Teresa Villagómez Arreola
Expediente 220/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Teresa Villagómez Arreola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato; como lo solicita, remítasele copia certificada de las constancias que refiere; asimismo, infórmesele que el veintitrés de abril de dos mil quince, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, resolución que se declaró firme el quince de mayo del mismo año, ordenándose archivar el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe anexó el Juez Único Penal de Partido, con sede en Uriangato, Guanajuato, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no exhibió dentro del término otorgado, la garantía que le fue fijada en interlocutoria de treinta de marzo de dos mil quince, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida; lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos señalados en el segundo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, en virtud de lo acorado en el párrafo que antecede.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis realizado a la copia certificada de la causa penal 108/2014, que remitió el Juez Único Penal de Partido de Uriangato, Guanajuato, como complemento de su informe justificado, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito llega al convencimiento de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y " En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, sobre la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador federal tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien, con el objeto de comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se cristaliza la causa de improcedencia referida, conviene realizar una narrativa breve de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, los cuales se desprenden de la copia certificada de la causa penal 108/2014, que acompañaron las responsables como apoyo a sus informes justificados, de lo que se tiene: -En la citada causa penal, el Juez responsable dictó el trece de enero de dos mil quince, auto de formal prisión en contra de la quejosa, al haberla considerado probable responsable de la comisión del delito de despojo cometido en agravio de Ma. Trinidad Días Aguilera y Luis Martín Villagómez Zamudio. -Dicho auto de bien preso fue impugnado por la hoy quejosa vía recurso de apelación, que quedó radicado ante la Primera Sala Penal Unitaria de Guanajuato, capital, bajo el toca 42/2015; medio de impugnación que fue resuelto mediante ejecutoria de cuatro de marzo de dos mil quince, en el sentido de dejar insubsistente la resolución impugnada y ordenar la reposición del procedimiento, al haberse advertido vicios que trajeron como consecuencia vulneración a la garantía de defensa adecuada de la agraviada; debe decirse que este acto es el que constituye el reclamado en la presente instancia constitucional. -Luego de que fueron purgados los vicios detectados por la Sala responsable, el juez natural dictó el trece de marzo de dos mil quince, nuevo auto de formal prisión en contra de la quejosa, al haberla considerado probable responsable en la comisión del delito de despojo, cometido en agravio de Ma. Trinidad Días Aguilera y Luis Martín Villagómez Zamudio. A la luz de lo expuesto, debe decirse que el suscrito estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, en la medida que, a pesar de que formalmente subsiste la resolución de segunda instancia que dejó insubsistente el auto de formal prisión de trece de enero de dos mil quince y ordenó la reposición del procedimiento (reclamada), la misma no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia, que se traduce en purgar los vicios procesales advertidos en la causa penal de origen, habida cuenta que como se vio, al haberse subsanado dichos vicios, permitió que el juez natural pronunciara un nuevo auto de formal prisión, lo que imposibilita el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Ciertamente, como puede verse la hoy quejosa interpuso recurso de apelación contra el auto de formal prisión de trece de enero de dos mil quince, mismo que fue resuelto en el sentido de dejarlo insubsistente a fin de reponer el procedimiento para el efecto de desahogar la prueba testimonial innominada solicitada por la defensa de la inculpada dentro del tiempo que hasta ese momento le restaba del plazo constitucional ampliado; y hecho lo cual, procediera a emitir nuevo auto de término constitucional. Sin embargo, de las constancias que fueron allegadas por parte de la responsable queda de manifiesto que, luego de haber purgado el juez natural los vicios procesales advertidos, con fecha trece de marzo de dos mil quince, se emitió nuevo auto de formal prisión en contra de la quejosa por haberla considerado probable responsable en la comisión del delito de despojo cometido en agravio de Ma. Trinidad Días Aguilera y Luis Martín Villagómez Zamudio. Entonces, si en la resolución reclamada se determinó dejar insubsistente el auto de formal prisión de trece de enero de dos mil quince, como consecuencia ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se desahogue la testimonial innominada solicitada por la defensa de la inculpada dentro del tiempo que hasta ese momento le restaba del plazo constitucional ampliado; y hecho lo cual, procediera a emitir nuevo auto de término constitucional; y si como se vio, a la fecha, dicho vicio procesal ya fue purgado por el juez natural, y como consecuencia de ello emitió el trece de marzo de dos mil quince, nuevo auto de formal prisión en contra de la quejosa; es inconcuso, que aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir en contra de la agraviada efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia, esto es, purgar los vicios procesales advertidos en la causa penal de origen, en función que, al haber sucedido esto fue factible la emisión del nuevo auto de formal prisión de trece de marzo de dos mil quince. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
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