Teresa Reeder Martínez

Expediente 154/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
154/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Teresa Reeder Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta, firmada por la quejosa Teresa Reeder Martínez y/o Teresa Reeder; en atención a su contenido, se acuerda: a. Solicitud de fijar garantía de subsistencia. Por cuanto a la moción relativa a que este órgano jurisdiccional le fije garantía de subsistencia por el monto equivalente a "6 meses de salario", hágase del conocimiento de la ocursante que en el presente asunto es parte quejosa y no tercera interesada, como incorrectamente lo postula en el escrito de cuenta. Asimismo, se le recuerda que en audiencia constitucional de veintiséis de abril de dos mil veintidós, verificada en este asunto, se dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio, en relación con los actos que reclamó, consistentes en los siguientes: "De la 1) Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo y su 2) Presidente. a) La omisión de acordar la promoción presentada por la aquí quejosa Teresa Reeder Martínez y/o Teresa Reeder, el once de agosto de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral 1016/2018 de su consecutivo, por la que solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo de bienes suficientes a fin de cubrir el monto por el que fue condenada la parte demandada en el citado juicio laboral. Del 3) Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. b) La omisión de notificar a la actora (aquí quejosa), el acuerdo que recaiga a la solicitud precisada en el inciso a) que antecede, así como de ejecutar lo ordenado en dicho acuerdo." Luego, por auto de diecisiete de mayo del año en curso, se determinó que causó ejecutoria la referida sentencia y se ordenó el archivo del presente asunto. En ese contexto, dígase a la quejosa que no ha lugar acordar favorable la moción contenida en el escrito de cuenta, toda vez que lo pedido no guarda relación alguna con el presente asunto. b. Domicilio y designación de autorizados. Respecto al señalamiento de domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones, así como la designación de los autorizados contenidos en el escrito de cuenta, dígasele que deberá estarse a lo acordado por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós (admisión), en el que se proveyó respecto al domicilio y autorizados que nuevamente señala.

  2. Principal

    :Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general.

