Teresa Rojas Moreno

Expediente 455/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
455/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
01/10/2019

Partes del expediente

  • Teresa Rojas Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese con el escrito signado por ..., sin que haya lugar a proveer de conformidad su solicitud, toda vez que de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, no obra alguna de la cual se pueda advertir que tenga reconocido algún carácter dentro del presente juicio. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    LA LICENCIADA VERÓNICA ARACELI CAMORLINGA HERNÁNDEZ, SECRETARIA DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CERTIFICA: QUE A LA FECHA HA FENECIDO EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS QUE REFIERE EL ARTICULO 98, DE LA LEY DE AMPARO, DEL QUE DISPONÍA LA PARTE QUEJOSA, PARA RECURRIR EL AUTO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR MEDIO DEL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE JUICIO, EL CUAL TRANSCURRIÓ DEL DIECISÉIS AL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, SIN QUE LA PARTE QUEJOSA INTERPUSIERA RECURSO DE QUEJA, PUES AL REVISAR EL LIBRO DE REGISTRO DE LAS PROMOCIONES EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESTE JUZGADO, AL DÍA DE HOY NO OBRA ESCRITO QUE ASÍ LO INDIQUE. LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. MORELIA, MICHOACÁN, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria da cuenta al Juez con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.- MORELIA, MICHOACÁN, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de nueve de mayo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del dieciséis al veintidós de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente; asimismo, dígasele que de no comparecer dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, con identificación fehaciente a recoger las copias que exhibió en su demanda, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CERTIFICA: QUE A LA FECHA HA FENECIDO EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS QUE REFIERE EL ARTICULO 98, DE LA LEY DE AMPARO, DEL QUE DISPONÍA LA PARTE QUEJOSA, PARA RECURRIR EL AUTO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR MEDIO DEL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE JUICIO, EL CUAL TRANSCURRIÓ DEL DIECISÉIS AL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, SIN QUE LA PARTE QUEJOSA INTERPUSIERA RECURSO DE QUEJA, PUES AL REVISAR EL LIBRO DE REGISTRO DE LAS PROMOCIONES EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESTE JUZGADO, AL DÍA DE HOY NO OBRA ESCRITO QUE ASÍ LO INDIQUE. LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. MORELIA, MICHOACÁN, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria da cuenta al Juez con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.- MORELIA, MICHOACÁN, VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de nueve de mayo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del dieciséis al veintidós de mayo de dos mil diecinueve; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente; asimismo, dígasele que de no comparecer dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, con identificación fehaciente a recoger las copias que exhibió en su demanda, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado

  4. Principal

    ...Agréguese el escrito signado por la quejosa TERESA ROJAS MORENO, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veintiséis de abril de este año, indica que fue lo que se acordó en proveído de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dentro del juicio sumario civil número 952/2017, así como el estado procesal en que se encuentra dicho controvertido. Ahora bien, del análisis de la demanda así de referido escrito aclaratorio se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V interpretado en sentido contrario, de la Ley de la Ley de la materia, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, pendiente de integrar al módulo de sistematización, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En el caso, de un análisis integral de la demanda y de su escrito aclaratorio se obtiene que el acto reclamado al Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, hace consistir en: La resolución dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dentro del toca II-9/2019, que confirma el recurso de queja hecho por la demandada -aquí quejosa- en contra del auto del uno de marzo del año en curso, que negó admitir el diverso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de veintiséis de febrero del presente año, en el que previo a admitir en la vía incidental la excepción de litispendencia, la previno para que exhibiera un tanto de copias de su escrito de contestación de demanda, así como de los documentos exhibidos, para correr traslado a la actora. El cual conforme al criterio anterior, no puede ser considerada como acto de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la resolución reclamada que confirma el auto que no admite el recurso de apelación contra el diverso en que se requiere a la demandada ahora quejosa, para que previo a proveer sobre la excepción de litispendencia, la previno para que exhibiera un tanto de copias de su escrito de contestación de demanda, así como de los documentos exhibidos, sólo constituyen violaciones procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de la fracción V del artículo 107, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos de la agraviada. ni decide el fondo de la litis planteada, pues constituye una violación. Se afirma lo anterior, en razón a que el acto reclamado, no puede considerarse un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino que se trata de una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, cuyo texto es: "LITISPENDENCIA. VIOLACION PROCESAL. NO RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV (a contrario sensu), 158 y 159, fracciones XI y X, todos de la Ley de Amparo únicamente son reclamables en amparo indirecto las violaciones cometidas dentro del procedimiento cuando no sean reparables en la sentencia definitiva. Ahora bien, en los casos en que se reclama que, en un juicio civil, no se suspendió el procedimiento principal, para sustanciar la excepción de la litispendencia, que por regla general es de previo y especial pronunciamiento, se está en presencia de una violación procesal que, en términos de la fracción XI del artículo 159, es análoga a la prevista en la fracción X del mismo precepto legal, tomando en cuenta que el único efecto que se produce es que se continúe con el procedimiento principal, lo que, de acuerdo a la citada fracción X, no constituye una violación irreparable. En esas condiciones, el sujeto procesal agraviado, no puede sufrir perjuicio de difícil reparación, en virtud de que, además dicha excepción puede ser motivo de estudio en la sentencia definitiva que se dicte en el negocio ejecutivo civil, en que pueda obtener fallo favorable y de esta manera, el perjuicio que pudiera causar la continuación del procedimiento sería, en su caso, reparable y, en el peor de los casos, es decir, que el fallo sea desfavorable, se estará en aptitud de combatir este último, aduciendo la violación procesal en amparo directo, por lo que la aludida violación no es reclamable en amparo indirecto". Esto es, los efectos de la resolución se actualizan hasta el dictado de la sentencia, toda vez que en ese momento se podrá apreciar si con motivo de la emisión del mismo, se vulneraron sus defensas y con ello si se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. ...

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