Teresa Zenil Solís
Expediente 224/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Teresa Zenil Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Dada la cuenta que antecede, visto el estado que guarda el presente asunto del que se aprecia que la quejosa exhibió billete de depósito número *****, por la cantidad de $********, expedida por "Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros", sociedad nacional de crédito, para garantizar las suspensión definitiva que le fue concedida en interlocutoria de trece de marzo de dos mil veintiuno; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, hágase saber a la parte tercera interesada que cuenta con un plazo de seis meses para interponer el incidente de daños y perjuicios respectivo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 138/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Tomo 2, Octubre de 2013, a página 1231, cuyo texto dice: "SUSPENSIÓN. GARANTÍA OTORGADA PARA QUE CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS. AL RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE SU DEVOLUCIÓN, CUANDO ESTÉ TRANSCURRIENDO EL TÉRMINO DE 6 MESES PREVISTO POR EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ATENDER A LO MANIFESTADO POR EL TERCERO PERJUDICADO. Cuando se plantee la solicitud para la devolución de la garantía exhibida por el quejoso para que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva, cuando esté transcurriendo el término de 6 meses previsto por el artículo citado, a fin de que el tercero perjudicado tramite el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de tal garantía, el Juez de Distrito, previo a resolver lo que en derecho corresponda, deberá dar vista a aquél para que manifieste lo que a su interés convenga, aun cuando el quejoso no lo haya solicitado, en respeto a los derechos fundamentales de debido proceso y de acceso a la justicia, y sólo en el caso de que el tercero perjudicado manifieste su conformidad con tal devolución o señale expresamente que no resintió daños y perjuicios con el otorgamiento de la suspensión, de no encontrar otro impedimento para hacerlo, el juzgador acordará de conformidad lo solicitado." Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en contra de la resolución que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia se declara firme la citada determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, devuélvanse al Juez Interino Séptimo y a la Octava Sala, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las copias certificadas que remitieron en apoyo a sus informes justificados (legajos I, II y III), solicitándoles el acuse de recibo correspondiente. Ahora, es de señalarse que tanto el cuaderno principal en que se actúa, así como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción. En efecto, el primero de ellos se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se sobreseyó el juicio respecto de todos los actos reclamados; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del Acuerdo General referido. En relación con el duplicado del cuaderno incidental, el mismo es destruible en términos del arábigo 20, fracción II, inciso a) del multireferido Acuerdo General; por lo que una vez cumplido el plazo de seis meses contados a partir de notificación de este acuerdo, se procederá de inmediato a su destrucción, ello en términos de lo dispuesto en el numeral en cita. En atención a que en el caso en particular, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, el cuaderno original del incidente de suspensión debe depurarse en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General plurimencionado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, o en su caso, las inherentes a su violación y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Por lo que, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del cuaderno referido y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Además, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Finalmente, vistos los autos del cuaderno incidental de los que se advierte que la quejosa exhibió billete de depósito número *****, por la cantidad de $******, expedida por "Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros", sociedad nacional de crédito, para garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida; en consecuencia, provéase lo conducente en el cuaderno respectivo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de veinte días que se concedió a la promovente para cumplir con requerimiento formulado en auto de veintisiete de abril anterior, en el sentido de recoger los edictos para emplazar a juicio a los terceros interesados, ********, así como de llevar a cabo su publicación para lo cual debía acreditar al menos el pago respectivo con los recibos correspondientes, sin que hasta este momento diera cumplimiento a dicha carga procesal; como consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto fuera de audiencia. Es así, toda vez que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo. Las citadas porciones normativas establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Por su parte, el artículo 27, fracción III, inciso b) de la legislación de la materia establece: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír y recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo". [El énfasis es añadido]. Finalmente, el ordinal 5°, fracción III, inciso b), del mismo cuerpo legal dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: [.] b). La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. [.]". De dichos preceptos se colige que, en los juicios de amparo, ante la imposibilidad de efectuar el emplazamiento a juicio del tercero interesado en forma personal, se practicará por medio de edictos a costa del quejoso, para lo cual se pondrán a su disposición los ejemplares correspondientes para que los recoja y publique en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación en toda la República Mexicana. En caso de que el inconforme no acredite haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se entenderá que no tiene interés de continuar con el juicio y se sobreseerá en el procedimiento constitucional. Lo anterior es así, porque la contumacia en la que incurre el impetrante del amparo al no cumplir con lo anterior, impide observar un presupuesto procesal que se rige como formalidad esencial del procedimiento como lo es el emplazamiento del tercero interesado y, como consecuencia, este juzgado federal se encuentra impedido para pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Y, es que las determinaciones que se adoptan en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, de ahí que su falta de emplazamiento al presente asunto es atribuible a la quejosa por la falta de publicación de los edictos y, por ende, torna improcedente el presente asunto pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a la contienda a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De manera que, al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos -a costa de la quejosa-, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados en cuestión, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia peticionaria. Sentadas las premisas anteriores, como ya se dijo, desde el veintisiete de abril de dos mil veintiuno se hizo constar que a pesar de las gestiones efectuadas por este órgano jurisdiccional para citar en forma personal a los terceros interesados, **********, no se logró cumplir con dicha carga procesal, por lo que el llamamiento se efectuaría por medio de edictos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el numeral 27 fracción III, inciso b) de este último ordenamiento. Asimismo, en dicho auto se otorgó a la inconforme un plazo de veinte días para que recogiera los edictos e informara el periódico en que realizaría la publicación respectiva, para lo cual debía acreditar el pago relativo y se le apercibió que, de no hacerlo, ponderadas las circunstancias del asunto, podría sobreseerse el presente juicio de amparo. Sin embargo, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la quejosa no dio cumplimiento a lo ordenado en el proveído en mención no obstante de encontrarse debidamente notificada y tampoco manifestó la imposibilidad que tuviera para ello, con lo que demuestra una falta de interés, no relativo al juicio, sino a su tramitación pues con dicha conducta omisa, la secuela procesal queda paralizada, lo que motiva que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.10º. P.1K (10ª), de Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." [El énfasis es añadido]. En consecuencia, al haber transcurrido los veinte días que se concedieron a la quejosa para que recogiera y acreditara la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación de la República Mexicana, de los edictos para emplazar a los terceros interesados, *******, sin que haya dado cumplimiento SE SOBRESEE el presente juicio de amparo número 224/2020. Sustenta lo anterior por analogía, lo determinado en la jurisprudencia 2a./J.64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR A SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." [El énfasis es añadido]. En ese tenor, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas y treinta minutos de esta data. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, por lista a la quejosa y personalmente a la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional.
- Principal
Se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas y treinta minutos del tres de junio de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notifíquese por lista a las partes.
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