Teresa Mercado Abrajan

Expediente 1182/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1182/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Teresa Mercado Abrajan

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Directora General del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR), con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 1182/2023-II fórmese expediente impreso y electrónico. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario responsable encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La parte quejosa señala en su demanda como acto reclamado lo siguiente: "El inconstitucional e Inconvencional oficio INVISUR/DG/346/2023 de dieciséis de agosto de 2023, que me fue notificado el veintidós de agosto de 2023, en el cual omite proveer una solución que más me beneficie para contar con una vivienda adecuada." Luego en el capítulo de hechos del referido acto reclamado, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa, puntualizó: "1.- Por escrito de dos de agosto y recibido el 03 de dicho mes del año en curso, la suscrita solicité a la Directora General del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero, la asignación de un lote con vivienda en esta ciudad por carecer de la misma, tal y como lo pruebo con mi petición debidamente sellada y firmada de recibida, que exhibo como anexo 1. 2.- La autoridad responsable a través del oficio número INVISUR/DG/346/2023, de dieciséis de agosto de este año, el que me fue notificado el veintidós de agosto del presente año, en el domicilio señalado para tal efecto; manifestándome que no cuenta con techo presupuestal asignado para llevar acabo programa de vivienda, haciéndome saber que quienes están ejecutando dichos programas son la Secretaría del Bienestar (Estatal y Federal), en Coordinación con la Comisión Nacional de vivienda (CONAVI), sugiriéndome canalizar hacia dicha Institución Federal mi solicitud para que sea atendida de acuerdo a las reglas de operación del Programa de Vivienda social para el Ejercicio Fiscal 2023, como lo pruebo con el oficio que exhibió como anexo 2." Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto al acto consistente en el oficio INVISUR/DG/346/2023 de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable dio contestación al escrito de petición presentado por la parte quejosa el dos de agosto de dos mil veintitrés, normativo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." La fracción de referencia, aborda el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional en materia administrativa, dado que establece su improcedencia en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que sea susceptible de nulificar, modificar o revocar dicho acto; siempre y cuando la ley que lo rige no exija mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión definitiva. De acuerdo a lo anterior, podemos decir que el principio de definitividad implica la obligación del agraviado de agotar, previo a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios tendentes a nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. Esto es así, porque una de las finalidades del principio de definitividad, es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia. Por ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Además, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto, dado que, la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado -se reitera- como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. Por otra parte, debe puntualizarse que, para que opere la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en términos de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Asimismo, que con la tramitación del recurso o medio de defensa sea susceptible de suspender los efectos del acto combatido, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los multicitados medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición expresa sobre ello. Además, el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Asimismo, la jurisprudencia 3/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 8, del tomo XIII, enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA". En efecto, tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que la parte quejosa tenga la obligación de agotarlos, previo a instar el juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa se encuentre previsto por la ley que rige el acto reclamado; con excepción de cuando la ley que rige tal acto exija para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo, que el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando se aleguen violaciones directas a la constitución, o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Resulta aplicable la jurisprudencia 115/99, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, del tomo X, octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". Pues bien, como ya se destacó, la disconforme reclama de la autoridad responsable Directora General del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR), con sede en esta ciudad, el oficio INVISUR/DG/346/2023 de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se dio respuesta al escrito de petición de vivienda solicitada por la parte quejosa, en el sentido de que no contaba con techo presupuestal para llevar a cabo algún programa de vivienda, haciéndole del conocimiento que quienes están ejecutando dichos programas, son las Secretarías del Bienestar tanto estatal como federal, en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). En ese contexto, si bien, la quejosa en su demanda señala violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno; lo cierto es, que tal excepción a la hipótesis prevista en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la norma suprema; lo que en el caso no acontece, puesto que basta dar lectura integra a la demanda de amparo, para advertir que en el caso se reclama, cuestiones de legalidad, al referir que el oficio reclamado "no solo es injustificado sino ilegal", vulnerándose con ello en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 constitucional. Sobre este punto es ilustrativa, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 119, del Tomo 175-180 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Por ende, es inconcuso que la aquí quejosa, previo a acudir a esta sede constitucional, debió agotar el principio de definitividad, por tanto, acudir a impugnar el acto reclamado ante la propia autoridad responsable a promover el recurso de inconformidad previsto en el artículo 144 de la Ley de Vivienda Social del Estado de Guerrero Número 573, para desvirtuar el oficio que tilda de ilegal, al no alegar exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal, normativo que dice: "Artículo 114.- Los particulares inconformes con las resoluciones administrativas que se dicten con fundamento en la presente Ley, dispondrán del recurso de inconformidad." De la interpretación del numeral citado, se advierte que el recurso de inconformidad procede contra resoluciones que se dicten fundamentándose en dicha Ley Número 573 del Estado, por los particulares inconformes en su emisión, como sucede en el presente caso. En concatenación con lo anterior, cabe destacar que en la demanda de trato no se solicitó la suspensión del acto reclamado, por lo que no aplica la excepción considerada en que la Ley local no exija mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. En este contexto, de acuerdo con lo establecido por el numeral 144 de la Ley de Vivienda Social del Estado de Guerrero Número 573, la impetrante de la tutela constitucional tenía a su alcance el recurso de inconformidad para recurrir la determinación de la autoridad responsable, con el cual podía modificarse, revocarse o nulificarse; sin embargo, al no haberlo hecho así, es obvio que incumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. De esta manera, se evidencia que la parte quejosa, previamente a instar la acción de amparo, debió, promover el mencionado recurso de inconformidad, el cual constituye el medio de defensa ordinario mediante el cual podría obtener la declaratoria de ilegalidad de los actos combatidos y sus consecuencias jurídicas. Cobra aplicación, por tratarse de un caso análogo, la jurisprudencia J. 95/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, del Tomo XX, julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.", sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Y la tesis 6 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable a página 991, del Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De una correcta interpretación del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano de control, que tiene a su cargo substanciar y resolver las controversias que se susciten entre las autoridades del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los particulares. Ahora bien, si un particular se considera afectado por cualquiera de los aludidos actos de autoridad, queda obligado a agotar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la citada Ley, previamente al juicio constitucional, dado que, por otra parte, dicho ordenamiento establece en sus artículos del 36 al 41 la posibilidad de obtener la suspensión del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues de la lectura de ambos preceptos se puede advertir que son substancialmente los mismos; por lo que, si un gobernado pretende impugnar en la vía constitucional un acto de autoridad como los antes precisados, sin acudir previamente a aquel procedimiento en el que puede revocarse, modificarse o nulificarse, es claro, que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías." Se afirma lo anterior, pues en la especie no se actualiza ninguna de las excepciones previstas por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos en párrafos precedentes. Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. AUTORIZADOS Téngase como sus autorizados en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriela Juárez García, Alejandro Justo Cortes, Getzemani Abrajan Faustino, Miguel Ángel Arroyo Merino, por estar acreditado para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales. Por otra parte, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza a los usuarios "Teresa1", "Dulce-Alana", "Judrocol" y "Getzy25" que corresponden a Teresa Mercado Abrajan, Gabriela Juárez García, Alejandro Justo Cortes y Getzemani Abrajan Faustino, respectivamente, el seguimiento del presente juicio vía electrónica, que incluye, la consulta y presentación de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, así como para recibir notificaciones a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a ello, se instruye a la oficial judicial encargada del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0)", a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas" Ahora bien y toda vez que la parte quejosa señala, y solicita se le notifique vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E), para oír y recibir notificaciones, se instruye al Actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente asunto, privilegie la notificación a la parte quejosa vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Por último, se ordena al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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