Teresita de Jesus Partida Contreras
Expediente 291/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 291/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Teresita de Jesus Partida Contreras
Actuaciones
- Principal
Vistos los oficios de cuenta suscritos por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, y el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, mediante los cuales el primero solicita se le remita los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo 381/2021 de su índice, y el restante informa que se admite el conflicto competencial suscrito por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, y por ese Juzgado, con el número 33/2022, de su índice; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, como lo solicita el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, remítasele los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo 381/2021 de su índice.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual informa que remitió el expediente 381/2021, de su índice al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, con el objeto de que sea éste quien determine a cuál Juzgado involucrado en el presente conflicto le surte la competencia para conocer de la demanda de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducente.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, firmado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 381/2021 de su estadística, promovido por Teresita de Jesús Partida Contreras, contra actos del Servicio de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y otras autoridades, declinando la competencia por considerar que corresponde a un Juez de Distrito con residencia en esta ciudad el conocimiento del asunto. No se acepta competencia De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el declinante se declaró legalmente incompetente por territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por la citada quejosa, contra actos del Servicio de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, y otras autoridades, por los motivos asentados en su resolución emitida en la audiencia constitucional celebrada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Pues bien, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; una vez analizada la demanda de cuenta así como las demás constancias, y los argumentos vertidos por la autoridad declinante, se precisa que no existen elementos que permitan aceptar la competencia planteada conforme se detalla; por tanto, este Juzgador no acepta la competencia planteada para conocer de la presente demanda de amparo, toda vez que respetuosamente no comparte el criterio expuesto por el homólogo federal, en atención a que el acto reclamado no encuadra en la hipótesis planteada por la autoridad declinante, que prevé el numeral 37 de la Ley de la Materia. Las consideraciones que le sirvieron de sustento en ese sentido son las que expresó textualmente y en lo esencial, como sigue: ".Este Juzgado carece de competencia para conocer y resolver el juicio de amparo, por las siguientes razones: La parte quejosa reclama de Servicio de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa; Director General; Director de Recursos Humanos; Coordinador de Sistemas e Informática y Dirección de Sistemas e Informática de ese Instituto y Grupo Tecnológico Nomy Pay, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo siguiente: Retenciones o descuentos en el pago de su salario por concepto de TOTAL CREDIT, SAP DE C.V., SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V., Y CONSUPAGO. El artículo 37 de la Ley de Amparo prevé tres reglas para fijar la competencia de los Juzgados de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada.". En el caso, la parte quejosa exhibió recibo de pago correspondiente a la segunda quincena de noviembre de dos mil veinte para acreditar los descuentos reclamados. Sin embargo, de las constancias aportadas por la responsable se advierte que el domicilio de la quejosa se encuentra en calle Palma mil ochocientos sesenta y cuatro, colonia Prados del Sur, Los Mochis, Sinaloa, código postal 81285, ya que obran solicitudes de crédito de Total de once de enero de dos mil dieciséis y veintitrés de diciembre de dos mil quince. Aunado a lo expuesto se remitió copia de la credencial para votar de la quejosa en el que se establece como domicilio AV PALMAS 1864 OTE FRACC PRADOS DEL SUR 81285, AHOME, SIN. Al respecto, con tales documentales se ordenó dar vista a la parte quejosa en auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, lo que fue notificado doce siguiente, sin que hiciera manifestación alguna. Por tanto, se advierte que la parte quejosa recibe el pago Los Mochis, Sinaloa, que es donde reside, luego las consecuencias materiales de los descuentos se dan en aquella jurisdicción, por tratarse del lugar en el que la cobra y disfruta. Conforme a lo expuesto, los preceptos reclamados tienen ejecución en Los Mochis, Sinaloa, lo cual se actualiza la primera de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, el acto reclamado tiene ejecución en el municipio citado, por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo contra dicho acto, conforme lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se surte en favor de los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. No pasa inadvertido que en la demanda de amparo señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo, se advierte que se trata de domicilio para efectos procesales, no en el que reside la parte quejosa y recibe su salario. "." Como se ve, las razones por las que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa declinó la competencia para conocer del asunto en favor de un Juez de Distrito con residencia en esta ciudad, se relacionan con su estimación que en la especie se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sin embargo, respetuosamente, este Juzgador estima que no se surte la competencia para conocer de este asunto en favor de éste órgano jurisdiccional, por lo que en seguida se expone. En primer término, la quejosa en su escrito inicial de demanda no precisa