Teresa Ireri Loy Moreno
Expediente 2059/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 35 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2059/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 23/04/2019
Partes del expediente
- Teresa Ireri Loy Moreno
- Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco
- Agente del Ministerio Público adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a recoger el documento fundatorio que aportó al procedimiento; apercibido que de no acudir por éste, en el plazo indicado, será destruido junto con el expediente. En otro contexto se tiene por recibido el escrito signado por Luz Bertha Álvarez Gómez perito oficial, por medio del cual, exhibe impresión de la factura electrónica correspondiente a los honorarios generados por su trabajo técnico y solicita que se dé trámite al procedimiento de pago correspondiente. En relación con lo anterior, en virtud de que a la fecha se encuentra rendida y ratificada su opinión técnica, y por lo que a este juzgado corresponde realizar para que se efectúe el pago de honorarios citado, remítase a la Administración Regional del Poder Judicial de la Federación, con sede en Zapopan, Jalisco, copia certificada de la ratificación del citado dictamen, del recibo del que se advierten los honorarios devengados en la emisión del peritaje realizado y del oficio por el que éstos se aprobaron. En ese tenor, hágase del conocimiento de la perito oficial Luz Bertha Álvarez Gómez, que a fin de lograr el pago correspondiente y en lo que a él corresponde realizar para ello, es necesario que remita la factura electrónica en formato .XML y PDF, a la dirección de correo electrónico gloria.cabral@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO, EL AUTO DICTADO EL 26 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Vista el escrito de cuenta, signado por la quejosa Teresa Ireri Loy Moreno, por su propio derecho, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de treinta de enero último, amplía su demanda respecto de la autoridad responsable Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, Servando Sepulveda Enríquez; en consecuencia, en relación con el referido ocurso, se provee: AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Se tiene por recibido el escrito de demanda signado por la aludida quejosa Teresa Ireri Loy Moreno, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, Servando Sepulveda Enríquez, mediante el cual formula ampliación de demanda; téngase por recibido el escrito de mérito; en estas condiciones, antes de resolver lo conducente sobre la admisión de la ampliación de demanda que plantea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede analizarla. En principio, conviene tener presente que el aludido artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por manifiesto, según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la ampliación de la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de ampliación de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En ese orden de ideas, en la ampliación de la demanda de derechos fundamentales de que se trata se señala como autoridad responsable y como actos reclamados los que se precisan a continuación: Autoridades responsables: Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, Servando Sepulveda Enríquez. Actos reclamados: ".1. Folio 113/236289990, de fecha 07 de Noviembre de 2015, por la cantidad de $701.00 (setecientos un pesos 00/100 M.N.) 2.- Folio 113/254865419, de fecha 19 de abril de 2016, por la cantidad de $806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.). 3.- Folio 113/292259247 de fecha 25 de octubre de 2017, por la cantidad de $755.00 (Setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). Se impugna además, los recargos y actualizaciones generados por las resoluciones administrativas reseñadas". Así, conforme al artículo 74, fracción l, de la Ley de Amparo, esta juzgadora determina que, básicamente, que la autoridad y el acto reclamado en su ampliación presentada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, admitida a trámite el veinte de septiembre siguiente, reclamo: primigenio por la parte impetrante son: Autoridades responsables: Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, Servando Sepulveda Enríquez. Actos reclamados: ".1. Folio 113/236289990, de fecha 07 de Noviembre de 2015, por la cantidad de $701.00 (setecientos un pesos 00/100 M.N.) 2.- Folio 113/254865419, de fecha 19 de abril de 2016, por la cantidad de $806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.). 3.- Folio 113/292259247 de fecha 25 de octubre de 2017, por la cantidad de $755.00 (Setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). Se impugna además, los recargos y actualizaciones generados por las resoluciones administrativas reseñadas". En ese tenor, este Juzgador Federal advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conlleva al desechamiento de la ampliación de la demanda de garantías que nos ocupa, conforme a lo previsto por la fracción XXIII del dispositivo 61, en relación con el numeral 111, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones. De la lectura integral de la ampliación de la demanda de garantías que nos ocupa, se concluye que deviene notoriamente improcedente, puesto los actos por los que se pretende ampliar la demanda de garantías, en esencia, tienen que ver con la ampliación de demanda admitida el veinte de septiembre pasado, en el que amplió por el Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, Servando Sepulveda Enriquez, por los folios previamente citados, por lo que, no hay nuevos actos, ni autoridades responsables, ni conceptos de violación pues reitera los mismos, por lo que resulta inconcuso que no introduce cuestión alguna novedosa, que provoque la posibilidad de admitir vía ampliación de demanda de derechos fundamentales, debido a que no son nuevos ni novedosos. De ahí, que se afirme que no se está en las hipótesis señaladas en párrafos que preceden, y por ende, no pueda sostenerse que se esté en presencia de nuevos actos reclamados, atribuibles a la autoridad señalada como responsable, que tenga relación directa con los actos controvertidos en el ocurso inicial de demanda, como inexactamente lo pretende hacer ver la hoy impetrante de garantías. Sino que, entre los actos reclamados, debe existir siempre una estrecha relación o vinculación con los actos primigenios, circunstancia que en el caso en particular no acontece, pues dichos actos constituyen una reiteración de los que adicionó en el primer escrito ampliatorio, sin que hubiese formulado nuevos conceptos de violación, respecto de la vista otorgada en el diverso auto de treinta de enero de dos mil diecinueve. Bajo el citado contexto, se afirma que no encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 111 de la Ley de Amparo, es decir, que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial; condición sin la cual, no procede la ampliación de demanda de garantías. Consecuentemente, lo que procede es desechar la ampliación de la demanda de garantías. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o.C. J/240, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos". Resulta igualmente aplicable, la tesis, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACION DE LA. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Si bien es cierto que la ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica, creada en la práctica por la jurisprudencia, a que tienen derecho los peticionarios de garantías, también cierto resulta que ésta debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia, tales como el que no se haya integrado la litis y que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien que al rendirse el o los informes justificados, de ello se desprenda que fueron otras las autoridades que llevaron al cabo los actos reclamados, pero debe existir siempre una relación con los actos primigenios".
- Principal
VISTO LO DE CUENTA, ESTE ASUNTO NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que se encuentra en transcurso el término de quince días que se le concedió a la parte quejosa en auto de treinta de enero pasado. En consecuencia, a fin de dar oportunidad de que ello ocurra y respetar así los principios rectores del juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, para su celebración.
Quedan 31 actuaciones en este expediente
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