Teresa Paz Monterrey Márquez
Expediente 2495/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 18 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2495/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/12/2017
Partes del expediente
- Teresa Paz Monterrey Márquez
Actuaciones
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Teresa Paz Monterrey Márquez, contra actos de la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 2495/2017-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2DESECHAMIENTO En primer término, debe indicarse que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que la promovente señala como actos reclamados en esta instancia, los siguientes: ".el acuerdo de fecha veintiuno de noviembre del dos mil diecisiete, dictado por la C. Juez Quinto de lo Familiar, dentro del expediente 167/2010, y que fue notificado el día veinticuatro de noviembre del presente año, en el cual se niega a la hoy quejosa TERESA PAZ MONTERREY MARQUEZ, el oficio para el descuento del 20% de la liquidación que recibió el señor JOSE FERNANDO EMIGDIO CASTILLO HERRERA." ".la ilegal notificación del acuerdo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, mismo que fue notificado con fecha veinticuatro de noviembre del presente año, ya que este fue realzado contrariamente a derecho, ya que fue notificado únicamente por lista." Esto es, Teresa Paz Monterrey Márquez se duele esencialmente de: 1.- El proveído de veintiuno de noviembre del dos mil diecisiete, dictado por la Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en el juicio de alimentos 167/2010, mediante el cual negó la solicitud de la promovente consistente en que ordenara al Instituto Mexicano del Seguro Social, hiciera el pago del 20% de aquél que por concepto de jubilación recibió el acreedor alimentario José Fernando Emigdio Castillo Herrera. 2.- La notificación del acuerdo mencionado en el párrafo que antecede. Precisado lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que, es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que en cuanto al acto inserto en el punto 1, se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que el proveído de veintiuno de noviembre del dos mil diecisiete, es susceptible de ser revocado o modificado mediante el recurso de reclamación, tal como lo establece el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, mismo que prevé su procedencia contra autos que no ponga fin al procedimiento. Así, el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, establece: "Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento." Por tanto, resulta indiscutible que el auto que aquí reclama la parte quejosa es impugnable mediante el recurso de reclamación, ya que es una resolución que no pone fin al juicio, que no es apelable, y por tanto debe ser recurrida mediante recurso de reclamación ante el juez que la emitió, antes de promover el amparo que ahora se intenta, lo anterior a efecto de satisfacer la regla contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto al acto reclamado inserto en el punto 2, se considera que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que en contra de la notificación del acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, previsto en el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que en lo conducente dispone: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada. (.)" En efecto, del análisis del artículo trascrito, se aprecia que el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado (incidente de nulidad de actuaciones), es procedente contra las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, pues es el recurso idóneo para nulificar las actuaciones reclamadas y dejar sin efecto todo lo actuado con posterioridad a partir de su notificación. De ahí que en contra de la notificación del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, de considerar que fue practicada en forma distinta a la establecida en la codificación aplicable, debe ser impugnado a través del incidente de nulidad de actuaciones, previsto por el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. En las relatadas condiciones al haberse acreditado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento se desecha la demanda de amparo. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Hernández Corona, debido a que cuenta con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como autorizadas en los términos restringidos que prevé el citado numeral a las diversas personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a la promovente que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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