, sino de coordinación. Sin que para considerar lo contrario sea obstáculo que la quejosa alegue afectaciones a sus derechos humanos por lo que considera ofensas y actos de desprestigio e incluso que aluda al principio de presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal. Esto, pues lo relevante para definir la improcedencia de esta vía extraordinaria de impugnación, es que tales actos y las afectaciones que alega, no provienen de una autoridad ni se trata de actos de particulares equivalentes a los de particular ni se vinculan o de alguna forma impactan en la tramitación de un proceso penal enderezado en contra de la quejosa por parte de autoridad judicial competente. Como se ha explicado, los actos y las consecuentes afectaciones que la quejosa estima resentir, recaen en el ámbito del derecho privado por su vínculo con la Universidad de Guanajuato, sus miembros y el propio Consejo General Universitario. Por ilustrativa se cita la tesis 1a. XXX/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 111: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA COMISIÓN DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO CUANDO NOMBRA AL RECTOR. Si se tiene en cuenta que de la normativa que regula la organización de esa Universidad, se advierte que el mecanismo conforme al cual su Comisión de Rectoría lleva a cabo el nombramiento del rector constituye un procedimiento interno que deriva de la facultad de autogobierno y autonomía de la que goza la mencionada Universidad, es indudable que tal Comisión, a través de dicho acto, no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de los gobernados y, por ende, no puede tenérsele como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, máxime que la posición del aspirante al cargo de rector no es la de gobernado para efectos del juicio de garantías, ya que se trata de una decisión derivada precisamente de la autonomía de que se encuentra investida la señalada Universidad." Lo que define la improcedencia del amparo es que lo reclamado a quienes se señalan como responsables, de acuerdo a lo planteado en la demanda, no corresponde a una relación de autoridad (o equiparable) frente a gobernado (relación de supra a subordinación), puesto que deriva de una relación de coordinación que, como se dijo, en su caso cae en el ámbito del derecho privado. Así, es incuestionable que a los entes que señala como autoridades responsables, no les reviste tal carácter para los efectos del juicio de amparo, ya que por lo expuesto por la quejosa en la demanda, se trata de actos entre entes que se encuentran en un mismo plano de igualdad. En la inteligencia de que en los términos explicados, la improcedencia se torna notoria y manifiesta, pues basta con analizar los elementos que se desprenden de la demanda de amparo y sus anexos para advertir su actualización de manera clara y patente, sin necesidad de mayores argumentos ni de pruebas para corroborarla; de manera que sí cobra aplicación la hipótesis normativa que permite a este juzgado federal tenerla por actualizada desde este acuerdo, con la consecuencia de desechar la demanda. Decisión que, contrariamente a lo que señala la quejosa en su demanda, sí es permitida hacer en esta oportunidad, es decir, en el auto que recae a la presentación de la demanda, pues expresamente así lo ha precisado el Máximo Tribunal del País, entre otros precedentes, en la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, en cuya ejecutoria determinó, en lo que interesa, que cuando la causa de improcedencia reúna los requisitos de ser notoria y manifiesta, sí es factible que se determine de esa forma en el primer acuerdo que recaiga a la presentación de la demanda, respecto de la causa de improcedencia consistente en que la señalada como responsable no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo pues, en ese supuesto -dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación- nada impide que los Jueces de Distrito determinen que un acto no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, desde el auto inicial, en casos en que ésta sea notoria e indudablemente improcedente, lo cual debe analizarse en cada caso concreto, dependiendo de sus propias particularidades. En consecuencia, no aplican en beneficio de la promovente los argumentos que invoca en sentido opuesto, diciendo que no es factible desechar la demanda por notoria improcedencia cuando se advierte que no se reclamen actos de autoridad -o equivalentes- y tampoco aplican en su beneficio los criterios que invoca. Incluso se advierte que se trata de criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, de un circuito distinto al que pertenece este Juzgado de Distrito y, por ende, no le vinculan. Además, uno de ellos alude a que no es factible desechar respecto de actos de la Comisión Federal de Electricidad cuando en la demanda no se tienen elementos suficientes para definir si es o no autoridad; lo que no ocurre en el caso pues ni se reclaman actos de dicho ente ni está en el supuesto de que la demanda no contenga datos suficientes para decidir. Otro criterio se refiere a los bancos cuando se reclama actos de bloqueo de cuentas bancarias, tampoco es el supuesto pero además, el criterio deriva de que, según el Tribunal que lo emitió, es necesario verificar si el acto pudiera equipararse a un acto de autoridad, que tampoco es el caso, pues en este asunto existe evidencia de que los actos reclamados no son actos equiparables a actos de autoridad. Y, finalmente, el otro criterio que cita lejos de beneficiar a su pretensión, apoya lo aquí resuelto pues determina que en algunos casos sí es factible que en el auto inicial se deseche la demanda de amparo al advertir que los actos que se reclaman no provienen de una autoridad. Pero sobre todo, como se dijo, respecto del tema existe criterio del Máximo Tribunal del País, que cuando se le planteó esa problemática, consistente en si es posible o no desechar una demanda por notoria improcedencia cuando se advierte que a quien se señala como responsable no es una autoridad, resolvió que sí es factible que en el auto inicial se deseche por notoria improcedencia. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la presente demanda por ser notoriamente improcedente, pues aun substanciándose el juicio, no se llegaría a diversa determinación. DOMICILIO Atendiendo a que la parte promovente señala como domicilio procesal los estrados de este juzgado; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se ordena que todas las notificaciones, aún las de carácter personal, se le realicen por medio de lista que se publica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como en el tablero de avisos de este juzgado. AUTORIZADOS A las personas que menciona, se les tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la partes quejosa a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. En virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. PROMOCIONES O SOLICITUDES ACORDADAS De igual manera, a efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la persona secretaria encargada del trámite del asunto, para que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellas promociones y trámites donde resulte innecesario dictar algún acuerdo. Lo anterior, procederá en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) cualquier otra que a su criterio y bajo su responsabilidad, se estime innecesario acordar, para el debido trámite del procedimiento de amparo. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte promovente.
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