Teresita de Jesús Colonia Martín
Expediente 147/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Teresita de Jesús Colonia Martín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diez de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Finalmente, remítanse a las autoridades responsables sus tomos de pruebas. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, nueve de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el informe justificado rendido por el Juez Segundo de lo Civil, con residencia en esta ciudad y su anexo; en virtud que en proveído de diecinueve de abril del año en curso, se declaró el sobreseimiento del presente juicio. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito firmado por Víctor Manuel Pardo Ramírez, en su carácter de apoderado legal de la parte tercero interesada, mediante el cual solicita copia fotostática certificada del expediente 94/2015 del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, el cual obra como tomo de pruebas en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, previa razón que por su recibo se deje asentada en autos, autorizando para recibirlas a Cesar Omar Baldenegro Peraza. En el entendido, que los días y horarios para fotocopiado y recepción de constancias, son los lunes, martes y jueves, de las trece a las quince horas. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito firmado por Víctor Manuel Pardo Ramírez, en su carácter de autorizado de la tercero interesada Arko Consultores, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual solicita copia fotostática simple de constancias relativas al presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, dígasele al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad la copia simple de las constancias que indica; sin embargo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las mismas, previa razón que por su recibo se deje asentada en autos, autorizando para recibirlas a Cesar Omar Baldenegro Peraza. En el entendido, que los días y horarios para fotocopiado y recepción de constancias, son los lunes, martes y jueves, de las trece a las quince horas. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito firmado por Víctor Manuel Pardo Ramírez, en su carácter de autorizado de la parte tercero interesada, por medio del realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos, entre los que refiere que en el presente juicio de amparo existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que solicita se sobresea el presente juicio de amparo. Ahora bien, de las consideraciones vertidas por el autorizado de la parte tercero interesada y de las constancias allegadas como prueba por la autoridad responsable Magistrado de Circuito de la Zona Sur del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, se advierte que existen motivos que de modo manifiesto e indudable revelan la improcedencia del presente juicio de amparo en que se actúa; por tanto, debe sobreseerse al actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, según se expondrá a continuación. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.". De lo anterior se dilucida que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Incluso la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción IV, establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Incluso respecto el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. De lo que se infiere los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento; en tanto que los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. De tal manera que, la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declaró inconducente la excepción de improcedencia de la vía, únicamente puede afectar derechos de naturaleza procesal, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, porque el único efecto que ello tendría sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, siendo que la parte demandada, en todo caso, tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio y en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla a través del juicio de amparo directo. Debe tomarse en cuenta que la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados durante el juicio se encuentra reservada para los actos que afecten directa e inmediatamente los derechos sustantivos de los gobernados, y estimar que la decisión que confirma lo infundado de la excepción de improcedencia de la vía es impugnable a través del amparo indirecto desnaturalizaría a éste, pues se insiste, no se da una afectación de esas características, pues como ya se dijo, el único efecto que ello tendría sería la continuación del juicio en la vía propuesta por el actor, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de los gobernados. Así, la procedencia de la vía es una cuestión netamente procesal y se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, mismos que se refieren a la procedencia del amparo directo, pues se trata de una violación procesal que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del fallo. Tiene aplicación a lo aquí resuelto la Jurisprudencia 1a./J.108/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en la Página: 294 del Tomo XXII, Octubre de 2005, en Materia Común, correspondiente a la Novena Época, con Registro: 176992, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 10/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2003, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS). En otro orden de ideas, en cuanto a la solicitud que formula el autorizado del tercero interesado a fin de que se dé vista al Ministerio Público de la adscripción e inicie la averiguación previa en contra de la parte aquí quejosa y sus autorizados, por considerar que incurrieron en el delito que establece el artículo 261 de la Ley de Amparo; al respecto dígase al promovente que tiene expedito su derecho para formular denuncia de manera directa ante el Ministerio Público competente, en caso de estimar que existe la posible comisión de hechos delictuosos; máxime que en el auto de admisión de la demanda de amparo dictado el dieciséis de marzo del año en curso, promovida por la parte quejosa, se le dio intervención legal como parte tercero interesado, situación que le permite contar con los elementos que considere pertinentes para formular su denuncia; aunado a ello cabe precisar que hasta esta etapa procesal este órgano jurisdiccional estima que no se advierte la realización de alguna de las conductas constitutivas de delito que señala el promovente. Tiene aplicación a contrario sensu la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación localizable a pagina 2645, libro 21, agosto de 2015, tomo III, en materia común, correspondiente a la Décima Época, con registro 2009720, que a la letra dice "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI DE LAS ACTUACIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO SE ADVIERTE LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE LLEVARLA A CABO. El artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, contiene diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento también es imperativo para el Poder Judicial de la Federación, por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se promueva con el propósito de entorpecer la pronta solución de los juicios o la ejecución de las resoluciones respectivas. En relación con la protección de esos principios, se advierte que en la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en su título quinto, capítulo III, artículo 261, se tipificaron como delitos especiales en que pueden incurrir el quejoso, su abogado o el tercero interesado, los siguientes: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". De ahí que deba garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, por lo que si de las actuaciones dentro del juicio de amparo se advierte la realización de alguna de las conductas constitutivas de delito indicadas, el órgano jurisdiccional de amparo debe dar vista al Ministerio Público Federal. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, regístrese el escrito de demanda que se provee como juicio de amparo indirecto 147/2016, dése de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro aspecto, y considerando que en el presente juicio no existe oposición expresa por el quejoso en cuanto a la publicación del presente proveído, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley antes mencionada vigente en la época de inicio de la demanda, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; sin supresión de datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la ley en mención; asimismo, que en su caso se atenderá lo que específicamente señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley especial de la materia. Finalmente, vistos los autos, en virtud que mediante oficio SEADS/692/2016, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de seis del presente mes y año, determinó la primera adscripción del licenciado José Israel Hernández Tirado, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a partir del dieciséis de abril del año en curso; en consecuencia, dese vista a las partes con tal circunstancia por el término de tres días a fin de que puedan realizar las manifestaciones que estimen pertinentes, para los efectos a que se refiere el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; vista que se ordena notificar por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
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