Teresa Luviano Jaimes
Expediente 556/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Teresa Luviano Jaimes
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de noviembre de dos mil veinte. Vistos; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de diecinueve de octubre del año que transcurre; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de la ley citada, se declara QUE DICHO ACUERDO EN EL QUE SE DESECHÓ LA CARLOS ADAN PIZA CORTEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.f4 14/11/22 17:03:41 DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Finalmente, en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del antepenúltimo párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recoja el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Para lo cual, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, deberá generar una cita mediante el sistema "Agenda OJ", visible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En el entendido, que las notificaciones derivadas del presente acuerdo deberán practicarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, y privilegiando el uso de medios electrónicos, como lo establecen el párrafo segundo de la fracción I del artículo 11 del Acuerdo General 8/2020, y la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/20202 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de noviembre de dos mil veinte. Visto; téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito con evidencia criptográfica de María Acuña Luviano, autorizada de la parte quejosa ****, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual refiere que renuncia al término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que se declare firme el proveído diecinueve de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, y asimismo, se acuerde favorable la devolución de los documentos. Atento a su contenido, indíquesele a la promovente que una vez que fenezca el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de la Materia, se acordara lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de octubre de dos mil veinte. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún no obran los acuses de recibo de los oficios 275, 276 y 277, así como los diversos oficios 4735/2020, 4736/2020 y 4737/2020, dirigidos respectivamente a la autoridades responsables Congreso, Gobernador y Secretario de Finanzas y Administración, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, todos con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales se les envió, con los primeros, copia autorizada de la sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional, el veintiocho de febrero del año en curso, y con los segundos, el proveído de dieciséis de marzo de la presente anualidad, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa, en contra de la citada sentencia definitiva. En consecuencia, requiéraseles vía telegráfica, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este acuerdo, acusen recibo de dichas comunicaciones oficiales por vía telegráfica o incluso al correo 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx. Apercibidas que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tengan, en términos de los numerales 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito firmado por Mariana López Hidalgo, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, dígase a la promovente que una vez que se cuente con las notificaciones realizadas a las autoridades responsables foráneas de la sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional, así como del proveído de dieciséis de marzo de la presente anualidad, se remitirá el presente juicio de amparo al Tribunal de Alzada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta cuenta; téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual remite por incompetencia legal el juicio de amparo 605/2020, promovido por ***, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México. En consecuencia, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 556/2020 y fórmese expediente. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". En efecto, el numeral 1, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en dicho ordenamiento legal. Por otra parte, del artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que, son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, el referido precepto legal indica que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, debe precisarse que el máximo Tribunal del país determinó que los rasgos que diferencian a una autoridad para efectos del juicio de amparo son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, para considerar que el acto realizado proviene de una autoridad y, por ende, sea reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que exista una relación de supra a subordinación, que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, quien actúa en su carácter de autoridad responsable, se ubica en una relación de supra a subordinación respecto de un gobernado, por lo que ejerce una "fuerza pública", entendida ésta en el sentido de "imperio" y no poder coactivo material, cubriéndose de un ropaje estatal y actuando como si fuera una entidad pública; y sin hacerlo por un impulso arbitrario de su parte, sino en virtud de una autorización del propio Estado a través de una ley en sentido amplio. Así, puede advertirse con facilidad que la finalidad de ampliar el concepto de "acto de autoridad" que contiene la actual Ley de Amparo, fue dar prioridad a la naturaleza propia del acto por encima del carácter de quien lo emite. En consecuencia, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de coordinación, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable; lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD: El indebido corte de suministro de energía eléctrica realizado en la casa habitación del cual soy propietaria, sin que para ello existiera procedimiento administrativo con antelación en mi contra, ocasionando con ello una afectación a la salud de los ahí vivimos, como son mis padres y mis menores hijos, ya que con motivo de la pandemia ocasionada por el Covid-19, estamos en constante riesgo para obtener agua, debido a que tenemos que suminístrala de un pozo artesano, que dicho contenido vital lo impulsamos a través de una bomba eléctrica, y en consecuencia nuestra salud se ha visto en constante riesgo ante el actuar unilateral y arbitrario de la aquí responsable, consecuentemente, al no ser vencido ni oído en juicio se conculca en mi perjuicio, derechos fundamentales que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra se leen." Y al narrar los antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, manifestó: "V.- HECHOS QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted que los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado son los siguientes: 1.- Con fecha 02 de marzo de 2013, adquirí mediante donación el predio ejidal ubicado en el Ticuí, Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, tal como lo acredito con la copia certificada que exhibo al presente amparo. 2.- Con posterioridad de la adquisición que realizara del predio decidí junto a mi familia, construir una casa a mediados del año 2017. 3.- Como es del dominio público, tuvimos que contratar el servicio de electricidad ante CFE aproximadamente en marzo de 2017, otorgándose para ello el número de servicio 323180201479, con número de medidor F987UC, precisamente a nombre de la suscrita. 4.- El servicio y los cobros operaban con normalidad sufragándose cada bimestre la cantidad consumida por concepto de suministro de la luz, pero resulta que en el periodo facturado de 04 de noviembre de 2019 al 12 de enero de 2020 hubo un incremento excesivo debido a que dicho recibo el total a pagar era de $5,047.00, y bajo protesta de decir verdad los anteriores recibos me han llegado por cantidades no mayor a los $2,500.00, lo que conlleva a establecer que hubo un aumento de hasta del doble de lo que regularmente se cubría. Tal circunstancia se la hice patente al personal de CFE, ubicadas en Atoyac de Álvarez, Guerrero, sin obtener resultados favorables, pues llegué a esa instancia debido a que no podía sufragar tan excesiva cantidad y lo único que me respondieron es que tenía que cubrir dicho pago, de lo contrario me iban cortar la luz, por lo que no me quedó de otra más que cubrir la excesiva cantidad, tal como lo acredito con la copia simple del recibo de pago. 5.- Ahora bien una vez llagado el próximo recibo que correspondería a periodo de febrero-marzo, me doy con la sorpresa que debía pagar la excesiva cantidad de $9,578.00, lo que me causó asombro, pues la energía eléctrica se había consumido con normalidad con los meses y años anteriores, pero al momento de leer detenidamente el recibo de la luz me doy cuenta que están facturando desde el mes de 01 de noviembre de 2019 al 03 de marzo de 2020, pero resulta que este periodo ya lo había pagado, tal como lo acredito con el comprobante de pago, que agrego a la presente, circunstancia que se puede observar en la parte del recibo que dice "PERIODO FACTURADO", y entonces creí que se trataba de un error por parte de CFE, y que yendo a hablar con el personal encargado, corregirían dicho error, y me expedirían un nuevo recibo en donde me facturaran únicamente dos meses que son los correspondientes a Febrero y Marzo. 6.- Fue así que acudí en diversas ocasiones ante las oficinas de CFE, ubicadas en Atoyac de Álvarez, Guerrero, tratando de explicar y que me ???? explicaran a la vez, porque me estaban facturando lo de cuatro meses, y como consecuencia de ello, porque me había llegado un excesivo cobro por el suministro de luz, a lo que únicamente se limitaban a contestar que era culpa mía, por haber consumido en demasía la luz eléctrica, que tenía que pagar, porque no había error por parte de ellos, que si no pagaba me iban a cortar la luz. 7.- Molesta y preocupada a la vez, por el hecho de pensar que iba a cubrir una cantidad excesiva por suministro de luz y ante la situación que permeaba al país por la pandemia provocada por el virus COVID- 19, que en ese entonces empezaban a llegar a estos lugares, me vi en la necesidad de solicitarles vía escrito me explicaran el por qué cobraban cuatro meses y a la vez el por qué me había llegado una cantidad excesiva que no podía cubrir, debido a que mis ingresos económicos son muy escasos, dicho escrito se los hice llegar el 06 de abril de 2020, lo cual fuera recibido por el personal que ahí labora, a través de LEIDI OFELIA MERCADO GTE. Tal como lo acredito con el original de la mencionada petición realizada, no obstante que he acudido en diversas ocasiones a dicha comisión donde fue entregado el escrito, reservándose únicamente a contestar el personal que no me darán contestación alguna. 8.- El siguiente periodo facturado. Correspondiente del 03 de Marzo de 2020 al 04 de Mayo de 2020, me llegó de nueva cuenta, una cantidad muy excesiva, siendo la cantidad total a pagar de $16,737.00 lo que resulta inhumano, pues la suscrita no ha dado motivos para que exista un incremento desmedido, tal como lo acredito con la copia simple del recibo de referencia. 9.- El 13 de mayo de 2020 realizaron el corte de luz en mi domicilio debido a que no estuvo en mis posibilidades de pagar la cantidad excesiva de $16,737.00 ello a pesar que en reiteradas ocasiones acudí a las instalaciones de CFE para tratar de solucionar este mal entendido pues me estaban cobrando una cantidad que no corresponde a lo que venía sufragando con normalidad, ello a pesar que el servicio fue contratado para casa habitación que se cuentan con aparatos electrodomésticos únicamente esenciales. 10.- No obstante que ya han cortado la luz en mi domicilio, me han estado llegando los recibos con cobros excesivos, tal es el caso que en el periodo facturado de 04 de Mayo de 2020 al 02 de Julio de 2020. Me llegó el total a pagar por consumo de energía eléctrica de $19,817.00 ello a pesar que desde el 13 de Mayo de 2020, me habían cortado la luz pero me ha llegado un recibo diverso correspondiente al periodo de 02 de Julio de 2020 al 01 de septiembre de 2020, por la cantidad de $20,341.00, cantidades totales que tengo que sufragar para que me vuelvan a instalar la luz eléctrica en mi hogar, lo que considero una violación a mis Derechos Humanos, por realizar CFE, un cobro desmedido, máxime que me siguen cobrando cuando ya no me otorgan luz eléctrica." De lo anterior, se desprende que los actos que se reclaman tienen origen en una relación contractual por concepto de suministro de energía eléctrica, por lo que no pueden ser equiparados a los de una autoridad responsable en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, no fueron emitidos por la misma en su calidad de autoridad responsable, ya que no se dieron en una relación de supra a subordinación sino de coordinación, esta relación no tiene su nacimiento en una ley sino en un contrato que tiene naturaleza mercantil, y si bien actuó de manera unilateral, extinguiendo por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectaron la esfera legal de la parte quejosa, lo cierto es que dicha afectación se hizo en un plano de igualdad como contratante y prestador de servicio, para lo cual las leyes contemplan los medios de defensa para impugnar dichas determinaciones como lo es la vía ordinaria mercantil. Ahora bien, el corte del suministro de energía eléctrica que recibe la quejosa en el servicio número 323180201479, no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que el mismo no cumple con los requisitos de ser unilateral y obligatorio, pues dicho acto se efectúa bajo el amparo de un contrato de naturaleza comercial, por lo que no se ubica en un plano de supra a subordinación, máxime que no se encuentra determinado en una norma de carácter general y mucho menos es regido por alguna ley, sino que se llevó a cabo bajo un contexto de naturaleza comercial. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, lo cual da lugar a justificar el desechamiento de plano de la demanda de amparo, acorde con lo que establece el artículo 113 de la ley indicada. Sin que pase inadvertido para este Juzgador el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 54/2012 (10ª.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; pues se estima que resulta inaplicable al presente asunto, en virtud de que en este juicio de amparo indirecto se impugna el corte del suministro de energía eléctrica que recibe la quejosa en el servicio número 323180201479, y no el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, que fue materia de la contradicción de tesis. Además, si bien en el auto inicial de trámite únicamente se pueden tomar en consideración los argumentos que se plasmen en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta, lo cierto es que, en el caso particular, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende en forma patente y absoluta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desecharla. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo.
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