Teresita de Jesús Mólina Padilla
Expediente 1231/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1231/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/02/2019
Partes del expediente
- Teresita de Jesús Mólina Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
La sentencia dictada en autos, ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Este expediente es susceptible de destrucción
- Principal
En Zapopan, Jalisco, a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 1231/2018-I, en audiencia pública Gelacio Villalobos Ovalle, Juez Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por Carlos Eduardo Villagómez Méndez, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes, ni de su legítimo representante. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez, con las constancias que obran en autos, dándoles lectura, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Teresita de Jesús Limón Padilla, que dio origen al presente asunto (fojas 2 a 5); acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 16 a 20), en el que previo cumplimiento a una prevención, se admitió la demanda; constancias de notificación a las partes y proveídos que acordaron lo conducente. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias. De igual forma, se hace constar que se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado en auto de diez de enero de dos mil diecinueve (foja 35), y remitiendo las constancias que apoyan su informe en auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. No se soslaya que entre la fecha en que se dio vista a la quejosa con el informe justificado, las constancias remitidas en apoyo a éste y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, no ha transcurrido el plazo mínimo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, empero, esta situación no deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Ello, en razón de que de una interpretación lógica, sistemática y armónica de los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se obtiene que el diferimiento de la audiencia constitucional tiene como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo. En ese contexto, del informe justificado rendido en autos, así como de las constancias recibidas en líneas que anteceden, se advierte que la autoridad responsable realizó manifestación que evidencia la certeza de las omisión reclamada (foja 26), y al mismo tiempo, señaló que ya había proveído el escrito presentado el seis de noviembre de dos mil dieciocho, cuya omisión en su pronunciamiento se le reclamó; incluso favorablemente a la quejosa, lo que se notificó a ésta. Luego, se concluye que la quejosa tuvo conocimiento pleno del contenido de los autos en que se acordó su escrito, toda vez que es parte dentro del procedimiento de origen y le fue notificada dicha resolución. Además se considera que la quejosa no podrá aportar pruebas para desvirtuar la existencia de los proveídos de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho y ocho de enero de dos mil diecinueve, en los que se proveyó el escrito cuya falta de acuerdo se reclama y sus diversas peticiones; pues sería tanto como negar el valor probatorio pleno del que gozan las copias certificadas del procedimiento de origen, que remitió la autoridad responsable en apoyo a dicho informe, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo con su numeral 2°, párrafo segundo, por ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Finalmente, es evidente que no existen actos respecto de los cuales la quejosa pueda ampliar su demanda de amparo, ya que en los proveídos aludidos, la Junta responsable resolvió favorablemente a la parte quejosa la totalidad de sus pretensiones. Por lo anterior, en el caso concreto resulta innecesario el diferimiento de la audiencia constitucional y señalar nueva hora y fecha para que ésta tenga verificativo; lo anterior, incluso, en atención al derecho fundamental de prontitud y expedites en la impartición de justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Así, por los motivos expuestos, se estima que no se contraviene lo establecido en la jurisprudencia P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Por tanto, en el presente caso, la celebración de la audiencia constitucional, sin esperar a que transcurra el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa. En el período probatorio: el Secretario da cuenta al Juez de Distrito, con las pruebas documentales, aportadas por la parte quejosa (fojas 6 y 15). El Juez de Distrito acuerda: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las pruebas aportadas en autos, dada su naturaleza jurídica, y no existiendo medios de convicción pendientes por desahogar, se cierra el período probatorio. En la etapa de alegatos: el Secretario hace constar que durante la sustanciación del juicio, las partes no formularon alegatos y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito no presentó el pedimento que a su representación social. El Juez de Distrito acuerda: al no advertirse ocurso pendiente de acuerdo en ese sentido, se cierra el período correspondiente. Sin existir pruebas o diligencias pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las etapas de la audiencia constitucional y se dicta la sentencia que en derecho corresponde. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1231/2018-I, promovido por Teresita de Jesús Limón Padilla, contra las omisiones reclamadas a la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y al Actuario adscrito, que consideró violatoria de los derechos humanos consagrados en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, recibido en este Juzgado el veinte del mes y año en comento, Teresita de Jesús Limón Padilla demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y por la omisión que precisó en la demanda de amparo. SEGUNDO. Trámite del juicio constitucional. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 16 a 20), se admitió la demanda, la que se registró con el expediente 1231/2018-I, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, quien no formuló pedimento; además, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ello es así, en virtud de que la parte quejosa pretende se resuelva, por este tribunal federal, una controversia de naturaleza laboral suscitada por una omisión de la autoridad judicial que, afirma, viola derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General y por los Tratados Internacionales de los que México es parte. Además, la competencia se surte en el caso, toda vez la omisión reclamada no requiere ejecución material, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. SEGUNDO. Fijación de la omisión reclamada. