Teresita Covarrubias Martínez, Síndico y Representante legal
Expediente 1459/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1459/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Teresita Covarrubias Martínez, Síndico y Representante legal
- Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinte de enero de dos mil veintitrés. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de ********************, en el que desechó la demanda de amparo promovida por********************en su carácter de síndico municipal y representante legal de Nativitas, Tlaxcala; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.gjpn
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Teresita Covarrubias Martínez, en su carácter de síndico municipal y representante legal de Nativitas, Tlaxcala, a través del cual, desahogan la prevención formulada por auto de veinte de diciembre del año que transcurre. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Al respecto, tomando en cuenta los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó el quejoso, se considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 7o.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo; y que La Federación, los Estados, el Distrito Federal ahora Ciudad de México, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, ni al patrimonio de las personas morales oficiales. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2015321, visible en la página 1022, tomo II, libro 47, octubre de 2017, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos.". Ahora bien, se dice que se actualiza la causal de improcedencia mencionada, en virtud de que la parte quejosa, Municipio de Nativitas, Tlaxcala, por conducto de Teresita Covarrubias Martínez, señaló como acto reclamado el siguiente: Ahora bien, de un análisis a la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado deriva del expediente 510/2018-3, relativo al recurso de revisión, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. De inicio, cabe aclarar que el expediente de origen del acto reclamado a pesar de denominarse "recurso de revisión", y registrarse en la práctica como un toca administrativo, no constituye una segunda instancia, ni un recurso propiamente dicho, sino un juicio para reclamar la nulidad de un acto administrativo, en el cual se otorga garantía de audiencia a las partes, y de él conoce una autoridad judicial, como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, de conformidad con los artículos 124 al 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala. Tiene aplicación la tesis XXVIII.1 A, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con número de registro 181878, visible en la página 1610, tomo XIX, marzo de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA. CONFORME A SU NATURALEZA JURÍDICA ES PROPIAMENTE UN JUICIO DE NULIDAD. El recurso que se encuentra previsto en los artículos 124 a 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a pesar de denominarse de revisión y registrarse en la práctica el expediente respectivo como toca administrativo, no constituye una segunda instancia, ni un recurso, sino un juicio para reclamar la nulidad de un acto administrativo, en el cual se otorga garantía de audiencia a las partes, y de él conoce una autoridad judicial, como lo es la Sala Electoral-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de conformidad con los citados preceptos legales y del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual, en materia procesal, es de aplicación supletoria a la citada ley, pues así lo establece el segundo párrafo de su artículo 3º.". En esa tesitura, debe destacarse que el simple hecho de que una autoridad sea parte dentro del juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad, de manera alguna implica que la persona moral oficial se encuentre en una relación de igualdad fáctica-jurídica con el gobernado. Es así, pues en los juicios de naturaleza administrativa -cual sea la posición procesal de la autoridad, ya sea como demandada o como accionante-, lo que se encuentra a debate es, precisamente, un acto genuino del Estado a través de alguno de sus órganos de la rama ejecutiva, lo que implica que las relaciones jurídicas en las que se encuentra la persona moral oficial con el particular de forma alguna se ubican en un plano de igualdad, pues, precisamente, el fin del juicio es determinar la validez o nulidad de tales actuaciones; de ahí que la defensa del acto administrativo "no puede ser considerado como un derecho del hombre para el efecto de que la autoridad que lo dispuso, estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo, como si se tratara de una garantía individual suya". Por tanto, el hecho de que una persona moral oficial acuda como "litigante" en el juicio contencioso administrativo de origen "no implica que se despoje de su ropaje de autoridad, ni que deba gozar de los mismos derechos que el particular, a efecto de estar en una situación de igualdad, al estimar que si el particular actúa como litigante y tiene a su favor el juicio de garantías, del mismo modo deberá tener acceso al mismo la autoridad". La circunstancia de que una persona moral oficial haya figurado como una de las partes procesales en el juicio respectivo -ya como accionante, ya como demandada-, no le otorga la legitimación necesaria para acudir al juicio de amparo, pues lo único que les otorga interés suficiente para ello es que no actúe en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado y en defensa de sus intereses patrimoniales, lo que lógicamente no acontece en un procedimiento contencioso administrativo, pues en ellos las personas morales oficiales fungen como entes de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual están investidas, siendo inaceptable, por ende, que en estos casos puedan solicitar el amparo para defender "sus derechos fundamentales". Por tanto, si son las autoridades a las que la Constitución obliga a respetar los derechos fundamentales, no pueden, a su vez, hacer uso del instrumento creado para evitar, precisamente, que ella misma u otros órganos del Estado, en el ejercicio de sus potestades públicas, los atropelle. Máxime que en el juicio contencioso administrativo, el acto reclamado -ya sea una cuestión adjetiva o