Teresa Pacheco Bran

Expediente 749/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
749/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Teresa Pacheco Bran
  • Virginia Pacheco Bran

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de Francisco Javier Avilés Ruiz, María Ester Mendoza Manríquez, Fernando Avilés Huacuz y Francisco Mendoza López, apoderados jurídicos de la quejosa Teresa Pacheco Bran, mediante el cual interponen recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado en vía acelerada a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Finalmente, se tiene por recibido el escrito del tercero interesado Maximiliano Pacheco Bran y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. Notifíquese por lista, personalmente a la parte tercera interesada y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, ********************, a las once horas con cuarenta minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de ********************, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 749/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y con las exhibidas por las autoridades responsables. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el dieciséis de junio de dos mil veintitrés (foja 3), en el Buzón Judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ********************y ********************todos de apellidos ******************** la primera mencionada promovió por conducto de sus apoderados ******************** y ********************y los demás por propio de derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de Catastro del Estado de ******************** de Ocampo y de otras autoridades. Actos que la parte quejosa estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de ******************** conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 749/2023 y en proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés (foja 118), se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; y se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguido el juicio por su cauce legal, el treinta de agosto del año que transcurre (foja 209) se reconoció el carácter de terceros interesados y se ordenó su emplazamiento, a los promoventes del procedimiento de variación catastral, esto es, a: 1. ********************; 2. ********************; 3. ********************; y, 4. ********************. Todos de apellidos ********************. Finalmente, seguido el juicio por su cauce legal, en esta fecha se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver en términos de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene consecuencias jurídicas dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados son: *Todo lo actuado en el procedimiento administrativo de variación catastral ********************promovido a bienes de ******************** y/o José ******************** y/o ********************, respecto del predio rústico denominado ********************, ubicado en el Rancho del mismo nombre, del municipio de ********************, ********************, con una extensión superficial de ******************** y, *Todas las consecuencias jurídicas de la resolución emitida en ese procedimiento, como son la cancelación de la inscripción registral y la anotación del nuevo registro. Actos que atribuye a las autoridades: Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de ********************; Director de Catastro en el Estado; Éstos dos con residencia en esta ciudad; y, Administrador de Rentas de ********************, ********************. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las tres autoridades responsables, según lo manifestado en sus respectivos informes justificados que obran como se anota: Autoridad Informe Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de ********************. 137 Director de Catastro en el Estado de ********************. 154 Administrador de Rentas de ********************, ******************** 132 Certeza que se corrobora con las copias certificadas que acompañaron dichas autoridades responsables como soporte de sus informes justificados, entre las que se encuentran la resolución emitida en el procedimiento administrativo de variación catastral ******************** Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. *Falta de interés. En ese contexto, este juzgador advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, a virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13o. C.12 C (10a.), de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese orden, las connotaciones de interés jurídico e interés legítimo llevan a este tribunal federal a considerar que en el asunto de origen, los quejosos debían acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que les asiste para reclamar lo actuado en el sucesorio de origen. Ahora bien, los actos reclamados se hicieron consistir, esencialmente, en todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo de variación catastral ********************promovido a bienes de ******************** y/o José ******************** y/o ********************, respecto del predio rústico denominado ********************, ubicado en el Rancho del mismo nombre, del municipio de ********************, ********************, incluyendo las consecuencias jurídicas de la resolución emitida en ese procedimiento, como son la cancelación de la inscripción registral y la anotación del nuevo registro. En esa virtud, a efecto de resolver el presente asunto, es necesario traer a contexto lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis ********************, der la que derivó la jurisprudencia del rubro: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA)", visible en la página 242, Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en cuya ejecutoria sostuvo lo siguiente: "QUINTO.