Teresa Martinez Escamilla

Expediente 484/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
484/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • Teresa Martinez Escamilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Colegiado admite revisión. Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual se acusa recibido de las constancias que fueron remitidas para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y se informa que se admitió a trámite dicho medio de impugnación, bajo número 401/2023 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión Agréguese el escrito de cuenta de la quejosa Teresa Martínez Escamilla, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia de diez de julio del año en curso, dictada por este órgano jurisdiccional. Vista la certificación de cuenta, se advierte que únicamente se exhibieron tres copias del escrito de agravios; no obstante se necesitan cuatro para emplazar a las partes: dos para las autoridades responsables, una para el expediente y una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; sin embargo, al encontrarse la quejosa dentro de un grupo vulnerable al tratarse de un adulto mayor, se actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 88, párrafo cuarto, última parte, de la Ley de Amparo; por lo que este órgano jurisdiccional, de oficio, obtendrá las copias necesarias para el trámite del recurso de revisión que interpone. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia de dicho escrito, así como el original del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en la ciudad de Oaxaca, para la substanciación del recurso. Orienta lo anterior, la tesis I.10º.A.13 K (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2019046, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2272, que es del siguiente tenor siguiente: "ADULTOS MAYORES. SU PERTENENCIA A UN GRUPO VULNERABLE Y EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIAL ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 88, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EXPIDA OFICIOSAMENTE LAS COPIAS NO EXHIBIDAS DEL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN QUE INTERPONGAN. Los adultos en edad avanzada constituyen un grupo vulnerable que merece una protección especial y reforzada de sus derechos por parte de los órganos del Estado, debido a que, con frecuencia, son objeto de discriminación, maltrato y abandono, situación de desventaja social propiciada por no tenerse suficientemente en cuenta las vicisitudes asociadas al ciclo natural de vida de la personas. Dicha consideración especial se reconoce en los artículos 25, numeral l1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 17 del Protocolo Adicional a la convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", así como en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En consecuencia, su pertenencia a un grupo vulnerable y en situación de desventaja social actualiza la hipótesis del artículo 88, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, en lo relativo a que el órgano jurisdiccional debe expedir oficiosamente las copias del escrito de expresión de agravios del recurso de revisión interpuesto por un adulto mayor, para su distribución a cada una de las partes.". Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 484/2023; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por la Oficina de Correspondencia Común que presta auxilio a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ********************, promovió demanda de amparo contra el acto reclamado del Subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Oaxaca, así como de la Encargada del Despacho de la Jefatura de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en Oaxaca, del citado instituto, que más adelante se precisarán. Actos que estima transgreden los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y requerimiento. La citada demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, quien por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, la registró con el número de expediente 484/2023 (fojas 27 - 30), en dicho auto se requirió a la parte quejosa para que aclarara su demanda y al efecto precisara si señalaba como acto reclamado el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado; de ser así, si señalaba como autoridades responsables de su emisión al Presidente de la República y al Congreso de la Unión por conducto de sus Cámaras de Diputados y Senadores. TERCERO. Admisión y trámite. Debido a que la quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado el veintidós de mayo del año en curso, en acuerdo de siete de junio de dos mil veintitrés (fojas 33 - 35), se admitió la demanda de amparo; por lo que se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta respectiva, por lo que se pronuncia sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; toda vez que se trata de un asunto en materia administrativa, donde se reclama la inconstitucionalidad de diversos preceptos, cuya aplicación se atribuye a autoridades que tienen residencia en el territorio donde este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de una lectura integral de la demanda de amparo y su aclaración, se precisa como actos reclamados en el presente juicio de amparo, los siguientes: Del Subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como del Encargado de Despacho de la Jefatura de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): El oficio ********************, de veinte de abril de dos mil veintidós, en que se le informó que mediante diverso oficio ******************** de ********************, signado por el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se le comunicaron las razones por las cuales le serían aplicadas las deducciones a su pensión por viudez. