Teresa Stepheny Morales Segura

Expediente 139/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
139/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Teresa Stepheny Morales Segura

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que: 1) El plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en la jurisdicción de este juzgado de distrito, transcurrió del veinticuatro al veintiocho de febrero del presente año, sin que realizara manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista este auto y los subsecuentes aun los de carácter personal. 2) Ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la quejosa *******haya recurrido el auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, por medio el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la ya mencionada; por lo que se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese.

  2. Principal

    AVISO: Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés: Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que: 1) El plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en la jurisdicción de este juzgado de distrito, transcurrió del veinticuatro al veintiocho de febrero del presente año, sin que realizara manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista este auto y los subsecuentes aun los de carácter personal. 2) Ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la quejosa *******haya recurrido el auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, por medio el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la ya mencionada; por lo que se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho, contra actos del Titular de la Unidad Municipal de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Tultitlán, México y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 139/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la ampliación demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama lo siguiente: a) Del Titular de la Unidad Municipal de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Tultitlán, México, se reclama: 1) La orden verbal emitida por **********, en su carácter de Titular de la Unidad Municipal de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Tultitlán, México, a las autoridades señaladas como responsables ejecutoras para la separación temporalmente o definitivamente de su empleo, cargo o comisión que como agente de tránsito desempeña para la Dirección de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil de Tultitlán, México. 2) La violación del derecho constitucional de debido proceso y de defensa en las actuaciones que al efecto se estén practicando en su contra por **********, en su carácter de Titular de la Unidad Municipal de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Tultitlán, México. 3) Las investigaciones practicadas en su contra. 4) Los efectos jurídicos que emanen de los actos reclamados como lo son que se determine por parte de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Tultitlán, México, iniciar en su contra procedimiento administrativo. b) De la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Tultitlán, México, reclama: 1) El oficio **********, de dos de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se ejecutó la orden de suspensión temporal o definitiva. 2) Los efectos jurídicos que nazcan de las mismas como lo es la violación al derecho humano a la equidad procesal y al derecho de contradicción, así como a aportar elementos de descargo en el procedimiento que se siga. c) De las demás autoridades señaladas como responsables se reclama: 1) El cumplimiento otorgado a la orden verbal del Titular de la Unidad Municipal de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Tultitlán, México. 2) Los efectos jurídicos, consistentes en el no poder disfrutar del pago de sus haberes que de ordinario recibe por la vigencia del nombramiento otorgado como oficial de la policía de Tultitlán, México. Causales de improcedencia advertidas. Ahora, respecto a los actos reclamados en el inciso a) que reclama al Titular de la Unidad Municipal de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Tultitlán, México, ya precisados en supra líneas, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo1 por las razones que enseguida se exponen. En efecto, del análisis del ordinal mencionado se advierte la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido2. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la orden verbal emitida por **********, en su carácter de Titular de la Unidad Municipal de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Tultitlán, México, a las autoridades señaladas como responsables ejecutoras para la separación temporalmente o definitivamente de su empleo, cargo o comisión que como agente de tránsito desempeña para la Dirección de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil de Tultitlán, México, la violación al derecho del bebido proceso, las investigaciones practicadas en su contra y los efectos jurídicos, todas con motivo de dicha orden. En ese contexto, del escrito inicial de demanda y los hechos precisados bajo protesta de decir verdad por la promovente de amparo, se advierte que dicha orden verbal, fue sustituida procesalmente por el oficio **********, de dos de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Tultitlán, México y, por ende, ésta última determinación incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, dado que reemplazó al primero impugnado. Se afirma lo anterior, porque con posterioridad a la emisión de la orden verbal que aduce la quejosa, se emitió el oficio **********, de dos de febrero de dos mil veintitrés; siendo éste último, el que ocasiona un perjuicio a la parte quejosa al sustituir procesalmente al primero y ser la determinación que rige. Ahora bien, por lo que hace a los diversos actos precisados en los incisos b) y c), consistentes esencialmente en el oficio **********, de dos de febrero de dos mil veintitrés, los efectos jurídicos que nacen del mismo y la ejecución otorgada a este, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que previa a esta instancia a este juicio, la quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." El numeral en cita prevé la improcedencia relacionada con el principio de definitividad tratándose de actos meramente administrativos, mismo eje rector del juicio de amparo que dispone que la garantía constitucional destinada para combatir los actos de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre que se hayan agotado los medios ordinarios para su defensa. Así, de conformidad con lo establecido en los artículos 186, 187 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, contra los actos reclamados por el quejoso, procede el recurso de inconformidad o bien, el juicio administrativo, lo que hace improcedente del juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, quien esto juzga considera que se actualiza la citada causal de improcedencia. Lo anterior es así, ya que se reitera, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo como excepcional mismo que sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino solo lo serán aquellas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito prevé al gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad que no sea tribunal judicial, administrativo o del trabajo, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Supuesto que acontece en el presente caso, toda vez que las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo que se provee no tienen el carácter de tribunal administrativo. