Teresa Islas Franco

Expediente 230/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
230/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Teresa Islas Franco

Actuaciones

  1. Principal

    MESA"10" Ciudad de México, dieciocho de mayo de dos mil veintidós ..agréguese a los autos, el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.. "ÚNICO. Es legalmente competente la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, quien debe seguir conociendo de la demanda de amparo de que se trata promovida por ------- en su calidad de cónyuge supérstite, heredera universal y albacea de la sucesión a bienes de Rodolfo López Cano, atento a las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria. NOTIFÍQUESE." Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y toda vez que del estado procesal del presente juicio se evidencia que no existe más por cumplimentar, de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "10" Ciudad de México, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa en su numeral 2o, agréguese a los autos el oficio suscrito electrónicamente por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, por medio del cual, hace del conocimiento que en los autos del juicio de amparo 380/2022 de su índice, no aceptó la competencia planteada por este juzgado y devuelve los autos. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, vía interconexión. - Se plantea conflicto competencial - El órgano constitucional oficiante estima que la competencia para conocer de la demanda se surte a favor de este Juzgado, dado que a su consideración, en el caso, se actualiza el supuesto de competencia contenido en el tercer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, ya que aduce que la competencia que nos ocupa se desprende de un acto declarativo que no requiere ejecución material. Ya que refiere en forma particular que: ".si se toma en consideración que la parte quejosa reclama el acuerdo ministerial de diecisiete de febrero del dos mil veintidós, a través del cual se negó su petición de devolverle el inmueble que defiende; es posible concluir que el mismo constituye un acto declarativo que no requiere ejecución material." No obstante lo anterior, este juzgado federal insiste en declararse legalmente incompetente, por las razones y consideraciones expuestas en la determinación dictada el quince de marzo de la presente anualidad. En efecto, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. En razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Por tanto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a la "competencia" como la suma de facultades que la ley confiere a las y los juzgadores para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de controversias legales, de manera tal, que las personas juzgadoras por el sólo hecho de serlo, son titulares de la función jurisdiccional. Sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos casos para los que están facultados por la ley; es decir, en los que son competentes. En ese sentido, el Máximo Tribunal del País también ha distinguido entre la competencia constitucional y la competencia jurisdiccional. La primera, es aquella que deriva de las disposiciones legales orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente. Respecto de la competencia jurisdiccional el máximo tribunal del país ha determinado que se genera a partir de las disposiciones jurídicas orgánicas que regulan los distintos procedimientos y se surte de acuerdo con las circunstancias de materia, de lugar, de grado o de cuantía que rodeen al litigio planteado. La Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevén diversos tipos de competencia, a saber: por territorio, por materia, por grado, auxiliar y concurrente. En cuanto a la competencia por territorio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juzgado de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. De lo anterior, se puede afirmar que, la finalidad de dicha regla es facilitar a los gobernados el acceso al juicio de amparo, al establecer que podrá presentarse la demanda constitucional ante el juzgado de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Razones que retoma el numeral 371 de la Ley de Amparo, de cuya lectura derivan tres supuestos para fijar la competencia de las personas juzgadoras de distrito: a) La que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el o la jueza de Distrito ante la que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente la o el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal sentido, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que en el precepto en comento se alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo. En el caso que nos ocupa, tal como se adelantó, Teresa Islas Franco señaló como acto reclamado el siguiente: El acuerdo ministerial de diecisiete de febrero del dos mil veintidós, emitido por -------------------------------, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de la Fiscalía General de la República, a través del cual niega la devolución del inmueble ubicado en ------------------------------------------------------------------------ , Estado de Hidalgo. Por lo que, contrario a lo manifestado por el juzgado oficiante, este órgano jurisdiccional considera esa determinación, la ejecución - devolución del inmueble - se llevaría en esa demarcación, ya que si bien, la omisión referida, es un acto puramente de carácter negativo, sus efectos (no hacer) son positivos mientras continúe la abstención de devolución y, por ende, siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la quejosa; por lo federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." que, para la competencia del presente asunto y en cuanto al principio de ejecución del acto reclamado, así como su omisión, sin prejuzgar el fondo, debe de conocer el órgano de control constitucional en el que efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio. Esto es, si bien el acto reclamado lo constituye el acuerdo por el que se niega la devolución del inmueble materia del presente sumario, lo cierto es que la determinación si conlleva una ejecución material al ser un acto en el que, previo análisis correspondiente, el representante social determina la devolución requerida y, por tanto, ocasiona indirectamente que el bien continúe retenido, produciéndose una nueva afectación material sobre ese inmueble, el cual se encuentra en esa entidad federativa (Hidalgo). Por tanto, es evidente que el Juez competente para conocer del acto es aquel que resida en la mencionada demarcación territorial. Tópico, del cual, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito se ha pronunciado en el sentido de que es competente para conocer del acto reclamado, el órgano jurisdiccional de distrito que tiene jurisdicción en el lugar en donde se mantiene la retención del objeto materia del sumario constitucional. Por ende, se colige que, el conocimiento de la determinación ministerial que se pretende combatir en esta vía corresponde al Juzgado de Distrito cuya jurisdicción radique en el lugar en donde se encuentra el inmueble que permanece asegurado, con motivo de aquella. Por tanto, no se puede pasar por alto que el acto reclamado posee efectos positivos y por ello tiene ejecución material, que de concederse una eventual protección constitucional, se tendrían que ordenar y llevar a cabo actos cuya materialización se produciría en el lugar de donde deriva el acto reclamado (Singuiluca, Hidalgo); por lo que se reitera, se estima que es competente un Juez de Distrito en el lugar donde se encuentra el predio reclamado por la impetrante del amparo. Por las consideraciones anteriores este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, insiste en que la competencia legal por razón de territorio, se surte a favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto; por tanto, dése aviso a ese juzgador a fin de que exponga ante el tribunal de alzada lo que estime pertinente. Por lo que con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los presentes autos al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO, para que proceda a resolver lo conducente respecto a la contienda de competencia suscitada. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y solicítese al tribunal correspondiente, el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA "10" "....En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano de control constitucional se declara incompetente en razón de territorio para conocer del juicio que nos ocupa, declinándolo en favor del Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno. Por tanto, remítase el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, para que por su conducto sea remitido al Juzgado de Distrito que corresponda conocer en razón de turno, para los efectos de su competencia. Suspensión Sin que en el caso resulte procedente proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, acorde a lo dispuesto por el artículo 48, con relación al diverso precepto 17, ambos de la ley de la materia, en razón de que no se reclama alguno de los actos previstos en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuaderno de antecedentes Con este proveído y constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar; solicitándose atentamente el acuse de recibo correspondiente; asimismo, se informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea vía correo electrónico a 4jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx, confirmación 01 (55) 53 22 17 00, ext. 4330. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a -------------------------------, no así de -------------------------------------------------------------------------, toda vez que de una revisión en el Sistema no se advierte que cuenten con registro de su respectiva cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizados a las demás personas que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Consulta de expediente electrónico Ahora bien, en relación a la solicitud para consultar el expediente electrónico, a través de los usuarios Rdeleon, Slimon y Vgaribay, los cuales, después de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte su registro; se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a través del mismo; por ello, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que capture dicha autorización. Atento a lo anterior, infórmese a la parte interesada que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario señalado para tal efecto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,907 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano