Teresa Silvia Jiménez

Expediente 230/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
230/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Araceli Olivares Flores
  • Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, Tlaxcala
  • Teresa Silvia Jiménez
  • Salvador Cortés Carcaño en representación de O.M.N.C.
  • Arely Cocoletzi Cruz en representación de O.M.N.C.
  • Salvador Cortés Carcaño en representación de O.M.N.C. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Amparo en revisión

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta mediante el cual se acusa recibo del diverso 1164/2023 del índice de este tribunal colegiado. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso b) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo el escrito de expresión de agravios, la sentencia, el acuerdo de archivo y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el referido precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Amparo en revisión

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de marzo de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada por este tribunal colegiado el dieciséis de febrero del año en curso, remítase al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, testimonio de la misma, así como el juicio de amparo indirecto ******************** y un tomo de pruebas, para los efectos legales procedentes.

  3. Amparo en revisión

    Apizaco, Tlaxcala, dos de febrero de dos mil veintitrés. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a la quejosa Araceli Olivares Flores, mediante proveído de seis de enero del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación a la vista ordenada en el mismo sin que lo haya hecho; en tales condiciones, devuélvase de inmediato el presente asunto a la ponencia del Magistrado que suscribe, para los efectos legales procedentes. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Amparo en revisión

    Apizaco, Tlaxcala, a seis de enero de dos mil veintitrés, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, conforme a lo determinado en sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. VISTOS, para dictaminar, los autos del recurso de revisión administrativo 230/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, interpuesto por el Presidente, Secretario Técnico y el Coordinador de Asuntos Internos, todos del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, en contra la sentencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, emitida por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio de amparo indirecto 591/2021. I. En principio, es oportuno poner de manifiesto que en el fallo recurrido se realizó una inexacta precisión de los actos reclamados, incongruencia que este Tribunal Colegiado debe corregir, aun cuando no se exponga agravio al respecto, ello con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual cobra aplicación en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, pues no se opone a los previsto en la legislación de la materia vigente, misma tesis que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 35, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión". En efecto, el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente (de redacción igual al numeral 77, fracción I de la abrogada Ley de Amparo) es del texto siguiente: "ARTÍCULO 74. La sentencia debe contener: "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)" La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el numeral 77, fracción I, de la abrogada Ley de Amparo, sostuvo criterio jurisprudencial en el sentido de que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Asimismo, estableció que en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, que el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Nos referimos a la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 255, del Tomo XIX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso Araceli Olivares Flores, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el trece de julio de dos mil veintiuno, remitido al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala el mismo día, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes (fojas 2 y 3 del juicio de amparo indirecto): ".II. AUTORIDAD o AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tienen el carácter de ordenadoras y ejecutoras las siguientes: Como ordenadoras: a) H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. Con domicilio para ser emplazados el ubicado en Boulevard 16 de Septiembre s/n, Colonia Centro, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala. b) CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE APIZACO, TLAXCALA, A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, JULIO CESAR HERNÁNDEZ MEJÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE APIZACO, TLAXCALA. Conforme al Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, con domicilio para ser emplazado el ubicado en Boulevard 16 de Septiembre s/n, Colonia Centro C.P. 90300, Apizaco Tlaxcala. c) SECRETARIO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE APIZACO, TLAXCALA, JOSÉ LUIS RODRIGUEZ SÁNCHEZ. Con domicilio para ser emplazado, el ubicado en Avenida de las Torres, número 3303, Colonia El Llano, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala. d) DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE DE APIZACO, TLAXCALA, FERMÍN CONTRERAS AVILES. Con domicilio para ser emplazado, el ubicado en Avenida de las Torres, número 3303, Colonia El Llano, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala. Como ejecutoras: e) JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRASPORTE DE APIZACO, TLAXCALA, EDGAR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ. Con domicilio para ser emplazado, el ubicado en Avenida de las Torres, número 3303, Colonia El Llano, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala. III. ACTOS RECLAMADOS. Los que paso a detallar en la siguiente forma: A las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo la ORDEN de: A) La INJUSTIFICADA BAJA Y/O REMOCIÓN como Policía adscrita a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, Tlaxcala. B) La OMISIÓN DEL PAGO Y CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES QUE EN DERECHO ME CORRESPONDIAN, las cuales materialmente no me fueron cubiertas durante el periodo que presté mis servicios, es decir, las siguientes prestaciones: a) El pago de INDEMNIZACIÓN establecida por el apartado "B", fracción XIII, párrafo segundo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indemnización a razón de noventa días de salario diario integrado de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. b) El pago que resulte por concepto de REMUNERACIÓN DIARIA ORDINARIA, desde la fecha de mi injustificada remoción del que fui objeto, es decir el día nueve de julio del año dos mil veintiuno y los que se sigan generando, hasta la total cumplimentación de la resolución que dicte esta Autoridad. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial con Registro digital: 2023293, Instancia: Plenos de Circuito, Undécima Época, Materias: Administrativa, Tesis: PC.XXX. J/l A (1 la.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia. c) El pago por concepto de VACACIONES, previsto por el Artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 61 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, prestación que se reclama por todo el tiempo que duró la relación administrativa que mantuve con las autoridades responsables, en virtud de que nunca me fue cubierta. d) El pago por concepto de PRIMA VACACIONAL, previsto por el Artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 61 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, prestación que se reclama por todo el tiempo que duró la relación administrativa que mantuve con las autoridades responsables, en virtud de que nunca me fue cubierta. e) El pago por concepto de prestaciones de SEGURIDAD SOCIAL, previsto por los Artículos 57 y 64 fracción IV de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, prestación que se reclama por todo el tiempo que duró la relación administrativa que mantuve con las autoridades responsables, en virtud de que tales autoridades omitieron inscribirme y darme de alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente, así como pagar las aportaciones y cotizaciones a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, de las cantidades que me correspondan como prestaciones de Seguridad Social, que omitió enterar a dicha Institución durante la relación administrativa que mantuve con las autoridades responsables, lo anterior de conformidad con los artículos 1 y 73 de Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. f) El pago de AGUINALDO, prestación que se reclama por todo el tiempo que duró la relación administrativa que mantuve con las autoridades responsables, en virtud de que nunca me fue cubierta, prevista en el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. g) El pago de la PRIMA DE ANTIGÜEDAD, por todo el tiempo que duró la relación administrativa con las autoridades señaladas como responsables lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 74 y 120 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios en relación con el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. h) El pago de LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, consistente en el pago de 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestado a favor de las autoridades señaladas como responsables. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial con número de Registro digital: 2022229 Materias(s): Constitucional, Administrativa, Laboral Tesis: 2a./J. 46/2020 (10a.) Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 917 Tipo: Jurisprudencia y el criterio con número de Registro digital: 2013440 Materias(s): Constitucional, Laboral Tesis: 2a./J. 198/2016 (10a.) Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 505 Tipo: Jurisprudencia. i) El pago de los CONCEPTOS P027, P030 Y P052, REFERENTES A COMPENSACIÓN, DESPENSA Y COMPENSACIÓN SUBSEMUN, RESPECTIVAMENTE. Consistente en las prestaciones que me eran cubiertas por las Autoridades Responsables, reclamando el pago de dichas prestaciones desde el día de mi ilegal remoción, es decir, el día nueve de julio del año dos mil veintiuno, hasta que se dé cumplimiento total de la ejecutoria que se dicte en el presente Juicio de Amparo. A las autoridades señaladas como ejecutoras: A) Lo constituye la ilegal remoción de la suscrita como Policía adscrita a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, Tlaxcala, de la cual bajo protesta de decir verdad, las autoridades ejecutoras se abstuvieron de entregarme documento alguno respecto de dicha remoción; cabe señalar que tal remoción me fue notificado verbalmente el día nueve de julio del año dos mil veintiuno, y mediante la cual se realizó la destitución de la suscrita del puesto de Policía adscrita a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, Tlaxcala, sin mediar el procedimiento que establece la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Tlaxcala." Posteriormente, mediante auto de diez de agosto y veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo o no ampliar la demanda de amparo (fojas 82 a 85 y 130 a 132). Con motivo de lo anterior, la parte quejosa presentó escrito el seis de septiembre de dos mil veintiuno ante la Oficialía de Partes Común, Turno Vespertino, Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, Apizaco, Tlaxcala, y turnado el siete siguiente al Juzgado de Distrito de origen, en el cual señaló como acto reclamado el siguiente (foja 99): ".Lo es LA OMISIÓN DE NOTIFICACIÓN del resultado correspondiente al proceso de examen de control y confianza a que fui sometida en el mes de junio o julio del año dos mil diecinueve, dentro del término de sesenta días naturales, siguientes a su realización. Lo es también la inobservancia e incumplimiento del término de vigencia de tres años respecto de el (sic) examen de control y confianza, mismo que se encuentra previsto en el artículo 67 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública..." En auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el A quo determinó reservar la emisión del proveído correspondiente hasta en tanto se allegaran a los autos las constancias solicitadas a las autoridades responsables (fojas 125 y 126). Mediante diverso escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno ante la Oficialía de Partes Común, Turno Vespertino, Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, Apizaco, Tlaxcala, y turnado el diecisiete siguiente al Juzgado de Distrito de origen, la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes (fojas 145 a 147): ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA: A) CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE TLAXCALA. Con domicilio (.). B) LICENCIADO GILBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ, DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE TLAXCALA. Con domicilio (.). EJECUTORA: A) H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA, con domicilio (.). B) CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE APIZACO, TLAXCALA, A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL JULIO CESAR HERNÉNDEZ MEJÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE APIZACO, TLAXCALA, conforme al reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Tlaxcala. C) SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA con domicilio (.). D) SECRETARIO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE APIZACO, TLAXCALA, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, con domicilio (.). E) DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA, FERMÍN CONTRERAS AVILES, con domicilio (.). F) JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE DE APIZACO, TLAXCALA, EDGAR VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, con domicilio (.). IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME (ACTO RECLAMADO). a) LA ORDEN DE SUSPENSIÓN Y/O INHABILITACIÓN Y/O CESE Y/O EXPULSIÓN Y/O SEPARACIÓN Y/O DESTITUCIÓN Y/O DESPIDO DEL CARGO QUE DESEMPEÑABA LA SUSCRITA COMO OFICIAL DE POLICÍA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA, SIN PREVIO PROCEDIMIENTO, es decir, sin que exista orden por escrito y sin haberme otorgado la garantía de audiencia, consignada en el artículo 14 de nuestro Pacto Federal, así como su ejecución y todas sus consecuencias y efectos jurídicos presentes y futuros que se generen. b) LA OMISIÓN DE INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO EN FORMA DE JUICIO CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE APIZACO, TLAXCALA, y por ende la OMISIÓN de notificarme a efecto de llevar a cabo la adecuada defensa de mis intereses y derechos correspondientes (DERECHOS HUMANOS DE DEBIDO PROCESO Y AUDIENCIA). c) LO ES LA OMISIÓN DE NOTIFICACIÓN del resultado correspondiente al proceso de examen de control y confianza a que fui sometida el día 24 de junio del año dos mil veinte, dentro del término de sesenta días naturales, siguientes a su realización. LO ES TAMBIÉN, LA INOBSERVANCIA E INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE TRES AÑOS, respecto del examen de control y confianza, mismo que se encuentra previsto en el artículo 67 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública..." En proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez tuvo por ampliada la aludida demanda de amparo (fojas 157 a 161). Finalmente, en auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, el Juez federal admitió la ampliación de demanda en cuanto a los conceptos de violación expuestos en el escrito recibido en el Juzgado de Distrito el siete de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 141 y 142). Ahora bien, de la demanda de amparo y ampliaciones se advierte que la quejosa Araceli Olivares Flores, en lo substancial, expone bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a) El doce de octubre de dos mil cinco ingresó a prestar sus servicios con la categoría de policía adscrita a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, Tlaxcala. b) Durante el tiempo en que prestó sus servicios lo hizo en una jornada de veinticuatro horas de trabajo por veinticuatro de descanso. c) El nueve de julio de dos mil veintiuno, en las oficinas de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, Tlaxcala, se le hizo del conocimiento que había sido cesada de su cargo como policía de la Dirección a la cual estaba adscrita. d) La última remuneración ordinaria que percibió fue de $4,873.65 (cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos), de manera quincenal. e) El nueve de julio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las ocho horas con veinte minutos, fue destituida por el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transportes de Apizaco, Tlaxcala, quien le dijo que eran indicaciones del Director de Seguridad Pública y del Consejo de Honor y Justicia. Ahora bien, en el fallo recurrido se estableció que la parte quejosa reclama los actos siguientes: 1. El cese del cargo como Policía adscrita a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, Tlaxcala, sin que para ello se iniciara previamente el procedimiento administrativo en forma de juicio y, en vía de consecuencia, la omisión del pago y cumplimiento de las prestaciones que en derecho le correspondían durante el periodo que prestó sus servicios. 2. La omisión de notificar el resultado relativo al proceso de examen de control y confianza al que fue sometida el veinticuatro de junio de dos mil veinte. Los anteriores actos fueron apreciados correctamente por el A quo. No obstante, como se adelantó, el fallo recurrido, contiene una inexacta fijación de los actos reclamados, debido a que el Juez Federal omitió precisar otros actos que la impetrante reclama en forma autónoma, esto es, el cese del cargo como Policía adscrita a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de Apizaco, Tlaxcala. En efecto, del libelo constitucional presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el trece de julio de dos mil veintiuno, y remitido al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala el mismo día, se advierte que la quejosa reclama: ".c) El pago por concepto de VACACIONES, previsto por el Artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 61 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, prestación que se reclama por todo el tiempo que duró la relación administrativa que mantuve con las autoridades responsables, en virtud de que nunca me fue cubierta. d) El pago por concepto de PRIMA VACACIONAL, previsto por el Artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 61 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, prestación que se reclama por todo el tiempo que duró la relación administrativa que mantuve con las autoridades responsables, en virtud de que nunca me fue cubierta. e) El pago por concepto de prestaciones de SEGURIDAD SOCIAL, previsto por los Artículos 57 y 64 fracción IV de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, prestación que se reclama por todo el tiempo que duró la relación administrativa que mantuve con las autoridades responsables, en virtud de que tales autoridades omitieron inscribirme y darme de alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente, así como pagar las aportaciones y cotizaciones a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, de las cantidades que me correspondan como prestaciones de Seguridad Social, que omitió enterar a dicha Institución durante la relación administrativa que mantuve con las autoridades responsables, lo anterior de conformidad con los artículos 1 y 73 de Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. f) El pago de AGUINALDO, prestación que se reclama por todo el tiempo que duró la relación administrativa que mantuve con las autoridades responsables, en virtud de que nunca me fue cubierta, prevista en el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública." Como se observa, la quejosa reclama la falta de pago de dichas prestaciones "por todo el tiempo que duró la relación administrativa que mantuve con las autoridades responsables", lo cual evidencia que no las hacen derivar del diverso acto consistente en el cese que atribuye a las autoridades responsables, el cual dice aconteció el nueve de julio de dos mil veintiuno. Efectivamente, la referida demanda de amparo pone de manifiesto que la pretensión de la impetrante es que se le cubran tales prestaciones porque dejaron de pagárseles desde el doce de octubre de dos mil cinco, es decir, desde que ingresó a prestar sus servicios, toda vez que al respecto atribuye a las autoridades la omisión en que han incurrido para cubrirlas de manera oportuna. Puntualizado lo anterior, este tribunal colegiado de circuito determina que, además de los actos apreciados por el Juez federal, a los cuales se hizo referencia anteriormente, también deben considerarse como actos reclamados destacados los siguientes:  La omisión de pagar vacaciones por todo el tiempo en que subsistió la relación administrativa.  La omisión de pagar prima vacacional por todo el tiempo en que perduró la relación administrativa.  La omisión de pagar aguinaldo por todo el tiempo en que permaneció la relación administrativa.  La omisión de pagar prestaciones de seguridad social por todo el tiempo en que sostuvo la relación administrativa. II. Una vez que este órgano colegiado ha precisado correctamente los actos reclamados, procede reasumir jurisdicción para ocuparse de los actos cuyo estudio omitió el Juez de Distrito. En primer término, debe tenerse en cuenta que, en conformidad con los artículos 61, 62 y 63 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los elementos de seguridad pública por cada seis meses consecutivos de servicios, disfrutarán de un periodo de vacaciones de diez días hábiles en las fechas que se señalen para tal efecto, con el pago correspondiente de la prima vacacional. Luego, cuando el elemento de seguridad pública no pudiese hacer uso de las vacaciones en los periodos señalados por necesidades de servicio, disfrutará de ellas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que le impidiere el disfrute de ese descanso, pero en ningún caso, los que presten su servicio en un periodo de vacaciones tendrán derecho a doble pago de sueldo, ni serán acumulativas. Asimismo, se establece que los periodos de vacaciones se disfrutarán de acuerdo a las necesidades del servicio y de conformidad con lo establecido en los ordenamientos que regulen el Servicio de Carrera Policial. Los citados preceptos son del texto siguiente: "ARTÍCULO 61.- Por cada seis meses consecutivos de servicios, los elementos disfrutarán de un período de vacaciones de diez días hábiles en las fechas que se señalen para tal efecto, con el pago correspondiente de la prima vacacional." "ARTÍCULO 62.- Cuando el elemento no pudiese hacer uso de las vacaciones en los períodos señalados por necesidades de servicio, disfrutará de ellas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que le impidiere el disfrute de ese descanso, pero en ningún caso los que presten su servicio en un período de vacaciones tendrán derecho a doble pago de sueldo, ni serán acumulativas." "ARTÍCULO 63.- Los periodos de vacaciones se disfrutarán de acuerdo a las necesidades del servicio y de conformidad con lo establecido en los ordenamientos que regulen el Servicio de Carrera Policial." Ahora bien, debe puntualizarse que, con relación a la omisión de pagar prima vacacional por todo el tiempo en que subsistió la relación administrativa, en lo que atañe al año dos mil veintiuno, dicho acto es inexistente. Cierto, el Presidente, el Secretario Técnico y el Coordinador de Asuntos Internos, todos del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, al rendir informe justificado, exhibieron copia certificada del recibo de nómina que es del texto siguiente (foja 64): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dicho recibo es apto para poner de manifiesto que el Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala es el ente público patronal que cubrió a la quejosa la remuneración que percibió por concepto de prima vacacional correspondiente al periodo del dieciséis al veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Cabe agregar que tal documental evidencia, a su vez, que dicho Ayuntamiento como ente patronal cubría la remuneración ordinaria que la propia impetrante percibía por sus servicios como elemento de seguridad pública. Esto es así, pues tal documental se corrobora con la copia certificada del diverso recibo de nómina exhibido por la misma responsable al rendir informe justificado, y del cual se advierte que a la quejosa se le pagó la cantidad de $4,873.65 (cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos), por concepto de la quincena correspondiente del uno al quince de julio de dos mil veintiuno; cantidad que precisamente coincide con la indicada en la demanda de amparo como última remuneración percibida por la impetrante. El aludido recibo de nómina es del contenido siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con la finalidad de tener en cuenta el alcance que el más alto Tribunal de la Nación ha otorgado a los recibos de pago de salario con sello digital y cadena de caracteres generada por el servicio de administración tributaria, es oportuno citar la jurisprudencia 2a./J. 30/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 78, septiembre de 2020, Tomo I, página 584, registro digital 2022081, la cual es del texto siguiente: "RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL Y CADENA DE CARACTERES GENERADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). SON APTOS PARA DEMOSTRAR EL MONTO Y EL PAGO DE LOS SALARIOS A LOS TRABAJADORES. Criterios discrepantes. Los Tribunales Colegiados analizaron una misma problemática jurídica arribando a posicionamientos contrarios, ya que mientras para uno de ellos la impresión de los recibos de nómina con sello digital y cadena de caracteres generada por la autoridad hacendaria, es apta para demostrar el pago y el monto de los salarios de los trabajadores, para el otro, esa eficacia demostrativa depende de la valoración que se haga de dicho documento con relación al caudal probatorio. Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que cuando en un juicio laboral se ofrezca como prueba la impresión de los recibos de nómina con sello digital y cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dichos documentos son aptos para demostrar el pago y el monto de los salarios de los trabajadores, salvo que exista prueba en contrario, ya que en ese supuesto deberá estarse al resultado de la valoración con relación al caudal probatorio. Justificación. Lo anterior es así, porque una vez que el contribuyente cumple con lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes digitales no sólo dan crédito del cumplimiento de una obligación formal en materia fiscal, sino que además, tal como establece el propio artículo 99, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son aptos para demostrar el pago que se realiza a favor del trabajador. En el entendido de que para tener por satisfecha esta obligación, se deben reunir las siguientes condiciones: a) que exista constancia, en cualquier soporte, de que el patrón entregó el comprobante al trabajador; b) que los comprobantes contengan elementos que acrediten que efectivamente se realizó la erogación a favor del trabajador; y c) que esos mismos elementos o en virtud del sistema empleado en su emisión, demuestren que el pago del salario se realizó directamente al trabajador en un medio autorizado por el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo." Ahora bien, la copia certificada del recibo de nómina correspondiente al pago de prima vacacional, al que se hizo referencia con anterioridad, pone de manifiesto que la quejosa gozó de un último periodo vacacional comprendido del dieciséis al veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Entonces, partiendo de la base de que, conforme lo establecen los propios numerales 61, 62 y 63 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, las vacaciones se disfrutan, ello evidencia que tampoco existe el acto omisivo reclamado consistente en la falta de "pago de vacaciones" en lo que atañe al año dos mil veintiuno, toda vez que el propio recibo de nómina, al que se ha hecho referencia con anterioridad, pone de manifiesto que, si se pagó a la quejosa la prima vacacional, esto genera la presunción de que gozó de ese periodo vacacional correspondiente. En ese contexto, respecto de los actos consistentes en la omisión de pagar vacaciones y prima vacacional, pero sólo por el año dos mil veintiuno (teniendo en cuenta que la quejosa lo reclama por todo el tiempo en que subsistió la relación administrativa), podría configurarse el sobreseimiento en el juicio constitucional de conformidad con el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que no existen los aludidos actos omisivos reclamados al Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala; precepto que es del texto siguiente: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" III. Por otra parte, se concluye que existen los actos consistentes en la omisión de pagar vacaciones y prima vacacional por todo el tiempo en que subsistió la relación administrativa, con excepción de las correspondientes al año dos mil veintiuno. También existen los actos omisivos consistentes en la falta de pago aguinaldo y prestaciones de seguridad social por todo el tiempo en que subsistió la relación administrativa, ello por lo que enseguida se explica. El Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, al rendir informe justificado, adujo que no son ciertos los actos reclamados. Enseguida, indicó que "no se advierte acto que se le atribuya a mi representado". Luego, agregó que, en términos del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Apizaco, Tlaxcala "no tiene facultades ni injerencia ni participación alguna en los actos referidos por el amparista, como tampoco emitió, ordenó o realizó alguna violación en perjuicio del quejoso" (foja 71). Como se observa, si bien dicha autoridad niega los actos reclamados, ello lo hace depender de que a su parecer no se le atribuye ningún acto, cuando lo cierto es que se le imputa la omisión de pagar vacaciones, aguinaldo y prestaciones de seguridad social por todo el tiempo en que subsistió la relación administrativa, pero al respecto no refiere su negativa de manera frontal a dichos actos omisivos. Además, dice que cuenta con "facultades para emitirlos", lo cual denota que esta manifestación tiene relación con el diverso acto de carácter positivo consistente en el cese de nueve de julio de dos mil veintiuno atribuido al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transportes de Apizaco, Tlaxcala. Entonces, con relación a los actos reclamados, el informe justificado es ambiguo e impreciso en lo que atañe a los actos omisivos consistentes en la falta de pago de aguinaldo y prestaciones de seguridad social por todo el tiempo en que subsistió la relación administrativa. Lo cual genera la presunción de certeza de dichos actos en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en el cual se establece la presunción de tener por cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, cuando la autoridad no rinde informe justificado, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la propia Ley de Amparo; precepto que es del texto siguiente: "ARTÍCULO 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes. No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional." Al respecto se comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, contenido en la tesis aislada visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, febrero de 2015, Tomo III, página 2723, registro digital 2008534, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CASO EN EL QUE POR SER AMBIGUO, CONTENER MANIFESTACIONES GENÉRICAS EN CUANTO A QUE NO SE VIOLAN DERECHOS FUNDAMENTALES, E INCONGRUENTE CON LO EXPRESADO POR EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO, EL ACTO RECLAMADO DEBE TENERSE POR PRESUNTIVAMENTE CIERTO (RETENCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA EN UN CENTRO PENITENCIARIO). Conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado y acompañará copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Así, la finalidad del informe justificado es que las partes interesadas puedan conocer las razones y fundamentos que sustentan los actos reclamados, así como la de fijar la litis constitucional. Ahora bien, cuando el interno en un centro penitenciario reclama en el juicio de amparo que la autoridad carcelaria viola sus derechos fundamentales porque le retiene su correspondencia, y ésta, al rendir su informe justificado, incongruente con lo expresado por el quejoso en su demanda, sostiene ambigua y genéricamente, que no es cierto el acto reclamado y que únicamente "se hace entrega de la correspondencia conforme a la normatividad que rige en el reclusorio", sin negar la existencia de la retención de correspondencia al quejoso, o manifestar si llegó alguna para éste y, en su caso, si ya se la entregó, o bien, acreditar la causa del retardo si hubiera alguna entrega pendiente en trámite, ello genera la presunción de certeza del acto reclamado, pues si bien, por regla general, la negativa del acto por inexistencia conduce al sobreseimiento en el juicio, en el caso, debe atenderse al acto reclamado y a que el citado informe justificado se rinda con la debida explicitez." También, en apoyo a lo anterior, se cita la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Octava Época, febrero de 1995, página 364, registro digital 208471, cuyo título y contenido son: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO SON VARIOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE REFIERE A TODOS, DEBEN TENERSE POR PRESUNTIVAMENTE CIERTOS AQUELLOS RESPECTO DE LOS QUE NADA DIJO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinde su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, lo que quiere decir que si el quejoso reclama diversos actos, la autoridad responsable debe referirse a todos, afirmándolos o negándolos. De lo anterior se sigue que cuando la autoridad no alude a alguno o algunos de tales actos, debe considerarse que en el aspecto omitido no rindió informe y por ende procede aplicar la presunción de certeza por lo que a ellos toca." En ese contexto, se presumen ciertos los actos cuyo estudio omitió el Juez federal, los cuales, como se adelantó, consisten en:  La omisión de pagar vacaciones por el tiempo en que subsistió la relación administrativa, con excepción de las correspondientes a dos mil veintiuno.  La omisión de pagar prima vacacional por el tiempo en que perduró la relación administrativa, con excepción de las correspondientes a dos mil veintiuno.  La omisión de pagar aguinaldo por el tiempo en que permaneció la relación administrativa.  La omisión de pagar prestaciones de seguridad social por el tiempo en que sostuvo la relación administrativa. IV. Ahora bien, con fundamento en el artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, respecto de los referidos actos, y de conformidad con los diversos 62 y 64, párrafo segundo, del mismo ordenamiento legal, de oficio se advierte que podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, primer párrafo y 18, todos de la citada legislación, ello por ser una cuestión de orden público y preferente en términos de lo dispuesto en el referido artículo 62 de la ley de la materia; dichos preceptos son del texto siguiente: "ARTÍCULO 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: (.) III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia; (.)" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)" "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es "improcedente: "(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "(.)." "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "ARTÍCULO 64. (.) Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." Lo anterior con independencia de la parte que haya interpuesto el recurso de revisión, esto en conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 76/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Junio de 2004, página 262, registro digital 181325, cuyo rubro y contenido son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben ser estudiadas por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Ahora bien, como esta regla es aplicable en cualquier estado del juicio mientras no se dicte sentencia ejecutoria, es indudable que el tribunal revisor debe examinar la procedencia del juicio, con independencia de que el recurso lo hubiera interpuesto el quejoso que ya obtuvo parte de sus pretensiones, y pese a que pudiera resultar adverso a sus intereses si se advierte la existencia de una causal de improcedencia; sin que ello contravenga el principio de non reformatio in peius, que implica la prohibición para dicho órgano de agravar la situación del quejoso cuando éste recurre la sentencia para obtener mayores beneficios, toda vez que el citado principio cobra aplicación una vez superadas las cuestiones de procedencia del juicio constitucional, sin que obste la inexistencia de petición de la parte interesada en que se decrete su sobreseimiento." En efecto, respecto a la omisión de pagar vacaciones y prima vacacional por el tiempo en que subsistió la relación administrativa, con excepción de las correspondientes a dos mil veintiuno, es patente que la parte quejosa tuvo conocimiento de dichos actos omisivos atribuidos al Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, desde que le correspondió disfrutar el primer periodo vacacional y no se le otorgó, como tampoco se le pagó la correspondiente prima vacacional, y así sucesivamente hasta el año dos mil veinte. Ahora bien, debe partirse de la base de que los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, antes transcritos, en lo que aquí interesa, disponen que los plazos para promover el juicio de amparo se computarán a partir del día siguiente: 1) a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación realizada al quejoso de dicho acto; 2) a aquél en que haya tenido conocimiento; 3) se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Ahora bien, el artículo 21 de la abrogada Ley de Amparo es de idéntica redacción al citado numeral 18 de la misma legislación vigente, como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO 21.- El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos." El citado artículo 21 de la abrogada Ley de Amparo ha sido materia de interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la jurisprudencia P./J. 115/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, registro digital 163172, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." La anterior jurisprudencia destaca que el más alto tribunal de la Nación estableció que constituye un derecho del quejoso promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el acto decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. Sin embargo, a su vez, determinó que, en congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que la parte quejosa tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En ese contexto, en el caso, es evidente que la quejosa tuvo conocimiento de la omisión de otorgarle vacaciones y pagarle prima vacacional desde que le correspondía el primer periodo vacacional posterior a la fecha en que inició la relación administrativa con el Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, y así sucesivamente hasta dos mil veinte. Ello evidencia que la impetrante se sitúa en el supuesto de la segunda regla establecida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que hubiere manifestado tener conocimiento completo del acto reclamado. Siendo así, es patente que, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el trece de julio de dos mil veintiuno, el cual se remitió al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala el mismo día, fue interpuesto fuera del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. V. En lo que atañe al acto consistente en la omisión de pagar aguinaldo por el tiempo en que subsistió la relación administrativa, en el caso se parte de la base de que el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, a fin de quedar en los siguientes términos: "ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: (.) XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. (.)" Asimismo, debe tenerse en consideración que el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 45. Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, partiendo de que el citado precepto dispone que las entidades federativas y municipios generarán, de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es dable citar el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 42 BIS.