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante haber quedado notificado de su petición el nueve de junio de dos mil veintitrés, como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos (foja 39); sin embargo, no es el caso presumir la existencia del oficio ********************, de veinte de abril de dos mil veintidós, que se atribuye a la responsable, ya que la lectura del mismo permite advertir que dicho Subdelegado no lo suscribió, pues quien lo emitió fue el Encargado de Despacho de la Jefatura de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de dicho instituto. En consecuencia, dado la inexistencia del acto reclamado, sin que haya sido desvirtuada por la quejosa, ni se encuentra demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia del acto reclamado antes indicado, a la referida responsable, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, consultable en la página 181 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, con número de registro digital 804176, que dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, el Encargado de Despacho de la Jefatura de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), también omitió rendir su informe justificado, a pesar de quedar notificado de la petición del mismo, como se aprecia de la constancia de su notificación agregada a este expediente (foja 39); por ello, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General, se presume cierto el acto reclamado. Lo que además se corrobora con el oficio reclamado ********************, de veinte de abril de dos mil veintidós, que exhibió la quejosa, del que se advierte, fue suscrito por el citado Encargado de Despacho de la Jefatura de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del referido instituto. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir actualizada una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. En cuanto al acto reclamado en este juicio, consistente en el oficio ********************, de veinte de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5º, fracción I y 6º, de la citada ley, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "[.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los dispositivos transcritos se desprende que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme con los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5° y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Ahora bien, el interés jurídico, precisa la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J.168/2007, visible en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, con número de registro digital 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. De acuerdo con el criterio anterior, para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, ello debe derivar de un perjuicio directo sobre los intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, conforme a los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones sean susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que se acredite en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona sufra, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), debiendo acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad. Precisado lo anterior, en el caso a estudio se desprende que la quejosa reclama el oficio, que es del tenor siguiente: La lectura del mismo permite advertir que la responsable informó a la quejosa que luego de haber realizado una búsqueda en los archivos del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, encontró en su expediente pensionario que mediante cédula de notificación de ********************, se hizo del conocimiento de la quejosa ********************, el diverso oficio ********************, de ********************, signado por el Jefe del Departamento de pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en que se le comunicó los motivos por los cuales le serían aplicadas las deducciones a su pensión por viudez. Ahora bien, en la demanda de amparo, la quejosa refiere que a partir del dieciséis de julio de dos mil veinte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le asignó una pensión por viudez de su extinto esposo ********************, asignándole el número de pensión ********************. Además, agrega que en el oficio reclamado se está en presencia del primer acto de aplicación en su perjuicio de los preceptos legales y reglamentarios, pues la responsable funda dicho oficio en los artículos 51, fracción III, inciso c), párrafos segundo, antepenúltimo y último de la Ley abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12, fracción I, inciso a), párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio; lo que resulta violatorio de sus garantías de seguridad y previsión social, previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, debido a que en el oficio reclamado, la responsable hace referencia a un oficio similar ********************, de ********************, que se funda en los referidos artículos, con los que se justifica el pago incompleto de la pensión por viudez con todos sus accesorios económicos (aplicación del concepto 48, consistente en la compatibilidad de pensión). De lo anterior se advierte que el oficio reclamado no causa afectación al interés jurídico de la quejosa, pues contrario a lo que expuso, en ese oficio no se aplicaron los artículos 51, fracción III, inciso c), párrafos segundo, antepenúltimo y último de la Ley abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el 12, fracción I, inciso a), párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio; únicamente se le informó que en su expediente pensionario encontró que mediante cédula de notificación de ********************, se hizo del conocimiento de la quejosa ********************, el oficio ********************, de ********************, signado por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en que le comunicó los motivos por los cuales le serían aplicadas las deducciones a su pensión por viudez. Y aun cuando en dicho oficio reclamado, se hizo referencia al diverso ********************, de ********************, ello no implica que en el mismo se hayan aplicado los preceptos citados en el párrafo que antecede, y menos aún que en ese oficio se haya notificado la detección de la compatibilidad de suspensiones directa ******************** y ********************, por viudez. En todo caso, el oficio que le depara perjuicio, en que se aplicó el artículo 51, fracción III, inciso c), párrafos segundo, antepenúltimo y último de la Ley abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como el numeral 12, fracción I, inciso a), párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio, es el diverso ********************, de ********************, en que se informó a la quejosa que luego de realizar una