Teresa Zurita Quintino
Expediente 1566/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 22 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1566/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Teresa Zurita Quintino
Actuaciones
- Principal
Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1566/2023-I. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral realizada a la demanda de amparo se desprende los actos reclamados son: De las ****, *****: La omisión legislativa de dar cumplimiento al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, que se traduce en la omisión de instrumentar programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno a precios asequibles en zonas curules y urbanas marginadas, para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. De la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos: El recorte del suministro de energía eléctrica, debido al adeudo generado por la hoy quejosa. La omisión de garantizar un consumo mínimo y necesario de suministro de energía eléctrica en el hogar de la promovente. Estudio de la incompetencia planteada. El juzgado de distrito oficiante, para declararse legalmente incompetente del conocimiento del presente asunto, fundamentó su decisión -en esencia- en que se cuestionan derechos u obligaciones derivados del contrato de suministro de energía celebrado por la Comisión Federal de Electricidad y la usuaria de ese servicio, el cual es de naturaleza mercantil. Apoyó sus consideraciones en el criterio de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA, QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO POR ESTIMAR QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS AFINES AL CONTRATO DE SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL", para establecer que el acto reclamado es de naturaleza mercantil al derivar de la prestación del servicio de energía eléctrica que existe entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable. Bien, a corolario de ello, este juzgador federal considera que la competencia para conocer del acto reclamado se surte a favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, en atención a que si bien, de conformidad con los criterios antes apuntados las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial, también es cierto que dicho criterio hace referencia a las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones en el marco del contrato de suministro respectivo. Es decir, los actos reclamados son meramente de carácter administrativo, en atención a que no derivan como tal de un contrato -mercantil- de suministro de energía eléctrica, sino de un acto de autoridad en ejercicio de sus facultades atribuidas en un ordenamiento legal que afecta la esfera del gobernado en un plano de supra a subordinación al imponer el referido organismo su voluntad sin el consenso del afectado. Por lo tanto, en términos del artículo 57 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde conocer del presente asunto a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Sirve de apoyo por las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, visible a página 412, la cual es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS". Ello, toda vez que el corte del suministro de energía eléctrica, constituye una determinación unilateral emitida por la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de órgano de la administración pública y en ejercicio de su competencia administrativa, con efectos jurídicos directos e inmediatos en detrimento de la esfera jurídica del usuario; además, de que no requiere de la intervención de alguna autoridad -que no sea la propia comisión-para llevarlo a cabo. Ahora, sobre el tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente determinó que en ese tipo de actos, la competencia por especialización para conocer del juicio de amparo surte a favor de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa. En efecto, la aludida Sala, al resolver la contradicción de tesis 69/2017, señaló en lo que interesa, lo siguiente: ". CUARTO. (.)Esto es, el punto de contradicción estriba en establecer a qué Juez de Distrito especializado le compete conocer del juicio de amparo en el que se impugnan actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrados con la Comisión Federal de Electricidad, a fin de determinar si tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Preliminarmente, es menester señalar que esta Segunda Sala ha sostenido el criterio de que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se reclaman actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica, por lo que aquél es improcedente, sin desconocer la posibilidad de que se le atribuyan violaciones a derechos humanos. Asimismo, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima pertinente traer a cuenta, en relación con las reglas competenciales de los Jueces de Distrito especializados, que en la ejecutoria dictada en el conflicto competencial **********,(5) resolvió que del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, entre otras, una competencia residual de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa para conocer de los asuntos de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta a la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del 51.(6) Lo anterior siguió la línea de lo resuelto previamente en diversos conflictos competenciales, de los que derivó la jurisprudencia 2a/J. 72/2016, de título y subtítulo: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS RECURSOS DERIVADOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN EL QUE SE RECLAMAN LOS ACTOS QUE EMITE, RELACIONADOS CON EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SON COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA."(7) De ahí que sea dable considerar que se surte la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos en que se atribuya a la Comisión Federal de Electricidad título de autoridad o equiparable a ello por no tener carácter de judicial, ni ubicarse en las citadas excepciones. Respecto de tales facultades, es importante distinguir los conceptos de competencia y procedencia, a efecto de evitar su confusión dentro de ese medio de control constitucional. La competencia como concepto específico, frente a la idea de jurisdicción, obedece a razones prácticas de distribución de la tarea de juzgamiento entre los diversos organismos judiciales. Así, existe la competencia por materia, cuantía, territorio y grado. La procedencia, por su parte, se refiere al fundamento normativo y oportunidad de una demanda, petición o recurso, es decir, supone la actualización de las circunstancias de hecho o de derecho que permiten al juzgador competente resolver el fondo de la cuestión planteada en el juicio. Se han colmado los requisitos para que se analice y resuelva lo que en derecho corresponda. De ahí que la competencia del Juez, no lo vincula a reconocer el carácter de ente autoritario que se atribuya a la comisión, por el quejoso; sino que lo habilita a definir tal circunstancia en cada caso concreto, ya sea al momento de calificar la admisión de la demanda, o bien, al resolver en la audiencia constitucional, mediante el análisis de la naturaleza del acto reclamado y si está o no revestido de características que permitan equipararlo a los de una autoridad. Esto es así, pues la determinación de competencia para conocer de una demanda o juicio obedece a razones prácticas de distribución de la tarea de juzgamiento entre los organismos jurisdiccionales; y la procedencia atiende a la actualización de los requisitos de hecho o derecho que la normatividad establece para que el Juez habilitado esté en condiciones de analizar la cuestión planteada. En el caso que nos ocupa, los tribunales contendientes resolvieron en torno al Juez de Distrito con especialización por materia que resulta competente para conocer del juicio de amparo contra actos, que el quejoso consideró de autoridad, relativos a la determinación de