- ...... Finalmente, antes de que esta Primera Sala fije la posición que habrá de adoptar para resolver la contradicción de tesis materia de estudio, respecto a la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, es necesario analizar los diversos supuestos que podrían dar lugar a que se promoviera el juicio de garantías por parte una persona que se considera con derecho a participar de la masa hereditaria dejada por el de cujus, que en la especie son las siguientes: a) En primer lugar cabe mencionar aquellos casos en los que desde la denuncia del juicio intestamentario se señala a alguna persona familiar del de cujus, con derecho a participar en el juicio, respecto de la cual, el juzgador estaría en la obligación de ordenar que se le cite y de verificar que se dé cabal cumplimiento a las formalidades legales establecidas para ello, a efecto de que se haga del conocimiento del heredero señalado la existencia del juicio sucesorio, para que esté en condiciones de acudir ante la autoridad judicial que conoce del juicio sucesorio a deducir sus derechos hereditarios, como ocurre en los casos expresamente señalados en los artículos 844, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 1197 y 1198 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que en lo conducente señalan: "Artículo 844. Efectuada la denuncia y una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, cuando así proceda, el Juez tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por cédula o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubiesen señalado como interesadas, haciéndoles saber el nombre del finado, las demás particularidades que lo identifiquen, la fecha y el lugar del fallecimiento, para que en un término improrrogable de treinta días se presenten a deducir y a justificar sus derechos, a la herencia y a hacer el nombramiento de albacea. En todo caso mandará a fijar y publicar los edictos correspondientes, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior." "Artículo 1197. En la denuncia o promoción de intestado, se expresará, si el autor de la sucesión dejó cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales, dentro del quinto grado." "Artículo 1198. El Juez citará a los presuntos herederos que aparecieren de la denuncia o a sus representantes legítimos, para una junta ..." Del contenido de los numerales transcritos de ambos ordenamientos legales citados, se advierte que en aquellos casos en que en la demanda de intestado se haga mención o se señale a alguna persona como familiar del de cujus, se genera la obligación por parte del Juez del conocimiento, de vigilar la correcta citación de dicha persona, a efecto de que se haga de su conocimiento la existencia del juicio sucesorio, para que acuda a deducir sus derechos hereditarios. En este caso, de darse alguna irregularidad -deficiencia u omisión- en la citación o llamamiento correspondiente, indudablemente el heredero en cuestión, se vería afectado en sus derechos fundamentales con las resoluciones que se dictaran en las diferentes etapas que integran el trámite del juicio sucesorio, pues las mismas no se ocuparían del quejoso porque no fue parte en el mismo, luego entonces dicha afectación no podría ser subsanada con el dictado de la resolución definitiva (en un juicio sucesorio se entiende como tal la que determina la adjudicación de bienes), pues no sería tomado en consideración en dicha determinación, por no haber sido parte en el juicio, razón por la que el interesado quedaría en la posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, dentro del término señalado para ello por el artículo 21 de la Ley de Amparo, a condición de que no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia a que se refieren los artículos 2993 del Código Civil para el Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los cuales son coincidentes en señalar el término de diez años contados a partir de la muerte del de cujus. Sin que en las citadas condiciones, exista la obligación, por parte del quejoso, de tramitar previamente el juicio de petición de herencia, en virtud de que éste no tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un procedimiento autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugnación, como ya se precisó con anterioridad. Tampoco sería exigible en las condiciones apuntadas, que el quejoso agotara los recursos ordinarios señalados en los códigos de procedimientos civiles, pues al no haber sido parte en el juicio no tendría acceso a agotarlos, por tener la calidad de tercero extraño al juicio. b) Diversa circunstancia se presentaría cuando a una persona que se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento sucesorio y reclama su derecho a intervenir en dicho juicio, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, circunstancia que daría lugar a dos situaciones diversas: 1-b) La primera se actualiza cuando la persona interesada cuenta con un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión -en la especie el acta del Registro Civil correspondiente-, así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que le permitiría, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos hereditarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través del juicio de garantías, siempre que no haya transcurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia. 2-b) La segunda