cual es el lugar donde presta sus servicios como maestra, donde recibe su salario por dicho servicio; por lo tanto, el lugar donde debe considerarse que es el lugar del trabajo, es el que expresó la quejosa en la demanda, bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se ubica (al menos en ese momento) en Calle Mariano Escobedo 361 oriente, colonia centro, planta alta, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo que es en función de ese señalamiento que debe determinarse la competencia en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sin que sea determinante lo que asienta el Juez declinante que de las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable se advierta que la parte quejosa tiene su domicilio en Los Mochis, Sinaloa, porque en la credencial para votar de la quejosa tiene como domicilio particular el ubicado en Av Palma 1864 Ote, Fraccionamiento Prados del Sur 81285, Ahome, Sinaloa; y refiere: ".se advierte que la parte quejosa recibe el pago Los Mochis, Sinaloa, que es donde reside, luego las consecuencias materiales de los descuentos se dan en aquella jurisdicción, por tratarse del lugar en el que la cobra y disfruta."; así en el presente caso derivado de las citadas solicitudes no hay un elemento objetivo que establezca que su domicilio sea en ese lugar o, por lo menos, que lo era al momento de la presentación de la demanda, pues ese dato no lo expone la quejosa en su escrito de demanda, ya que, de considerar el razonamiento del juez declinante (que lo llevó a concluir que la competencia para conocer de dicha demanda se surtía en favor de un Juez de Distrito residente en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa), basado en esos elementos, tendría que valerse de otros de los que se derivara que al momento de presentación de la demanda, su domicilio se ubicaba en Av. Palmas 1864, Ote, Fraccionamiento Prados del Sur, Código Postal 81285, Los Mochis, Sinaloa; para estar en aptitud de estimar que ese era su domicilio donde recibía su salario y no en Culiacán y que fue por un error que señaló como domicilio el localizado en tal ciudad capital; para efecto de establecer la competencia por razón de territorio. Además que también se destaca que la credencial para votar de la peticionaria, por tratarse de documental pública, tiene valor probatorio pleno; sin embargo, lo único que se desprende de la misma, es que fue expedida por la instancia gubernamental a nombre de la quejosa, con base en la información que ésta proporcionó, empero, ello no justifica que en realidad habite o viva en la dirección ahí señalada, mucho menos que ello haya ocurrido al promover este juicio de amparo. Luego, partiendo de la premisa anteriormente establecida, del análisis del escrito inicial de demanda se deduce que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que su lugar de residencia actual es en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, específicamente en el domicilio ubicado en calle Mariano Escobedo 361 oriente, colonia centro, planta alta, de esa ciudad, por ello, debe estimarse competente al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, pues es quien tiene jurisdicción en dicha ciudad, al ser éste el lugar en que debe entenderse, tuvo y tiene ejecución el acto reclamado, al ser éste el lugar de residencia de la parte quejosa, y no únicamente el concerniente a los efectos procesales. Es menester precisar que, debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena del mismo, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y acorde a lo que se establece en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Invocándose asimismo, como sustento de la anterior consideración, por analogía, la tesis publicada en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado.". Máxime que del recibo de pago exhibido por la quejosa comprendido del periodo del dieciséis al treinta de noviembre de dos mil veinte, donde se advierte las deducciones realizadas al trabajador aquí quejoso se especifica la "ENTIDAD FEDERATIVA SINALOA"; esto es, no se precisa el domicilio, por lo que debe considerarse que el domicilio donde se va ejecutar el acto reclamado es el señalado bajo protesta de decir verdad el ubicado en Calle Mariano Escobedo 361 oriente, colonia centro, planta alta, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y para una mejor comprensión se inserta la imagen de dicha documental: Por lo que a juicio de este Juzgador el lugar donde se debe considerar que es el lugar del trabajo donde percibe su salario para el efecto del juicio de amparo, es donde presta su servicio, el que expresó bajo protesta de decir verdad la peticionaria en su escrito inicial y no lo que se desprende de las documentales, lo determinante en ese sentido, dada la preeminencia que debe otorgarse a lo manifestado en la demanda, máxime que reflejan que la peticionaria estimó más asequible incoar este juicio en aquella ciudad, lo que es acorde con el interés del legislador al establecer las reglas concernientes a la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo. Precisándose finalmente, que este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente Permanente y del legislador ordinario federal, en la medida de que, como se expuso, la intención de éstos fue privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento de dicho principio, toda vez que, al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir al órgano jurisdiccional a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 37 primer párrafo de le Ley de Amparo, este Juzgado Federal, no acepta la competencia planteada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, para conocer de la demanda de amparo promovida por Teresita de Jesús Partida Contreras, por las razones vertidas en párrafos precedentes, y se ordena devolver los autos, para los efectos a que alude el artículo 48 de la Ley de Amparo. En tanto, se ordena formar con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo y el presente proveído, el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal.
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