cantidad a pagar por concepto de energía eléctrica, derivados del contrato de suministro celebrado con la Comisión Federal de Electricidad. Lo cual debe resolverse en el sentido de que en los límites territoriales que se encuentre establecida su especialización por materia, se surte la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa para conocer del asunto, quienes por ello están calificados para determinar lo atinente a la procedencia del juicio, ya sea al momento de proveer sobre la admisión de la demanda o al resolver el juicio, entre otras circunstancias, definir en cada caso concreto lo propio, mediante el análisis de la naturaleza del acto reclamado y si está revestido o no de las características que permitan equipararlo a los de una autoridad para efectos del amparo. Por tanto, el hecho que se establezca que sea un Juzgado de Distrito especializado en la Materia Administrativa quien determine lo antedicho, de ninguna manera implica un pronunciamiento sobre si el reclamado a la Comisión Federal de Electricidad motiva que se le tenga como autoridad para efectos del juicio de amparo o la vía que resulte procedente, pues precisamente eso será parte del objeto del estudio que haga el juzgador. Consecuentemente, esta Segunda Sala concluye que deben ser los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, en casos de especialización, los que conozcan del amparo indirecto interpuesto contra actos de la Comisión Federal de Electricidad relativos al suministro de energía eléctrica, debido a que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación los faculta al efecto, al concentrar en su ámbito competencial las impugnaciones que se estimen como actos de autoridad distinta a la judicial, con algunas salvedades, en las que no se ubica la empresa productiva del Estado. (.)". De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 497, Tomo I, Abril del 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2016655, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SON COMPETENTES PARA CONOCER Y DECIDIR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA SUS ACTOS". De lo anterior se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son los Jueces de Distrito en Materia Administrativa quienes deben conocer del amparo indirecto interpuesto contra actos de la Comisión Federal de Electricidad cuando se le atribuyan actos a título de autoridad o equiparable a ello por no tener carácter de judicial. Por lo que, si en el caso lo que se reclama de dicha empresa es el corte de suministro eléctrico efectuado el cinco de abril de esta anualidad, es competente para conocer del asunto es el Juez de Distrito en Materia Administrativa, al constituir una determinación unilateral emitida en su carácter de órgano de la administración pública y en ejercicio de su competencia administrativa, con efectos jurídicos directos e inmediatos en detrimento de la esfera jurídica del usuario, que no requiere de la intervención de alguna autoridad -que no sea la propia comisión-para llevarlo a cabo. Sin que pase desapercibido, que si bien es cierto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado como regla general que los actos consistentes, entre otros, en el corte del suministro, forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir cualquier conflicto suscitado en torno a ellos, es la ordinaria mercantil. Sin embargo, el propio Alto Tribunal estableció excepciones a esa regla general y precisó que esas circunstancias no impiden que cuando la Comisión Federal de Electricidad realice actos violatorios de derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas consideradas inconstitucionales, se le puede señalar como autoridad en la vía jurisdiccional. El criterio de referencia está contenido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 336, Tomo I, Enero de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2015944, del rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL". Así como en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 532, Tomo I, Abril de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2016656, del rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA". Aunado a lo anterior, la quejosa también reclama la omisión de hacer efectivas las prerrogativas dispuestas en el artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, esto es, la omisión de instrumentar programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad que atribuyó a la Secretaría de Energía; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Bienestar de México (antes Secretaría de Desarrollo Social); Comisión Reguladora de Energía; y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En ese contexto, conviene señalar que del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, entre otras cosas, una competencia residual de los juzgados de distrito en materia administrativa para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta a la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II y III del diverso 51, de dicho ordenamiento. Así, tomando en cuenta que en el caso se reclamó el artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, que en opinión de la quejosa causa grave afectación a sus derechos humanos, toda vez que se ostenta como una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad por su situación médica, que pretende obtener una tarifa especial; luego, de ello resulta la competencia del juzgado especializado en materia administrativa. Similar consideración tuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el conflicto competencial C.C. 28/2023, con motivo que este juzgado federal no aceptó la competencia declinada por razón de materia en el juicio de amparo 626/2023-I. Devolución. En consecuencia, este órgano de control no acepta la competencia declinada por el juzgado oficiante para conocer del asunto en cita, por lo que se ordena devolver el juicio de amparo 1975/2023 al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicitándole tenga a bien expedir el acuse de recibo e informar la determinación que tome al respecto. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con apoyo en el numeral 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el ubicado en ********. Autorizados. Con base en la certificación de cuenta, se faculta en términos amplios del precepto 12, de la legislación invocada a ******************** al contar con su cédula dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, y a las diversas personas que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, ello con base en la última parte del segundo párrafo del artículo aludido. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Acceso al expediente electrónico. Se permite a la parte quejosa mediante el usuario ********************, lo anterior de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Habilitacio´n de horas y di´as inha´biles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer pa´rrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente asi´ se practiquen. Transparencia. Ha´gase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgacio´n de sus datos personales, en te´rminos de los arti´culos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fraccio´n V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Ti´tulo Tercero de la Ley General de Proteccio´n de Datos Personales en Posesio´n de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federacio´n el veintise´is de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes debera´n manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahi´ sen~alados, en el entendido que la falta de oposicio´n conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresio´n de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la u´ltima ley en cita. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. Integración del expediente. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese por oficio al homólogo federal indicado. MESA* I
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