  3. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para verificar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 154/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias de autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, ofrecieron pruebas documentales; por su parte, la quejosa ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula el fiscal federal de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 154/2022-II, promovido por Teresa Reeder Martínez y/o Teresa Reeder, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido el veintitrés siguiente por razón de turno a este juzgado de distrito, Teresa Reeder Martínez y/o Teresa Reeder, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1) Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, 2) Presidente y 3) Actuario, ambos de su adscripción, por considerarlos violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO.- El acto que se reclama en el presente Juicio de Garantías es la negativa por parte de la autoridad responsable de administrar justicia en forma expedita, pronta e imparcial, en virtud de que la junta responsable, dentro del juicio laboral 1016/2018, ha sido omisa en pronunciarse sobre las promociones presentadas en oficialía de partes en fecha 11 de agosto del 2021, y acordar el AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, así como de señalar fecha y hora dentro los términos de Ley que para tal efecto, solicitando se le requiera para girar las instrucciones necesarias al actuario de su adscripción para que se proceda a realizar la diligencia de ley en compañía de la parte actora en el domicilio de la parte demandada para efecto de llevar a cabo el cumplimiento material del auto de ejecución y evitar que se difiera la citada fecha en que se señale la misma, en la inteligencia que la Presidenta responsable deberá verificar que se realice con prontitud la notificación personal a la parte actora a efecto de que esté en condiciones de presentarse en la fecha y hora que se señale, toda vez que las juntas están obligadas a tomar las medidas necesarias a fin de procurar la economía, sencillez y concentración del proceso, así como del actuario la ejecución del mismo, dentro de las (sic) plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo en vigor, y con lo cual se me causa un grave perjuicio". SEGUNDO. Radicación y admisión de demanda. Recibida la demanda de amparo el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, en auto de veinticuatro siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 154/2022-II; se admitió a trámite; se dio al Agente de Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de conceder el amparo solicitado; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de un tribunal en materia de trabajo que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, consisten en: De la 1) Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo y su 2) Presidente. a) La omisión de acordar la promoción presentada por la aquí quejosa Teresa Reeder Martínez y/o Teresa Reeder, el once de agosto de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral 1016/2018 de su consecutivo, por la que solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo de bienes suficientes a fin de cubrir el monto por el que fue condenada la parte demandada en el citado juicio laboral. Del 3) Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. b) La omisión de notificar a la actora (aquí quejosa), el acuerdo que recaiga a la solicitud precisada en el inciso a) que antecede, así como de ejecutar lo ordenado en dicho acuerdo. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La 1) Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a), del considerando tercero de esta sentencia. Ahora, dicha afirmación se desvirtúa, pues de conformidad con lo que establece el artículo 940 de la Ley Federal de Trabajo (aplicable), le corresponde únicamente al presidente en lo individual llevar a cabo la etapa de la ejecución de los laudos; de ahí que al haberse solicitado en la promoción presentada el once de agosto de dos mil veintiuno, cuestiones relativas a la ejecución del laudo, la abstención de darle contestación no le es atribuible a la junta como órgano colegiado, sino a su presidente; por tanto, se concluye que es inexistente el citado acto que se le atribuye a la junta responsable. Por su parte, la autoridad responsable 3) Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, al rendir informe justificado, no se pronunció respecto a la existencia del acto que en específico se le atribuye, precisado en el inciso b), del considerando tercero de esta resolución. Sin embargo, no procede presumir cierto el referido acto reclamado, al ser inexistente. Lo anterior, se corrobora con la documental que remitió la presidente como anexo a su informe justificado, consistente en fotocopia certificada del acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 1016/2018 de su índice, que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de dicha constancia se advierte que el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la referida presidente acordó la promoción presentada por la parte actora (aquí quejosa), el once de agosto de dos mil veintiuno, en autos del citado juicio laboral, en la que -en esencia- solicitó que se dicte auto de requerimiento de pago y embargo de bienes suficientes a fin de cubrir el monto por el que fue condenada la parte demandada en el juicio laboral de origen. En ese orden de ideas, si a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (veintidós de febrero de dos mil veintidós), la presidente responsable aún no había acordado la aludida promoción, respecto de la cual el quejoso refiere que el actuario responsable fue omiso en notificar y ejecutar el acuerdo que le recaiga, se concluye que esta última autoridad -actuario- se encontraba imposibilitado para llevar a cabo lo que se le reclama, previo a la presentación de la demanda de amparo; por tanto, la omisión del actuario responsable de la que se duele la parte quejosa es inexistente. Al respecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. Luego, en esta instancia constitucional no se probó de la 1) Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, la omisión de acordar la promoción presentada por la aquí quejosa, el once de agosto de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral de origen, por la que solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo de bienes suficientes a fin de cubrir el monto por el que fue condenada la parte demandada en el citado juicio laboral, y del 3) Actuario de su adscripción, la omisión de notificar a la actora (aquí quejosa), el acuerdo que recaiga a la referida solicitud, así como de ejecutar lo ordenado en dicho acuerdo, previo a la presentación de la demanda de amparo; ergo, no se acreditó la existencia de los referidos actos reclamados a las citadas autoridades. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto, siguientes: "Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que pase inadvertido para este juzgador que la parte quejosa ofreció como prueba documental fotocopia sin certificar del acuse del escrito presentado el once de agosto de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, a la que se otorga valor probatorio indiciario en términos de los artículos 203 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, dicha documental únicamente demuestra que probablemente sea una reproducción de su original y carece de diverso valor probatorio, toda vez que ese documento podría ser susceptibles de alteración, al no contar con alguna certificación en relación con el original; al margen del valor probatorio, no acredita las omisiones impugnadas en consulta. Ahora, respecto a la prueba consistente en la instrumental de actuaciones que ofrece, conformada por las actuaciones que integran este expediente, no arrojan dato alguno que acrediten las omisiones reclamadas en estudio, la cuales cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser un documento público. Asimismo, en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no existe presunción legal o humana que acredite la existencia de las omisiones impugnadas en comento. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que acredite la existencia de los actos atribuidos a las aludidas autoridades señaladas como responsables, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de las omisiones reclamadas a la 1) Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, y al 3) Actuario de su adscripción, precisadas en el considerando tercero, incisos a) y b), de esta sentencia, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza del acto reclamado. La 2) Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto que se le reclama, citado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. Lo anterior, se corrobora con la documental que dicha autoridad remitió junto con su informe justificado, consistente en fotocopia certificada del acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral de origen, a la que se otorgó pleno valor probatorio en el considerando cuarto que antecede y, como se vio, de esa documental se advierte que la referida presidente hasta el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, acordó la promoción presentada por la aquí quejosa el once de agosto de dos mil veintiuno, en la que, en esencia, solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo de bienes suficientes a fin de cubrir el monto por el que fue condenada la parte demandada en el citado juicio laboral; es decir, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintidós de febrero de dos mil veintidós). Por tanto, a la fecha de ejercicio de la acción constitucional es cierta la omisión reclamada a la autoridad destacada en este considerando, precisada en el diverso tercero, inciso a), de esta sentencia. SEXTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, respecto del acto atribuido a la 2) Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, inciso a), de este fallo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso de los actos de carácter negativos, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate. En la especie, como se vio, la parte quejosa reclama de la 2) Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, la omisión de acordar la promoción presentada por la aquí quejosa, el once de agosto de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral de origen, por la que solicitó se dicte auto de requerimiento de pago y embargo de bienes suficientes a fin de cubrir el monto por el que fue condenada la parte demandada en el citado juicio laboral. Ahora, como se ha visto, de la documental consistente en fotocopia certificada del proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio laboral de origen, a la que se concedió valor probatorio pleno en el considerando cuarto de esta sentencia, se advierte que ha cesado la omisión de la que se duele la quejosa. Se afirma lo anterior, debido a que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintidós de febrero de dos mil veintidós), no se había acordado la promoción presentada el once de agosto de dos mil veintiuno, por el aquí quejosa en el multicitado juicio laboral, situación que aconteció hasta el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en que la junta responsable acordó dicha promoción, para lo cual dictó auto de ejecución. Por ello, se concluye que han cesado los efectos de manera total e incondicional del acto reclamado en estudio, consistente en la omisión de la presidente responsable de acordar la promoción presentada por la aquí quejosa, el once de agosto de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral de origen. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado de la 2) Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por el fiscal federal de la adscripción, toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Teresa Reeder Martínez y/o Teresa Reeder, por derecho propio, contra las omisiones reclamadas de la 1) Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, 2) Presidente y 3) Actuario, ambos de su adscripción, precisadas en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en el cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal; visto su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo al momento de desahogar la audiencia constitucional. Asimismo, en cuanto a la solicitud de expedir copia certificada de la resolución que se pronuncie en este juicio, dígasele que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea pronunciada la resolución respectiva, se le expedirá copia certificada de la misma.

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