Teresa Leyva Zetina
Expediente 1452/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1452/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2016
Partes del expediente
- Teresa Leyva Zetina
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento fuera de audiencia. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio y carece de relevancia documental.
- Principal
Para conocimiento de las partes y a fin que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio y anexos de cuenta, signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, a través del cual rinde su informe justificado; asimismo, remite copia certificada de diversas constancias relativas al expediente CLI/4/2013. Ahora, de la información remitida por la autoridad responsable en el oficio que se atiende, así como de las constancias anexas al mismo, se estima que en el caso en estudio se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En el caso, cabe destacar que los actos reclamados consisten en: La abstención de emitir acuerdo correspondiente para la admisión de pruebas y señalar día y hora para el desahogo de las mismas, dentro del expediente CLI/4/2013. La abstención para dictar el proveído respecto de la revocación de poderes y de domicilio para oír y recibir notificación; así como el reconocimiento de los nuevos apoderados legales y el domicilio, dentro del expediente antes indicado. En congruencia a lo anterior, de la información y constancias remitidas por la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, se advierte que el Magistrado Instructor de la controversia laboral, el cuatro de octubre del presente año dictó un proveído en el que en los puntos tercero y cuarto, proveyó respecto a lo que la aquí quejosa Teresa Leyva Zetina señaló como abstención de parte de la autoridad responsable, acuerdo que le fue notificado a dicha quejosa, a través de su autorizado Juan Jesús Lara Gil, el cinco de octubre de esta anualidad, tal como se evidencia de la copia certificada de la cédula de notificación personal anexa al informe de cuenta. Por lo tanto, considerando que la autoridad responsable ya se proveyó respecto a las abstenciones que la quejosa de mérito señaló como acto reclamado en el presente juicio de amparo, se concluye que han cesado los efectos de dichos actos imputados a la autoridad señalada como responsable y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala, visible en la página 81, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, con número de registro 917637, la cual no ha sido superada, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, prevista para realizarse a las diez horas con veinticinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de autos, del cual se advierte que en proveído de seis de los cursantes, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, devolvió debidamente diligenciado, el exhorto 477/2016, número de orden 788/2016, librado a efecto de notificar a la parte tercero interesa de la instauración del presente asunto; asimismo, se reservó respecto al domicilio procesal de dicha parte. Ahora, el término de tres días concedido a dicha parte, en constancia de notificación de cinco de los cursantes, para que señalara domicilio donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió en su totalidad, sin que designara ninguno; razón por la cual se hace efectivo el apercibimiento con el que fuera conminado en la referida diligencia; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, hágansele las notificaciones de este auto y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Teresa Leyva Zetina, por propio derecho, contra actos del Tribunal Electoral del Estado de México, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese expediente bajo el número que le corresponda. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La abstención de emitir el acuerdo correspondiente para la admisión de pruebas y, señalar día y hora para el desahogo de las mismas, dentro del expediente CLI/4/2013. La abstención para dictar el proveído respecto de la revocación de poderes y de domicilio para oír y recibir notificación; así como el reconocimiento de los nuevos apoderados legales y el domicilio, dentro del expediente CLI/4/2013. FORMACIÓN DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se trámite al incidente de suspensión; en virtud de que no lo solicitó la quejosa, en atención al artículo 128, fracción I de la Ley de la materia. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las diez horas con veinticinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en términos de lo previsto en el dispositivo 115 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con lo previsto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, mediante notificación personal con copia autorizada del escrito de demanda y de este proveído. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio notificatorio y con la debida anticipación que permita su conocimiento al quejoso, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, apercibida que de ser omisa a lo anterior, o de no manifestar el impedimento que le asista para ello, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción I, 238, 259, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido que, de ser posible, dicho informe deberá ser enviado a este juzgado de Distrito, VÍA FAX al número telefónico oficial (01.722) 2.36.05.00, extensiones 3257 o 3253 VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx; en formato PDF, en el cual aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo; así como los signos distintivos de la autoridad que lo remita, debiéndose constatar vía telefónica el envío y recepción del mismo; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS. En ese tenor, se requiere de la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley en comento, deberán exponer la razón y fundamento que se estimen pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copias autorizadas, legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de ser omisas a lo anterior, o de no manifestar el impedimento que le asista para ello, se les impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Se apercibe al quejoso que en caso de que la autoridad que designó en la demanda haya sido nominada incorrectamente, la misma se tendrá por inexistente y se dejará de tener comunicación con ella. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. (9ª Época, S. J. F. y su Gaceta, Tomo XXIX, Materia Común, Marzo de 2009). Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993). CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con apoyo en el numeral 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que, en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este Juzgado, y de ser posible acompañen las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de ser omisas a lo anterior, o de no manifestar el impedimento que les asista para ello, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Se tiene como tercero interesado al Instituto Electoral del Estado de México; para que esté en aptitud de comparecer al presente asunto, remítasele oficio y copia del escrito de demanda, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se autoriza en los términos amplios del numeral 12 de la citada legislación, a las personas que tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué dicho trámite. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.
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