Teresa Mudai Franco Vides
Expediente 483/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Teresa Mudai Franco Vides
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinte de abril de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el presente juicio, haya sido recurrida por la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar agravios, y no obstante ello, no la recurrió; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara la sentencia constitucional que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes.****************************************En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido.****************************************Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido.****************************************En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo.****************************************Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente.****************************************Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes.****************************************Notifíquese.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, residente en esta ciudad, que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 17 y 21 Constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que mediante proveído de diecisiete de febrero del presente año, otorgó a la quejosa la suspensión de plano, y en ese mismo auto se admitió a trámite la demanda de amparo; pidió su informe justificado a las autoridad responsable; no tuvo a persona alguna con el carácter de tercero interesada; dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y XII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. En términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo; esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia del acto reclamado, debe quedar precisado cuál es éste, para lo cual debe analizarse en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en la especie, el acto reclamado consiste en: La orden y ejecución de deportación y/o expulsión y/o rechazo y/o devolución a su país de origen. La privación de la libertad y/o retención y/ detención en contra del quejoso. Incomunicación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad, al rendir su informe relativo a la suspensión de plano negó categóricamente la existencia de los actos que le reclama el quejoso, sin que éste haya aportado prueba alguna que desvirtúe la negativa de la citada autoridad. Por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 1089, consultable en la página 755, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que al efecto establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." De igual forma, sirve de apoyo la tesis II.2o.P.25 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Materia Común, página 1933, registro 2014261, que dice: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 483/2023-M6, promovido por ********************, respecto de los actos indicados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables, por los motivos legales ahí expuestos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario quien autoriza y da fe
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido y agréguese a los autos, la intervención ministerial 93/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio del cual realiza diversas manifestaciones a guisa de alegatos; por tanto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados y reproducidos los alegatos, los cuales, en su caso, se relacionaran en la audiencia constitucional y se tomarán en consideración al momento de resolver el presente juicio. Asimismo, una vez que se emita resolución, en su caso, expídasele copia certificada de la misma, como lo solicita, en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la invocada ley.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte la imposibilidad que se tiene para celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, dentro del juicio de amparo en que se actúa, en virtud de que el suscrito encargado del despacho, no se encuentra facultado legalmente para dictar resoluciones de fondo, sino sólo para efectuar diligencias y emitir determinaciones urgentes, así como providencias de mero trámite, según lo dispuesto en el artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; por lo tanto, se difiere la audiencia constitucional, y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.
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