Teresa Mejía López
Expediente 1111/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1111/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Teresa Mejía López
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer el recurso de queja contra el auto de nueve de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido.- Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por Teresa Mejía López, contra actos de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1111/2022-V. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al juez de distrito de examinar con detenimiento el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual debe tomar en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda, así como los anexos que se acompañen. Ahora bien, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad, esto es que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que pudieran allegar las partes, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran ofrecer en el procedimiento, resulten innecesarios para configurar dicha improcedencia y para desvirtuarla. Lo anterior se orienta en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que se fundamenta en el artículo 17 constitucional, que reconoce el derecho de acceso a la justicia e impone como imperativo a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con el consecuente demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Se estima que el acto reclamado está afectado por la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [...]". Los actos provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo sólo son atacables en vía de amparo, cuando no puedan ser revisados de oficio o contra ellos no proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados; siempre que conforme a las leyes que los prevean se suspendan los efectos de dichos actos, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo contempla para conceder la suspensión definitiva. El principio de definitividad en amparo administrativo deriva de la fracción IV del artículo 107 constitucional, que dice: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" Entonces, únicamente quien ha agotado todas las vías para combatir el acto de autoridad tiene legitimación para promover el juicio de amparo. El principio de definitividad admite dos excepciones. La primera se surte cuando la interposición del recurso, juicio o medio de defensa ordinario no suspende los actos reclamados con la misma facilidad que brinda la Ley de Amparo. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento y la ley no lo contemple. La quejosa reclama la calificación de la boleta de infracción M43566 de siete marzo de dos mil veintidós, llevada a cabo en audiencia que tuvo verificativo a las doce horas con cincuenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, la cual se registró con el folio 069/2022, en la que se le impuso una multa por la cantidad de $41,268.00 (cuarenta y un mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). Este acto puede impugnarse de acuerdo con los artículos 226 y 227 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, que dicen: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables". "Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido". Los citados preceptos establecen la procedencia del recurso de inconformidad o la impugnación ante la autoridad jurisdiccional de las resoluciones o actos administrativos. Por tanto, en contra del acto que reclama la parte quejosa procede indistintamente el recurso de inconformidad o la impugnación directa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Es así, porque los artículos 268 al 278 del código citado, prevén la posibilidad de que se suspendan los efectos del acto reclamado (sin prejuzgar sobre su procedencia), sin mayores requisitos de los que impone el artículo 128 de la Ley de Amparo. Tales preceptos establecen: "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción." "Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo." "Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía." "Artículo 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida." "Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo." "Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias." "Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero." "Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano." "Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Guanajuato. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible." "Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano." "Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte". De lo transcrito se advierte que la regulación de la suspensión del acto impugnado contempla: a) El actor puede solicitar la suspensión desde su demanda o en cualquier momento del proceso, en tanto se pronuncia sentencia y podrá concederse con efectos restitutorios. b) Exige otorgar garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen al tercero con la suspensión del acto, si no se obtiene sentencia favorable. c) La suspensión surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el actor no otorga la garantía señalada dentro de los cinco días siguientes (disposición similar a la contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo). d) No es procedente la medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público (disposición similar a la contenida en el artículo 128, fracción segunda y 129 de la ley de la materia). e) En asuntos de carácter administrativo, se concederá la suspensión con el requisito de garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas legales, dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, mientras que el artículo 135 de la Ley de Amparo (respecto de cobro de contribuciones y aprovechamientos) supedita los efectos de la medida a que se constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes aplicables. De ahí que no sean mayores los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los prescritos en la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1536, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de rubro: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGANDA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debe interponer el recurso de inconformidad (optativo) o impugnar ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (no optativo) para, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad, y en caso de que la decisión le sea adversa, acudir al juicio de amparo. Además, los citados medios ordinarios de defensa no se encuentran previstos en algún reglamento, sino en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. Por tanto, la promovente no se encuentra relevada de la obligación de agotar los recursos que prevé la ley ordinaria para anular o modificar el acto reclamado. Cabe destacar que no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en el artículo 61, fracción VXIII, de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados: a) Los actos reclamados no se subsumen en las hipótesis de los prohibidos por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. b) Los actos reclamados no fueron emitidos en un procedimiento penal ni afectan la libertad personal de la quejosa. c) La quejosa no es tercera extraña al procedimiento administrativo del cual derivó la infracción a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y su calificación correspondiente, pues aun cuando el conductor e infractor es persona distinta a ella, lo cierto es que la solicitante del amparo es propietaria del automotor, según lo demostró ante la autoridad responsable al momento en que se le notificó la calificación de la infracción cometida. Por lo que al habérsele notificado personalmente la calificación de la infracción, tuvo conocimiento pleno y cierto de tal acto administrativo, lo que le constriñe a combatirlo en la vía administrativa que elija, previamente a acudir al juicio de amparo. d) Como se explicó, la procedencia del recurso de inconformidad o del juicio contencioso administrativo no requiere de interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para ello, por lo que la quejosa no está en aptitud de acudir al juicio de amparo sin antes haber agotado tales medios de defensa, en observancia al principio de definitividad. En virtud de lo expuesto, se desecha la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, como lo solicita, toda vez que cuenta con Firma Electrónica (FIREL); con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que el promovente, con nombre de usuario juaneliasflores, pueda consultar el expediente electrónico y se le practiquen notificaciones electrónicas. Por otra parte, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Cristino Elías Flores, Eduardo Elías Flores y Emilio Laguna Beltrán, en virtud de que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Profesionistas, de la Secretaría de Educación Pública y en términos restringidos del citado numeral a Jaime Chávez Hernández, pos así solicitarlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), Sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 07 de agosto de 2020, en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2021840, cuyo rubro es: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Téngase proporcionado por el promovente, la cuenta de correo electrónico jceliasf7@gmail.com, así como el número telefónico 462-107-9233, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
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