Teresita Beatriz Flores Martínez
Expediente 587/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Teresita Beatriz Flores Martínez
Actuaciones
- Principal
Alzada notifica ejecutoria que declara infundado el recurso de queja y se ordena el archivo del expediente
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admite el recurso de queja interpuesto por Oscar Velázquez Hernández quien se ostenta como autorizado de la quejosa Teresita Beatriz Flores Martínez, en contra del auto de doce de abril de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo, el que fue registrado como recurso de queja 168/2023. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por el licenciado Oscar Velázquez Hernández quien se ostenta como autorizado de la quejosa Teresita Beatriz Flores Martínez, en atención a su contenido con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de doce de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítase oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, el original y una copia del escrito de expresión de agravios, así como copia certificada del expediente, para la sustanciación del recurso de queja de que se habla. Asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe manifestando que es cierto que esta autoridad dictó el acto materia de la queja. Finalmente, se exhorta a la Analista Jurídica - SISE-, a fin de que realice la vinculación respecto de las constancias electrónicas al Tribunal de Alzada, de referencia. Notifíquese
- Principal
Vista la cuenta que antecede, téngase a Teresita Beatriz Flores Martínez, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y por estimarlos violatorios del artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; regístrese en el libro de gobierno con el número 587/2023. Ahora, la parte quejosa manifiesta que el acto reclamado consiste en: ".La negativa del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad para hacer uso de las facultades que le otorgan los artículos 945 párrafo segundo, 966 bis de la Lev Federal del Trabajo, que materialmente consiste en negarse a declarar embargo sobre las cuentas bancarias del tercero perjudicado, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por haber realizado el patrón actos tendiente del incumplimiento de laudo, esto a través del acuerdo de fecha 17de enero del 2023, dentro del expediente laboral número 201/E03/2014.". Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En la especie el quejoso hace consistir como acto reclamado el proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro de los autos del expediente laboral 201/E03/2014, mediante el cual, acuerda de inconformidad su petición de girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que se embarguen las cuentas bancarias a nombre del demandado Organismo Público Descentralizado Servicio de Salud de Tamaulipas, a fin de ejecutar el laudo del citado juicio laboral. En relación a dicho acto, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, la parte quejosa, no agotó el principio de definitividad, antes de acudir al presente juicio constitucional. En efecto, conforme a la porción normativa invocada, el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, a través del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Al respecto, el impetrante, previamente a la promoción del presente juicio, debió haber controvertido la aludida determinación a través del medio de impugnación ordinario contemplado en la legislación laboral, a saber, el recurso de revisión contra actos del presidente. Para mayor objetividad, se citan los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen lo siguiente "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerá: "I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; "II. El presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y "III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: "I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; "II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y "III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. "Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta ley." Preceptos que se estiman aplicables a pesar de haber sido derogados, mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1 de Mayo de 2019, toda vez que en el séptimo transitorio, se estableció lo siguiente: "Séptimo. Asuntos en Trámite. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante la Secretaría de (sic) Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, serán concluidos por éstas de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio". Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el juicio laboral de origen inició en el año dos mil catorce, de acuerdo a los antecedentes del acto reclamado, dentro del expediente laboral 201/E03/2014, que seguido el procedimiento se emitió laudo condenatorio, procediéndose a su ejecución, y por auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés la Junta responsable determinó improcedente la solicitud de embargo a las cuentas bancarias del demandado. Precisado lo anterior, debe decirse que, conforme a dichos preceptos, se desprende que, contra el proveído que reclama en el juicio de amparo, al haber sido dictado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, es procedente el recurso de revisión, esto, en atención a que fue emitido dentro de la etapa de ejecución de laudo. De exacta aplicación, resulta la Jurisprudencia 2a./J.95/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2002, visible en la página 374, del rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo". Por consiguiente, considerando que los actos reclamados, que por esta vía se combaten puede ser recurrida mediante el recurso de revisión en términos del artículo citado (849) y de esa manera ser modificada, revocada o nulificada, así como que no se está ante la presencia de alguno de los casos de excepción referidos en la presente determinación, se torna incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal debido a que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad y, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Teresita Beatriz Flores Martínez, por la causa manifiesta e indudable de improcedencia resaltada. La cita de tesis de jurisprudencia y tesis aisladas que se hace en el presente proveído, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se oponen a la nueva legislación de amparo, y por ello mantienen su vigencia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, este órgano de control constitucional otorga acceso a la autorizada de la parte quejosa, solamente para que consulte las promociones y determinaciones emitidas en el juicio en que se actúa, pues en su escrito únicamente solicita acceso al expediente electrónico; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario "EDGARROCHA" y correo electrónico pvmasesores74@gmail.com en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Sin que ello implique la expresión de voluntad que por ese medio se le realicen las notificaciones personales de conformidad con el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Esto es así, pues el artículo 26, fracción IV, de la Ley de la Materia, prevé la solicitud expresa de las partes para realizar por medios electrónicos las notificaciones, circunstancia que en el caso no acontece. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. Asimismo, se le tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico pvmasesores74@gmail.com para recibir notificaciones. Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que en el escrito de cuenta la parte quejosa proporciona número celular 8341302205 y de oficina 8341341638, se tienen por señalados, a fin de entablar comunicación de estimarse procedente. Toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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