Teresita de Jesús Ortega Aguirre

Expediente 459/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
459/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
19/08/2015

Partes del expediente

  • Teresita de Jesús Ortega Aguirre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LAS PRESENTE AUTOS SE ADVIERTE QUE HAN TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LOS DIEZ DIAS QUE LA LEY CONCEDE AL QUEJOSO PARA QUE IMPUGNE LA SENTENCIA DE AMPARO DE ESTO SE DESPRENDE QUE LA MISMA HA CAUSADO ESTADO

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil quince. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 459/2015-I-1, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante comparecencia de veintinueve de junio de dos mil quince, ********** por conducto de ********** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación Zona Norte y Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, con sede en esta ciudad, de quienes reclamó la detención, incomunicación y malos tratos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa considera vulnerados los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintinueve de junio de dos mil quince, se ordenó formar expediente y registrar el asunto bajo el número 459/2015-I-1, se concedió la suspensión de plano de los actos por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo y se requirió a la parte agraviada para que ratificara la demanda presentada a su favor. La actuaria de la adscripción en la misma data efectuó la búsqueda de la quejosa, la que luego de ser localizada, ratificó la demanda de amparo. En proveído de treinta de junio de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda y se solicitaron los informes justificados a las responsables, se dio la intervención al agente del ministerio público adscrito a este juzgado y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de garantías así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte impetrante reclama los actos siguientes: 1. Del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación Zona Norte, y Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, la ilegal detención e incomunicación y su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación Zona Norte, y Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, al rendir su respectivo informe manifestaron que no son ciertos los actos de incomunicación y malos tratos que se les endilgan. En tales condiciones, al no haber ofrecido la parte quejosa prueba suficiente para desvirtuar tales negativas, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, que establece: 63. Procede el sobreseimiento. [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación Zona Norte, y Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, al rendir sus informes indicaron que si es cierto la detención de que se duele la quejosa. Además, remitieron para apoyar su dicho, copias certificadas de la causa penal 1530/2014, documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; por ende, se tienen por ciertos los actos que les impetran. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y una, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación al dos mil, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los restantes actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se desprende de autos. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVII, del mencionado numeral 61, que textualmente establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Del enunciado normativo que antecede, se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 51 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y nueve, tomo IV, apéndice dos mil, materia común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, del examen integral de las constancias que integran el presente controvertido constitucional, se desprende que los supuestos descritos se encuentran satisfechos, como se verá a continuación: a. La orden de detención, que por esta vía se reclama, emana del proceso penal 1530/2014, del índice del Juzgado de Garantía del distrito judicial Bravos. b. El veintinueve de junio de dos mil quince, la quejosa fue puesta a disposición en el Centro de Reinserción Social Femenil número Dos. Lo anterior, incuestionablemente cambia la situación jurídica en que se encontraba, en virtud que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por haber sido puesta a disposición de la autoridad competente. c. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de detención reclamada pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de la misma para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la agraviada. En ese sentido, si el acto reclamado es la detención que sufrió la quejosa; y dicha orden deriva de un procedimiento penal, dictada por autoridad competente y que las autoridades responsables cumplimentaron y pusieron a la quejosa a disposición de la autoridad competente el veintinueve de junio de dos mil quince, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a las responsables y, por ende, que no se pueda analizar su constitucionalidad. En consecuencia, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción V del arábigo 63 de la citada Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 459/2015-I-1, promovido por **********, en términos del considerando tercero y cuarto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado EMILIANO LÓPEZ PEDRAZA, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte; con su contenido y con la documental que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.*eam

  4. Incidental

    SE DICTA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA SIN MATERIA EL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.

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