Teresa López Herrada
Expediente 688/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Teresa López Herrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
El veintiuno de junio de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del dos al trece de mayo de dos mil veintidós; sin que hubieren interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinte de abril de dos mil veintidós. Si se tramitó incidente de suspensión, en el cual se concedió la suspensión definitiva. No existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado de autos y con la promoción con folio 12141. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio el veinte de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, agréguese a sus autos la promoción que remite el apoderado legal de la parte tercero interesada, sin embargo, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos anteriores. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. 19794 y 19795 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintidós de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS b) y c) DE LA LEY DE AMPARO: ...Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio el veinte de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, agréguese a sus autos la promoción que remite el apoderado legal de la parte tercero interesada, sin embargo, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos anteriores. Notifíquese personalmente.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 688/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, Teresa López Herrada, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. La parte quejosa señaló vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 688/2021; se admitió a trámite mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación; y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. El Veinte de enero del presente año se celebró la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado emana de una autoridad cuyo domicilio se encuentra en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto del escrito que constituye la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, el acto reclamado en el presente juicio de amparo a la autoridad responsable 1) Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas consiste en: La sentencia interlocutoria de veintitrés de abril de dos mil veintiuno que resuelve el incidente de Regulación y Liquidación de intereses legales moratorios, dictada dentro del Juicio Civil Ordinario número 273/2016 promovido por Juan Torres Cardona. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Lo anterior, se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, relativas a la copia certificada de diversas constancias que integran el cuaderno de incidente de liquidación de intereses, expediente 273/2016, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, sería innecesario el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, de oficio este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de derechos, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En esta instancia constitucional, la parte quejosa combate la sentencia interlocutoria de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, que resuelve el incidente de Regulación y Liquidación de intereses legales moratorios, dictada dentro del Juicio Civil Ordinario número 273/2016 promovido por Juan Torres Cardona. Ahora bien, la quejosa Teresa López Herrada, tuvo conocimiento de la resolución interlocutoria emitida por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, dentro del juicio Juicio Civil Ordinario número 273/2016, desde el treinta de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior, toda vez que así lo permite demostrar la razón de notificación que obra a fojas 44 de autos de la cual se advierte que el licenciado Fernando Hernández Vázquez abogado de la parte demandada incidental (quejosa), fue notificado el treinta de abril de dos mil veintiuno, de la resolución de veintitrés de abril del año en cita, resolución que resulta ser el acto reclamado en el presente juicio. Ahora, los artículos 175 y 178, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas establecen: "175.- La segunda y ulteriores notificaciones, excepto las que conforme a los artículos anteriores deben ser personales, se harán personalmente a los interesados si concurrieren al juzgado o tribunal, y si no concurrieren, surtirá sus efectos la notificación al día siguiente de aquél en que se fije la lista en la tabla de avisos del juzgado. Se tomará razón en autos de que se ha hecho la publicación, bajo la pena de veinticinco pesos de multa por la primera falta, y cincuenta pesos por la segunda y de suspensión de empleo hasta por tres meses por la tercera. ... 178.- Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: . II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiera sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; Por su parte el precepto 180 del código adjetivo invocado establece: "Artículo 180. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación. Cuando fueren varias las partes y el término es común, se contará desde el día siguiente a aquél en que todas hayan quedado notificadas. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, excepto los términos que se cuenten por meses o años, los que se computarán por meses o años naturales; pero si el último día fuere inhábil, el término concluirá el primero que siga si fuere útil. Los días se entenderán de veinticuatro horas naturales contados de las veinticuatro a las veinticuatro". Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de treinta de abril de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el transcrito artículo 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del tres al veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediando entre estos, el cinco, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de mayo, de dos mil veintiuno, por corresponder a sábados y domingos, así como el día cinco por ser inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado por la quejosa es la sentencia interlocutoria de veintitrés de abril de dos mil uno que resuelve el incidente de Regulación y Liquidación de intereses legales moratorios, dictada dentro del Juicio Civil Ordinario número 273/2016 promovido por Juan Torres Cardona. Por tanto, no constituyen un ataque a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadran con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 en relación con el numeral 61, fracción XIV, así como en el dispositivo 17, todos de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, que la quejosa haya manifestado que se hizo conocedora de la resolución reclamada, hasta el quince de julio de dos mil veintiuno, en que se le hizo el requerimiento para el cumplimiento voluntario. Lo anterior, toda vez que, si bien es verdad que a fojas 48 de los presentes autos obra una constancia de notificación de quince de julio de dos mil veintiuno, redactada por la oficial notificadora en la cual hizo constar que se constituyó en el domicilio de Teresa López Herrada, ubicada en la comunidad de Francisco I. Madero, Villa García, Zacatecas, donde hizo del conocimiento de la demandada incidental el auto de siete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de liquidación de intereses promovido por Juan Torres Cardona y la requirió en términos del auto citado, esto es, para que dentro de un término de cinco días diera cumplimiento a la resolución dictada el veintitrés de abril del año en cita, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se procederá en su contra en ejecución forzosa y a su costa. No menos cierto es, que no es factible otorgarle credibilidad a la quejosa en el sentido que en esa fecha se dio por enterada de la resolución de veintitrés de abril de dos mil veintiuno dictada en el incidente de Regulación y Liquidación de intereses legales moratorios, dictada dentro del Juicio Civil Ordinario número 273/2016, virtud a que esa resolución como quedó precisado con anterioridad le fue notificada de manera personal por conducto de su abogado Francisco Hernández Vázquez el treinta de abril del año mencionado, de ahí que, los quince días que tenía para promover el juicio de amparo indirecto contra la resolución citada le transcurrió en Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Teresa López Herrada, por su propio derecho, contra la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas y contra el acto precisado en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió Rodolfo García Camacho Juez Primero de Distrito en Zacatecas, asistido del secretario Juan García Trejo, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy veinte de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. En Zacatecas, Zacatecas a veinte de abril de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintiuno de abril de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JUAN TORRES CARDONA, POR CONDUCTO DE SU APODERADO J. MERCED MEDINA OLVERA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: ...Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Teresa López Herrada, por su propio derecho, contra la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas y contra el acto precisado en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió Rodolfo García Camacho Juez Primero de Distrito en Zacatecas, asistido del secretario Juan García Trejo, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy veinte de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. ...
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