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50 % antes del 15 de diciembre y el otro 50 % a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna. El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento para los pagos en caso de que el trabajador hubiere prestado sus servicios menos de un año." Los preceptos citados ponen de manifiesto que la quejosa tuvo conocimiento de la falta de pago de aguinaldo por el tiempo en que subsistió la relación administrativa, cuando menos desde el quince de diciembre de cada año, y así sucesivamente hasta dos mil veintiuno, esto debido a que no existe en autos del expediente de amparo prueba que contradiga la presunción que generan los anteriores dispositivos; es decir, que evidencien que el pago de aguinaldo se le realizó en una fecha determinada. Por tanto, si la última falta de pago de aguinaldo se actualizó el quince de diciembre de dos mil veinte, resulta inconcuso que si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el trece de julio de dos mil veintiuno, la cual se remitió al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala el mismo día, fue interpuesta fuera del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, ello en lo que atañe al acto consistente en la omisión de pagar aguinaldo por el tiempo en que subsistió la relación administrativa. VI. Finalmente, respecto del acto consistente en la omisión de pagar prestaciones de seguridad social por el tiempo en que subsistió la relación administrativa, en el caso, se parte de la base de que los artículos 57 y 64, fracción IV, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 57.- Las prestaciones relacionadas con la seguridad social de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a lo establecido en las Leyes de Seguridad Social que correspondan. "ARTÍCULO 64.- Son derechos de quienes integran las Instituciones Policiales del Estado y de los Municipios las siguientes: (.) IV. Contar con los servicios de seguridad social que el Gobierno Estatal y Municipales establezcan en su favor, de sus familiares o personas que dependan económicamente de ellos; (.)" Como se observa, de acuerdo con estos preceptos, quienes integran las Instituciones Policiales del Estado y de los Municipios tienen derecho a contar con los servicios de seguridad social que el Gobierno Estatal y Municipales establezcan en su favor, de sus familiares o personas que dependan económicamente de ellos, en conformidad con lo establecido en las Leyes de Seguridad Social que correspondan. Siendo así, es evidente que la quejosa tuvo conocimiento de la omisión de pagarle prestaciones de seguridad social desde que inició la relación administrativa con el Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, esto es, desde el doce de octubre de dos mil cinco. Por tanto, se reitera, como la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el trece de julio de dos mil veintiuno, el cual se remitió al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala el mismo día, es inconcuso que fue interpuesto fuera del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. VII. Ahora bien, con independencia de lo anterior, a mayor abundamiento, este tribunal colegiado advierte de oficio la posible actualización de una diversa causal de improcedencia a la invocada por el Juez de Distrito, respecto de los actos reclamados consistentes en: La omisión de pagar vacaciones y prima vacacional por todo el tiempo en que subsistió la relación administrativa, con excepción del año dos mil veintiuno. La omisión de pagar aguinaldo por todo el tiempo en que perduró la relación administrativa. La omisión de pagar prestaciones de seguridad social por todo el tiempo en que permaneció la relación administrativa. La causal que posiblemente se actualiza se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. El artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "ARTÍCULO 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Por otra parte, los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "ARTÍCULO 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del precepto transcrito en último término, se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La Ley de Amparo, en principio, sigue regulando al juicio de amparo como un medio de defensa, cuya procedencia está restringida para reclamar los actos de las autoridades, lo cual es congruente con lo establecido en el artículo 103 constitucional: no obstante, a diferencia de la Ley de Amparo anterior, sí contiene precisiones, a fin de que el concepto de autoridad no se limite por la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. En el primer párrafo, se aclara que tendrá tal carácter quien realice los actos ahí establecidos, "con independencia de su naturaleza formal". Lo anterior evidencia que el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, en tanto que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el concepto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, como todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y que afectan o lesionan la esfera jurídica de los gobernados; asimismo, ha establecido que el juez de amparo deberá estudiar y atender las particularidades de la especie o del acto mismo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo. Sobre el particular, tiene aplicación la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, febrero de mil, novecientos noventa y siete, tomo V, página 118, que establece lo siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En ese orden, es necesario señalar que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este último caso, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. En esa guisa, cabe recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica o no dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese tenor, es inconcuso que el Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, no tiene la calidad de autoridad para los efectos del amparo, pues, en todo caso, su actuación frente a la quejosa recurrente se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación, en la que aquélla actúa como particular (patrón) y no como autoridad investida de imperio frente al peticionario, por más que se diga que los actos en cuestión se emitieron por el titular de la mencionada dependencia. Así también, es innegable que los actos reclamados revisten de una naturaleza eminentemente laboral, al tratarse de la omisión de pagar vacaciones y prima vacacional por todo el tiempo en que subsistió el vínculo, con excepción del año dos mil veintiuno; la omisión de pagar aguinaldo por todo el tiempo en que subsistió el vínculo; y la omisión de pagar prestaciones de seguridad social por todo el tiempo en que subsistió el vínculo. Lo anterior, en virtud de la relación de prestación de servicio entablada entre la parte quejosa