revisión de sus expedientes pensionarios directo número ******************** y por viudez ********************, se detectó que existe compatibilidad de pensión a partir del dieciséis de junio de dos mil veinte, pues al sumarse las cuotas diarias de ambas pensiones, éstas rebasan el importe de diez Unidades de Medida y Actualización, establecidas para el año dos mil veintiuno, que corresponden a la cantidad de $********************.) Oficio que no fue señalado como reclamado en este juicio. Y aun cuando hubiere sido señalado como reclamado en este asunto, no podría ser materia de estudio, pues de la consulta a la página de intranet http://sise.cjf.gob.mx/Sise/Consultas/BuscarPartesOrganosII.aspx, se constató la existencia del juicio de amparo ********************del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, cuya sentencia se ordenó glosar a los presentes autos en la audiencia constitucional. Es así, pues en dicho juicio ********************del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, fue señalado como acto reclamado el siguiente: "[.] La falta de pago a su pensión por viudez y demás percepciones, desde su otorgamiento en el mes de julio de dos mil veinte, hasta la presentación de la demanda, con motivo de la aplicación de los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y 12 del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; informado a la quejosa a través del oficio ********************, ********************, signado por el jefe del departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, en el que precisa que la suma de sus percepciones de pensión directa por jubilación ******************** y viudez ********************, se encontraban en el supuesto de "compatibilidad".[.]" Juicio de amparo en que mediante sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para los siguientes efectos: "[.] Séptimo. Efectos de la concesión del amparo. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita la quejosa ********************, para que se realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el oficio ********************de tres de febrero de dos mil veintiuno. b) Devuelva a la quejosa íntegramente y en un solo pago, el importe total de las cantidades que no se le han pagado de su pensión por viudez, desde su concesión en el mes de julio de dos mil veinte, hasta la fecha de presentación de la demanda, con motivo de la aplicación del precepto 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada y 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. [.] En esa medida, es innegable que, en el caso, la parte quejosa únicamente señaló como acto reclamado la aplicación (oficio ******************** de fecha ********************) del precepto 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, expedida el veintiocho de enero de dos mil doce, el cual fue declarado inconvencional e inconstitucional; sin embargo, al no haber señalado como acto reclamado la inconstitucionalidad del citado artículo, jurídicamente, no se puede impedir a la autoridad la aplicación futura. De otra manera se tendría que desconocer el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -según el cual el amparo contra actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia como en la especie, no comprende a la norma general declarada inconstitucional si ésta no fue señalada como acto reclamado, no existe manera legal de impedir que se le vuelva a aplicar- para asumir la posibilidad de extender los efectos; jurisprudencia que es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. [.]" Al no haberse agotado el recurso de revisión, la mencionada sentencia causó ejecutoria el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Lo antes expuesto, permite concluir que el oficio reclamado por la quejosa, no causa alguna afectación a su interés jurídico, y en esas condiciones, al actualizarse la citada causa de improcedencia, conlleva a sobreseer en la presente contienda constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley invocada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 484/2023, promovido por ********************, en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido en proveído de veintidós de mayo del año en curso, a la quejosa Teresa Martínez Escamilla, para que cumpliera con lo siguiente: "Primero. Manifieste si señala como acto reclamado el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Segundo. De ser así, si señala como autoridades responsables de su emisión al Presidente de la República y al Congreso de la Unión por conducto de sus Cámaras de Diputados y Senadores." Sin que hubiere dado cumplimiento a la citada prevención; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se ordena proveer sobre la demanda en los términos de legalidad propuestos y no a los actos de inconstitucionalidad del numeral 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Admisión. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Teresa Martínez Escamilla, contra actos del Subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación Oaxaca, y otra autoridad. Tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informes. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, y acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo, las cuales deberán remitirse digitalizadas y físicamente, aunado a que se exhorta a que sean remitidas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención. Se otorga a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa, las que anexó a su escrito de demanda, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Respecto a la prueba instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece la parte quejosa, llegado el momento procesal oportuno, este órgano jurisdiccional tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Otras providencias. Finalmente, respecto del domicilio, autorizados, datos de contacto, exhortación a tramitar el asunto en línea, habilitación de horas, uso de medios electrónicos, integración del expediente físico y electrónico y consulta del expediente electrónico; no es el caso realizar pronunciamiento al respecto, dado que en auto de radicación de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, se proveyó al respecto. NOTIFÍQUESE.

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