situación se daría cuando la persona interesada en intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento público fehaciente -un acta del Registro Civil- para acreditar su entronque de parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a participar en el juicio sucesorio como ocurre en los casos en que en un juicio intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con un grado de parentesco menor con el autor de sucesión, que el que acredita el quejoso, con el documento en cuestión, si se toma en consideración que en todos los Códigos Civiles de las entidades federativas y del Distrito Federal, establecen en sus preceptos la regla que señala que los parientes cercanos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario. c) Otra circunstancia diversa se presenta en el caso en que la persona interesada en intervenir en el juicio sucesorio, para que se le declare heredero, pretende demostrar su entroncamiento familiar con el autor de la sucesión, mediante el acopio de diverso material probatorio, por carecer del documento público idóneo para ello -en la especie el acta del Registro Civil- en cuyo caso no sería procedente el juicio de amparo, pues se estaría en la imposibilidad de hacer alguna declaración en torno a la demostración del vínculo de parentesco, por no contarse con la prueba fehaciente requerida por los diversos Códigos Civiles para ello, en tales condiciones dicha pretensión deberá hacerse valer a través de un juicio ordinario ante las autoridades correspondientes a través del procedimiento de petición de herencia. Por todo lo anteriormente analizado, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que adopta en el presente asunto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes términos: ...". Consideraciones anteriores que se estiman aplicables al caso a estudio, en virtud de que en las legislaciones de los Estados de Jalisco y Tlaxcala, existen disposiciones similares a las del Estado de ********************, en tratándose de lo relativo a la tramitación de la acción de petición de herencia. De lo anterior, se desprende, -en lo que aquí interesa- que es procedente el juicio de amparo ante un Juez de Distrito, contra la falta total o ilegal emplazamiento a un juicio sucesorio o en su caso al procedimiento administrativo correspondiente que en su caso se promueva [variación catastral de bienes hereditarios], cuando un posible heredero no fuere llamado a un juicio o procedimiento administrativo de esa naturaleza, o bien, de forma legal, y éste hubiere concluido, sin tener que ejercer, previamente a su interposición, la acción de petición de herencia que se prevé para los herederos que no acudieron o no fueron llamados a la sucesión, de acuerdo con las disposiciones civiles aplicables; esto, claro está, siempre y cuando no haya transcurrido, en su perjuicio, el término de diez años que para que la prescripción del derecho a reclamar la herencia se contempla en el artículo 1509 y posteriormente el 817 del Código Civil del Estado de ********************, aplicables en la época de inicio de los trámites de variación catastral sobre bienes hereditarios aquí reclamados. Respecto de la aplicación de la legislación civil del Estado, no está de más mencionar que si bien la variación catastral tiene un trámite regulado por el derecho administrativo, el derecho sustantivo es de origen civil. En efecto, el artículo 817 del Código Civil, así como el numeral 1008 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de ********************, vigentes en la época de inicio de la variación catastral de origen [2012], disponen: "Artículo 817. El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos." "Artículo 1008. Los herederos o legatarios que no se presenten al juicio de sucesión, tienen derecho de pedir su herencia o legado, mientras no prescriba, demandando en el juicio correspondiente al albacea si el juicio no ha concluido, o a los que hayan adquirido los bienes sucesorios, si se ha verificado la partición." De donde se desprende que, para ejercer válidamente la acción de petición de herencia, se requiere: a) Que la herencia exista; b) Que se haya hecho la declaración de herederos, donde se excluya u omita a quien tiene derecho a heredar; c) Que los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión, o bien, por los herederos; y, d) Que se encuentre vigente el derecho de los herederos que no se hubieran presentado a la sucesión. Esto es, ineludiblemente, que no haya transcurrido, en su perjuicio, el término que para la prescripción del derecho a reclamar la herencia se indica en el Código Civil del Estado de ******************** aplicable. Ahora, si bien el ordenamiento legal citado no señala en forma expresa cuál es el momento a partir del cual debe computarse el término de los diez años para ejercer la acción de petición de herencia, lo cierto es que, en el caso a estudio a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya existía la variación catastral y por ende, es válido considerar que el cómputo de referencia, debe realizarse a partir de la fecha en que se hace el reconocimiento de herederos por la autoridad competente [lo cual ocurrió cuando se aceptó la variación], puesto que desde ese momento, se surte el efecto de tener a los terceros interesados por legítimos poseedores de los bienes hereditarios. Interpretación que es acorde a lo determinado en el criterio jurisprudencial 1a./J.22/2021 (11a.), consultable en página mil quinientos cuarenta y dos, del tomo II del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de dos mil veintiuno, Materia Civil, Undécima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN DE HERENCIA. INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE ESA ACCIÓN CUANDO LA LEGISLACIÓN NO LO DISPONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y BAJA CALIFORNIA, ESTA ÚLTIMA ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EL 10 DE ABRIL DE 2015). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes consideraron distintos momentos a partir de los cuales debe empezar a computarse el plazo de diez años para que prescriba la acción de petición de herencia que ejerce un heredero preterido. Ambos fundaron su criterio en legislaciones que no disponen expresamente a partir de qué momento empieza a correr ese plazo. Luego, por un lado, uno de ellos estimó que la prescripción de la acción debe computarse "a partir de la muerte del autor de la sucesión"; mientras que, el otro resolvió que es a partir de la "aceptación y discernimiento del cargo de albacea". Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en aquellas legislaciones en las que se conserva la redacción del Código Civil de 1928 -como las de Durango y Baja California, esta última anterior a la reforma publicada el 10 de abril de 2015-, y que expresamente disponen que: "El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos", la prescripción de la acción de petición de herencia debe computarse a partir del momento en que se encuentren reunidas las tres condiciones necesarias para su ejercicio, a saber: a) la transmisión de los bienes a título universal, que opera desde la apertura de la herencia con la muerte, o bien con la declaración de muerte de un ausente; b) que, en cualquiera de esas dos resoluciones, no se haya incluido al heredero preterido; y, c) que se encuentre aceptado y discernido el cargo de albacea. En ese tenor, si al emitirse la declaratoria de herederos, no se ha aceptado y discernido el cargo de albacea (testamentario o intestamentario), la prescripción comenzará a partir del momento en que esto ocurra; y si, por el contrario, este cargo ya fue aceptado y discernido, el cómputo para determinar la prescripción iniciará a partir de la fecha en que se haya emitido la resolución de reconocimiento de herederos o la declaración de muerte de un ausente, según sea el caso. Justificación: Esto se debe a que, en las legislaciones en las que no se regula expresamente el momento a partir del cual debe empezarse a calcular el cómputo del plazo para determinar la prescripción de una acción, debe estarse a la regla general que dispone que debe ser a partir de que se reúnan las condiciones necesarias para que sea exigible. Así, conforme a los artículos 1536 a 1539 del Código Civil para el Estado de Baja California, y 1533 a 1536 del Código Civil del Estado de Durango, en relación con los diversos 13 y 14 de los Códigos de Procedimientos Civiles de ambas entidades federativas, la acción de petición de herencia tiene como presupuesto la apertura de la herencia en el instante de la muerte del autor de la sucesión, o la tutela del derecho de los herederos a la sucesión, la cual puede ser de dos tipos: a) la que, por excepción, se confiere a cada uno de los herederos para recuperar los bienes hereditarios en aquellos casos en los que aún no se ha aceptado y discernido un albacea; o, b) la que se ejerce con posterioridad para la defensa de los derechos hereditarios, cuando se le ha negado el derecho a recibir los bienes de la herencia, no haya sido llamado al juicio sucesorio o se le ha excluido de la declaración de heredero, entre otros casos, en los que será necesario que ya se hubiere dictado dentro de juicio una resolución sobre reconocimiento de herederos, en la que no hubiere aparecido el heredero preterido y que, además, ya se haya nombrado albacea, por ser éste quien tiene la posesión de los bienes que integran el caudal hereditario." En dicho criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como condiciones necesarias para computar el término prescriptivo de la petición de herencia que se encuentren reunidas las tres siguientes: 1. La transmisión de los bienes a título universal, que opera desde la apertura de la herencia con la muerte, o bien con la declaración de muerte de un ausente; 2. Que en cualquiera de esas dos resoluciones, no se haya incluido al heredero preterido; y, 3. Que se encuentre aceptado y discernido el cargo de albacea. Lo que trasladado al procedimiento administrativo que nos ocupa, permitiría considerar, como ya se dijo, que existe la transmisión de los bienes a partir de la fecha en que la autoridad competente emitió el acuerdo resolutorio de variación catastral de bienes hereditarios dentro del expediente ********************esto es, del veintidós de octubre de dos mil doce, porque fue en esa determinación en la que accedió a ordenar que se declarara procedente esa variación catastral; asimismo, nos permite considerar que la prescripción comenzó a correr a partir de la fecha en que el inmueble materia de la variación quedó inscrito a favor de los promoventes Ma. Paz, ********************, ******************** y ********************, de apellidos ******************** porque es cuando los herederos de la variación catastral entraron en posesión jurídica del caudal hereditario del de cujus; sobre todo, porque desde ese momento, se surte el efecto de tener a los terceros interesados por legítimos poseedores de los bienes materia de la variación. Como apoyo al anterior argumento, se cita la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 337, Volumen