Teresa Policarpo Maroto

Expediente 1015/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1015/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Teresa Policarpo Maroto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria de uno de julio de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 83/2021, original del juicio de amparo en que se actúa, original del toca civil 956/2019-I y original del juicio ordinario civil de acción reivindicatoria 785/2016 y su acumulado 848/2016. Acúsese recibo. Por cuanto hace a la ejecutoria, se advierte que el Tribunal revisor, en sus puntos resolutivos determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia que se revisa, se confirma la sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, el quince de abril de dos mil veinte, en el juicio de amparo 1015/2020-4. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1015/2020-4, promovido por Teresa Policarpo Maroto, contra la sentencia emitida el doce de junio de dos mil veinte, en el toca 956/2019-I, atribuida a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado y al Congreso del Estado de Tabasco..." En consecuencia, intégrese a los autos el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por lo que procédase a la destrucción de éstas últimas. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, devuélvase a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, el original del toca civil 956/2019-I y original del juicio ordinario civil de acción reivindicatoria 785/2016 y su acumulado 848/2016, de su índice, que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada constante de dos tomos. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, con transcripción del proveído de veinte de mayo del año actual, a través del cual informa a este Juzgado que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Joel de la Cruz López, autorizado en términos amplios de la quejosa TERESA POLICARPO MAROTO, el cual fue radicado bajo el registro 83/2021 de su índice. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; el escrito de cuenta, signado por Joel de la Cruz López, autorizado en términos amplios de la quejosa TERESA POLICARPO MAROTO, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios que se provee y distribúyanse las restantes entre las partes; debiendo remitirse, en su oportunidad, el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar, una vez integrado con las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del presente acuerdo dentro del término de tres días a que alude el precepto citado en último término, adjuntándose el original del escrito de expresión de agravios. Fórmese cuaderno de antecedentes de este asunto, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese y personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.

  4. Principal

    MESA 4 En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinte minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1015/2020-4, promovido por Teresa Policarpo Maroto. A continuación, la secretaria certifica que en cumplimiento al proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 21196/2020, se solicitó informe justificado al Congreso del Estado de Tabasco, el que fue recibido el cinco de marzo de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 69 (sesenta y nueve) de autos; por tanto, de conformidad, con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el término para rendir el informe respectivo, le transcurrió del ocho al veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado, sin que lo hicieran. Acto seguido, la secretaria da cuenta en este momento, con el oficio ABRIL/33/2021, signado por la apoderada legal de la empresa denominada Estafeta Mexicana, sociedad anónima de capital variable, registrado con el folio 4110. El Juez acuerda: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la apoderada legal de la empresa denominada Estafeta Mexicana, sociedad anónima de capital variable, mediante el cual en atención al requerimiento ordenado en el diverso 4226/2021, de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, informa que al consultar en la base de datos de su representada el número de guía 101501554024A504731697 y código de rastreo 1471115187, se constató que este fue entregado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, recibiendo de conformidad el destinatario. Esta autoridad, toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las siguientes: 1. Original del toca civil 956/2019-I (un tomo); y 2. Original del juicio ordinario civil de acción reivindicatoria 785/2016 y su acumulado 848/2016 (un tomo). Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1015/2020-4, promovido por Teresa Policarpo Maroto, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de la Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Teresa Policarpo Maroto, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La resolución de doce de junio de dos mil veinte, pronunciada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 956/2019-I. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 2 Congreso del Estado de Tabasco. SEGUNDO. AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en virtud de la legal incompetencia planteada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, este órgano judicial de amparo, se avocó al conocimiento de la demanda y se admitió a trámite, la cual fue registrada con el expediente 1015/2020-4; sin requerir informe justificado, en virtud que ya obraba en autos; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se ordenó emplazar al tercero interesado a través de despacho y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÒN DE PLAZOS Y TÈRMINOS PROCESALES. En acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el trámite del expediente y se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. QUINTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución de doce de junio de dos mil veinte, pronunciada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 956/2019-I, formado con motivo del recurso de apelación que hizo valer María del Carmen Zapata de la O, quien se inconformó con la sentencia definitiva de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nacajuca, Tabasco, en el expediente 785/2016, relativo al juicio ordinario civil de acción reivindicatoria, promovido por la apelante en contra de Teresa Policarpo Maroto, y su acumulado el expediente 848/2016, relativo al juicio ordinario civil de nulidad, cancelación e inscripción del contrato privado de compraventa, promovido por Teresa Policarpo Maroto, en contra de Alicia Cerino Chan, María del Carmen Zapata de la O, Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Jalpa de Méndez, Tabasco, Director de Finanzas y Subdirector de Catastro del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. Es inexistente el acto reclamado al Congreso del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, toda vez que la quejosa le atribuye la misma resolución de doce de junio de dos mil veinte, pronunciada en el toca civil 956/2019-I, por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por ende, dentro de sus facultades no se contempla la resolución que se combate. Por ende, en lo tocante al acto reclamado al citado Congreso procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La magistrada de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, al rendir su respectivo informe justificado, admitió la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo, consistentes en las siguientes: 1. Original del toca civil 956/2019-I (un tomo); y 2. Original del juicio ordinario civil de acción reivindicatoria 785/2016 y su acumulado 848/2016 (un tomo), las que obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta debido a su voluminosidad. Documentales a las cuales se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. De igual forma, sirve de apoyo, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierten como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: Juicio 785/2016 y su acumulado el expediente 848/2016. Por auto de veinticinco de octubre de dos dieciséis, la entonces Juez de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nacajuca, Tabasco, dio entrada a la demanda interpuesta por María del Carmen Zapata de la O, mediante la cual promovió juicio ordinario civil en contra de Teresa Policarpo Maroto, por lo que ordenó su emplazamiento (fojas 13 y 14). El diez de enero de dos mil diecisiete, tuvo a la demandada Teresa Policarpo Maroto, contestando la demanda en tiempo, admitió la excepción de falta de legitimación, la que por no ser de previo y especial pronunciamiento se reservó para ser analizada en la sentencia definitiva. Asimismo, admitió las excepciones de oscuridad de la demanda, litispendencia y conexidad de la causa, por lo que señaló hora y fecha para el desahogo de la inspección judicial en el expediente 848/2016, del índice de dicho juzgado, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de contrato de compraventa. En el mismo auto, admitió a trámite la reconvención planteada por la demandada, relativa al juicio de usucapión en contra de la actora y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Jalpa de Méndez, Tabasco, por lo que ordenó emplazar a los demandados (fojas 37 y 38). En auto de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se tuvo a la actora reconvenida María del Carmen Zapata de la O, contestando la reconvención, se declaró la rebeldía del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Jalpa de Méndez, Tabasco y se señaló hora y fecha para la audiencia previa y de conciliación (fojas 111 y 112). A las nueve horas del once de agosto de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia antes mencionada, en la que no se logró la conciliación de las partes, por lo que se procedió al estudio de las excepciones previas en la acción principal y en la reconvención, resultando improcedente las excepciones opuestas por la demandada Teresa Policarpo Maroto, respecto de la oscuridad de la demanda y litispendencia, se reservó para el dictado de la sentencia definitiva, lo relacionado a la falta de legitimación de la actora y se declaró procedente la excepción de conexidad, por lo que se ordenó acumular el juicio 848/2016. De igual modo, analizó la excepción de prescripción opuesta por la actora reconvenida María del Carmen Zapata de la O, la que declaró improcedente (fojas 120 a 126). El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a Alicia Cerino Chan codemandada del juicio 848/2016, allanándose a la demanda. En el mismo auto, se tuvo a la demandada María del Carmen Zapata de la O, dando contestación a la demanda del juicio 848/2016, y oponiendo como excepciones las siguientes: falta de legitimación activa, falta de acción y de derecho, mutati libeli, la que se desprende de los hechos del escrito de contestación de demanda, improcedencia de la acción, sine actione agis y falta de acción para reclamar gastos, las que se reservaron para ser analizadas en la sentencia definitiva, al no formar artículo de previo y especial pronunciamiento y respecto de la excepción de prescripción la juez natural ordenó dar vista a la parte actora y declaró la rebeldía del Coordinador de Catastro, del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Jalpa de Méndez, Tabasco (fojas 316 a la 319). A las nueve horas del once de mayo de dos mil dieciocho, llevó a cabo la audiencia previa y de conciliación, en la que no se logró la conciliación de las partes, por lo que el encargado del despacho por ministerio de ley estudio la excepción de prescripción, la cual fue declarada improcedente y abrió el juicio a pruebas por el plazo de diez días comunes (fojas 338 a 341). Por auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho, el juez de origen ordenó subsanar omisión, por lo que admitió la excepción planteada por María del Carmen Zapata de la O, al contestar la demanda reconvencional de usucapión, así como al contestar la demanda de nulidad de contrato privado de compraventa, consistente en la falta de legitimación procesal, calificó las pruebas aportadas por las partes y señaló hora y día para la audiencia de pruebas y alegatos (fojas 366 a 373). Seguido el juicio en todas sus etapas, el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, la juez del conocimiento pronunció la sentencia definitiva, en la que declaró que Teresa Policarpo Maroto, acreditó su acción de nulidad de contrato de compraventa que ejerció en contra de los demandados; declaró la inexistencia del acto jurídico de cinco de diciembre de dos mil trece, celebrado por Alicia Cerino Chan (vendedora) y María del Carmen Zapata de la O, ratificado ante el Instituto Registral del Estado de Tabasco, con sede en Jalpa de Méndez, con la superficie, medidas y colindancias que se precisan en la referida sentencia; ordenó la cancelación de la inscripción en el citado Instituto Registral; así como dejar sin efecto la clave catastral y condenó a la demandada María del Carmen Zapata de la O, al pago de gastos y costas. Por lo que determinó innecesario el estudio de la acción acumulada relativa al juicio ordinario civil reivindicatorio que promovió en contra de Teresa Policarpo Maroto (fojas 531 a 542). Inconforme con dicha resolución, la demandada María del Carmen Zapata de la O, interpuso recurso de apelación, el que fue admitido por auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en efecto devolutivo (fojas 609 vuelta y 610). Toca civil 956/2020-4 Mediante resolución de doce de junio de dos mil veinte, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvió el recurso de apelación interpuesto por María del Carmen Zapata de la O, en la que determinó dejar insubsistente la sentencia definitiva emitida el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, por la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia el Distrito Judicial de Nacajuca Tabasco, en el expediente 785/2016 y su acumulado 848/2016, por lo que ordenó regularizar el procedimiento a partir del auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve en que citó a las partes para oír sentencia definitiva -quedando firme todo lo actuado con anterioridad- para el efecto de resolver la excepción de legitimación activa en la causa y falta de interés jurídico de la actora, que se reservó para analizarse en el dictado de la sentencia (fojas 50 a la 73 del referido toca). Dicha determinación constituye el acto reclamado. SEXTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, debe abordarse el estudio