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en las tesis en materia común P./J. 40/2000 y P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte que la parte quejosa reclamó: La omisión de proveer el escrito que presentó el seis de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 1885/2004-F, del índice de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en el que solicitó se señale fecha para el desahogo de la prueba pericial pendiente por desahogar y para aquellas que aún no se hayan desahogado, así como su respectiva notificación. TERCERO. Certeza de la omisión reclamada. La autoridad responsable, al momento de rendir su informe con justificación, negó la existencia de los actos reclamados, empero, realizó manifestaciones que evidencian su certeza ya que al efecto señaló: "(.) En cuanto a que esta Autoridad ha sido omisa en realizar acuerdo respecto de la promosion presentada por el quejoso con fecha 06 de Noviembre de dos mil dieciocho. Ya que recayó acuerdo por parte de este Tribunal respecto a dicha promosion mediante auto de fecha 29 de Noviembre de 2018 y mediante vistos de fecha 08 de enero de 2019 que se regularizo el procedimiento a efecto de señalar las QUINCE HORAS DEL DIA VEINTIDOS DE ENERO DE 2019 para que tenga verificativo el desahogo de la prueba PERICIAL en materia de GRAFOSCOPIA." Por tanto, se tiene por acreditada su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis en materia común, de los Tribunales Colegiados de Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, octava época, página 391, registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas del procedimiento de origen, toda vez que de ellas se advierte que a la fecha en que se promovió el presente sumario constitucional no se había acordado el ocurso presentado por la parte quejosa el seis de noviembre de dos mil dieciocho. Por su parte, el Notificador responsable fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber sido requerido oportunamente para ello como se aprecia de la constancia de notificación que obra agregada a foja (23). Sin embargo, del informe justificado rendido por la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y de las copias certificadas que esa autoridad responsable remitió, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo con su numeral 2°, párrafo segundo, por ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se presume la certeza de los actos que se le atribuyen -omisión de notificar personalmente el acuerdo que recaiga del escrito cuya falta de proveer reclama-. En apoyo a lo expuesto, se cita la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." CUARTO. Causales de improcedencia o de sobreseimiento. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos de la omisión reclamada. Ahora bien, se considera que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable revoca o deja insubsistente dicho acto, dejando las cosas en la situación en la que se encontraban antes de su emisión, y en el caso de las omisiones, la autoridad emita la resolución o realice la conducta omitida; es decir, el acto reclamado deja de afectar la esfera de derechos de la parte quejosa al desaparecer éste y, por ende, sus efectos, haciendo innecesario examinar su constitucionalidad, pues no habrá ya violación de derechos fundamentales que amerite ser resarcida mediante el otorgamiento de la protección constitucional. En este sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se promovió el presente juicio constitucional, en el que la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables, de proveer el escrito presentado el seis de noviembre de dos mil dieciocho -dirigido al expediente 1885/2004/5-F, del índice de la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco- así como la diversa omisión de notificar el auto que le hubiere recaído; circunstancias que, a la fecha, ya acontecieron. Se afirma lo anterior, dado que de las copias certificadas deducidas del procedimiento de origen, se observa que en acuerdos de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho y ocho de enero de dos mil diecinueve, emitidos en el juicio laboral 1885/2004/5-F, de su índice, se proveyeron las peticiones formuladas por la quejosa. Determinaciones que, cabe mencionar, se notificaron a la parte quejosa el ocho de enero de dos mil diecinueve. De lo expuesto se advierte que, cuando se promovió la demanda de amparo -dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho- no se habían acordado las peticiones de la quejosa; sin embargo, ello ocurrió con posterioridad -veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho y ocho de enero de dos mil diecinueve-. Por tanto, es inconcuso que la omisión reclamada en este juicio de amparo ha quedado insubsistente y ello implica que han cesado sus efectos. Esto es así, porque el hecho de que la autoridad responsable exhiba las respuestas expresas a las peticiones de la solicitante del amparo, producidas durante la tramitación del presente sumario, significa que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo analizado, por los motivos que informan, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." QUINTO. Sentido del fallo. En razón de que cesaron los efectos de la omisión reclamada por la parte quejosa, en términos de lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Conforme al sentido de este fallo, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda constitucional, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Por las razones que se informan en el presente fallo y con fundamento en los artículos 73, párrafo primero, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Teresita de Jesús Limón Padilla, contra las omisiones reclamadas a la Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y al Actuario Notificador adscrito. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Gelacio Villalobos Ovalle, Juez Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Carlos Eduardo Villagómez Méndez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
La Quinta Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante los cuales remite la constancia requerida en autos, dese vista a las partes
- Principal
Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco rinde su informe justificado, dese vista a las demás partes para su conocimiento. Se le requieren constancias.
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