Teresa Olivia Hernandez Arambula

Expediente 704/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
704/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Teresa Olivia Hernandez Arambula
  • Clemente Macias Rivera (Apoderado Legal)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó estado para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 3 Amparo indirecto 704/2021 El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de los actos reclamados. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DESTRUIBLE Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 181, fracción l, inciso a) del Acuerdo General de referencia, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2 sub punto 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 4 Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 252 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 2 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 5 Amparo indirecto 704/2021 Como existen documentos exhibidos por la parte quejosa en este expediente, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le previene para que acuda a este juzgado dentro del plazo de noventa días hábiles a recogerlos con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvanse a las autoridades responsables las constancias que remitieron como justificación de sus actos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 704/2021. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda por incompetencia. Por oficio 2118/2022, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, remitió por incompetencia el juicio de amparo 782/2021, promovida por Clemente Macías Rivera, apoderado legal de Teresa Olivia Hernández Arámbula, contra actos del Fiscal General de Justicia en el Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y otras autoridades, los cuales precisó en la demanda de amparo. SEGUNDO. Aceptación de la competencia declinada. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en proveído de once de febrero de dos mil veintidós, aceptó la competencia declinada; asignándole el número 782/2021, del libro de gobierno respectivo; no se solicitaron los informes justificados, pues obraban algunos de ellos y el Juez declinante había realizado lo propio; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. En consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 JUICIO DE AMPARO 704/2021 -2- PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de marzo de dos mil dieciséis. Lo anterior obedece a que los actos reclamados tienen ejecución en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. No obstante que en el libelo de garantías, la peticionaria de amparo, aduce la eminente orden de aseguramiento del bien inmueble, materia del acto reclamado, lo cierto es que de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte que el aseguramiento reclamado ya tiene un lapso de tiempo prolongado, por lo que, del contexto de la demanda de amparo y constancias que obran en el presente juicio de amparo, se toma como acto reclamado de las autoridades responsables lo siguiente: _ La orden de aseguramiento parcial o total del bien inmueble, denominado el bracilito, ubicado a un costado de la carretera doscientos tramo Tonalá, Pijijiapan - Tonalá, Estado de Chiapas, fuera de todo procedimiento legal; así como la ejecución de tal EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 JUICIO DE AMPARO 704/2021 -3- aseguramiento. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Fiscal General del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, negó la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba fehaciente alguna. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de dicha potestad en la emisión y ejecución del referido acto reclamado; lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a ello, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Director de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Fiscal del Ministerio Público de Combate al Abigeato, con sede en Tonalá, Chiapas, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado (fojas 101 a 104, 159 a 160). Además, su existencia se corrobora con las copias certificadas del cuaderno relativo a la averiguación previa 165/IC05/2014, en la que se advierte la emisión del aseguramiento aquí impugnado. 1 Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Sexta época, Tomo VI, Página 236. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 JUICIO DE AMPARO 704/2021 -4- Las documentales públicas referidas tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2, ya que fueron expedidas por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. La autoridad responsable, Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en Tonalá, Chiapas, fue omisa de rendir su respectivo informe justificado, siendo emplazada para ello, según la constancia de notificación del acuse de recibo que obra en autos (foja 72); y haber transcurrido el término de quince días que le fue otorgado para rendir su informe respectivo; en consecuencia, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente cierto el acto que se le reclama, que se precisó en el considerando precedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos noventa y dos, Libro 18, Tomo I, mayo de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 JUICIO DE AMPARO 704/2021 -5- concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario." Asimismo, cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 8/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiséis, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 JUICIO DE AMPARO 704/2021 -6- autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Por razón de método, procede