de la causal de improcedencia que se estima actualizada, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia número 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 553, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En este tenor, se estima que respecto al acto reclamado a la sala responsable, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por estos últimos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Los numerales anteriormente señalados prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una vez precisado lo anterior, cabe establecer que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Acorde a lo anterior, cabe señalar que los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales y respecto de los cuales no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede desprender que la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que ésta sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como garantías individuales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen dentro de juicio deban ser de aquellos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, como se dijo, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Ley Suprema. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, Materias: Común, Registro digital: 2006589, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el siguiente rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En este contexto, es oportuno precisar que en términos generales, el juicio de amparo indirecto no es procedente en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo cuando se reclama el fallo definitivo. Atento al nuevo contexto de la Ley de Amparo, se proporciona mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra ese tipo de actos, que solo son los que afecten materialmente derechos sustantivos y con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se puedan analizar las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo estrictamente procesal. Esas características de los actos en juicio de imposible reparación, ahora definidas por la ley, son reveladoras de la intención legislativa de refrendar el carácter excepcional del juicio de amparo en relación con los procedimientos ordinarios, así como de evitar la dilación de estos por la utilización del control de constitucionalidad de cuestiones procesales que, al final y de resultar relevantes para el dictado de las sentencias definitivas, pueden repararse mediante el amparo directo. Por tanto, teniendo en cuenta que el acto reclamado consiste en la resolución de doce de junio de dos mil veinte, pronunciada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 956/2019-I, en la que determinó dejar insubsistente la sentencia definitiva de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nacajuca, Tabasco, en el expediente 785/2016 y su acumulado 848/2016, el primero, relativo al juicio ordinario civil de acción reivindicatoria, promovido por María del Carmen Zapata de la O, en contra de Teresa Policarpo Maroto y, el segundo, referente al juicio ordinario civil de nulidad de contrato privado de compraventa, ejercido por Teresa Policarpo Maroto, en contra de Alicia Cerino Chan, María del Carmen Zapata de la O, Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, Dirección de Finanzas, Subdirección de Catastro del citado Ayuntamiento y por consecuencia, regularizar el procedimiento a partir del auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el que citó a las partes para oír sentencia, quedando firme todo lo actuado con anterioridad. Lo anterior, para estar en condiciones de resolver la excepción de legitimación activa en la causa, reservada para ser resuelta en la definitiva y falta de interés jurídico de la actora, ordenó requerir a Teresa Policarpo Maroto, para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le notifique le auto que provea dicha resolución, para que exhiba copia certificada de las actas de nacimiento de sus hijos Gloria María y Jesús Francisco, ambos de apellidos Hernández Policarpo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, dicha excepción se resolverá conforme a las constancias existentes en autos, debiendo asumir las consecuencias que su proceder omiso pudiera ocasionarle, hecho que sea, se resuelva el fondo del asunto. De lo que se obtiene, que el presente juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto no afecta de manera material derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, sino que solo tienen repercusiones intraprocesales, por lo que no pueden catalogarse entre las hipótesis comprendidas en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ello es así, ya que la reposición del procedimiento para el efecto de que se analicen las excepciones de falta de legitimación activa y falta de interés en la actora, no es de aquellos actos dictados dentro del juicio que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, razón por la cual no es procedente en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que sus efectos solo se traducen en posibles violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia respectiva, si esta es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarla en el juicio de amparo directo que intente contra la misma, impugnando la determinación de que se duele, como violación procesal, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (.)" Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En ese orden, se insiste, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente, y no impide la posibilidad de que la hipotética violación procesal que produce como efecto, sea reparada en la sentencia que se pronuncie en el procedimiento de origen, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses y, en tal caso, la afectación de que se duele habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En el caso contrario, como ya se precisó, la parte promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del diverso 107, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la legislación citada. En virtud de lo anterior, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado. Robustece la jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 70, octubre de mil novecientos noventa y tres, página cincuenta y siete, que indica lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." No se soslaya que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo no se haya emplazado a la tercera interesada María del Carmen Zapata de la O, pues no obra constancia en autos; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar la celebración de la presente audiencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, la celebración de la presente audiencia no le depara perjuicio alguno tomando en cuenta el sentido de la misma; por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio a la quejosa derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Así como la diversa Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro:" TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Teresa Policarpo Maroto, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, en los términos de los considerandos tercero y sexto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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