Teresa Velazquez Velazquez
Expediente 965/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2018
Partes del expediente
- Teresa Velazquez Velazquez
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el auto de dieciocho de septiembre de la presente anualidad, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su artículo Vigésimo Primero, una vez llegado el momento, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de protección de derechos fundamentales. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información de relevancia documental e histórica. Toda vez que existe un documento original de la parte promovente, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recogerlo, apercibida que, en caso de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente.
- Principal
Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Teresa Velázquez Velázquez, contra el acto que reclama del Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y otras autoridades, por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 965 2018. Del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de control constitucional en que se actúa es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, tal y como se explicará en párrafos siguientes. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y del documento que a ésta se anexa; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 1991, tomo VIII, visible en la página 198, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En la especie, la solicitante de la tutela constitucional reclama el auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio 1114/2006, del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el que se ordena la desocupación y entrega del inmueble número 365 de la calle Guadalupe Victoria en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual dice poseer en calidad de arrendataria. Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación a los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en razón de que, como se evidenciará en líneas subsecuentes, la demanda que hoy se atiende fue presentada de forma extemporánea. En efecto, los numerales en cita a la letra prevén lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo [.]." "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza desde el día siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o, 2. El quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; o, 3. El quejoso se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Al caso resulta ilustrativa, la jurisprudencia XXI.2o P.A. J 32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, de la Novena Época, con número de registro 165582, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En la especie, cobra aplicación la segunda de las hipótesis en comento para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precepto legal en estudio, es decir, el término para la presentación de la demanda de amparo que aquí se atiende, se debe computar a partir del día siguiente a aquél en que la quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado, esto es, de la existencia del auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 1114/2006, del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Bajo esa premisa, se colige que la presentación de la demanda de amparo se realizó de manera extemporánea, tomando en consideración que, de las constancias que integran los juicios de amparo indirecto 763/2018 y 794/2018, se advierte, específicamente del escrito inicial de demanda, que la quejosa manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el doce de julio de dos mil dieciocho y el veintitrés de julio del mismo año, respectivamente. Ya que en ambos ocursos refiere que fue en esa fecha en que se enteró accidentalmente en el Juzgado Segundo de lo Civil de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se recibió el exhorto proveniente del Juzgado Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; así como que en el juicio 1114/2006 del índice del juzgado señalado en último término, fue demandado su arrendador (foja 4 de los aludidos juicios de control constitucional). De ahí que, la fecha que debe tomarse en consideración para la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, es la primera fecha en la que la quejosa manifestó que tuvo conocimiento del referido exhorto, recibido en el Juzgado Segundo de lo Civil de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con motivo de lo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 1114/20016 del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, juicio del que deriva el acto reclamado, esto es, el doce de julio de dos mil dieciocho. En virtud de lo hasta aquí razonado, se colige que el plazo para presentar la demanda de amparo contra el auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1114/20016, del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, comenzó a transcurrir a partir del trece de julio de dos mil dieciocho, por disposición expresa del artículo 18 de la ley de la materia y, concluyó el veinte de agosto de dos mil dieciocho. De ahí que, si la demanda de protección de derechos fundamentales se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, según se aprecia de la boleta de turno de la misma (foja 1 del sumario), es claro que transcurrió en exceso el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que, su presentación fue extemporánea y debe tenerse como tácitamente consentido el acto que ahora pretende reclamar. "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Consecuentemente, en la especie, se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del citado numeral 61, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza.
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