sustantiva-, no deriva del conflicto suscitado con motivo de su actuación como sujeto de derecho privado o particular, sino de sus funciones públicas, de modo que la circunstancia de figurar como parte en el juicio contencioso del que proviene el acto reclamado, no la legitima para acudir al amparo, como tampoco lo hace la posibilidad que le otorga la ley de demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la modificación o nulidad de una resolución favorable a un particular, por no actualizarse el numeral 7o. mencionado, que presupone su lesión por una actuación ajena al ejercicio de las facultades de que se halla investida como ente público. En ese tenor, si conforme al artículo 1o. de la Constitución General de la República, son las personas morales oficiales quienes, en el ámbito de sus competencias, "tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad", resulta incongruente que pretendan acceder a medios de control constitucional que tengan como objeto la protección de dichos derechos públicos subjetivos, pues, como se ha reiterado, siendo, en esencia, los derechos humanos "restricciones al poder público queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de éstos, y por lo mismo, no puede promover juicio de garantías". Ahora, no pasa inadvertido el hecho de que los juicios contenciosos administrativos -ya federales, ya estatales-, se encuentran sujetos a diversas reglas de legalidad y formalidades del procedimiento, empero, ello de suyo no llega al extremo de que se faculte a la persona moral oficial para acudir al juicio de amparo, cada vez que la autoridad demandada o actora considere que existió una violación a las formalidades del procedimiento; pues tal situación equivaldría a equiparar al juicio de amparo a un mero recurso de casación o nueva instancia dentro del juicio de nulidad, el cual, ni por razón de origen, ni por razón de su finalidad, puede reducirse a tal naturaleza jurídica. Lo anterior, pues lejos de constituirse como un "recurso" dentro de la instancia ordinaria, como ya se ha expuesto, la teleología jurídica del juicio de amparo, se centra en asegurar que las actuaciones u omisiones de la autoridad, ya judicial, administrativa o legislativa, se apeguen a los principios constitucionales que tienen como finalidad última que el hombre, como tal y como gobernado, pueda desenvolver su propia personalidad en consecución con sus fines vitales de manera digna; y precisamente, esa titularidad de derechos ontológicos -y por ende, supra-positivos-, es la que autoriza que los gobernados puedan cuestionar una resolución jurisdiccional que se estime lesiva de algunas de las formalidades del procedimiento; pero no como un simple recurso de casación, sino como un verdadero medio de control del parámetro de regularidad constitucional. En ese sentido, resulta incuestionable que el juicio de amparo no debe ni puede ser utilizado o deformado para ampliar las causas por las que una persona moral oficial, en su carácter de autoridad demandada o accionante, pueda cuestionar tales resoluciones jurisdiccionales, ni aun bajo el pretexto de la igualdad de derechos de las partes en el juicio de origen, en su vertiente "adjetiva" o de formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, tal práctica no sólo atentaría contra la naturaleza del juicio de amparo, en tanto se le reduciría a un recurso de casación para dilucidar las contiendas entre Poderes Estatales -en la especie, entre autoridades administrativas y tribunales administrativos-, sino que además, vía el juicio de amparo, se generaría una posibilidad procesal de impugnar las resoluciones de los Tribunales Contenciosos Administrativos, en supuestos adicionales al recurso que expresamente el Constituyente instituyó para tal efecto; generándose una suerte de medio de control de legalidad híbrido, no ya del acto administrativo, ni de los derechos humanos, sino del actuar jurisdiccional de tales tribunales. Aceptar que las personas morales oficiales, en su carácter de verdadera autoridad, pueden promover amparo para defender "su derecho al debido proceso"; permitiría que el amparo procediera prácticamente contra cualquier resolución de los Tribunales Contenciosos Administrativos en que la autoridad demandada o actora estime que existieron irregularidades, como por ejemplo; (I) la notificación del inicio del procedimiento; (II) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (III) la oportunidad de alegar; y, (IV) a la resolución que dirime la controversia contenciosa -en tanto dichos elementos conforman el núcleo esencial del referido derecho humano-. Convirtiéndose así la excepción en la regla, pues en todo juicio de nulidad, la autoridad podría acceder al amparo, pretextando violaciones de carácter procesal, transformándose así al medio de control constitucional en un recurso de casación al servicio de las autoridades que son parte en los juicios contenciosos administrativos. Atento a lo anteriormente expuesto, se concluye que la excepción prevista en el artículo 7 de la Ley de Amparo, no puede ser interpretada de manera amplia, sino que es de estricta aplicación, a fin de asegurar que las personas morales oficiales únicamente puedan acceder al juicio de amparo en aquellos casos en que actúen como persona de derecho privado, es decir, "cuando al igual que los individuos particulares ejecutan actos civiles que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares, ya celebrando contratos o promoviendo ante las autoridades en defensa de sus derechos patrimoniales", esto es, en tratándose de "relaciones jurídicas que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares". Robustece a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 184063, visible en la página 254, tomo XVII, junio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado.". Por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales promovida por Teresita Covarrubias Martínez, en su carácter de síndico municipal y representante legal de Nativitas, Tlaxcala, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y otras autoridades.