analizar las causas de improcedencia, las hagan valer o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado consistente, en el acuerdo ministerial de doce de febrero de dos mil quince, respecto del aseguramiento, provisional y precautorio del bien inmueble, denominado el Bracilito, ubicado a un costado de la carretera 200 tramo Tonalá, Pijijiapan-Tonalá, Estado de Chiapas, dentro de la averiguación previa 165/IC05/2014, por el Titular del Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa Especializada en Delito de Abigeato, con sede en Tonalá, Chiapas y la resolución de aseguramiento de dieciocho de mayo de dos mil quince, elaborado por la Fiscal del Ministerio Publico en auxilio de la mesa de trámite especializada de abigeato; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que dichos actos fueron consentidos tácitamente, al no promoverse el amparo dentro del plazo general de quince días previsto en el artículo 17 de la propia legislación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 JUICIO DE AMPARO 704/2021 -7- De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, es necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 JUICIO DE AMPARO 704/2021 -8- Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Dicho plazo se computará a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 JUICIO DE AMPARO 704/2021 -9- especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, tal y como acontece en el presente caso. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Pues bien, de las constancias remitidas por las responsables, se advierte que el quejoso acudió ante el Órgano Técnico investigador del orden común, mediante escrito de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, tal y como se desprende de las constancias que integran la averiguación previa 165/IC05/2014 obrante a foja 146 a 148 del sumario. En ese sentido, la quejosa conoció por lo menos, en la fecha antes referida, en forma completa la existencia del acto reclamado y sus efectos. En consecuencia, de la fecha en que la parte quejosa presentó su demanda de amparo -quince de diciembre de dos mil veintiuno-, transcurrió claramente en exceso el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para ejercitar la acción constitucional, y por ende, los actos reclamados se estiman consentidos. Apoya esta determinación, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 115/2010, publicada en la página 5, tomo XXXIII, Enero de EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 JUICIO DE AMPARO 704/2021 -10- 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 JUICIO DE AMPARO 704/2021 -11- enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. También es aplicable al caso, la jurisprudencia 13, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, tomo VI, Quinta Época, del Apéndice de 1995, que dice: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo. En consecuencia, al sobrevenir la causa de improcedencia invocada, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, promovido por Clemente Macías Rivera, apoderado legal de la quejosa Teresa Olivia Hernández Arámbula. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Director de Bienes Asegurados, EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 JUICIO DE AMPARO 704/2021 -12- Abandonados y Decomisados, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en Tonalá, Chiapas, al no combatirse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Clemente Macías Rivera, apoderado legal de la quejosa Teresa Olivia Hernández Arámbula, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades señaladas en el considerando tercero y quinto, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por el licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, secretario del Juzgado con quien actúa, el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado que rinde el Fiscal del Ministerio Público de Combate al Abigeato, con sede en Tonalá, Chiapas, sin que sea necesario dar vista a las partes toda vez que en proveído de veintiuno de abril del presente año se acordó lo conducente. Ahora bien, por cuanto las documentales enviadas son voluminosas, a fin de preservar su óptimo estado y facilitar el manejo de este expediente, déjese en resguardo en esta secretaría, hasta que llegue el momento de su devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. *RPCR/ESA/BYPP** EDUARDO SUMUANO AGUILAR

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado que rinde el Fiscal del Ministerio Público de Combate al Abigeato, con sede en Tonalá, Chiapas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Asimismo, atendiendo a la voluminosidad de tales constancias, en aras de lograr mejor control y manejo del presente expediente, se ordena formar cuaderno de pruebas. Ahora bien del informe rendido se advierte la participación del Juez del Ramo Penal, con sede en Tonalá, Chiapas, quien libró la orden de cateo bajo el número 8/2014, el cual dio origen al aseguramiento del bien inmueble que defiende la parte quejosa. En virtud de lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste si desea señalar como autoridad responsable al Juez del Ramo Penal, con sede en Tonalá, Chiapas, apercibido en caso de ser omiso, se continuará con el procedimiento en este sumario de la forma originalmente expuesta en su demanda, lo que podría traer como consecuencia el sobreseimiento del presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 112, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 93, Tomo XVIII, diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. La interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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