Teresa Jimon Rosales
Expediente 285/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Teresa Jimon Rosales
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta, por el cual se remiten copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja civil 37/2018, interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho (fojas 11 a 15), dictado en el presente juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió bajo el siguiente punto: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Teresa, Esperanza, Paula, Francisca y Bernardita de apellidos Jimon Rosales..." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica. Como el presente juicio quedó total y definitivamente concluido, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin embargo, se aprecia que obran diversos documentos que se anexaron al escrito inicial de demanda, por tanto, notifíquese personalmente a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días se apersone debidamente identificado ante este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos exhibidos en autos, previa constancia de recibo, apercibida que de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados serán destruidos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja civil 37/2018, interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho (fojas 11 a 15), dictado en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes. .
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obren como corresponda, el oficio y anexo signados por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; y atento a su contenido, téngase a la citada autoridad informando la secuela procesal que se encuentra impulsando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Esther Alicia Nieto Luna, que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Teresa, Esperanza, Paula, Francisca y Bernardita de apellidos Jimon Rosales, contra actos de quien señalan como autoridad responsable Marilú Rosales Sandoval. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número de folio 285/2018 y fórmese expediente. Ahora bien, previo al análisis de la demanda de amparo, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Así, del análisis íntegro de la demanda es factible para esta juzgadora federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. En tal sentido, se tiene que los promoventes del amparo Teresa, Esperanza, Paula, Francisca y Bernardita de apellidos Jimon Rosales, reclaman textualmente "el ACTO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA PROPIEDAD Y POSESIÓN". Lo que se corrobora de su capítulo de antecedentes, en donde mencionan lo siguiente: "PRIMERO.- Con fecha 9 de Marzo del año 2018, nos enteramos de manera extrajudicial, que la particular MARILU ROSALES SANDOVAL pretende privarnos de nuestras propiedades y posesiones que tenemos ubicadas en la Comunidad de Nejapa, Municipio de Chilapa de Álvarez, Gro, con el argumento de que ella es la legítima propietaria del bien inmueble de donde se derivaron nuestras respectivas propiedades, lo cual es totalmente falso que ella sea la propietaria, ya que las suscritas adquirimos nuestras respectivas propiedades por herencia de nuestra señora madre, y que actualmente tenemos en propiedad y en posesión legalmente desde el día 22 de Noviembre del año 2013 hasta la fecha, como lo acreditaremos en el momento procesal oportuno." De lo anterior, se aprecia que el acto reclamado tiene como origen un conflicto de intereses respecto de la titularidad de los bienes que refieren los quejosos ubicados en la Comunidad de Nejapa, Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, y cuya desposesión aducen que pretende realizar Marilu Rosales Sandoval. Así, el artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, establece el derecho que tienen las personas a la administración de justicia. En dicho precepto se dispone también, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Para tal efecto, el Estado ha instituido para ejercer dicha administración de justicia, a los juzgadores, quienes estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, cuyo servicio será gratuito. Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa, se advierte la posible existencia de un conflicto de intereses respecto de las propiedades y posesiones ubicadas en la Comunidad de Nejapa, Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, cuya titularidad aducen les pertenece; y que Marilu Rosales Sandoval, dicen pretende privarlas sin mediar juicio promovido por dicha particular, quien refieren les ha manifestado ser la titular. Entonces, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a) tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] [.] Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos Dicho precepto establece el principio de definitividad, el cual consiste en que el quejoso debe agotar el medio ordinario de defensa, antes de acudir al juicio extraordinario que es el amparo. En consecuencia, al derivar el acto reclamado, de un conflicto de intereses entre la particular Marilu Rosales Sandoval y los aquí quejosos, respecto de la propiedad de los bienes que ostentan ser titulares, previo a la promoción del juicio de amparo, dicho conflicto debe dilucidarse ante los órganos jurisdiccionales del fuero común correspondientes. No se desatiende que la parte quejosa aduce que la particular Marilu Rosales Sandoval realiza el acto con la equivalencia a un acto de autoridad, ya que pretende privarlos de la propiedad posesión que ostentan sobre las propiedades fraccionadas derivadas de un bien inmueble rústico, ubicado en la comunidad de Nejapa, Guerrero, sin que medie juicio promovido por dicha particular. Al respecto, debe decirse que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, primer párrafo de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". De los ordinales transcritos, se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad"; y define a la "autoridad responsable", con independencia de su naturaleza formal, como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría de esas situaciones jurídicas. No es óbice para esta juzgadora, que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sin embargo, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su equivalencia debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular, en su calidad de gobernado, no respecto de quien esté en situación de igualdad. Entonces, los actos de un particular, para equipararlos a una autoridad deben ser en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Lo que en el caso que se analiza no ocurre, toda vez que el acto reclamado tiene como origen la posible existencia de un conflicto de intereses entre los quejosos y Marilu Rosales Sandoval, respecto de las propiedades y posesiones ubicadas en la Comunidad de Nejapa, Municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, cuya titularidad aducen les pertenece; de lo que se advierte que ambas partes actúan en un plano de igualdad, por tanto, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. En forma ilustrativa y de acuerdo al contenido que la sustenta, se cita la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, la cual señala: "Época: Décima Época Registro: 2006034 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: XV.5o.3 K (10a.) Página: 1500 ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. En tales condiciones, se actualizan las causales de improcedencia antes analizadas, lo que obliga a desechar la demanda en estudio por su notoria improcedencia, con fundamento en el precitado artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORORIZADOS. Se como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Hortencio Casarrubias Casarrubias, toda vez que cuenta con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Cristina Villanueva Moctezuma, dado que así lo solicitaron expresamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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