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, veinte de diciembre de dos mil veintidós. ? Radicación demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por Teresita Covarrubias Martínez, quien pretende ostentarse en su carácter de Síndica Municipal y representante legal de Nativitas, Tlaxcala, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1459/2022-VI. ? Prevención personalidad. A efecto de acordar el escrito de demanda de derechos, debe tomarse en consideración que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener, entre los que se encuentran los previstos en las fracciones I y II, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: 1 Ciliany Álvarez Ayala 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.92.85 26/05/24 18:00:00 ??????????????? I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; (...)". Del precepto legal transcrito y sus respectivas fracciones, se desprende que el promovente o quien promueva en su nombre, se encuentra obligado a acreditar su representación. Al respecto, los numerales 6, 10 y 11 de la Ley de Amparo prevén lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su Ciliany Álvarez Ayala 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.92.85 26/05/24 18:00:00 JUICIO DE AMPARO 1459/2022-VI representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta". De lo anterior, se obtienen que, el primer numeral transcrito refiere a la cuestión inherente a la legitimación ad causam y ad procesum, en la que la primera de ellas significa que el quejoso tendrá tal legitimación en el supuesto de que efectivamente se le hayan violado sus derechos fundamentales mediante una norma general o acto que reclame, y en otro aspecto la legitimación ad procesum implica que el quejoso puede y tiene la facultad para promover un amparo cuando estima tiene el derecho que se cuestionara en él, bien por qué se ostente como titular de ese derecho, por que cuente con la representación legal de ese titular. Además, establece que en los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. De igual modo, se establece que el representante del quejoso o del tercero interesado que tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable y esta representación subsista en el momento de la presentación de la demanda, será admitida para todos los efectos legales, debiendo acreditarse ante 3 Ciliany Álvarez Ayala 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.92.85 26/05/24 18:00:00 ??????????????? la autoridad de amparo, por medio de la constancia en original o en copia certificada expedida por la autoridad responsable que justifique su personalidad ha sido reconocida por ella, sin que sea dable la simple afirmación de esa circunstancia, o sea, que la autoridad de amparo debe cerciorarse fehacientemente de la personalidad del promovente, de acuerdo a los preceptos que se tratan. Ahora, la promovente Teresita Covarrubias Martínez, acude al presente juicio de amparo en su carácter de Síndica Municipal y representante legal de Nativitas, Tlaxcala; sin embargo no acredita tal circunstancia con el documento idóneo en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracciones I y V, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo1, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído: 1. Exhiba el original o en su caso copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta, es decir, como Síndica Municipal y representante legal de Nativitas, Tlaxcala. 2. Exhiba las copias necesarias del documento con el cual acredite la personalidad con la cual se ostenta la promovente, a fin de correr traslado a las partes. 1 "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (...). II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Ciliany Álvarez Ayala 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.92.85 26/05/24 18:00:00 JUICIO DE AMPARO 1459/2022-VI 3. Finalmente, indique el nombre y domicilio del tercero interesado, o en caso de desconocerlo deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, tomo IV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 1996, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del 5 Ciliany Álvarez Ayala 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.92.85 26/05/24 18:00:00 ??????????????? plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Es aplicable a lo anterior la tesis 2a./J. 124/2016 (10a.) de la Segunda Sala del alto tribunal, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus Ciliany Álvarez Ayala 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.92.85 26/05/24 18:00:00 JUICIO DE AMPARO 1459/2022-VI atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa".2 ? Apercibimiento Por tanto, se le apercibe al promovente que en caso de no cumplir con lo solicitado en el plazo indicado para ello (cinco días), se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, 3 de la Ley de Amparo. ? Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. ? Autorizados. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Adrián Morales 2 Época: Décima Época; Registro: 2012992; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II; Materia(s): Común; Tesis: 2a./J. 124/2016 (10a.); Página: 1449. 3 ""Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (...) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." 7 Ciliany Álvarez Ayala 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.92.85 26/05/24 18:00:00 ??????????????? Luna, por tener inscrita su cédula profesional en el registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones, a Mayra Alejandra Castillo Barragán e Isay Pérez Botis, por no contar con dicho registro. ? Habilitan días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. ? Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ? Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales Ciliany Álvarez Ayala 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.92.85 26/05/24 18:00:00 JUICIO DE AMPARO 1459/2022-VI se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. ? Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de 9 Ciliany Álvarez Ayala 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.92.85 26/05/24 18:00:00 ??????????????? este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones Ciliany Álvarez Ayala 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.92.85 26/05/24 18:00:00 JUICIO DE AMPARO 1459/2022-VI que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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