XXII, Cuarta Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 272034, del contenido siguiente: "PETICIÓN DE HERENCIA, PRESCRIPCIÓN EN CASO DE (LEGISLACIONES DE MICHOACÁN Y DEL DISTRITO FEDERAL). Aun cuando la ley no dice a partir de qué momento comienza a contarse el plazo de la prescripción para ejercitar la acción de petición de herencia, la cuestión se resuelve por la aplicación del principio elemental de que la prescripción extintiva corre desde el momento en que el derecho se hace exigible, y este momento no puede ser otro sino aquél en que se pone en posesión al demandado de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria, mediante el reconocimiento de su calidad de heredero, por la autoridad competente. Por lo que si de acuerdo con el artículo 13 del Código de Procedimientos Civiles de ******************** (igual al 18 del código de la misma materia del D. F.), la acción de petición de herencia se da contra el poseedor en concepto de heredero, es lógico concluir que el nacimiento de dicha acción empieza, no precisamente a partir del momento en que aquél se atribuye por sí y ante sí, el carácter de heredero que pretende ser exclusivo, sino a partir de la fecha de su reconocimiento como tal heredero, por la autoridad correspondiente". Así como el criterio aislado de la propia Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 111, Volumen LXXXII, Cuarta Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 270202, del rubro y texto siguientes: "PETICIÓN DE HERENCIA, MOMENTO EN QUE EMPIEZA A CONTARSE EL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE. Si bien es cierto que la ley no precisa a partir de qué momento comienza a contarse el plazo de la prescripción para ejercitar el derecho de petición de herencia, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha resuelto este problema por la aplicación del principio de que la prescripción extintiva corre desde el momento en que el derecho se hace exigible, tomando en cuenta que ese momento no puede ser otro que aquél en que se pone en posesión al demandado de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria mediante el reconocimiento de su calidad de heredero por la autoridad competente; y que para que el derecho sea exigible, es necesario que la herencia exista, que haya un heredero y que los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión o por un heredero aparente o por otras personas; ya que salvo prueba en contrario, se presume que el albacea fue puesto, en los términos de ley, en posesión de los bienes hereditarios y esa posesión marca el momento del nacimiento de la acción de petición y el en que debe empezar a contarse el término de diez años de la prescripción extintiva a que se refiere la ley". Se invoca también como sustento la tesis aislada XI.2o.200 C, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Página 280, Tomo XIII, Enero de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 213838, del epígrafe y texto: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 1509 del Código Civil del Estado de ******************** establece que el derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años, pero ni en esa disposición ni en alguna otra de tal ordenamiento, se dice a partir de qué momento ha de contarse el término de la prescripción de la acción de petición de herencia; sin embargo, la cuestión se resuelve por aplicación del principio de derecho establecido, en el sentido de que la prescripción extintiva corre desde el momento en que el derecho se hace exigible, en el caso desde que el albacea es puesto en posesión de los bienes sucesorios, mediante el reconocimiento de su calidad de heredero a través de la declaratoria de herederos". Lo anterior se robustece si se toma en consideración, por una parte, que el artículo 13 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de ********************, vigente en la época de inicio del trámite de variación catastral reclamado, establece que la acción de petición de herencia se da contra el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero, y por la otra, que el numeral 1036 del ordenamiento legal en cita, dispone que la declaración de herederos de un intestado surte el efecto de tener por legítimo poseedor de los bienes, derechos y acciones del difunto, a la persona en cuyo favor se hubiere hecho. Luego, si del escrito de la demanda de amparo, se desprende que los quejosos ********************y ********************de apellidos ******************** señalaron como actos reclamados todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo de variación catastral ********************promovido a bienes de ******************** y/o José ******************** y/o ********************, respecto del predio rústico denominado ********************, ubicado en el Rancho del mismo nombre, del municipio de ********************, ********************, incluyendo las consecuencias jurídicas de la resolución emitida en ese procedimiento, como son la cancelación de la inscripción registral y la anotación del nuevo registro. Y al respecto se tiene que en el expediente número ********************se emitió la resolución definitiva el veintidós de octubre de dos mil doce, en la que se declaró procedente la misma en los siguientes términos: Resolución la anterior que quedó registrada en el libro de propiedad del Registro Público el cinco de noviembre de dos mil doce: Entonces, es inconcuso que, a partir de que ese título se inscribió en el Registro Público, esto es, del cinco de noviembre de dos mil doce, es cuando debe estimarse que los herederos de la variación catastral