y el Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, como patrón, en términos del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre esas premisas, es evidente que los actos reclamados derivan de una relación de coordinación entre particulares, ya que la retención del pago de salarios, no se realizó en un plano de supra a subordinación, ya que al derivarse de la existencia previa de una relación entablada para la prestación de un servicio público, el organismo público se colocó en un plano de igualdad respecto del trabajador, configurándose la relación de coordinación. Por tanto, si los actos combatidos derivan de una prestación eminentemente laboral, emanada de una relación de trabajo que existe entre ellos, que se da en un plano de igualdad, no puede considerarse que fueron emitidos en una relación de supra a subordinación por una autoridad para efectos del juicio de amparo; entendiéndose por tal, aquella que con independencia de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas o al particular que realice actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten los derechos de los gobernados, en los términos precisados y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. De ahí que los actos omisivos reclamados por la parte quejosa, ahora recurrente, al tener origen en un plano de igualdad, no pueden ser dirimidos, en primera instancia, en el juicio de amparo, ya que derivan de una relación de coordinación entre particulares, por lo que deben dilucidarse en la vía ordinaria, ante la autoridad competente, para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las referidas relaciones de coordinación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se comparte, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, marzo de dos mil dieciséis, libro 28, tomo II, página 1639, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." En consecuencia, toda vez que los actos omisivo de mérito son reclamados con motivo de los servicios que presta como miembro de seguridad pública del Ayuntamiento en mención, sobre dicha base, con independencia de que la naturaleza que lo une respecto de dicho organismo, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse de índole administrativa, ello no implica que por cuanto hace a la prestación, cuyo omisión de pago reclama vía amparo, no deba considerarse una cuestión propia de una relación de coordinación entre el recurrente y la dependencia donde presta sus servicios, excluyendo así la posibilidad de considerarlo como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, al no emitirse en un plano de supra a subordinación. De ahí que este Tribunal llegue a la convicción que en la especie podría actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues los actos omisivos reclamados en la instancia constitucional que se revisa, de los cuales no se ocupó el Juez federal, consistentes en la omisión de pagar vacaciones, prima vacacional aguinaldo y prestaciones de seguridad social por todo el tiempo en que subsistió la relación administrativa, no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Por el contrario, se dictaron por una entidad pública actuando en un plano de coordinación en relación con el particular. VIII. En ese contexto, como se anticipó, respecto de los actos consistentes en la omisión de pagar vacaciones y prima vacacional, pero sólo por el año dos mil veintiuno (teniendo en cuenta que la quejosa lo reclama por todo el tiempo en que subsistió la relación administrativa), podría configurarse el sobreseimiento en el juicio constitucional de conformidad con el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que no existen los aludidos actos omisivos reclamados al Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. Luego, como se precisó anteriormente, la quejosa también reclama los actos consistentes en:  La omisión de pagar vacaciones por el tiempo en que subsistió la relación administrativa, con excepción de las correspondientes a dos mil veintiuno.  La omisión de pagar prima vacacional por el tiempo en que perduró la relación administrativa, con excepción de las correspondientes a dos mil veintiuno.  La omisión de pagar aguinaldo el tiempo en que permaneció la relación administrativa.  La omisión de pagar prestaciones de seguridad social por el tiempo en que sostuvo la relación administrativa. Empero, respecto de esos actos podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, primer párrafo y 18, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, podría actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede remitir el presente proyecto a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal para que notifique a la quejosa Araceli Olivares Flores, la posible actualización de las causas de improcedencia de que se trata, para que, en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste lo que su derecho convenga; y una vez que se cumpla con lo anterior, se esté en condición de dictar el fallo que corresponda. Dicho dispositivo es del texto siguiente: Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Determinación que se emite en forma colegiada, debido a que una vez cumplidas las condiciones que prevé el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la oportunidad para dar vista al quejoso ocurre en el momento en que se tiene la certeza del posible surgimiento de una causa de improcedencia, es decir, la obligación prevista en el artículo citado surge cuando, en sesión, como en el caso acontece, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualicen los motivos de improcedencia aludidos, mismos que no fueron alegados ni analizados con anterioridad, tal y como lo determinó el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.), visible en la página 8, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Por lo expuesto y fundado, se: D I C T A M I N A: PRIMERO. Se advierte que en el juicio de amparo indirecto 591/2021, podría configurarse el sobreseimiento en el juicio constitucional de conformidad con el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; asimismo, pudieran actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, primer párrafo y 18, todos del mismo ordenamiento legal. SEGUNDO. Dese vista a la quejosa Araceli Olivares Flores con las posibles causales de sobreseimiento e improcedencia aludidas en este dictamen, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. TERCERO. En lista. Notifíquese. Así lo dictaminó el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Juan Pablo Rivera Juárez, Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara y Jesús Eduardo Hernández Fonseca, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados, quienes firman conjuntamente con la Secretaria de Acuerdos, licenciada Miriam Ramírez Alanis, que da fe.

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