TERESA LEÓN DE JESÚS y Otros.
Expediente 1193/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Teresa León de Jesús
- TERESA LEÓN DE JESÚS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, de autos se aprecia que en proveído de once de abril actual, este juzgado federal se reservó en proveer en relación a la devolución de las diversas documentales que acompañó a su escrito de demanda la parte quejosa hasta en tanto causara ejecutoria el presente asunto, y como lo anterior ya aconteció; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero último párrafo último del capítulo tercero del acuerdo antes citado, se dejan a su disposición para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos, previa identificación con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de abril de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Damián Ávila Cortés, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar favorable su petición, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada por este juzgado. Notifíquese.
- Principal
SÍNTESIS: VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 1193/2016, promovido por Teresa León de Jesús, por sí y en representación de su menor hijo Mario Valente León, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación de la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido el trece de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Teresa León de Jesús, por sí y en representación de su menor hijo Mario Valente León, presentó demanda de garantías contra la autoridad (en su denominación correcta) y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE Jefe de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales en la Delegación Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "(.) La resolución de negativa de pensión emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación de fecha 22 de noviembre de 2016, con número de folio 7208850015101." SEGUNDO. Por proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 1193/2016, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 36 de la y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto de autoridad administrativa con ejecución en la jurisdicción de este juzgado de Distrito que puede causar perjuicio a la esfera jurídica del quejoso. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, de un análisis de la demanda, se deduce que la quejosa reclama: * La resolución de negativa de pensión con número de folio 7208850015101 de quince de noviembre de dos mil dieciséis. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, en razón de que así lo reconoció al rendir su informe con justificación (foja 20); lo cual se robustece con la copia certificada de la resolución reclamada que allegó dicha autoridad y que goza de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del código adjetivo en cita, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Resulta innecesario transcribir y examinar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, ya que en el caso, se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente al de cualquier otro tema, por tratarse de una cuestión de orden público, ya sea que lo aleguen las partes, o bien que su existencia se advierta de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se puede señalar que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En tal virtud, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplen con las características antes precisadas, esto es, aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Asimismo, para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De igual manera, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Precisado lo anterior, es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la quejosa a la autoridad señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la quejosa la haya señalado como tal, puesto que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13°.A.29 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos veinte, Tomo XXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil cinco, de rubro siguientes: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA." En tales condiciones, de la lectura integral de la demanda de garantías, y del documento que anexó, se pone de manifiesto que el acto reclamado por la parte quejosa, lo constituye la resolución con número de folio 7208850015101 de quince de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual el Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, Subdelegación Acapulco de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, declaró improcedente su solicitud de pensión de viudez, en virtud de que se debió a que la defunción del extinto asegurado sobrevino fuera del periodo de conservación de derechos como lo establece el artículo 150 de la Ley del Seguro Social; de manera que tal actuación reclamada no puede ser considerada como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque el vínculo jurídico que entabla el gobernado con el citado organismo descentralizado, es de coordinación, y no de gobernante a gobernado, dado que éste último actúa como ente asegurador de las prestaciones otorgadas a la quejosa como esposa de un extinto asegurado, tal circunstancia demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino que actúa en un plano de igualdad; de ahí que, dicho instituto de seguridad social, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Además, no debe soslayarse que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios, derivados precisamente de la naturaleza de esa relación, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ante quien el Instituto Mexicano del Seguro Social no acude como autoridad. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 134/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, visible a página 1511, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. También es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 898 del Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la propia ley de la materia. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis y jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO- Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 889/2015, promovido por Teresa León de Jesús, por sí y en representación de su menor hijo Mario Valente León, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".... VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 1193/2016, promovido por Teresa León de Jesús, por sí y en representación de su menor hijo Mario Valente León, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación de la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido el trece de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Teresa León de Jesús, por sí y en representación de su menor hijo Mario Valente León, presentó demanda de garantías contra la autoridad (en su denominación correcta) y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE Jefe de Servicios de Prestaciones Económicas y Sociales en la Delegación Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "(.) La resolución de negativa de pensión emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación de fecha 22 de noviembre de 2016, con número de folio 7208850015101." SEGUNDO. Por proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 1193/2016, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 36 de la y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto de autoridad administrativa con ejecución en la jurisdicción de este juzgado de Distrito que puede causar perjuicio a la esfera jurídica del quejoso. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, de un análisis de la demanda, se deduce que la quejosa reclama: * La resolución de negativa de pensión con número de folio 7208850015101 de quince de noviembre de dos mil dieciséis. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Acapulco del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Guerrero, en razón de que así lo reconoció al rendir su informe con justificación (foja 20); lo cual se robustece con la copia certificada de la resolución reclamada que allegó dicha autoridad y que goza de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del código adjetivo en cita, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Resulta innecesario transcribir y examinar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, ya que en el caso, se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente al de cualquier otro tema, por tratarse de una cuestión de orden público, ya sea que lo aleguen las partes, o bien que su existencia se advierta de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se puede señalar que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En tal virtud, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplen con las características antes precisadas, esto es, aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Asimismo, para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De igual manera, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Precisado lo anterior, es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la quejosa a la autoridad señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la quejosa la haya señalado como tal, puesto que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13°.A.29 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos veinte, Tomo XXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil cinco, de rubro siguientes: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA." En tales condiciones, de la lectura integral de la demanda de garantías, y del documento que anexó, se pone de manifiesto que el acto reclamado por la parte quejosa, lo constituye la resolución con número de folio 7208850015101 de quince de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual el Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, Subdelegación Acapulco de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta ciudad, declaró improcedente su solicitud de pensión de viudez, en virtud de que se debió a que la defunción del extinto asegurado sobrevino fuera del periodo de conservación de derechos como lo establece el artículo 150 de la Ley del Seguro Social; de manera que tal actuación reclamada no puede ser considerada como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque el vínculo jurídico que entabla el gobernado con el citado organismo descentralizado, es de coordinación, y no de gobernante a gobernado, dado que éste último actúa como ente asegurador de las prestaciones otorgadas a la quejosa como esposa de un extinto asegurado, tal circunstancia demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino que actúa en un plano de igualdad; de ahí que, dicho instituto de seguridad social, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Además, no debe soslayarse que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios, derivados precisamente de la naturaleza de esa relación, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ante quien el Instituto Mexicano del Seguro Social no acude como autoridad. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 134/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, visible a página 1511, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. También es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 898 del Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la propia ley de la materia. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis y jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO- Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 889/2015, promovido por Teresa León de Jesús, por sí y en representación de su menor hijo Mario Valente León, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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