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, opera para los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales puedan ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o procedan contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal con los cuales puedan ser modificados, revocados o anulados, con ello se da oportunidad al gobernado para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado. Luego, como se advierte del contenido de la demanda y toda vez que los artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, determinan que el acto reclamado es recurrible a través del recurso de inconformidad, o bien, a través del juicio administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229 del propio ordenamiento local, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales [.]." Es importante advertir que el acto de autoridad que por esta vía se intenta combatir, implica cuestiones de legalidad que pueden ser combatidas a través de los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado, tal y como quedó señalado en párrafos que preceden, por lo tanto, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes. En consecuencia, los actos reclamados son susceptibles de ser combatidos a través del recurso de inconformidad ante la propia autoridad responsable, o bien, a través del juicio administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; entonces, es inconcuso que el ocursante no cumplió con el principio de definitividad ya citado, en atención a que dichos actos reclamados son susceptible de confirmarse, modificarse o revocarse a través de dichas instancias. En las relatadas condiciones, si la promovente se abstuvo de agotar dichos medios antes de acudir ante este órgano jurisdiccional, y por ende no agotó el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, lo que comprueba y hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; al omitir el promovente, agotar el recurso idóneo. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia XX. J/1, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible a foja 94, con número de registro 205283, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Igualmente apoyo lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible a fojas 361, con número de registro 224800, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Asimismo, es aplicable por analogía, la jurisprudencia VI.3o.A. J/5 (10a.), con número de registro 2004254, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, visible en la página 1470, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta también aplicable, la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, Volumen 12, Sexta Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 37, con número de registro 257209, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. " Además cabe precisar que la quejosa no se ubica en alguna otra excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien, puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, esa situación que no acontece porque de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que alega vicios de legalidad que a su juicio ostenta el acto reclamado, incluso manifestando que es un acto de imposible reparación. Se sustenta lo anterior, con la interpretación que realiza el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.3o.C.25 K (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 2055, registro 2003107, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: 'PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.', se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Sin embargo, no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega pudieron ser materia de análisis ante la autoridad jurisdiccional ordinaria. Resulta ilustrativa la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se cita enseguida: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional." Además, la normatividad que regula los medios de defensa ordinarios no solicita más requisitos para su concesión que la Ley de Amparo, tal como se muestra en la siguiente tabla: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO LEY DE AMPARO Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. Artículo 257.- En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. Como puede apreciarse del cuadro comparativo que antecede, el Código del Procedimiento Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los que para ese efecto establece la Ley de Amparo. Además, así lo determinó el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2015, y al efecto emitió la jurisprudencia de rubro y texto siguientes "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional." En esa tesitura, si en la especie, la peticionaria del amparo no acredita haber agotado previamente su recurso ordinario de defensa, en contra del referido acto; esto es, el juicio administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, resulta inconcuso que es improcedente la acción constitucional intentada, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos que combate. Desechamiento de la demanda de amparo. En tales condiciones, al ser manifiestas e indudables las improcedencias invocadas, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **********. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en su demanda de amparo, dado que se encuentra dentro del lugar de residencia de este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, se comisiona al actuario adscrito para que notifique el contenido del presente proveído en el domicilio ubicado en **********. Sin que haya lugar a realizar diverso pronunciamiento respecto al correo electrónico y número telefónico que precisa la promovente para el mismo efecto, dado que no son previstos por la Ley de Amparo como medios para ello. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Acceso expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 9, 25, 35, 36 y 39, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo3, téngase por autorizado al oficiante, a fin de que tenga acceso digital al expediente en que se actúa, manifestando para tal efecto el usuario **********. Integración del expediente físico Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el siete de noviembre de dos mil veintidós, esta juzgadora exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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