entraron en posesión jurídica del caudal hereditario del de cujus, y en consecuencia, desde entonces comenzó a transcurrir el término de diez años, para la prescripción extintiva del derecho, para reclamar la herencia que se contempla a favor de los herederos que no asistieron a deducir sus derechos, en el artículo 817 del Código Civil del Estado de ********************, vigente en la época de inicio de la variación catastral de origen. Por tanto, si la demanda de amparo en estudio fue depositada hasta el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, según sello de recibido de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con sede en esta ciudad, debe estimarse que transcurrió con exceso el término de diez años a que alude el dispositivo de referencia y, por ende, prescribió en perjuicio del quejoso, el derecho para ejercer la acción de petición de herencia, que se prevé en los artículos 13 y 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de ********************, en relación con el procedimiento administrativo sobre variación catastral de bienes hereditarios número ********************contemplados en la Ley de Catastro del Estado de ********************. Así, es claro que al no contar los quejosos con la titularidad de algún derecho público subjetivo, cuya afectación les faculte para acudir ante los órganos de control constitucional y demandar el cese de esa violación a través del juicio de amparo, debe estimarse que no cuentan con el interés jurídico necesario para intentar, válidamente, la acción constitucional contra los actos que reclamaron en su escrito inicial de demanda. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo solamente procede en aquellos casos en que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio o fue emplazado en forma ilegal, reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario o procedimiento administrativo de bienes hereditarios [variación catastral], para ser declarado como tal, con todas sus consecuencias legales, a condición de que, como se puso de manifiesto previamente, no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia, que prevé el artículo 817 del citado Código Civil del Estado de ********************, mismo que en este caso, debe computarse a partir de la fecha en que los declarados herederos inscribieron su título de dominio de los bienes que integran la masa hereditaria del de cujus, ante el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 1008 del mencionado Código de Procedimientos Civiles del Estado de ********************; lo cual, hace improcedente el juicio de amparo en su contra. De modo que, no es suficiente que se acredite la existencia de alguna situación abstracta que pueda estimarse violatoria de derechos fundamentales, para poder concluir que, quien acude al juicio de amparo, cuenta con el interés jurídico necesario, para demandar el cese de esa violación a través del juicio Constitucional, sino que es necesario que todo aquél que acuda al juicio de amparo acredite, fehacientemente, ser el titular de algún derecho público subjetivo, legítimamente tutelado por la norma objetiva, que lo faculte para acudir ante los órganos de control constitucional a exigir se respete por la autoridad responsable, a través del ejercicio de la acción de amparo; lo cual, como se demostró, no aconteció en la especie. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en este asunto, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Como apoyo a lo expuesto, se invoca por analogía la tesis aislada VI.2o. C 637 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Consultable en la página 1001, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 168331, del rubro y texto que se indican a continuación: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO RESULTA IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO SE PROMUEVE UNA VEZ QUE HA PRESCRITO LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 3391 del Código Civil para el Estado de Puebla, la acción de petición de herencia prescribe en diez años, contados a partir de la adjudicación del patrimonio al que pudiera aspirar quien se considere con derecho por estimarse heredero. Por otro lado, para que un juicio de garantías satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, acorde con el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el ejercicio de la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de la existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponde al quejoso, o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. De tal suerte, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio intestamentario, si al momento de su promoción ya prescribió la acción de petición de herencia, dado que si por el solo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido al quejoso intervenir en dicho procedimiento, es inconcuso que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, en tanto que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que se extinguió al operar la prescripción" Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************y ********************de apellidos ******************** por su propio derecho, en términos de lo expuesto en la consideración cuarta de esta resolución. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la quinta consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de ********************, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio y anexo que remite el Juez Mixto de Primera Instancia de Tacámbaro, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 352/2023 del índice de este juzgado, comunicación que fue girada para que en auxilio llevara a cabo el emplazamiento de los terceros interesados Ma. Paz Pacheco Bran y/ o María Paz Pacheco Bran, Maximiliano, Octavio y Agustina, todos de apellidos Pacheco Bran, lo que fue realizado por la autoridad en cita, tal como se advierte de las constancias que remite con el oficio de cuenta. En consecuencia, por lo que en atención a su contenido con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se les tiene por emplazados en el presente juicio de amparo a los referidos terceros interesados. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por el Administrador de Rentas de Tacámbaro, Michoacán, mediante el cual en atención al requerimiento que le fue formulado en autos, remite las constancias relacionadas con el acto reclamado.****************************************Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas la documental que anexa la responsable en cita.****************************************Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva.****************************************Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cita, se aprecia que********************fueron los que promovieron la variación catastral ante las autoridades responsables; por tanto, con apoyo en el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de parte tercera interesada, por lo que se ordena emplazarlos al juicio en que se actúa, en los domicilios siguientes:************************************************************(el cual señalaron para recibir notificaciones) y/o;****************************************a). - ********************, quien tiene su domicilio, en la casa sin número ubicada al final de la calle Cerrada Aldama, Zona Centro de la Ciudad de Tacámbaro de Codallos, Michoacán; ****************************************b). - ********************quien tiene su domicilio en la casa sin número de la calle Buganvilías de la Colonia Caricho de la Ciudad de Tacámbaro de Codallos, Michoacán;****************************************c). -********************quien tiene su domicilio en la casa sin número de la calle Buganvilias de la Colonia Caricho de la Ciudad de Tacámbaro de Codallos, Michoacán; y,****************************************d). -********************, quien tiene su domicilio en la casa marcada con el número 32, treinta y dos de la Calle Benito Juárez, zona centro de la Ciudad de Tacámbaro, Michoacán. ****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Tacámbaro, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, se sirva designar personal a su digno cargo, a fin de que realice lo siguiente:****************************************a) Se constituya en legal y debida forma en el citado con anterioridad y con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento de la parte tercera interesada por conducto del asesor de referencia, personalmente o por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento;****************************************b) De no encontrar a la parte tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; ****************************************c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio y de la presente determinación, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo;**************************************** d) Le haga saber que se encuentran señaladas las once horas con cuarenta minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés, para que verificativo la audiencia constitucional.****************************************e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin previo acuerdo, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo;****************************************f) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y,************************************************************g) Por último, hágase saber a la parte tercera interesada que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. ************************************************************Sin que obste para llevar a cabo la diligencia encomendada, el hecho de que al recibir la comunicación oficial respectiva haya transcurrido la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que en ese supuesto este Juzgado Federal proveerá lo conducente en relación con su diferimiento, el cual se notificará por lista.****************************************Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se solicita al juzgado auxiliar para que acuse recibo de la comunicación oficial correspondiente por vía fax al número 01 44 33 21 54 41.****************************************Asimismo, se requiere a la autoridad auxiliar, para que realizado el emplazamiento, verifique que la diligencia se haya llevado a cabo de conformidad con los lineamientos planteados en los incisos que anteceden, tomando como base los preceptos legales que en ellos se contienen, ya que de no ser así, deberá ordenar que se realice nuevamente e informarlo de manera inmediata a este juzgado por vía acelerada.****************************************Una vez realizada la diligencia requerida, de inmediato deberá enviar a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas que acrediten lo encomendado, o bien, informar el impedimento legal o material que haya surgido para no realizarla, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, equivalente a cincuenta unidades de medidas de actualización.****************************************Notifíquese por lista y cúmplase.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR

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